Labor Parlamentaria

“Honorable Cámara:

La Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pasa a informar sobre el encargo conferido.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA QUE ORDENÓ SU CREACIÓN

A) Creación de la Comisión

Mediante oficio N° 10.714, de 8 de mayo de 2013, el Secretario General informó que la Cámara de Diputados, en sesión de la misma fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la petición de 54 señores Diputados, para crear una Comisión Especial Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el ejercicio de su cometido, la Comisión deberá evaluar las razones por las cuales se cambiaron las metodologías aplicadas para los distintos instrumentos de medición, si existieron cambios en los equipos técnicos y las razones para esta determinación; presupuestos comprometidos, programados y ejecutados para realizar mediciones; los responsables de las encuestas en cada una de sus etapas, eventuales irregularidades que pueden haberse cometido en la elaboración de dichas encuestas y razones de la renuncia de autoridades ligadas a su implementación.

Finalmente, el mencionado oficio indica que la Comisión Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a los ciento veinte días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

B) Integración de la Comisión

Mediante oficio N° 10.773 de 6 de junio de 2013, el Secretario General informó que la Cámara de Diputados resolvió integrar la Comisión Investigadora en referencia, con los Diputados señores:

1. Pedro Pablo Browne Urrejola;

2. Fidel Espinoza Sandoval;

3. Ramón Farías Ponce;

4. Felipe Harboe Bascuñán;

5. Gustavo Hasbún Selume;

6. Juan Carlos Latorre Carmona;

7. Cristián Letelier Aguilar;

8. Miodrag Marinovic Solo de Zaldivar;

9. Andrea Molina Oliva;

10. Leopoldo Pérez Lahsen;

11. José Pérez Arriagada;

12. Ignacio Urrutia Bonilla, y

13. Gabriel Silber Romo.

En oficio N° 10.789, de 18 de junio de 2013, el Secretario General de la Corporación informó que en sesión celebrada en igual fecha, la Sala de la Cámara de Diputados autorizó el reemplazo permanente de los señores Diputados Gustavo Hasbún, Cristián Letelier, Ignacio Urrutia, Pedro Pablo Brownw y Leopoldo Pérez, por la Diputada señora María José Hoffmann y los Diputados señores Celso Morales, Iván Moreira, José Manuel Edwards y Frank Sauerbaum, respectivamente.

Por oficio N° 10.826, de 10 de julio de 2013, El Secretario General de la Corporación , informó el reemplazo permanente del Diputado señor Fidel Espinoza por el Diputado señor Luis Lemus.

Mediante oficio N°10.818, de 9 de julio del año en curso, del Secretario General de la Corporación , se informó que los Diputados señores Ernesto Silva y Gonzalo Arenas, reemplazaran en forma permanente al Diputado señor Iván Moreira y a la Diputada señora María José Hoffmann, respectivamente. En definitiva, vuestra Comisión Investigadora quedó conformada por la señora Diputada y señores Diputados siguientes: 1) Arenas Hödar, don Gonzalo 2) Edwards Silva, don José Manuel 3) Farías Ponce, don Ramón 4) Harboe Bascuñán, don Felipe 5) Lemus Aracena, don Luis 6) Latorre Carmona, don Juan Carlos 7) Marinovic Solo de Zaldivar, don Miodrag 8) Molina Oliva, doña Andrea 9) Morales Muñoz, don Celso 10) Pérez Arriagada, don José 11) Sauerbaum Muñoz, don Frank 12) Silber Romo, don Gabriel 13) Silva Méndez, don Ernesto

C) Plazo para emitir el informe de la Comisión

En el oficio N° 10.714, de 8 de mayo de 2013, del Secretario General , se informó de la creación Comisión Especial Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con la indicación que deberá rendir su informe en un plazo no superior a los ciento veinte días.

Por Oficio N° 10.957, de 15 de octubre del presente año, la Secretaría General comunicó que la Cámara de Diputados, en sesión de esa fecha, accedió a la solicitud de la Comisión de prorrogar el plazo por treinta (30) días.

La última sesión ordinaria de la Comisión, celebrada dentro del plazo el día 18 de diciembre de 2013, fue prorrogada de conformidad con las disposiciones del inciso quinto del artículo 53 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, exclusivamente para acordar las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que habrán de incluirse en este informe, lo que se llevó a efecto el día miércoles 8 de enero de 2014.

II. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL ENCARGO

La Comisión Especial Investigadora acordó, por unanimidad, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional antecedentes relacionados con el encargo conferido por la Sala de la Corporación, insertándose a continuación los antecedentes generales y los antecedentes específicos recibidos:

A) Antecedentes Generales

Introducción

A solicitud de la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas, se analiza la naturaleza jurídica y el marco normativo del referido servicio público. Con este objeto se revisa, en primer lugar, la naturaleza jurídica, para luego referirse a los siguientes aspectos específicos de este servicio:

Función Pública Estadística;

Secreto Estadístico; y,

Organización interna.

Naturaleza Jurídica y Marco Normativo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE en adelante) es un servicio público funcionalmente descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Le corresponde, específicamente el desarrollo de la denominada función pública estadística. La labor que este servicio se encuentra sujeta al denominado secreto estadístico, entendido como la prohibición de divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que se hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades y que pesa tanto respecto de este servicio y sus funcionarios, como de otros organismos del Estado y quienes se desempeñan en ellos.

Orgánicamente, su director es el jefe superior del servicio quien, en principio tiene amplias facultades para organizar internamente al INE, sin embargo, tales facultades se encuentran limitadas tanto a nivel legal como reglamentario. El nombramiento de los cargos de primer y segundo nivel jerárquico se encuentra sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882.

El INE se encuentra regulado principalmente por la Ley Nº 17.374 que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 313 de 1960, que aprobara la Ley Orgánica de la Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas. El artículo 1º inciso primero de este cuerpo normativo define al INE como un “organismo técnico e independiente, es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio, encargada de las estadísticas y censos oficiales de la República, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.”.

Los caracteres de mayor relevancia contenidos en la definición transcrita son aquellos que dicen relación a que se trata de un organismo técnico e independiente, funcionalmente descentralizado.

Llevado a la nomenclatura de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE en adelante), se trata de un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa (artículo 1º inciso segundo Locbgae), funcionalmente descentralizado los cuales, conforme con el artículo 29 inciso segundo de la Locbgae cuentan y actúan “con la personalidad jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo.”.

La justificación de la utilización de esta forma de organización administrativa, esto es que se trate de un órgano funcionalmente descentralizado, proviene de la especialidad de la función administrativa que realizan, donde se privilegia la función técnica que realiza “para hacer más eficiente y especializada la actividad administrativa”.

Dado lo anterior, la relación del INE con el Presidente de la República consiste en que este último, a través del Ministerio de Economía, desarrolla una función de supervigilancia o de tutela respecto del primero, entendiendo por tutela “el control que los agentes del Estado ejercen sobre los actos de los órganos descentralizados para hacer respetar la legalidad, evitar abusos y preservar el interés nacional en el ámbito de los intereses locales o técnicos”.

Esto da un cierto grado de autonomía del INE en el cumplimiento de su función sin que se rompa la unidad de la Administración del Estado, particularmente, en la toma de decisiones relativas al cumplimiento de la función pública que se le encomienda. En tal sentido, el artículo 30 inciso segundo de la Locbgae establece que estos órganos, se encuentran sujetos a las políticas nacionales y a las normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respectivo.

Atribuciones del INE y la Función Pública estadística

El INE, como servicio público que es, cumple una función principalmente de ejecución, cual es estar encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República. La anterior es la necesidad pública a satisfacer por este organismo.

La doctrina, en el caso de este tipo de órganos administrativos, denomina la función que ellos cumplen como “Función Pública Estadística”, la cual, según Souvirón Morenilla, tiene por objeto “la descripción de los fenómenos colectivos y de la realidad social mediante la recopilación, elaboración y ordenación sistemática de datos así como la obtención, presentación, publicación y difusión de resultados, a través de las correspondientes acciones de planificación y ejecución estadísticas. Descripción formulada ciertamente en términos cuantitativos, es decir, descripción numérica de conjuntos de números, descripción cuantitativa que utiliza el número como soporte objetivo, bien entendido que científicamente no se trata de una tarea puramente matemática, sino vinculada al análisis de la vida colectiva y que integra en la tarea matemática la toma de datos de los fenómenos empíricos, su elaboración, tratamiento e interpretación”.

Agrega este mismo autor que, al tener la función pública estadística como objetivo el análisis social, “nos pone ya sobre aviso de que su sometimiento a Derecho no puede fundarse tan sólo en el método utilizado -la descripción cuantitativa- sino en una razón material: la disponibilidad por parte de la Administración de información sobre la sociedad y los fenómenos colectivos. Con ello, la juridificación de la función estadística pública se abre a su posible expansión a otras facetas de la actividad pública dirigida al logro de información sobre la sociedad (encuestas y sondeos electorales, encuestas sociológicas, etc.)”.

En el caso del INE, se puede observar el ejercicio de esta función pública estadística a partir de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 17.374. En general, dicho artículo encomienda al INE la recopilación y procesamiento de los antecedentes y datos necesarios para la elaboración de las estadísticas y del censo. Además de lo anterior, le corresponde entregar, a partir de tal información, la formulación de recomendaciones a otros organismos estatales. En particular, para el INE la función pública estadística supone el cumplimiento de los siguientes deberes:

“a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales.

b) Estudiar la coordinación de las labores de colección, clasificación y publicación de estadísticas, que realicen los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado.

c) Levantar los censos oficiales, en conformidad a las recomendaciones internacionales.

d) Efectuar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las bases de los diferentes índices, en especial los del costo de vida.

e) Visar, dándole carácter oficial, los datos estadísticos que recopilen los organismos fiscales, semifiscales y empresas del Estado.

f) Absolver las consultas que se le hagan sobre materias de índole estadística.

g) Estudiar, informar y proponer las modificaciones que hubieren de efectuarse en la división política, administrativa y judicial de la República , y en los límites urbanos de las poblaciones del país.

h) Informar sobre la creación de circunscripciones del Registro Civil , Escuelas Públicas y Retenes de Carabineros, de acuerdo con los resultados de los censos o cálculos de población.

i) Recoger las informaciones pertinentes y formar el inventario del Potencial Económico de la Nación.

j) Formar el "Archivo Estadístico de Chile" que, junto con otros documentos, contendrá publicaciones especializadas, descripciones metodológicas, instrucciones, formularios, etc., que se hayan utilizado o se utilicen para la formación de las estadísticas oficiales.

k) Formar la "Mapoteca Censal Chilena", que incluirá mapas planimétricos por comunas, debidamente actualizados y adaptados a fines censales, así como planos topográficos o croquis de centros poblados.

l) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan "Fuente de Información Estadística".

m) Evacuar, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, las consultas que formulen los organismos técnicos y estadísticos del exterior…”.

Secreto Estadístico

Un tercer aspecto, en relación con el INE es el denominado secreto estadístico, establecido en los artículos 29º y 30º de la Ley Nº 17.374.

El inciso primero del artículo 29º establece una prohibición para el INE y otros organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, en el sentido que no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. En esta misma línea, el artículo 30º dispone que los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados.

El inciso segundo del artículo 29º dispone que la infracción del secreto estadístico, por cualquier persona que se encuentre sujeta a dicha obligación hará aplicable el delito de violación de secretos contenido en el articulo 247 del Código Penal que sanciona al empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, con pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. En todo caso, el referido artículo 29º dispone que siempre debe aplicarse pena corporal.

Respecto del secreto estadístico, la Contraloría General de la República ha sostenido que no admite excepciones, por lo que resulta improcedente “afirmar que dicho deber de reserva opera sólo respecto de terceros y no entre tales organismos y funcionarios o que la misma pueda ser dejada sin efecto contractualmente.”.

Aspectos Orgánicos

La autoridad superior del INE es su Director a quien, conforme con el artículo 3° de la Ley Nº 17.374, le corresponde la “Dirección Superior, Técnica y Administrativa” del servicio, además de ser su representante legal. Conforme con este mismo artículo la designación del Director Nacional le corresponde al Presidente de la República . En todo caso, se encuentra sometido al sistema de alta dirección pública establecido en la Ley Nº 19.882 por encontrarse sujeto a las normas del Título II de la LOCBGAE y no estar dentro de los organismos que excepciona el artículo Trigésimo Sexto de la Ley Nº 19.882.

De esta forma, los cargos de Jefes Superior del Servicio y de segundo nivel jerárquico se encuentran sujetos a los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley Nº 19.882, así como también el procedimiento para la provisión de los mismos.

En cuanto a la composición y organigrama interno del INE, si bien los artículos 14° y 15º de la Ley Nº 17.374 disponen que su determinación corresponde al Director Nacional, esta materia se encuentra regulada en la Ley Nº 19.196 que Sustituye Plantas del Personal del Instituto Nacional y Estadísticas. Dicho cuerpo legal, además de fijar la dotación máxima del servicio, establece la planta de cargos directivos de segundo y tercer nivel jerárquico, lo que incide directamente en la estructuración interna del servicio.

Finalmente, el Decreto Nº 1.062 del Ministerio de Economía del año 1970, Aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas, establece la existencia de tres Subdirecciones -Operaciones, Técnica y Administrativa- un Fiscal y un Contralor Interno.

B) Antecedentes específicos

Polémica por datos del INE: Censo 2012 e IPC

En relación con los errores del Censo 2012, se indicó que hubo personas censadas más de una vez e inconsistencia en algunas respuestas producto de invención de datos. También se informó que la cifra de divorciados no coincidió con la que contabiliza el Registro Civil y que el INE debió corregir cifras ya entregadas, como el promedio de hijos por mujer, jefes de hogar, población que trabaja o estudia. Sobre la polémica por personas efectivamente censadas, el arquitecto Pablo Allard recalcó que “el hecho de que falten cerca de 800 mil chilenos por censar no es menor. Primero, porque no sabemos dónde están; y segundo, porque su ausencia equivale a que desapareciera toda la población del gran Concepción”.

Respecto a los errores metodológicos del INE en las cifras del IPC, una Editorial de El Mercurio concluyó que “confunde variaciones estacionales de precios con cambios de calidad; adicionalmente, la muestra de arriendos está equivocada, ya que mantiene siempre al mismo grupo de viviendas, mientras que los ajustes reales de precios de arriendos se realizan en el recambio de arrendatarios”. Entre los cambios, el nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, manifestó que “la intención es otorgar un carácter semihedónico a productos que son rápidamente reemplazados en el mercado, ya sea por renovación en tecnología o el impacto de la moda en el vestuario.

Renuncia del director del INE

El pasado 26 de abril, el gobierno aceptó la renuncia del entonces director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, por presunta manipulación en las cifras del Censo 2012. Según constató una entrevista hecha por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) a Mariana Alcérreca -asesora del director del organismo-, Labbé, al presentar los datos, indicó que la población efectivamente censada era de 16.600.000 habitantes, en vez de decir que habían 15.800.000 personas efectivamente empadronadas. Aún más, la funcionaria denunció que con las 600 mil viviendas no censadas se llegaba a la suma de 16 millones 400 mil habitantes, por lo que Labbé solicitó agregar población desde las viviendas desocupadas. “Dicha acción se vio motivada por su deseo expreso de presentar ‘el mejor censo de la historia de Chile’, para lo cual debía exhibir una tasa de ‘omisión’ (cantidad de gente a la que no se llegó) no superior al 2%, pero ello derivó en una ‘cadena de errores’”, señaló Alcérreca (Ciper, 25.04.13).

En su reemplazo se nombró a Juan Eduardo Coeymans. El ex ministro de Economía , Pablo Longueira, reseñó que las tareas prioritarias para el gobierno serán “resolver el tema del debate de la metodología que se ha planteado con el IPC. En segundo lugar, una auditoría técnica del Censo para despejar cualquier duda y tercer objetivo, tramitar el proyecto de ley que crea el INE autónomo”.

La prensa también mencionó otros factores que habrían incidido para que el gobierno aceptara la renuncia de Labbé, entre ellos, la modificación en la metodología de la encuesta de seguridad ciudadana, que disminuyó el índice de victimización, y la polémica con la Encuesta CASEN. Los errores metodológicos en la inflación serán abordados en el siguiente punto.

Por su parte, el ministro (s) de Economía, Tomás Flores, informó que ya empezó una auditoría interna para revisar si el levantamiento de datos está bien hecho. “El proceso de auditoría tiene distintas etapas que van chequeando la consistencia de la información. Si todo sale bien, se pasa a la siguiente etapa; y si eso continúa así, esperamos tener todo resuelto a fines de mayo. Ese es el calendario ideal. Ahora, si en el proceso de chequeo hay inconsistencia en algunos puntos, se tiene que realizar un muestreo más específico”. La autoridad agregó que esperan entregar el Censo corregido a fines de mayo e implementar los cambios al IPC en el segundo semestre, entre julio y agosto. Posteriormente, se informó que la auditoría, llevada a cabo por la comisión externa revisora, podría estar lista en agosto.

Investigación de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad

A los pocos momentos de hacerse efectiva la renuncia de Labbé, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó a la sede de la dirección del INE y a su jefatura técnica, con el fin de incautar documentos y computadores. “La acción estaría enmarcada en la apertura de una causa judicial, ordenada por el Ministerio Público, que busca aclarar la supuesta manipulación de datos del Censo 2012”.

Labbé, en su declaración ante este organismo el pasado 10 de junio, se defendió de las acusaciones que hizo Mariana Alcérreca sobre la manipulación de cifras en el Censo 2012, diciendo que “todas las bases de datos están absolutamente puras, sin ninguna intervención, o sea todo ese concepto de manipulación que se me habría acusado es absolutamente falso”. Agregó que “siempre hay errores en todas partes. Nadie está libre de error. Somos seres humanos, pero yo les quiero decir que en términos de cobertura de viviendas y en caracterización de la población, el Censo realizado es impecable”.

Luego, la Fiscalía inició la investigación, que según fuentes cercanas al proceso, tanto Francisco Labbé, ex director del INE, como el ex jefe del proyecto Censo 2012, Eduardo Carrasco, sí habrían manipulado los datos y además hubo omisión en las publicaciones. Respecto al primer punto, el Código Penal, artículo 198, señala que “el que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos (...) será castigado como si fuera autor de la falsedad”. A esto se suma el artículo 193, que dice que “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad (...)”.

Errores en el Censo 2012

En el reportaje de CIPER también se consignó que la manipulación de los datos originó que luego aparecieran en el análisis cifras sin explicación, como que el 45% de inmigrantes en Chile tiene estudios superiores. Otro tanto ocurrió con la cantidad de hogares donde el jefe de hogar es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó a 7.637.

El economista de la Universidad del Bío-Bío, Francisco Gatica, precisó que los errores metodológicos “se deben combatir haciéndolo lo más ‘abierto’ posible e identificar aquellas zonas no catastradas”. Asimismo, la directora del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción, María Paz Casanova, agregó que el cuestionario del Censo estaba incompleto, ya que no se preguntó, por ejemplo, el ingreso familiar.

Además, el profesor titular del Departamento de Estadística de la Universidad de Valparaíso, Carlos Henríquez, indicó que “hubo personas censadas más de una vez e inconsistencia en algunas respuestas producto de invención de datos.

También se consignó que el INE debió corregir cifras ya entregadas al comienzo del mes de abril sobre áreas, tales como, el promedio de hijos por mujer, sobre jefes de hogar, población que trabaja o estudia.

Polémica por personas efectivamente censadas

El arquitecto Pablo Allard, recalcó que “el hecho de que falten cerca de 800 mil chilenos por censar no es menor. Primero, porque no sabemos dónde están; y segundo, porque su ausencia equivale a que desapareciera toda la población del gran Concepción. Al no contar con información confiable, la planificación de nuestras ciudades será como un vuelo de noche sin instrumentos. A modo de ejemplo, se estima que Antofagasta recibirá en los próximos 10 años a cerca de 60 mil nuevos habitantes, atraídos por el auge minero. Para una ciudad que ya tiene una alta complejidad social y muy poco suelo disponible, conocer en detalle su situación urbana y socioeconómica es crítico para revertir los déficit urbanos y sociales que presenta”.

El consultor internacional en estadística, Carlos Araujo, fue taxativo: “No debería incorporarse al procesamiento del Censo personas cuyas características no han sido censadas. Cualquiera que sea el método que adjudica tales características, además de arbitrario, puede introducir contradicciones en el análisis de la información censal”. Otros expertos coincidieron en que implica un cambio en todos los parámetros poblacionales de interés, en especial debido al alto porcentaje de omisión (personas que no contestaron) de 4,8%, superior a los tres últimos censos.

Divorciados

Uno de los desgloses controvertidos se refirió al número de divorciados, cifra que, según el INE, alcanzó a casi 400 mil las personas. Sin embargo, de acuerdo a datos del Registro Civil y Poder Judicial, hasta fines de 2012 más de 513 mil personas se había separado legalmente, de las cuales 60.837 se han vuelto a casar. “Es decir, hay una diferencia de más de 113 mil personas entre el organismo a cargo del Censo y las reparticiones públicas a cargo de ‘llevar la cuenta’ de lo que hacen los ciudadanos”.

Discapacitados

El presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, criticó que “en Chile las personas con discapacidad han sido históricamente mal intervenidas y mal tratadas con soluciones (o “no soluciones”) inadecuadas, porque básicamente no ha habido voluntad en saber quiénes son, que necesitan y cómo enfocar de mejor manera las respuestas a sus múltiples necesidades. Este Censo es un fiel reflejo de eso”. Agregó que al no visitar a este tipo de personas “lo que se hace es mantener el statu quo a nivel socioeconómico y político y también un sistema caritativo con enfoque en lo biomédico (persona con discapacidad igual a enferma, asistida, que no puede expresarse) en vez de uno centrado en los derechos”.

Inconvenientes en regiones

En una columna editorial de El Austral de Valdivia, se consideró que “lo ocurrido al INE afecta al país, pero especialmente a las regiones de Arica-Parinacota y Los Ríos, pues tendrían ahora, por primera, vez cifras oficiales respecto de su situación demográfica y económica, para guiar con mayor precisión sus decisiones políticas”.

Por su parte, en la Región de Magallanes se consignó que, tras la aprobación de la ley orgánica constitucional para la elección directa de los consejeros regionales y por los errores incurridos por el INE, la zona tendrá que utilizar datos del año 2002 y no del 2012. “De esta manera, la circunscripción provincial de Magallanes elegirá a 8 consejeros; y las circunscripciones de las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena a 2 consejeros cada una”.

Fallas metodológicas en el IPC

Las dudas sobre la exactitud de los datos del INE se arrastran desde 2011 y persisten pese a que se han aplicado algunos ajustes metodológicos. Ante tal situación, los bancos BCI y Morgan Stanly reclamaron -la segunda semana de abril- al INE por las herramientas obsoletas en sus mecanismos de medición del Índice de Precios de Consumo (IPC), lo que motivó a altos funcionarios del organismo a emitir una carta a Labbé el pasado 17 de abril, denunciando que “la dirección del organismo excluyó de la metodología de trabajo del último Censo a equipos especializados”.

El propio Labbé asumió la duda sobre su precisión, aceptando que una comisión de expertos revise su metodología. En entrevista con El Mercurio afirmó: “Sin la caída del IPC que provoca el precio del vestuario, la inflación en 2012 en lugar de 1,5%, habría sido de 1,9%”.

Falencias detectadas

El economista Juan Andrés Fontaine señaló que “el IPC no emplea ajustes por sustitución de productos y cambios de calidad, (por ello) la inflación podría estar sobreestimada. Pero los defectos de medición en el caso del vestuario y otros tendrían el efecto contrario. Se ha conjeturado que, en lugar del 1,5% oficial, bien medida, la inflación sería hoy de 3%, que es la meta del Banco Central”.

El socio de la consultora Gemines, Alejandro Fernández, entregó un análisis con los problemas de medición en rubros del IPC, como el vestuario y divergencias en los arriendos. A su juicio, “es necesario modificar la medición de vestuario, arriendo y servicio doméstico que realiza el INE, para enmendar errores metodológicos”.

En una editorial de El Mercurio, se concluyó que “la metodología de cálculo del IPC confunde variaciones estacionales de precios con cambios de calidad; adicionalmente, la muestra de arriendos está equivocada, ya que mantiene siempre al mismo grupo de viviendas, mientras que los ajustes reales de precios de arriendos se realizan en el recambio de arrendatarios; finalmente, en electrónicos, el IPC se queda pegado considerando modelos de equipos que son reemplazados por nuevas versiones a precios mayores. Todo esto ha llevado a los especialistas del sector financiero a considerar que la subestimación del IPC llegaría al 1,5% anual” .

Más específicamente, un artículo de El Pulso señaló que “la subponderación del ítem arriendo, un menor peso del grupo alimentos, y una eventual mala medición de vestuario y servicio doméstico, son algunas de las dudas que genera la actual medición de la inflación en Chile para algunos economistas, ad portas de una nueva actualización de la canasta básica el próximo año”. En complemento, el economista Tomás Izquierdo sostuvo que “la corrección de algunos productos subvalorados en la canasta básica, significaría 0,4 puntos más de inflación a la actual medición”.

Cambios propuestos

El nuevo director INE, Juan Eduardo Coeymans, dijo que se convocó a un grupo de alrededor de 30 expertos para analizar modificaciones metodológicas y la actualización de la canasta, que según el jefe del Departamento de Estudios de Precios del INE , Cristián Copaja, podría entrar en vigor en enero de 2014.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Chile , Rodrigo Vergara, señaló que “un posible cambio en la metodología de cálculo del IPC será acotado y no tendrá efectos en la política monetaria de la entidad ni en las cuentas nacionales que la entidad entrega”. También llamó a no comparar lo ocurrido con el Censo 2012 con la revisión que se hace del IPC.

En tanto, el economista jefe de BBVA , Jorge Selaive, llamó a que los cambios se hagan lo antes posible. “Si se espera hasta fin de año, se mantiene un sesgo que claramente, en el caso de prendas de vestir, es hacia la caída de precios. Y por lo tanto hacia fin de año pueden surgir nuevos cuestionamientos de quienes se sientan más afectados por la baja inflación, como quienes ven reajustados sus ingresos de acuerdo a IPC. Entre ellos, pensionados, funcionarios públicos y trabajadores en general”.

Respecto al ítem vestuario, el INE informó que en la medición de agosto se comenzará a reflejar el cambio y que para ello “se sigue lo que se hizo en Francia e Inglaterra”. En el país galo se estableció (año 2007) que los productos se podrían comparar si correspondían a la misma marcas, composición de la tela, origen de la prenda y establecimiento donde se levanta la información. El país británico llegó a la misma conclusión en el 2010.

Posteriormente, Coeymans manifestó que “la intención es otorgar un carácter semihedónico a productos que son rápidamente reemplazados en el mercado, ya sea por renovación en tecnología o el impacto de la moda en el vestuario. Ahora la medición contemplaría condiciones de calidad, materias primas y fabricación para una valorización que pueda extenderse en distintas aplicaciones” .

III. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

A) Sesiones.

La Comisión para cumplir con el cometido que le encargó la Corporación, celebró una sesión constitutiva, doce sesiones ordinarias y ocho sesiones especiales, en total 21 sesiones.

Durante la primera de ellas y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 238 del Reglamento de la Corporación, se procedió a elegir como Presidente de la instancia al Diputado señor Juan Carlos Latorre Carmona, por mayoría de votos.

También, la Comisión acordó celebrar sus sesiones ordinarias los días miércoles, de 18:30 a 20:30 horas, en el edificio de la Corporación en Valparaíso.

B) Oficios despachados

Durante su funcionamiento, la Comisión Investigadora cursó 46 oficios para requerir los antecedentes de los Servicios de la Administración del Estado que se estimó necesarios para el cumplimiento de su cometido. Además, invitaciones y citaciones a sus sesiones a las autoridades, funcionarios y particulares.

IV. LO SUSTANCIAL DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DE LO EXPUESTO POR LAS PERSONAS ESCUCHADAS

A) Documentos recibidos por la Comisión

Durante su funcionamiento, la Comisión Investigadora recibió los siguientes documentos:

1) En el transcurso de la sesión celebrada el 29 de julio del año en curso, el Director Nacional (PT) del INE, señor Juan Eduardo Coeymans Avaria, hizo entrega a la Comisión de los siguientes documentos:

-) Presentación XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

-) Procesamiento y Revisión Censo.

-) Síntesis Metodológica sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

2) Durante el desarrollo de la sesión del 31 de julio de 2013, el señor Juan Eduardo Coeymans (Director Nacional del INE) entregó el documento: Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Chilenas.

3) En la sesión del día 12 de agosto del año en curso, los integrantes de la Comisión Revisora Externa (Nacional), entregaron:

-) Resumen Ejecutivo Comisión Revisora Externa.

-) Informe Final Comisión Revisora Externa.

-) Anexos del Informe Final de la Comisión Revisora Externa.

4) Durante la sesión celebrada el día 14 de agosto del presente año, el Coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística del INE , señor Juan Radrigán Araya, hizo entrega a la Comisión Investigadora de los siguientes documentos:

-) Carta dirigida al señor Francisco Labbé Opazo, que suscriben distintas jefaturas de departamentos pertenecientes a la Subdirección Técnica de Operaciones y al Departamento de Infraestructura Estadística del INE.

-) Email de Pamela Roa González a Silvia González Araya, sobre Ajuste de Viviendas con sus respectivos Hogares y Población.

-) Email del Señor Juan Radrigán Araya a la señora Mariana Alcérreca Picart, solicitando convocar a reunión del comité directivo.

-) Informe Grupo de Trabajo cambio del Censo de Hecho a Censo de Derecho .

-) Cuadro con datos de Proyección Regional y Nacional.

-) Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales ONU 2010).

-) Email de Andrés Bustamante Araneda para Mariana Alcérreca, Informe Cepal.

-) Cepal (Recomendaciones para los censos de 2010 sobre cartografía censal, migraciones, enfoque étnico y cobertura censal ).

-) Email de Andrés Bustamante Araneda a Francisco Labbé Opazo: “Envía minuta sobre población total Censada”.

5) Presentación escrita del Ex Director del INE , señor Francisco Labbé Opazo, formulando sus descargos, dirigida a la Comisión Investigadora y entregada a su Presidente el día 21 de agosto del año en curso.

6) Documentos entregados por la señora Mariana Alcérreca Picart, ex asesora de la Dirección Nacional del INE, en el transcurso de la sesión de la Comisión Investigadora realizada el día 28 de agosto de 2013.

-) Informe sobre el asesoramiento dado al Instituto Nacional de Estadísticas(Eduardo Arriagada).

-) Email de Julia Ortúzar Jiménez a Mariana Alcérreca sobre “Censo y el Mercurio de Valparaíso”.

-) Email de Julia Ortúzar Jiménez a Mariana Alcérreca sobre “Consultas Censales”.

-) Acuerdo Reunión 1/09 de Temas Urgentes.

-) E mail de Andrés Bustamante Araneda a Mariana Alcérreca de fecha 2 de abril 2013, sobre consulta de publicación de los datos Censo.

-) E mail de Raúl Chinchón González a Mariana Alcérreca, de fecha 2 de abril de 2013, sobre resultado del Censo.

-) E mail de Raúl Chinchón González a Juan Radrigán y Mariana Alcérreca, de fecha 8 de abril 2013, sobre punto a tratar próxima reunión.

-) Acta de Acuerdos y Compromisos del Comité Directivo Censo 2012.

-) Email de Eduardo Carrasco a Mariana Alcérreca, de fecha 31 de agosto 2011, sobre temas urgentes y planes que se deben desarrollar, modificar y/o readecuar.

-) Acta de Acuerdos y Compromisos del Comité Directivo Censo 2012.

-) Informe Voxcom.

7) Documentos entregados por la ex Jefa de Comunicaciones del INE, periodista Marcela Martínez, en el transcurso de la sesión de la Comisión Investigadora realizada el día 2 de septiembre de 2013.

-) Emails cursados entre Raúl Chinchón y Marcela Martinez sobre compromisos de confidencialidad.

-) Renuncia voluntaria de Marcela Martínez.

-) Documentos presentados sobre Maximiliano Raide.

-) Set de email Voxcom.

8) Documentos entregados por la ex Jefa del Departamento Técnico del INE, señora Marcela Cabezas Keller.

-) Email de Cristian Copaja Espina a Francisco Labbé, de fecha 4 de abril de 2013, sobre minuta IPC vestuario.

-) Minuta IPC de vestuario, elaborada por el Departamento Estadística de Precios del INE.

-) Actualización de Propuesta Metodológica de la División Prendas de Vestir y Calzado del INE.

-) Diario Financiero (BCI plantea problemas en estadísticas INE)

-) Email de Cristian Copaja a Marcela Cabezas.

-) Reportaje Revista Qué Pasa. (El cálculo de Labbé).

-) Informe de Trabajo cambio de Censo de Hecho a Censo de Derecho .

-) Anexo N°1 (Concepto de residencia habitual).

-) Anexo N°2 (Aspectos demográficos a considerar en la transición de un censo de facto a uno de jure).

-) Anexo N°3 (Censo de Población y Vivienda 2012).

-) Anexo N°4 (Cambios al cuestionario para viviendas particulares).

-) Email de consulta y respuesta entre Carolina Casas Cordero y Eduardo Carrasco.

-) Email de Andrés Bustamante a Marcela Cabezas, de fecha 2 de mayo de 2013 sobre minuta Población Total y Población Censada.

-) Minuta (Proyección Censo 2012, Pobl. Total y Pobl. Censada).

-) Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Habitación (Revisión 2).

9) En la sesión del 4 de septiembre de 2013, la periodista Mónica González Mujica, Directora de Ciper-Chile , entregó documentos relativos al Grupo Liderazgo Educación Limitada.

10) En el transcurso de la sesión celebrada el 9 de septiembre del año en curso, el Director Nacional (PT) del INE, señor Juan Eduardo Coeymans Avaria, entregó a la Comisión copia de los siguientes documentos:

-) Resolución de Contraloría General de la República sobre: “Inicio de Investigación especial y solicita información”.”

-) Curriculum Vitae de los miembros de la Comisión de Expertos Internacionales señores Roberto Bianchini, Griffith Feeney y Rajendra Singh.

-) Contrato a honorarios de Griffith Feeney

-) Informe cumplimiento convenio de honorarios de Griffith Feeney.

-) Contrato a honorarios de Rajendra Singh.

-) Resolución Exenta N°2877 (Designa Fiscal Sumariante).

11) En la sesión celebrada el día 14 de octubre de 2013, el señor Francisco Labbé Opazo, ex Director Nacional del INE , hizo entrega a la Comisión de los siguientes documentos:

-) Census, population and household estimates for England and Wales, march 2011.

-) Census bureau releases estimates.

-) Perspectivas de la población de Chile.

-) Pew research social and demografic trends

12) En respuesta a oficio de la Comisión Investigadora, el INE remitió los siguientes documentos:

-) Antecedentes de las contrataciones de Maximiliano y Juan Pablo Raide; Antonio Hartmann; Constance Pooley y Gabriela Lothholz.

-) Antecedentes empresa Vox Com.

-) Listado de las personas contratadas como encuestadores y en otras funciones para el desarrollo del Censo 2012, criterios de selección, ingresos y autoridades que las eligió.

13) Oficio N° 2.599 del INE, en respuesta al Oficio N° 10 de la Comisión Investigadora.

A) En relación a consulta de protocolo existente para el manejo de datos estadísticos, remitió la siguiente documentación:

a) Resolución Exenta N °1918 de 2009, que establece normas y crea procedimiento de confidencialidad en el manejo de los índices sensibles y reservados del INE;

b) Ordinario Interno N° 131, de fecha 28 de marzo de 2013, de la Dirección Nacional, mediante el cual se solicita a la División Jurídica que proceda a las suscripción de compromiso de confidencialidad en el manejo de información sensible para el proyecto Censo de Población y Vivienda 2012, de las personas que indica;

c) Ordinario Interno N° 64, de fecha 4 de abril de 2013 de la División Jurídica, mediante el cual se da cuenta de la gestión encomendada por la Dirección Nacional en el Ordinario Interno N° 131;

d) Copia de los Compromisos suscritos por el personal del Servicio.

B) Información sobre las resoluciones administrativas respecto del Censo anterior.

a) Publicación del Decreto Supremo N° 321 de 2009 (D.O. 12/2/2010), que dispone levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda durante el año 2012;

b) Publicación del Decreto Supremo N° 236 de 2010 (D.O. 30/10/2010), que crea la Comisión Nacional y Comisiones Regionales para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2012;

c) Publicación del Decreto Supremo N° 36 de 2011 (D.O. 12/8/2011), que aprueba Reglamento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2012;

d) Publicación del Decreto Supremo N° 143 de 2011 (D.O. 4/1/2012), que modifica Decreto Supremo N° 321 de 2009 (D.O. 12/2/2010), que dispone levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda durante el año 2012;

e) Ordinario N° 572, de 2012, de la Dirección Nacional del INE, por medio del cual se adjunta propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 36 de 2011, que aprueba Reglamento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2012;

f) Propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 36 de 2011, que aprueba Reglamento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2012; y

g) Copia del Instructivo Administrativo para el Censo de Población y Vivienda del año 2012.

14) Oficio N° 2.987 del INE en respuesta al Oficio N° 17 de la Comisión, sobre cifras que se utilizarán en las próximas elecciones de Consejeros Regionales.

15) Respuesta a oficio 30/2013 de la Comisión Investigadora sobre:

a) Ronda de Censos 2010. Una estrategia de armonización del Grupo de Trabajo Censos de la CEA-CEPAL, de junio de 2007.

b) "Censo tradicional y su futuro a censos alternativos", del Grupo de Trabajo Censos de la CEA-CEPAL, de junio de 2007.

c) "Programa de trabajo Grupo Censos 2007-2009; del Grupo de Trabajo Censos de la CEA-CEPAL, de junio de 2007.

d) "Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación de las Naciones Unidas", del Grupo de Trabajo Censos de la CEA-CEPAL, de junio de 2007.

e) "Aplicabilidad de las mejores prácticas, normas y procedimientos internacionales en materia censal en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile'. Parte IV. Eurostat, España, Inglaterra, Francia, Statcan y México. Septiembre - Diciembre de 2007.

f) Informe N° 003 "Censo de hecho y de derecho y su aplicabilidad en Chile", elaborado por el Subdepartamento de Censos, de febrero de 2010.

g) "Cambio de Censo de Hecho a Censo de Derecho", elaborado por un grupo de trabajo integrado por funcionarios de INE.

16) Respuesta al oficio N° 34/2013 de la Comisión Investigadora, que remite copia de los contratos suscritos entre el INE y las empresas que tuvieron relación con el Censo 2012.

17) Respuesta al oficio N° 34A/2013, de la Comisión Investigadora, remitiendo copia de los contratos y resoluciones del INE sobre las personas que llevaron a cabo el desarrollo del Censo 2012.

18) Documentos remitidos por la Biblioteca del Congreso Nacional:

-) Ensayo sobre Naturaleza Jurídica y Marco Normativo del INE.

-) Artículo de prensa con entrevista a Dirk Jaspers: “Es muy recomendable hacer pronto un nuevo Censo”.

-) Artículo de prensa titulado: “Director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012”.

19) En el transcurso de la sesión celebrada el 4 de diciembre del año en curso, el Director Nacional (PT) del INE señor Juan Eduardo Coeymans Avaria, entregó a la Comisión copia de los siguientes documentos:

-) Informe final de la Comisión de Expertos Internacionales respecto al Censo 2012;

-) Carta enviada a esa Dirección por el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas del INE, en la que se cuestiona el Informe elaborado por la Comisión de Expertos Internacionales en relación al Censo 2012, y

-) Contratos de los integrantes de la Comisión de Expertos Internacionales, señores Roberto Bianchini, Griffith Feeney y Rajendra Singh, criterios y modalidad de contratación, por todo el período en que se desempeñaron en Chile según consta del documento elaborado por las citadas personas.

20) En la sesión ordinaria del día 18 de diciembre de 2012, se incluyó en la cuenta los siguientes documentos:

1) - Informe con la opinión técnica del Subdepartamento Estadísticas Demográficas del INE sobre el “Informe Técnico de la Consultoría Internacional sobre el Censo de Vivienda y Población 2012.”, solicitado por la Comisión Investigadora a través de los oficios Nros. 49 y 51.

2) Precisiones del Director Nacional del INE, señor Juan Eduardo Coeymans, al documento elaborado por el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, sobre el “Informe Técnico de la Consultoría Internacional sobre el Censo de Vivienda y Población 2012.”.

3) Oficio N° 10.282 de la Subsecretaría de Economía, remitiendo copia de los siguientes documentos:

-) Decreto N° 321, de 20 de diciembre de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que dispuso el levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda durante el año 2012;

-) Decreto N° 236, de 1 de octubre de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,que creó la Comisión Nacional Censal del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y las comisiones regionales respectivas.

-) Decreto N° 36, de 9 de febrero de 2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprobó el Reglamento de ambos Censos;

-) Decreto N° 143, de 21 de octubre de 2011, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que modificó el decreto N° 321, de 2009, disponiendo la realización de un censo de derecho;

-) Acta de la primera sesión de la Comisión Nacional Censal 2012, realizada el 23 de noviembre de 2010, y

-) Acta de la segunda sesión de la Comisión Nacional Censal 2012, realizada el 14 de septiembre de 2011.

21) Durante la prórroga de la última sesión, el día miércoles 8 de enero de 2014, se dio cuenta de haberse recibido del INE el documento “Diagnóstico del Censo 2012 y Propuesta de Plan de Acción sobre Censos”, cuyo objetivo es dar a conocer los antecedentes que fundamentan las decisiones que adoptará el INE para concluir el proceso censal y para definir las acciones que se propone implementar. Además, se hace una recomendación al país en relación con el próximo censo de población y vivienda.

B) Personas escuchadas por la Comisión.

A continuación, se inserta lo sustancial de las versiones de las personas escuchadas por la Comisión, en el orden cronológico en que se llevaron a efecto sus respectivas exposiciones. Para mejor información, también se incluye, en algunas ocasiones y en forma resumida, la formulación de las interrogantes realizadas por los señores Diputados.

En la sesión especial de la Comisión, celebrada el día lunes 29 de julio del año en curso, se recibió al Director Provisional y Transitorio del Instituto Nacional de Estadísticas, señor Juan Eduardo Coeymans Avaria, quien concurrió acompañado del jefe del Proyecto Censo INE , señor Osvaldo Ferreiro Boch; de las funcionarias del INE señoras Natalia Cabrera Rojas, Magdalena Guerrero Hurtado y Susana Hornos y de los funcionarios del Instituto señores Sergio Zuloaga Marín, Alejandro Jara Saa, y Raúl Sepúlveda Faúndez. También estuvo presente el Subsecretario de Economía , don Tomás Flores.

En el inicio de su exposición y después de presentar a sus asesores, el Director del INE señaló tener solamente tres meses a cargo de la institución, que es compleja y, por consiguiente, puede no estar al tanto de todos los detalles, de ahí que se haya hecho acompañar de varios funcionarios. Luego se refirió a la conformación del INE.

En el tema del Censo, que interesa a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, formó una comisión interna revisora con los equipos del INE, encabezada por el doctor Osvaldo Ferreiro y, una comisión externa revisora, independiente del INE. Destacó que los niveles de independencia son totales. La Comisión Externa está integrada por Osvaldo Larrañaga, profesor de la Universidad de Chile; David Bravo, Director de Microdatos de la Universidad de Chile; Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda; Isabel Millán, del Ministerio de Desarrollo Social, y Magda Ruiz, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Celade. Es una instancia que se ha tomado muy en serio su trabajo, y ha estado intensamente evaluando todo el proceso del Censo.

La Comisión Externa no ha concluido su informe, quedó de entregar un resumen ejecutivo el 8 de agosto; sin embargo, es posible y esperable algunos días de atraso, porque es una tarea muy compleja.

Indicó que ha estado estudiando todos los temas referidos al Censo 2012 y aprovechando sus conocimientos ergonométricos y estadísticos se ha interiorizado de algunos detalles.

También se ha abocado al IPC, y sobre este producto en tres oportunidades invitó a la comisión de usuarios para sostener un diálogo franco con las personas que habían hecho los cuestionamientos, por ejemplo, don Eduardo Engel y el economista Jorge Selaive. Se ha reunido con alrededor de 50 economistas de la plaza, para explicarles los pasos que se están dando para una total transparencia.

Respecto de los temas más específicos, han surgido críticas sobre el IPC en torno al área de vestuario, ya que habría una subestimación por un problema que ha aparecido en varios INE del mundo: la moda y la temporalidad. Esto es algo sumamente técnico y se trata de dudas, controversias y cuestionamientos que nacieron en los INE de Inglaterra, Francia, Sudáfrica y Estados Unidos. La interrogante es, cómo capturar el hecho cuando aparece un producto, pasa un tiempo y después desaparece. ¿Qué se hace? ¿Cómo se sustituye?

Al presentarse un vestuario de moda, viene con un precio inicial, que después empieza a declinar. Una vez que desaparece ese producto, se trata de sustituir con uno similar, o sea, se sigue con la variación. Analizado el problema su conclusión es que hay un sesgo a la baja. Considerando que si había algo claro en una dirección, ya no era un error, sino un sesgo, y por ende, había que actuar rápido.

Entonces, acogió la propuesta de los funcionarios del INE, la cual estaba muy bien hecha. Sin embargo, para dar credibilidad y confianza tomó contacto con la OCDE y llevó la propuesta en consulta a la reunión de Ginebra, la que resultó muy bien evaluada.

Básicamente, la propuesta sugiere usar el método tradicional y seguir con las variaciones. Dicho de otro modo, considera similar el producto cuando cumple tres características básicas: tela, marca y país. En caso de un producto nuevo, se le fija un techo más alto, no se sigue con la variación, porque cuando están de moda presentan una declinación.

A continuación, informó sobre el Censo, relatando las distintas etapas: Primero hubo una planificación que partió en 2008. Se hizo un precenso, un conteo rápido de viviendas y de población, en enero de 2011 y noviembre del mismo año.

En Chile se hacía un Censo de hecho, en el que básicamente se visitan todas las viviendas en un día y se pregunta a las personas dónde pernoctaron.

En agosto se implementa un cambio y se piensa en hacer un Censo de Derecho, cuya diferencia fundamental respecto del anterior es que se cambia la pregunta de dónde pernoctaron por cuál es su residencia habitual. Tiene una gran ventaja para orientar las políticas públicas; es más relevante saber dónde vive permanentemente una persona que dónde pernoctó la noche anterior.

Eso, y probablemente razones de carácter cultural, llevaron a la Comisión de Censo a cambiar el tipo, de censo de hecho a censo de derecho, lo que fue aprobado por todos los que participaban en la comisión y, también, por los altos funcionarios, incluidos los que cuestionaron el censo posteriormente.

Entre enero y febrero de 2012 se capacitó al personal del INE que estaría a cargo de las jefaturas. El reclutamiento del personal de terreno, que incluye no solo a los censistas, sino a los diversos jefes, se empezó a realizar en febrero de 2012. El personal de terreno fue capacitado entre marzo y abril de 2012, y el levantamiento se implementó entre el 9 de abril y el 31 de julio de 2012. La información se procesó entre agosto de 2012 y marzo de 2013, y la publicación final se hizo el 2 de abril de 2013.

En mayo de 2013, mes en el cual llega al INE, se inició el proceso de revisión, respecto del cual debiéramos tener claridad en septiembre de 2013, en especial si consideramos que el informe ejecutivo de la comisión externa se dará a conocer el 8 de agosto y su informe completo para fines del mismo mes, sin embargo, es posible que haya una o dos semanas de atraso.

En todos los censos viene una etapa de conciliación censal. Cabe destacar que en los censos no necesariamente se determina la población de un país. Su finalidad, más bien, es determinar las características, por ejemplo, saber el porcentaje de católicos o de personas con cierto tipo de educación, no necesariamente se trata de contar la población.

Esto es así porque los censos siempre tienen porcentajes de omisión, luego de lo cual viene una segunda etapa, muy laboriosa, que normalmente se ha llevado a cabo por personal del INE y Celade, se trata de la etapa denominada conciliación, que es un proceso largo de entre 10 meses a un año. Por ejemplo, en el Censo de 2002, se llegó a una población estimada de 15 millones 100 mil habitantes. Después del proceso de conciliación, la cifra llegó a 15 millones 700 mil habitantes.

Esos procesos son complejos, pero se inician con cifras creíbles de población, que han sido conciliadas. En ese sentido, se usan las estadísticas vitales, es decir, se suman los nacidos y se les restan los fallecidos, a través de un proceso estadístico bastante bueno y, además, se incluye un ajuste por migraciones.

A continuación, viene un proceso iterativo, que quizá no coincida con otras medidas de omisión, sin embargo, es un proceso bastante complejo que demora mucho. Hace poco tiempo dispuso un pequeño ejercicio de entrenamiento para adoptar una posición como INE y alcanzar acuerdos con la institución que nos acompaña.

También, se hizo el ejercicio de considerar a los nacidos y muertos a partir de 1992 hasta 2011, lo que llevó a establecer una población, la que se comparó con la población de chilenos que habían sido censados -los 15 millones 700 mil. Curiosamente, en el ejercicio salió una cifra de omisión bastante menor que la que uno pensaba, a raíz de otros enfoques. Sin embargo, esto es algo absolutamente preliminar, porque lo ideal sería hacerlo con población mayor. Lo importante es que, como alternativa de método, ese es el tipo de ejercicio que se puede hacer para ver cuál es la omisión.

En el precenso, la idea era sectorizar. Esto quiere decir que el precenso sirve, de alguna manera, para programar y ver dónde están los domicilios y así hacer la planificación del censo en sí mismo.

Además del cambio metodológico que se hizo, el Censo de Derecho provee efectivamente información más pertinente para políticas públicas. Está claro que tiene más dificultades, dado que es más difícil de hacer, porque cuando los encuestadores llegan a una vivienda, no necesariamente encontrarán que está toda la gente, porque para contestar el cuestionario se requiere de personas mayores de 18 años, por lo tanto, si no las hubiere, se declara morador ausente de dicha vivienda. Posteriormente, se vuelve a ir, una y otra vez. Por lo tanto, es probable que al final, luego de ir tres veces o más, quede un porcentaje de viviendas, censadas como tales, pero que quedaron sin la estadística de las personas que las habitaban. Además, cabe decir que, según las normas, el personal doméstico no está autorizado a responder el cuestionario. En consecuencia, queda un porcentaje de viviendas que han sido censadas, pero no así su población. A este mecanismo se le denomina morador ausente.

En la mayoría de los censos de derecho se hace una estimación de esa población, no es algo que no se deba hacer. En este caso, se hizo la estimación de los moradores ausentes a través del siguiente método: por ejemplo en una sección -un portafolio de 15 viviendas equivalente a una manzana-, un encuestador debe censar las viviendas de esa manzana. En la práctica, pudo haber encontrado, reiteradamente, una vivienda con morador ausente. En ese caso, lo que se hizo fue tomar aleatoriamente una vivienda de esa manzana, y los datos de esa vivienda se asignaron a la que estaba con morador ausente. Obviamente, a nivel de esa manzana puede haber error, sin embargo, por ley de los grandes números, este es el método que se utiliza, aun cuando también se pueden usar otros. Por ejemplo, en vez de tomar en forma aleatoria -que en los agregados da lo mismo- se toma el promedio de la manzana y así se asignan moradores a las viviendas cuyos moradores no se pudieron censar. Una de las cosas que interesa de la comisión externa revisora son sus recomendaciones. ¿Recomendará este método o el otro? Normalmente, hay países que publican las viviendas y los moradores censados, sin embargo, no hacen lo que acá se hace, es decir, sumar ambos y no explicar que se estaban sumando. Creo que este fue uno de los errores en la ponderación del anterior Censo, lo que se prestó a mucha confusión.

Respecto del cambio del Censo de Hecho al Censo de Derecho, hoy en día, la mayoría de los países está usando Censo de Derecho. Por ejemplo, en el caso de países OCDE, Francia usa un censo continuo; Canadá hace un censo cada cinco años; Inglaterra hace censo de viviendas por Internet, etcétera.

Una de las ventajas del Censo de Derecho es que la capacitación puede ser mucho más extensa. En el Censo de Derecho se tuvieron como 13 mil personas en terreno; en un Censo de Hecho se necesitan 550 mil. Se espera mejor capacitación en un censo de derecho, a pesar de que este puede presentar otras dificultades.

Nos encontramos con una publicación en que hay datos agregados. Sin embargo, están las bases de datos con marcas que indican claramente qué fue población censada, qué fue población estimada. Hay dos tipos de estimaciones: una, la de moradores ausentes, ya explicada; pero, también, la Dirección anterior quiso, tal vez, adelantarse a las etapas e hizo una estimación de lo que se llama estimación de moradores de viviendas no logradas, que fue muy criticada. ¿Cómo hizo la estimación de viviendas no logradas? Partía de las cifras que daba el precenso, le sumaba las construcciones y llegaba al stock de viviendas durante el censo. Esa estimación la hizo con los crecimientos promedio por comuna. ¿Qué hizo después? Comparó las viviendas efectivamente censadas. Dijo: bueno, mi estimación de las viviendas stock de precenso más construcciones, menos las censadas, es lo que no logré.

Eso fue lo que hizo la Dirección anterior. Si el precenso está bien hecho, si la estimación de las construcciones está bien hecha, es uno de los métodos para ver las viviendas no logradas. ¿Y qué hizo después? A través del método de imputación aleatoria, en vez de usar el barrio, usó la comuna; o sea, eligió una vivienda de la comuna. En forma similar a lo que hizo, pero un poco más agregado. Así estimó lo que en el censo anterior se llamó población de viviendas no logradas. Sumó las tres cifras: la población censada, los moradores ausentes y esta estimación, y las puso en una sola, y eso fue lo que publicó.

Sin embargo, las bases de datos estaban con las marcas, o sea, se sabe exactamente cuál es la población censada. Se ha hecho ese análisis y se tiene la cifra de la población efectivamente censada.

Indicó no ser partidario de hacer estimación de las viviendas no logradas, por todas las confusiones que puedan surgir, y porque eso, normalmente, corresponde a la etapa posterior. Ese tipo de cálculo u otros corresponden a la etapa posterior de conciliación.

Si se toma la base que está disponible, se llega a las mismas cifras totales, pero permite la desagregación de poblaciones, según los tres tipos de poblaciones. Eso coincide con el total que se publicó. O sea, lo que hubo es no desagregar ni poner la explicación.

Las cifras respecto de poblaciones efectivamente censadas podrían cambiar luego de la revisión de los métodos de tratamiento de algunas inconsistencias. Por ejemplo, en los censos hay una página que dice: total de personas. Después se ve la ficha y se encuentra con que el número de gente que responde es menos que eso. O sea, hay una información que puede ser contradictoria.

Lo que se ha hecho es adoptar el tratamiento más pesimista, pero se podría tomar un tratamiento intermedio, con cosas que podrían cambiar, se está hablando de cien mil y tantas personas; no son cambios dramáticos del tratamiento de inconsistencia.

Lo que se va a publicar finalmente dependerá de la decisión que tome el INE, luego de analizar y ponderar las recomendaciones que entregará la comisión revisora externa y otros expertos nacionales e internacionales.

El informe de esta Comisión Externa Revisora del Censo 2012 será público. Se dará a conocer completamente por orden del Presidente de la República . Si el informe de la comisión revisora externa es muy crítico, será publicado con todas las críticas que correspondan.

Como INE, no se está participando en la redacción de ese informe. Incluso, es tan independiente la Comisión Revisora Externa que en una primera sesión acordaron que este Director no debería asistir a escuchar los testimonios. Manifestó contar la anécdota para reflejar el nivel de independencia que la comisión se ha arrogado y que él les ha dado.

Ante la pregunta del Diputado señor Latorre sobre la situación del señor Ferreiro, asesor principal del señor Coeymans e integrante de la Comisión Externa Revisora, respondió que el aludido funcionario fue nombrado secretario ejecutivo, sin derecho a voto, a fin de proveer la información que solicita la Comisión. Hay sesiones a las que no es invitado. También participa la funcionaria Magdalena Guerrero, quien toma las actas, sin embargo, en varias oportunidades no participa, ya que la Comisión pide reunirse a solas.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012, pidió revisar la base de datos estadísticos entera, como no sabían manejarla trajeron al interior del INE al señor Lenin Aguinaga del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), también los técnicos del INE ayudan si ellos lo solicitan. Hay 13 funcionarios del INE, trabajando en promedio, un 30 o 40 por ciento de jornada, para satisfacer las peticiones de la comisión.

Después, pidieron una muestra aleatoria del 10 por ciento del Censo. Se obtuvo esa muestra, hubo un problema y se sacó otra. Están trabajando, incluso en sus casas, bajo compromiso de secreto estadístico.

Todo ello lo coordina el señor Ferreiro.

Terminada su exposición, se formularon las siguientes interrogantes por parte de los señores parlamentarios.

El Diputado señor Latorre le preguntó si considera la presentación pública de las cifras del Censo como un error y ¿qué elementos tuvo presente para entregar los antecedentes de lo que estaba ocurriendo en el INE al Ministerio Público?

El Diputado señor Farías solicitó aclarar la motivación y los fundamentos de la denuncia por las irregularidades del INE que el Director realizó ante el Ministerio Público. Además, consultó qué funcionarios fueron citados por el Ministerio Público o por la PDI y cuáles serían los cargos que se les imputan. Por último, requirió del Director del INE información respecto de la determinación de irregularidades en el Servicio y las medidas administrativas adoptadas; estado de avance del sumario administrativo en curso, y cuál habría sido el motivo de su reunión con el señor Labbé un mes antes de la renuncia de este último.

El Diputado señor Silber preguntó por la condición contractual de los asesores que tenía el ex Director del INE , específicamente de los señores Maximiliano Raide y Sebastián Matthews en cuanto a si continuaban vinculados al Servicio.

El Diputado señor Harboe recalcó que las cifras que entrega INE son determinantes para el financiamiento municipal, ya que por lo sucedido en el Censo 2012 hoy tenemos una menor cantidad de población que la real y, en consecuencia, las respectivas municipalidades tendrán que sufrir, porque en la discusión del presupuesto tendrán uno menor derivado del mal proceso que se hizo en ese momento.

Consultó, además, por el porcentaje de la omisión censal a consecuencia de moradores ausentes y viviendas desocupadas y una comparación con la omisión censal de 2002 y, por otra parte, la experiencia comparada.

Finalmente, solicitó un listado de las personas contratadas para llevar adelante el Censo, con indicación de quién las contrató y cómo fueron elegidas.

El señor Juan Eduardo Coeymans entregó las siguientes respuestas a las preguntas que anteceden:

A los pocos días de haber llegado a la institución, dos funcionarios le informaron haber detectado clonaciones y registros copiados, lo que consideró grave. Al día siguiente, le informaron que había 800 mil clonaciones. Recurrió a los abogados del servicio, quienes le aconsejaron poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, para que éste dispusiera las indagaciones pertinentes, independientemente de que al interior del INE también se investigara. Por la premura de la denuncia, no tuvo el tiempo necesario para analizar lo informado, como tampoco lo tuvieron los equipos internos.

¿Qué fue lo que ocurrió? En este caso, había una base en la que estaba claramente especificado lo que fue censado, es decir, los 15 millones 700 mil personas; cuál era la estimación por el método ya explicado, y qué son las imputaciones por las viviendas no logradas. Estaba claramente definido. Lo que pasó fue que los dos demógrafos denunciantes usaron otra base que no tenía las marcas, pero que correspondía a la usada para la publicación. Básicamente, era una base de la población, a la cual se le había eliminado la columna donde estaban las marcas. De manera que ellos hicieron el análisis computacional y encontraron 800 mil. Pero, eso corresponde exactamente a las estimaciones de los moradores ausentes y de las viviendas no logradas. A lo mejor, fue un error, pero es comprensible ante la amenaza legal de responder en 24 horas, a pesar de no tener el tiempo para analizar.

Por ello, hace más o menos dos semanas, envió una aclaración al Ministerio Público como antecedente. No fue una retractación, porque mi presentación fue en los términos siguientes:”Investigue usted, porque yo no tengo tiempo”.

Está absolutamente de acuerdo con que el INE debe ser independiente. Piensa que quien debiera haber entregado las cifras era el Director de dicha institución, aun cuando hay distintos grados de independencia. Esa es su opinión personal y eso es lo que hubiera hecho. Agregó que no se trata de una imputación al Presidente de la República . Le parece grave la filtración. Por eso, dispuso la instrucción de un sumario interno, y, además, el Subsecretario hizo una denuncia ante la Fiscalía respecto de los contratos y del Censo. Por su parte, interpuso una denuncia por la filtración de información.

Con la ayuda del señor Ferreiro, respondió que han sido citados por el Ministerio Público los señores Andrés Bustamante, jefe del Departamento de Estudios Sociales ; Juan Radrigán, jefe del Departamento de Infraestructura Estadística , y Alejandro Sabag, uno de los jefes de Informática del Censo, como también las señoras Silvia González y Pamela Roa, las informáticas que trabajaron durante el Censo. Personalmente el señor Ferreiro no ha sido citado por la Fiscalía, pero sí ha declarado ante el subcomisario de la Brigada del Cibercrimen, el cual trabaja entregando información para el Fiscal que investiga el caso. Por cierto, sabemos que han sido citados el ex Jefe del Censo y el ex Director del INE , los cuales actualmente no pertenecen a la Institución.

Una debilidad del Censo 2012 la constituye haber tenido cinco Jefes del Censo desde el año 2008. Cinco personas son muchas, porque ahí se produce una entropía de información.

Otra debilidad, que puede explicar muchos de los problemas, consiste en no haber hecho un Censo Piloto. Esa es, tal vez, la debilidad más grande. A raíz de ello, se subestimaron las dificultades operativas asociadas a la realización de un Censo de Derecho, luego de un trabajo que había sido pensando para un Censo de Hecho.

También, manifestó creer que hubo insuficiencia de presupuesto para la operación, debido a una subestimación del gasto en la planificación, lo cual tuvo un impacto en sí misma y en la implementación del censo, en particular en aspectos ligados al control de calidad, que tuvo problemas. Una de las personas que hizo las denuncias era la encargada de realizar la estimación de los presupuestos.

Por otra parte, apuntó a la falta de suficientes controles de calidad, porque han dificultado la evaluación misma. La publicación de los resultados del Censo fue un error. No se debió haber publicado datos sin hacer una segregación. Algunos estiman que se trató de mentir, pero no entra en ese tipo de apreciaciones, porque es una cosa que debe investigar la Fiscalía. Además, le parece que faltó documentación continua de todo el proceso, cosa que ha dificultado el trabajo de rehacer las memorias del censo.

Continuó diciendo que así como el Censo 2012 registró debilidades, también tuvo algunas virtudes que no tuvo el Censo anterior del 2002. Se refirió, por ejemplo, a la cartografía estadística, la que estaba actualizada a muy buen nivel, o sea, fue muy superior a la usada en el censo de 2002. En principio, se trabajó con 13 mil censistas, pero al final se contó con la participación de 17 mil, porque se reemplazaron. Obviamente, hubo una mayor capacitación que si se trabaja con 550 mil, porque en ese caso la capacitación puede demorar 2 horas; no obstante, duró varios días.

Un aspecto positivo fue la construcción de un sistema de control de avance en línea, que permitió tener los registros de portafolios censados en la medida que se iban digitando en los locales. Primero se hacían estimaciones con el sistema de control de avance en línea y, después, iban a salir los resultados definitivos.

Una cosa importante mediante el proceso fue la constatación de que la base de datos correspondía a una lectura fiel de los cuestionarios.

Agregó que, a petición suya el día en que llegó al INE, el Subsecretario paró el proceso de destrucción de las fichas que estaban almacenadas en una bodega de palets de 4 mil metros cuadrados. De los 1.325 palets, se alcanzaron a destruir solo 3.75 por el tema del secreto estadístico, es decir, casi nada. Entre paréntesis, se había digitalizado el 0,3 por ciento. La orden para la destrucción estaba estipulada en el contrato. De acuerdo con el secreto estadístico, una vez que la información está digitalizada hay un plazo para destruirla; de hecho, todavía no se destruye.

Se hizo un chequeo del traspaso de las fichas a imágenes, lo cual se realiza con una máquina fotocopiadora ultrarrápida. Se chequeó una muestra de 2 mil fichas para ver si hacían bien el fotocopiado. Pero ahí no estaba el problema, pues hubo un error mínimo.

Posteriormente, al chequear el proceso de traspaso de la imagen a digitalización consideramos que el error encontrado era mínimo, es decir, de un 0,3 por ciento. Claramente, la base digitalizada estaba intacta.

En cuanto a la pregunta de si es el mejor Censo de la historia, obviamente hay que hacer una evaluación entre las debilidades y las fortalezas mostradas. La base de datos está guardada y permite rehacer todo el proceso que sigue después.

A lo mejor, con el apoyo de la Comisión Externa Revisora se tendrá un Censo bastante confiable. Eso es lo que espera, salvo que el resultado de dicha Comisión sea muy negativo.

Respecto de los estándares de omisión, en un Censo de Hecho la omisión suele ser muy baja, se les pregunta a las personas quiénes pernoctaron allí; por el contrario, en el Censo de Derecho el porcentaje de omisión suele ser más grande. Por lo tanto, esa es una de las complejidades y debilidades de hacer un Censo de Derecho. Así como tiene virtudes, porque se hacen preguntas como dónde vive la persona en forma permanente, también presenta dificultades, por lo tanto hay que planificarlo muy bien.

El último Censo que se hizo en España no fue tal, porque solo hubo una muestra censal del 10 por ciento de la población. En ese caso solo interesaba caracterizarla y el conteo de la población se hace con otros métodos.

Explicó que la conciliación es un proceso normal, siempre que termina un censo transcurre un período de 10 meses o, a veces, hasta un año, para realizarla.

Un Censo que tiene mucha omisión puede tener problemas en la estimación y eso se trata de subsanar en la etapa de conciliación censal, pues en ese momento se calcula la omisión en cada comuna.

Por ahora, justamente para evitar los problemas que se señalaban, ordenó bajar el Censo. Hoy, cuando algún Alcalde pregunta sobre cuál es la población de su comuna, se le indica la cifra de población estimada de 2002 más la extrapolación.

La omisión calculada fue de 4,1 por ciento en el Censo de 2002.

Si uno creyera fielmente que hay 17 millones 400 mil habitantes, habría una omisión cercana al 10 por ciento. Sin embargo, lo que está en cuestión es la cifra final de la población.

No obstante, según los cálculos que ordenó hacer en forma preliminar, se estimó que el promedio de la población menor de 19 años era de 6,9 por ciento, a pesar de que era mayor entre la de 0 y 2 años de edad. La omisión todavía es una incognita. Lo ideal es tener la minima posible.

El 10% está asociado a los 17 millones 400 mil habitantes, que corresponde a la estimación basada en el Censo pasado, que muchas veces se revisa hacia atrás y hacia adelante. Lo efectivamente censado son 15.758.929 habitantes.

Insistió en no querer dejar constancia que esa es la cifra definitiva. Es una cifra que se va a determinar en un proceso que dura diez meses. No se puede decir que la población de Chile es 17 millones 400 mil habitantes. Para eso, se necesita invertir diez meses de trabajo. El proceso de conciliación censal estará terminado en el segundo semestre de 2014.

Finalmente, respecto del procedimiento administrativo que ordenó instruir, manifestó haberse equivocado en la respuesta dada a la Comisión Investigadora al catalogarlo de sumario administrativo, ya que se trata de una investigación sumaria.

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En la sesión ordinaria de la Comisión Investigadora, celebrada el día miércoles 31 de julio del presente año, continuó la exposición del Director Nacional (PT) del INE, señor Juan Eduardo Coeymans AVARIA; quien concurrió acompañado del Subsecretario de Economía , señor Tomás Flores Jaña; del Jefe de Proyecto Censo INE , señor Osvaldo Ferreiro Boch, y del Fiscal del INE, señor Raúl Chinchón González.

Iniciando su exposición respondió una pregunta del Diputado señor Silber, formulada en la sesión anterior, diciendo que el señor Raúl Chinchón era el fiscal del INE y quien estaba instruyendo la investigación sumaria. Agregó que el 2 de mayo -dos días después de haber asumido su cargo- ordenó al fiscal que iniciara esa investigación sumaria. En forma paralela, ordenó iniciar una auditoría a los contratos de honorarios. Informó, que el anterior Director, el señor Labbé, había ordenado una auditoría para los contratos de bienes y servicios, que estaba en su fase final.

Explicó que después de efectuar ante el Ministerio Público la denuncia por clonación de datos, se inició un análisis computacional que mostró que los errores correspondían a las estimaciones de los moradores ausentes. En ese momento, decidió hacer un análisis desde el principio y primero chequear si las fichas eran o no eran bien traspasadas a imagen y si las imágenes estaban bien registradas computacionalmente. Se descubrió que no correspondían a 800 mil las clonaciones.

En respuesta a los motivos de la reunión con el señor Labbe un mes antes de asumir como Director, indicó que ésta se debió a que la Asociación de Bancos le pidió hacer un estudio sobre burbujas inmobiliarias, para lo cual acudió al INE para ver si había información sobre arriendos y analizar la relación entre estos y los precios de viviendas, y comparando eso con las tasas de interés a fin de determinar si existía una burbuja especulativa. Con ese objeto se reunió con el subdirector técnico, don Gerson Gallardo; con la jefa de la parte operativa de precios, señora Elsa Isolino, y con el señor Copaja. También pasó a saludar al señor Francisco Labbé, a quien conoce desde 1974, cuando era profesor. Aclaró que no existía amistad entre ellos.

Consultado por el Diputado señor LATORRE, respecto al uso de algún protocolo para el manejo de datos, indicó que hay estándares internacionales, pero en el caso de los censos hay bastante heterogeneidad. Agregó que, en ese sentido, desgraciadamente, uno de los problemas del INE es que no había una unidad de estudios censales. Por ello, se encuentra en proceso de creación de esa unidad.

Respecto de los protocolos para hacer los censos, algunos países presentan solo a los moradores presentes y otros a los presentes y ausentes. No hay precedentes para presentar a los moradores de viviendas no logradas.

El Diputado señor Farías preguntó si el jefe de Gabinete del ex Director señor Labbé, el señor Raúl Sepúlveda, cumplía en la actualidad el rol de su asesor legislativo, situación que sería compleja dado que en su cargo anterior debería haber tenido conocimiento de los hechos investigados.

El señor Coeymans respondió que el señor Raúl Sepúlveda tenía a su cargo el proyecto de ley de autonomía del INE y además, estaba a cargo de las Direcciones Regionales. Agregó que el señor Sepúlveda fue jefe de gabinete de la señora Mariana Schkolnik y continuó en ese cargo con el señor Labbé. Al asumir como Director nombró como su jefe de gabinete al señor Sergio Zuluoaga.

Respecto de la fecha de la investigación sumaria, la resolución que la dispuso se terminó de tramitar el día 10 de mayo.

En cuanto a las medidas administrativas y al tema de los contratos, dispuso una auditoría de todos los relativos al Censo 2012. Además, manifestó su intención de reforzar la unidad de control y crear una unidad de calidad para mejorar los productos estadísticos.

Respecto de la pregunta del Diputado señor LATORRE, señaló que respecto de las jefaturas, incluso aquellos que firmaron la famosa carta de los once, no había adoptado ninguna decisión de desvincularlos. Le pareció que tenían el derecho legítimo para expresar su opinión. Ningún jefe de departamento o división ha dejado su cargo.

A continuación, en esta sesión, se escuchó al abogado señor Raúl Chinchón González, fiscal (PT) del INE, quien informó a la Comisión Investigadora que ingresó al Instituto durante el año 2007, bajo el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet; por consiguiente, no ingresó bajo la Dirección de don Francisco Labbé. Agregó que entró al servicio como funcionario público a contrata nombrado en julio de 2012. Al Fiscal que reemplazó era el abogado Alejandro Layseca, quien aun se desempeña en el INE.

A continuación efectuó ciertas precisiones sobre el procedimiento de investigación sumaria, explicó que la Contraloría General de la República ha establecido claramente que una investigación de este tipo y un sumario administrativo son medios idóneos para esclarecer si la conducta de un funcionario público puede ser calificada como una infracción a un deber establecido en el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, para verificar la existencia de los hechos, él o los responsables y el grado de participación, ambos procesos investigativos son plenamente idóneos.

Además, explicó que el procedimiento se inició por una investigación sumaria y que los antecedentes fundantes fueron dos notas de prensa publicadas en CIPER Chile, en Internet, el 25 y 26 de abril del 2013.

Aclaró, que en su calidad de Fiscal y dado a que entre las materias a investigar, la de mayor connotación pública, es una eventual manipulación de los datos censales, propuso al Director Nacional señor Coeymans esperar el informe técnico de una instancia independiente del INE, sin conexión alguna con la presente o la antigua administración, conformada por funcionarios y expertos altamente calificados que emitirán un informe sobre el proceso de revisión del Censo. Esto porque es un hecho público que la eventual manipulación proviene de trabajos metodológicos e imputaciones de un carácter eminentemente técnico. En ese contexto, si el informe determina que los hechos son de una mayor gravedad y consta en el expediente y en el proceso, como lo establece el Estatuto Administrativo, estará la posibilidad de elevar la investigación a sumario administrativo.

En cuanto a las imputaciones que se han hecho a su persona, por una dilación excesiva en la tramitación de la etapa investigativa, precisó que la Contraloría General de la República ha establecido que si en una investigación o en un sumario los plazos para investigar transcurren existiendo diligencias pendientes, como en este caso, esa situación no viola ni produce un vicio de nulidad del procedimiento. Por lo tanto, dada la complejidad del tema y de que citó a declarar a funcionarios y exfuncionarios del INE utilizó más tiempo para contar con sus declaraciones en el expediente sumarial porque no contaba con herramientas legales para citar a una persona que es funcionario público.

En respuesta a una pregunta del Diputado señor Latorre, informó que en su oportunidad recomendó al Director Nacional, don Juan Eduardo Coeymans, ante clonaciones encontradas en una base de datos de funcionarios del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, denunciar ese hecho al Ministerio Público, en el plazo que la ley establece. Respecto a si no le pareció necesario esperar el informe de la Comisión Revisora Externa del Censo, señaló que contaba con la visión técnica de los funcionarios del INE.

El Diputado señor Farías consultó cuál era la condición funcionaria del Fiscal, es decir, si pertenecía a la planta, era funcionario a contrata o tenía carácter transitorio y cuál era el rol que desempeñó en la visación de los contratos de asesores directos del ex Director Nacional de los cuales se dice que eventualmente habría una triangulación de dinero.

El señor Chinchón se refirió a la denuncia efectuada ante el Ministerio Público, e indicó que se había fundado en los argumentos del personal técnico del INE, avalada por la expertise técnica de demógrafos del mismo servicio y dio cumplimiento a la obligación administrativa impuesta a los funcionarios públicos de poner los antecedentes que pudiesen revestir el carácter de delito, en conocimiento del Ministerio Público.

Agregó que, en las diligencias que se han llevado a cabo en la investigación, se ha ido comprobando que la clonación de esos 800.000 registros corresponde a errores en los tipos de imputaciones de moradores ausentes o de personas en viviendas no logradas o no alcanzadas, circunstancia que se hizo presente formalmente al Ministerio Público.

Cuando se decidió iniciar formalmente la investigación sumaria el 10 de mayo, en virtud de una resolución exenta dictada por el Director Nacional el 2 de mayo, todas las personas que eventualmente pudieron estar involucradas en los hechos investigados dejaron de ser funcionarios del Servicio, específicamente el Director y el Jefe del Proyecto Censo de la época.

Finalmente, aclaró que pertenecía a la planta directiva del Servicio desde el 13 de julio de 2012, en calidad provisional transitoria (PT), se trata de un cargo del segundo nivel jerárquico sometido al sistema de Alta Dirección Pública.

A continuación, señaló que no se sentía inhabilitado para cumplir con su labor, ya que son claras las situaciones que el Estatuto Administrativo contempla para que un Fiscal Administrativo se puede inhabilitar y, entre ellas, no está el hecho de que deba tener más antecedentes técnicos fuera de la Institución para llegar a conclusiones lo más fehacientes y cercanas a la realidad.

Respecto de la visación de contratos que le habría correspondido, indicó que los contratos a honorarios a suma alzada eran y son firmados, en general, por el jefe directo, el jefe de servicio y la persona contratada, previa solicitud de una orden para contratación. Luego de que esa solicitud es cursada, el contrato es firmado, llega una visación administrativa y una visación legal de la resolución que aprueba. Informó que, en el análisis que le correspondió de visación de algunos de los contratos cuestionados, lo que debía determinarse era si se cumplía con los requisitos, si el contrato estaba firmado y si estaban los antecedentes curriculares, si era del caso. El hecho de velar porque una persona haga o no su trabajo es obligación del jefe directo y no del fiscal, es él quien debe controlar la jornada de trabajo, la calidad y el desempeño que le sean encomendadas a una persona en particular.

Consultado por el Diputado señor Silber respecto del contrato entre el INE y la empresa Vox-Com, señaló que no existía un contrato con dicha empresa, ni en el portal de compras públicas ni tampoco vía licitación, el señor Chinchón insistió en que no conocía a las personas vinculada a Vox- Com, ni saber donde trabajaban.

Complementando lo expresado por el señor Coeymans en cuanto a protocolos para el uso de datos censales, explicó que debían separarse dos temas de igual importancia. El secreto estadístico, es decir, la obligación que está en la ley del INE para todo funcionario del Servicio, de no divulgar datos de personas naturales o jurídicas, conducta sancionada con las penas establecidas en el artículo 247 del Código Penal sobre violación del secreto y, por otra parte, el manejo de aquella información que es sensible, pero que no cabe necesariamente en el rango del secreto estadístico.

Respecto a esto último, desde hace años existe un protocolo en el INE, contenido en una resolución general, en orden a fijar cuáles son los indicadores y cuál es el procedimiento a través de la circunscripción con cláusulas en los contratos o con declaraciones en donde las personas se comprometen a manejar la información que no está sujeta a secreto estadístico, pero sí lo está a cierto nivel de reserva o de confiabilidad.

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Durante la sesión ordinaria de la Comisión Investigadora, celebrada el día 7 de agosto de 2013, concurrió el Director Nacional (PT) del INE, señor Juan Eduardo Coeymans Avaria quien, en esta ocasión, se hizo acompañar por el señor Sergio Zuloaga, Jefe de Gabinete ; por la señora Natalia Cabrera, Jefa de Prensa; por el señor Alejandro Jara, Asesor de la Subdirección, y por el Abogado señor Alejandro Layseca.

El Presidente de la Comisión Investigadora , Diputado señor LATORRE, manifestó al señor Coeymans que quedaron pendientes algunas inquietudes en la sesión anterior. Además, es necesario saber sobre la información que fue solicitada al INE.

El Director Nacional (PT) del INE, respondió traer consigo toda la información que se le pidió, sobre los contratos, censistas, etcétera.

Comentó que recibió a la directiva de la Asociación de Funcionarios, Anfine, quienes le pidieron la realización de una reunión para informar a todos los funcionarios del INE sobre la vorágine que estaba ocurriendo en torno a la Institución.

Consideré apropiado reunirme con los funcionarios y les expliqué lo que había estado haciendo en materia de la ley de autonomía, de presupuesto, de IPC, de censo, de cuáles habían sido mis decisiones, etcétera.

Dije que una de las cosas importantes que creo había logrado fue precisamente unir a los grupos que, antes de que se declarara la crisis, habían estado en posiciones distintas. Ahí me referí a este grupo, pero para señalar justamente -dadas las críticas que uno escucha respecto a ello- que estas personas estaban colaborando lealmente conmigo y con extremo profesionalismo. Por eso los llamé a trabajar juntos, son excelentes funcionarios, tengo el mayor aprecio por ellos y no se me pasaría por la mente despedir a ninguno, porque, en el corto período que llevo, han colaborado lealmente.

En cuanto a no entregar información sobre las poblaciones, dado que el censo está cuestionado, hemos entregado las proyecciones de población basadas en el censo 2002, como lo recomienda la Comisión Externa Revisora. En tanto podamos, si arreglamos este censo o hacemos otro, procederemos a cambiar.

El Diputado señor Rincón, solicitó aclarar si en el caso del SERVEL, respecto del proceso electoral que se viene para todos los nuevos consejeros regionales, ¿se va a considerar esa proyección de población, que es vital para que exista una verdadera representación en las regiones, o se van a mantener, como se nos ha dicho informalmente, las cifras 2002?

El señor Coeymans respondió haber hablado con la Secretaria Ejecutiva del Servel para exponerle cuál era su posición. Por lo menos, no recibió ningún reclamo de parte de ellos. Entregamos las cifras, están al tanto de la posición y así lo entendieron.

El Diputado señor Latorre dijo entender que operar en la información estadística con datos que tienen su origen en la proyección del Censo de 2002 a la fecha, es un criterio con el cual se entregará toda la información que se le solicita al INE a este respecto. O sea, los datos del censo realizado, que son materia de discusión o de investigación, no están siendo entregados como oficiales por el INE, según usted mismo lo señaló en esta Comisión en la sesión anterior.

El señor Coeymans respondió afirmativamente, y continuó con su exposición: Cuando convocó a la Comisión Externa Revisora del Censo 2012, su propósito tenía dos finalidades. Una, hacer una evaluación de todo el proceso censal en todas sus partes, resultados, forma de publicar los datos, etcétera. Otra, para hacer recomendaciones sobre los pasos a futuro. En esa oportunidad, y en más de una entrevista señaló que la primera parte la aceptaría plenamente, pero, respecto de la segunda, pediría otra opinión, independiente del resultado.

Precisó que, dado que la recomendación de la Comisión Externa Revisora fue hacer un nuevo Censo, la prevención que hizo hace meses se hace más perentoria por lo razonable y prudente.

Indicó que está en conversaciones con Eurostat (Statistical Office of the European Communities, Oficina Europea de Estadística), la respuesta definitiva se la darán mañana. Además, está en conversaciones con especialistas en censos del Banco Mundial. También hay interés de personas del más alto nivel estadístico en Chile para analizar las recomendaciones.

Vamos a iniciar esa etapa, lo cual no significa, de modo alguno, desconocer el aporte de la Comisión Revisora Externa. Agradece públicamente el trabajo que ellos han hecho, pero por prudencia debe cumplir con lo que se propuso, incluso, bajo un escenario esperado, menos agudo que el que se terminó enfrentando.

El Diputado señor LATORRE expresó que entiende que la decisión administrativa de si se hace o no un nuevo Censo, aún no ha sido adoptada. Ahora, lo que le quiero hacer notar es que su opinión ante esta Comisión fue destacar que el comité de expertos era independiente del INE y de la más alta jerarquía profesional como para realizar esa auditoría. Entonces, al menos a mí, me parece bastante contradictorio que hoy no lo valide con la misma fuerza, sino que simplemente diga que van a recurrir a terceros.

El señor Coeymans respondió que sería contradictorio si no hiciera lo que estoy haciendo, porque eso es lo que anuncié desde un principio. Como señalé, cuando uno va a un doctor muy bueno, uno valora a ese médico y si él le recomienda una terapia que puede tener alto costo es legítimo, natural y prudente consultar a otro para tener una segunda opinión. Eso es casi de sentido común. Ocurre en la medicina y en muchas decisiones de la vida.

El Diputado señor Farías preguntó por las consecuencias del informe de la comisión de expertos en el sentido si ¿se cambió las investigaciones sumarias a sumarios administrativos? y ¿cuál es el costo de la comisión de expertos, la comisión externa? ¿Qué costo tuvo para el INE contratar a estas personas? También, si el envío de la información a esa nueva comisión, para que nos dé otra resolución, en el sentido de decirnos si se debe hacer un nuevo censo o no, va a tener un costo. ¿Cuánto cuesta enviar la información? ¿Cuánto va a costar esta otra comisión?

El Diputado señor Edwards, expresó que el Director del INE hace bien en no tomar decisiones apresuradas respecto de la realización de un nuevo censo, que claramente está recomendada por una comisión de expertos que es de toda nuestra credibilidad. Recordemos que fue el nuevo Director quien pidió que esta comisión funcionara, y dijo en una de las presentaciones: “Adicionalmente a la Comisión Externa Revisora del Censo, el INE se encuentra consultando otros expertos. El objetivo es poder contar con una variada y calificada gama de recomendaciones que permitan tomar las decisiones más acertadas técnicamente, de modo de poder llegar a cifras finales lo más confiables posible.”

Obviamente, la posibilidad de hacer un nuevo censo está y, como dice el Director, es muy grande. Probablemente, se tenga que hacer. Sin embargo, sería interesante contar con la opinión -tal como está en el diseño inicial, de acuerdo con los antecedentes que nos trajo en sesiones pasadas el Director- de expertos que conozcan el sistema de censo de derecho, porque en Chile no lo habíamos hecho y la experiencia no ha sido muy feliz, por decir lo menos.

A continuación, el Diputado señor Silber hizo un llamado, por la urgencia de contar con un instrumento serio como el censo. Es un problema respecto del cual no puede haber dilación; hay que hacer un nuevo censo, pero, al parecer, es una cuestión sobre la cual el Gobierno no quiere que le tuerzan la mano.

El señor Coeymans, respondió que el tema es que la propuesta de hacer un censo en 2015 no es la que genera el menor tiempo posible, porque la misma Comisión Externa estimó que uno de los problemas que tuvo el Censo anterior fue el tiempo escaso de preparación.

Respecto del costo de los expertos nacionales, debo señalar que la Comisión de Expertos no cobró nada. Usualmente estos organismos cobran gastos, pero no necesariamente hay honorarios, pero para la gravedad del problema es un costo marginal. Créanme que es algo absolutamente marginal y absorbible, con los escasos recursos que tiene la institución y si no, se pedirá algún subsidio al ministerio.

En la sesión pasada explicamos por qué hacíamos una investigación sumaria que tenía los mismos instrumentos de un sumario, aunque las sanciones podían ser diferentes. El Fiscal me ha dicho verbalmente que dentro de esta semana va a pedirme elevar la investigación a sumario administrativo.

En cuanto a la pregunta del Diputado señor Edwards sobre cuánto afecta a la política pública la no entrega de información, está claro que lo ideal es contar con un Censo bien hecho. Pero, como sustituto de eso, debemos evaluar si el que ya tenemos es útil o no. Por ejemplo, un punto bien contradictorio en el documento es que se compara los resultados del Censo con los de la encuesta Casen, tomando esta última la medición casi como patrón. Pero la Casen es muy pequeña en comparación con el Censo, pues la primera considera a 77 mil versus 5 millones y medio de hogares. Incluso, ese mismo informe reconoce que en la parte sobre vivienda, que era una de las preocupaciones expresadas por el Diputado señor Silber, había un Censo con muy baja omisión. Al leer el informe, se podrán dar cuenta que el problema no estuvo en la parte vivienda. La parte que tuvo más omisión, en teoría, tiene que ver con la población. En ese punto el informe tiene un aspecto muy curioso, porque se detecta una omisión basada en una estimación de población y se compara con la efectivamente censada y luego se intenta explicar que hay un 3,6 por ciento de moradores ausentes. Después señala un ítem de viviendas clasificadas como desocupadas, en circunstancias que eran moradores ausentes. La estimación que se hace es de aproximadamente 0,7 por ciento. Por lo tanto, si se suma 0.7 más 3.6 da 4.3 por ciento. Entonces, para llegar al 9.3 por ciento se dan argumentos, pero no se cuantifican.

Hay que considerar que fue un informe bueno y útil, pero realizado en un plazo determinado. Obviamente, se reconoce que la información que ellos usaron era hasta el 31 de julio. Ciertamente, a esta Comisión se le han seguido entregando análisis realizados por la comisión interna. La mayor parte del trabajo técnico ha sido hecho por el equipo interno, que ha estado entregando y analizando las bases.

Como Director subrogante del INE, debo decir que tenemos la responsabilidad de ver si la trágica recomendación de hacer un nuevo Censo es la mejor alternativa.

Respecto de los plazos, para determinarlo, primero debo saber cuánto demora la evaluación que harán las personas que me van a asesorar. En este momento, presumo que en un par de meses más podremos tener un informe sobre si adoptamos o complementamos esa recomendación, porque mi intención no es alargar la discusión.

Luego le correspondió preguntar a la Diputada señora GIRARDI, doña Cristina, quien manifestó al Director del INE , lo siguiente: usted dijo, al inicio de la sesión, que el Comité de Expertos era del más alto nivel, después que estaba compuesto, fundamentalmente, por usuarios de estadísticas y que solo había un experto en censos. Entonces, si el problema que teníamos era precisamente de mala implementación de un censo, ¿por qué no se contrató en forma inmediata al segundo comité de expertos? A lo mejor, esa decisión habría sido la más adecuada, porque el problema radica en cómo se implementó el censo y no en cómo se van a usar los datos.

Luego, el Diputado señor Sauerbaum expresó que se ha hablado respecto de las recomendaciones que hizo la Comisión a la gente del INE para tomar medidas en cuanto a los errores que se han cometido, pero al observar el informe uno se puede dar cuenta de que aquí también se hizo un análisis de los problemas que generaron esos errores.

Pregunto, ¿alguien le informó al nuevo Director respecto de ese mal clima organizacional, la mala preparación anterior? Esto debe tener una razón. No creo que el señor Labbé, con la preparación que tiene y con los equipos que lo rodeaban, haya fracasado de una manera tan estrepitosa. Esto tiene una razón anterior, claramente establecida.

El Diputado señor Silva, preguntó: ¿El Director tiene alguna especie de cronograma de trabajo para el próximo semestre, sobre cómo va a hacer uso de esta información y qué espera de Eurostat u otros para tomar decisiones? Sería de utilidad para la Comisión conocer eso con un poco más de detalle, y si no lo tiene en este momento, pues recién se conoce, que la haga llegar después a la Comisión.

Además, quiero plantear que es muy relevante darle urgencia al proyecto que crea el INE, autónomo. Se está pidiendo al Gobierno que le ponga suma urgencia o avanzar lo más rápido con el proyecto que se encuentra en el Senado. ¿Por qué es importante? Porque el Gobierno se dio cuenta de que en el INE, que venía de antes, era necesario revisar su institucionalidad, para evitar que ocurrieran problemas como el que se heredó en esta administración de la mala preparación de las condiciones previas al censo.

El Diputado señor Latorre precisó que todos los alcances que se han hecho respecto de los antecedentes que el INE entrega, dicen relación con los que provienen del Censo. No recuerdo que nadie haya hecho referencia a que no se entreguen datos que tengan otro origen a lo que es la tarea habitual del INE.

No se está poniendo en tela de juicio al INE, ni en su historia ni en su rigurosidad, sino que es el Censo el que hoy es tema de análisis en nuestra discusión.

El Diputado señor Silber leyó el punto 11 del informe: “no obstante, de acuerdo al testimonio de diversos entrevistados, la razón subyacente de parte del Director del INE, para cambiar la metodología censal, fue la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”.

Entonces, claro que hago un juicio a la institución, porque finalmente fue politizada a la hora de tomar decisiones tan importantes -tal como lo dice el propio documento- a la hora de determinar la modalidad.

El señor Coeymans, respondió haber formado un grupo de economistas chilenos, con una persona experta en Censo, pero ahora viene la tarea más dura. Una cosa es la evaluación de los procesos, que tuvieron múltiples fallas, los que, en su momento, para mí, cuando cité a la comisión, no eran los que más sonaban; era más bien el tema de cómo se publicaron los datos, si hubo filtraciones o no. Ellos adoptaron una línea de investigación un poco diferente.

¿Quién tiene que pagar esto? De alguna forma, hay responsabilidades que vienen de, a lo mejor, no haber tenido una unidad de estudios censales, como se debería haber tenido. Yo no estaba en ese tiempo. Hubo decisiones que se tomaron con el juicio dadas las condiciones del momento. Se pensó que los censos de derecho eran los más útiles.

Respecto al clima laboral, he tratado de hacer lo posible por mejorarlo. Me he reunido con todas las personas y jefaturas. Tuve una reunión masiva. Curiosamente, en la prensa salió como que yo estaba culpando y, justamente, lo que quería era mostrar que podíamos trabajar juntos.

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Durante la sesión especial celebrada por la Comisión Investigadora, el día lunes 12 de agosto del año en curso, se contó con la presencia de los siguientes integrantes de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012: el jefe de la Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Zamorano Valenzuela; la jefa de la División Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social, señora Isabel Millán Valdés; el Director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor David Bravo Urrutia, y el asesor de Política Social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señor Osvaldo Larrañaga Jiménez.

En primero en intervenir fue el señor Larrañaga, quien explicó que la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 inició su trabajo el 9 de mayo de este año, por invitación del actual director del INE, señor Juan Eduardo Coeymans.

La misión que se nos encomendó fue hacer una revisión completa del proceso censal, una evaluación de los resultados obtenidos y formular recomendaciones con carácter de asesoría, documentación no vinculante al Instituto Nacional de Estadísticas.

La comisión está compuesta por los cuatro miembros que estamos acá, más la señora Magda Ruiz, que se encuentra fuera del país. Tiene un ámbito técnico, que vendría siendo nuestra experticia.

La metodología de trabajo se realizó durante tres meses, entre el 9 de mayo y 8 de agosto, que fue cuando entregamos el informe. Fueron sesiones extensas de trabajo en las cuales entrevistamos a muchas personas que tuvieron directa participación en el Censo. Analizamos bases de datos, revisamos documentación existente, etcétera. Pedimos al INE mayores antecedentes de datos y de documentación, y nos la proporcionó. Con todos esos elementos, la Comisión se hizo un juicio que está contemplado en el informe que ustedes conocen.

Es importante decir que, a pesar de que cada uno de nosotros pertenece a una institución, las opiniones vertidas son personales, por lo que no comprometen a las instituciones. Además, todo lo que decimos en el informe es decisión unánime, no hay votos de disenso ni de minorías.

La comisión identificó tres problemas principales en el proceso censal 2012. En primer lugar, una alta tasa de omisión; 9,3 por ciento de la población no fue censada, en términos de números, que es equivalente a 1.600.000 personas. Ese porcentaje resulta después de cotejar la población efectivamente censada, que es de alrededor de 15.800.000 mil personas versus la población proyectada a 2012 por el INE con asistencia técnica de Celade, es de alrededor de 17.400.000 mil personas.

A nuestro juicio, la proyección es sólida; se basa en datos verificables y válidos. Por lo tanto, es una proyección que asumimos como bastante confiable.

¿Cuáles son las causas inmediatas que están detrás de las omisiones? Hay viviendas como las ausentes, que igualmente fueron visitadas. Se sabe que habría -por testimonios vecinos, pero no se concreta la entrevista- viviendas que fueron erróneamente catalogadas como desocupadas, o sea, viviendas que no fueron censadas.

Son tres causas de omisión que tienen que ver con que las entrevistas no se produjeron en viviendas, donde debería haber personas. Además, hay sugerente evidencia de que en algunas de las viviendas que sí fueron censadas viven menos personas de las que fueron censadas.

El segundo problema de importancia es que la omisión censal de 9,3 por ciento es un promedio nacional, pero si se examina a nivel de grupos, o de comunas, hay grupos de comunas con menor omisión que algunas y otras con mayor omisión. Una de las consecuencias que eso causa es que, en la medida en que la omisión no se distribuye homogéneamente en la población -hay grupos que tienen más probabilidad de ser omitidos-, significa que la característica socioeconómica y demográfica de la población que fue efectivamente censada no es informativa y no representa al conjunto. Por eso, decimos que el Censo no cumple con sus dos objetivos principales, que es contar por la parte de omisión y caracterizar por este segundo hecho.

En cuanto a la cobertura de viviendas - éste es un Censo de población y viviendas-, nuestra evaluación es que habría habido un grado alto, razonable, de cobertura de viviendas, a pesar de que hay regiones y comunas donde hay síntomas de que no fue así.

Esta combinación de alta omisión poblacional con cobertura razonable de viviendas hace que la información del Censo pueda utilizarse en algunas circunstancias para marcos muestrales de encuestas y en otras, no. Es una cuestión más técnica.

El tercer y último problema importante tuvo que ver con la comunicación de resultados que el INE hizo, primero, en agosto de 2012, inmediatamente terminado el Censo. En abril de 2013 -resultados definitivos, de acuerdo al INE-, se informó que en Chile vivían alrededor de 16,6 millones de personas, y no se informó que eso era una suma de población efectivamente censada más población estimada por dos metodologías. A nuestro juicio, ésa es una omisión de información importante, porque no se estila que no se diga que hay una diferencia entre población efectivamente censada y estimada. Además, pensamos que, al menos, uno de los métodos de estimación no es técnicamente admisible como, por ejemplo, disputar población con viviendas que no fueron censadas y que se supone existirían.

Respecto de las principales recomendaciones que esta Comisión formula -son recomendaciones no vinculantes-, nuestra opinión es que el Censo adolece de problemas suficientemente serios en sus dos objetivos centrales, que es contar población y caracterizarla, como para decir que, a nuestro juicio, no cumple con sus objetivos centrales y que, por lo tanto, nuestra primera recomendación es realizar un Censo -que llamamos abreviado- de población y vivienda a la brevedad posible, garantizando la calidad de este nuevo proceso.

Pensamos que una fecha razonable sería en 2015, pero podría ser otra si la calidad lo requiere. Ahora bien, lo de abreviado lo entendemos, en el sentido de que sea con un número mínimo de preguntas necesarias, pero tendría que ser un Censo a toda la población, que es lo que caracteriza a un Censo.

Por otra parte, lo que también decimos es que debería ser en la modalidad de un Censo de hecho, es decir, aquellos que se hacen en el transcurso de un día, para lo cual se decreta feriado. No es que tengamos una apreciación de que este tipo de Censo sea mejor que el otro, el de derecho, sino que simplemente creemos que, de aquí a dos años, el INE podría estar más capacitado para hacer un Censo de esta modalidad que la otra.

En segundo lugar, no recomendamos que se utilice la información recolectada por el Censo de 2012, ni para contar población ni para caracterizar, porque decíamos que había problemas importantes; por lo tanto, tampoco era volver a subirse a la web del INE, a las publicaciones que tenían respecto de la población por regiones, comunas, etcétera. Mientras no tengamos un nuevo instrumento habrá que seguir usando las proyecciones existentes, las que podrían ser actualizadas este año por el Celade (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía).

En tercer lugar, a pesar de que opinamos que esos datos no deben utilizarse por razones de transparencia y de fe pública, las bases de datos deben estar disponibles. Creemos que no debemos ser los únicos que tengan derecho a mirarlos o estudiarlos.

En cuarto lugar, para el próximo Censo regular de 2022 -si es que la fecha sigue siendo esa-, recomendamos que el INE comience a evaluar formas más actualizadas de hacer un Censo. Hay una variedad importante de métodos nuevos que utilizan los países desarrollados, en sustitución de este engorroso y complejo proceso de ir vivienda por vivienda haciendo las preguntas.

En quinto lugar, entendemos que el país tiene una responsabilidad en cuanto a dotar al Instituto Nacional de Estadísticas de los niveles de autonomía, competencia y recursos necesarios para que sea y funcione como una oficina de excelencia en la materia.

Enumeraré brevemente cuáles son, a nuestro juicio, las causas que están detrás de los problemas del Censo 2012:

La principal es que no hubo tiempo suficiente para preparar el Censo de derecho prolongado en el tiempo. Después que se tomó la decisión de cambiar de metodología -en agosto de 2011- hubo alrededor de ocho meses antes del levantamiento en terreno. En ese período, se pudo prever que el tiempo era insuficiente y así lo probaron los hechos. A nuestro entender, la mayor parte de los problemas que tuvo el levantamiento de datos derivan de una preparación insuficiente de tiempo. Por ejemplo, un dato muy importante es que no se alcanzó a hacer una prueba piloto -que es estándar en censos- que pudiera, anticipadamente, determinar cómo va a funcionar el instrumento, el cuestionario y todos los procedimientos estipulados. Los problemas no aparecieron cuando aún había tiempo para solucionarlos, sino una vez que se estaba en terreno. Por ejemplo, el hecho de que los censistas se encontraran con muchas casas donde no había personas, pues a esa hora estaban trabajando; es decir, los censistas tenían la misma jornada laboral que esas personas.

Una segunda causa fue un presupuesto insuficiente, y no me refiero a la planificación del proceso censal de 2008, sino una vez que se cambió la metodología a un Censo de derecho prolongado en el tiempo, el que aumenta bastante la necesidad de recursos. Había que contratar censistas, pagar arriendos, etcétera. Es decir, hubo una subestimación de parte de la dirección del INE respecto del costo que conllevaría. A corto plazo quedó demostrado que el dinero no alcanzaba, pero la dirección del INE decidió no pedir los recursos necesarios y eso complicó, adicionalmente, todo el proceso censal. Entre otras cosas, porque no se contrató el personal necesario.

En tercer lugar, hubo un mal clima organizacional en la institución. Un Censo de población es el proyecto más complejo que enfrenta una oficina de estadísticas y para su éxito necesita estar muy cohesionada, muy preparada para afrontarlo. Sin embargo, aquí pasó, más bien, lo contrario, pues hubo fuertes divisiones internas, un estilo de dirección -que nosotros catalogamos de vertical- que acentuó el mal clima organizacional.

Como cuarta causa, pensamos que hubo un retraso en los preparativos previos al Censo, años 2008 y 2009. A nuestro juicio, es una causa de importancia secundaria, pero igual hay que consignarla.

Por último, en términos más estructurales, a nuestro entender, es muy difícil hacer un Censo con los requisitos que demanda en cuanto a desafío organizacional y logístico en el marco de la administración pública. Por ejemplo, uno de los problemas que enfrentó el Censo fue la modalidad de contrato de los censistas. No se les pagaba por entrevista realizada -como es habitual en este tipo de procedimientos-, sino que tenían una remuneración mensual, independiente de cuánto trabajo hicieran. La razón de ello fue porque para que la administración pública aprobara otra modalidad de trabajo -el pago por encuesta lograda- era necesario cumplir con un conjunto de requerimientos que estaban más allá de lo que podía preparar el INE durante ese período.

Una vez concluida la exposición del señor Larrañaga, se originó el debate que en síntesis se consigna a continuación:

El Diputado señor Farías pidió la opinión sobre si están de acuerdo en que es necesario acudir a una comisión de expertos internacionales para refundar lo que ustedes plantearon ¿Se les dijo alguna vez que el informe que ustedes hacían iba a ser fundamental o primordial respecto de las decisiones administrativas que debía tomar el INE?

El Diputado señor Arenas, planteó lo siguiente:

Primero, ustedes señalan que el porcentaje de omisión censal es 9,3 por ciento, el actual director del INE dijo que era 6 y el señor Labbé llegó a un 3 por ciento. Quiero que nos expliquen esas diferencias.

Quiero que me expliquen cómo pueden decir que una institución como el INE y sus funcionarios hicieron un buen trabajo cuando tenemos un desastre de censo. Los funcionarios del INE participaron, en parte importante, en la preparación y configuración del Censo.

En cuanto a las recomendaciones que ustedes hicieron, me gustaría saber si estudiaron otra opción que no fuera hacer un Censo Abreviado. ¿Por qué lo digo? Si ustedes dicen que hubo poca preparación desde 2007 para hacer el Censo en 2012, no veo qué cosa vaya a cambiar para hacer un Censo Abreviado en menor tiempo todavía. Quizá tendrá menos preguntas, pero me imagino que tiene la misma logística, los mismos encuestadores, la misma capacidad de llegar a todo Chile, etcétera. Entonces, ¿por qué esa solución tan drástica? ¿Estudiaron otras alternativas?

A continuación, el señor Larrañaga respondió las preguntas formuladas por los Diputados, de la siguiente forma:

Respecto de cómo se instaló la Comisión, Juan Eduardo Coeymans nos invitó a participar. No sabemos la evaluación previa que hizo él de nuestros nombres, pero cada uno recibió una comunicación telefónica. Él nos invitó a participar. Nunca nos planteó -tuvimos varias reuniones con él- que dudaba de nuestras competencias o expertice en un campo específico. Debo señalar que un proceso censal tiene muchas aristas, pues está compuesto de cuestionarios, estadísticas, gestión de terreno, procesamiento de datos, de manera que es un proceso complejo. Es difícil que haya una persona experta en todos los distintos procesos del censo. De alguna u otra manera, creo que nosotros cuatro, más Magda Ruiz, nos complementamos y creemos tener las competencias del caso, pero, nuevamente, señalo que no nos autoconvocamos, sino que fuimos invitados por el Director.

Al inicio de nuestro trabajo, el Director expresó su intención de contar, simultáneamente, con la comisión de un consultor internacional -posiblemente, alguien de la Oficina del Censo de Estados Unidos-, pero eso nunca se concretó. Nunca nos dijo que iba a pedir una segunda opinión, una vez que entregáramos el informe. Eso lo dijo horas después de que entregamos el informe.

Respecto del párrafo 11, donde se constata que recibimos dos tipos de insumos respecto de por qué se cambió la metodología desde un censo de hecho a otro de derecho prolongado, en primer lugar, tenemos la opinión del señor Labbé, quien planteó que el problema es la dificultad para contar con el número de censistas que requeriría hacer un censo de un día, que tuviesen una buena capacitación y preparación, y que muchos países están migrando hacia censos de derecho.

Por otra parte, tenemos la opinión de otras personas que entrevistamos, que señalaron que el factor estudiantil era una razón subyacente o importante detrás de la primera decisión.

A nosotros no nos consta cuál de ellas primó en la decisión del Director -pues fue una decisión de él-, pero sí quiero decir que en una entrevista al señor Labbé, esta semana, dijo que el factor estudiantil pesó en su decisión. Lo dijo ahora.

Respecto de la tasa de omisión de 9,3 por ciento, para nosotros -es una opinión de consenso- es una buena estimación. No sé de dónde el señor Juan Eduardo Coeymans saca el 6,1 por ciento, y tampoco de dónde saca el señor Francisco Labbé el 3,1 por ciento.

¿Cómo se llega al 9,3 por ciento? Son los 15.8 millones efectivamente censados, versus los 17.4 proyectados.

Esa proyección, ¿de dónde viene? Hay una línea base, la información de 2002. Dicho año hay un censo mediante el cual se llega a un total efectivamente censado; hay omisión censal -en todo censo hay omisión censal. Se aplican dos métodos, paralelos, en esa época, que llegan a una misma estimación de la población omitida, y eso se suma a la población efectivamente censada; hay una línea base, que son alrededor de 15.7 o 15.8 millones de personas a 2002.

Después, año tras año, en el período intercensal, se van sumando los nacimientos, se restan las defunciones y hay una estimación de la población inmigrante neta. Todo ese procedimiento lo hace el INE con el apoyo del Celade, y con eso se llega al dato de 17.4. Uno puede discutir si son 17.4, 17.3 o 17.5, y dependiendo de eso la tasa va a ser de 9,3, 9,35 o 9,25 por ciento, pero de estos datos nosotros no vemos cómo se llega a 6, ni menos a 3 por ciento.

Se ha señalado al cambio metodológico como una de las causas detrás de los problemas del Censo. Pues bien, el problema no es el cambio de metodología -uno puede pasarse a un Censo de Derecho-, sino el período de preparación existente después del cambio. Otra sería el presupuesto, insuficiente. Ambas decisiones provienen del Director de la época y de su entorno más cercano. No sabemos, a ciencia cierta, si hubo manifestaciones de funcionarios del INE de decirle: “señor Director, no se puede; está equivocado”. Pero sí he recibido testimonios de que el Director Labbé no era demasiado abierto a escuchar opiniones.

Por entorno más cercano del Director Labbé entendemos, al menos, a personas como el señor Eduardo Carrasco, Jefe de Proyecto Censo en la época relevante, y su asesora, señora Mariana Alcérreca. Al menos, ellos dos.

Para terminar, lo que sí nos han expresado es que, una vez que se toma la decisión, en el INE hay un espíritu general de ponerse a trabajar en el desafío. O sea, como que se asume la decisión y se comienza a trabajar. Pero, como les dije, no tenemos información de que haya habido controversia interna para esas dos decisiones; tampoco las buscamos.

Donde sí tenemos muchos testimonios de polémicas, debates y conflictos internos es respecto de la comunicación al país sobre los 16.6 millones de habitantes, que no se informa como efectivamente censados, más estimados. Sabemos fehacientemente que sobre eso sí hubo mucha discusión interna.

A continuación, intervino el señor David Bravo, quien manifestó lo siguiente:

En términos de la calidad de expertos de esta Comisión Revisora, quiero agregar que fue parte de ella la señora Magda Ruiz, demógrafa del Celade, organismo que de manera significativa al trabajo de la Comisión con un conjunto de profesionales.

Celade es la institución que tiene la mayor experticia en temas de Censo a nivel de América Latina. Participaron en el trabajo especialmente condensado de análisis de los datos que hicimos hacia el final. Además, recibimos colaboración, de ellos en particular. Hace unos días, sin que ello haya sido parte de nuestros términos de referencia, la secretaria ejecutiva de la CEPAL señaló que esta institución compartía el informe, su diagnóstico y también sus conclusiones, sin que ello hubiera sido necesariamente un tema de discusión con dicha institución, la que contribuyó en gran medida a nuestro trabajo.

Respecto a si los superiores del entonces Director del INE habían conocido sobre este punto, solo podemos constatar que, en atención a los antecedentes y a las entrevistas con distintos personeros, no tuvimos evidencia de que el Subsecretario de Economía, el Ministro de Economía o el Presidente de la República hubieran aquilatado estas decisiones y, más bien, la impresión que tuvimos es que fue la Dirección del INE la que hizo este cotejo, este análisis.

El Diputado señor Latorre ( Presidente ), preguntó al señor Bravo lo siguiente: usted utilizó el verbo aquilatar, que no les consta que fue aquilatada. Quiero que sobre ese tema sea muy preciso porque para nosotros es relevante.

El informe de ustedes, textualmente, en el capítulo que se llama Del Censo de Hecho al Censo de Derecho, en el punto 10, dice: Sin embargo, durante agosto de 2011, la dirección del INE delibera y decide realizar un Censo de Derecho, iniciativa que fue validada con el Ministerio de Economía, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional Censal.

El señor Bravo respondió: nuestra impresión es que en la presentación de antecedentes que puede haber hecho el Director Labbé o la Dirección del INE -no sabemos exactamente quiénes estuvieron presentes ni en qué reuniones-, y a partir de las presentaciones o power point contenidos, estaban los antecedentes que hablaban de una enumeración de las ventajas de los censos de derecho por sobre los de hecho, sin que se contuviera en esos antecedentes, incluyendo la presentación ante la Comisión Nacional Censal, un sopesamiento adecuado de los riesgos que se estaban enfrentando al tomar una decisión de esa envergadura. Esa es la impresión con la que nos quedamos.

Quiero vincular lo anterior con otro elemento sobre el que el diputado Arenas consultó, respecto de que tenemos la sensación de que la decisión del paso del censo de hecho a censo de derecho, no obstante se puede haber estado aquilatando por la dirección del INE, según declaraciones recientes del exdirector Labbé, desde mayo, lo que nos consta es que esto se produce en agosto de 2011 y los jefes de departamento y el personal técnico de distintas unidades se enteran de esta decisión casi al mismo tiempo, cuando se hace la consulta con la Comisión Nacional Censal. Es bastante encima. Entendemos que fue el 14 de septiembre la fecha en que se hace esa comunicación. De hecho, nos llamó mucho la atención que personal operativo, personal encargado de operaciones, por ejemplo del censo, personal que ya venía trabajando con bastante tiempo para este censo, se enterara prácticamente el mismo día en que se hizo público al país que se estaba cambiando la modalidad de censo de hecho a censo de derecho. Eso, tal vez, es lo que está detrás de nuestra impresión: que hubo poca participación del resto de los funcionarios o profesionales de distintas unidades del INE.

El Diputado señor Arenas preguntó la opinión de los invitados respecto de la Comisión Nacional Censal. ¿Opera? ¿Operó bien? ¿Hizo el trabajo o no? Hay un organismo, creo, que es responsable constitucionalmente, y si no es el INE es la Comisión Nacional Censal.

Respondiendo esta pregunta intervino el señor Felipe Zamorano, quien explicó que el Censo está en el marco de un reglamento, que es un decreto supremo. En ese reglamento se establecen los roles que cumple cada entidad o persona en este proceso, desde la dirección más alta hasta la unidad territorial más baja involucrada en el mismo.

En cuanto a la Comisión Nacional Censal, su rol es facilitar la coordinación del proyecto y no pronunciarse respecto de si es pertinente o no hacerlo de un determinado modo.

La Comisión Nacional Censal provee facilidades para coordinar la operación a nivel nacional y en unidades territoriales menores. La preside el Ministro de Economía y está compuesta por representantes de universidades y por una serie de subsecretarios que, de alguna forma, ayudan a que coordinar este proceso sea lo más sencillo posible.

El decreto formal dice que la Comisión Nacional Censal es presidida por el Ministro de Economía , participan de ella alrededor de 7 u 8 subsecretarios, más los representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y su rol es coordinar a las agencias e instituciones del sector público en la ejecución del censo.

Entendemos que esa Comisión no tiene responsabilidad en la toma de decisiones respecto a cómo se hace el Censo. Sin embargo, según los antecedentes que pudimos ver, fue una Comisión informada por el Director del censo respecto de cómo se iba a proceder e, insisto, su labor era facilitar el proceso del censo con el concurso de transportes, de policías, del Ejército, etcétera.

Luego intervino el Diputado señor EDWARDS, quien fundamento y realizó las siguientes preguntas:

En el censo de 2002 para calcular la omisión; se toma la tasa de natalidad, se resta la de mortalidad y hacen una inferencia sobre la migración neta que, entiendo, es un número muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio, si tomamos el censo de 1992 para efectos de ver cuánta población debiese haber en 2012? ¿Es posible utilizar esta metodología que parece bastante simple?

Mi segunda pregunta es, ¿cómo la recomendación de la Comisión es que la información se puede usar para investigación, pero no para políticas públicas? ¿Cómo hacemos para que la investigación no preceda a una recomendación de política pública?. Quizás lo estoy viendo muy en blanco y negro y quiero saber cuál es el gris que hay entremedio, para entender bien la recomendación de no usarla para la política pública pero sí para investigación.

Me interesa saber si hicieron o existe algún tipo de estudio que hayan usado como insumo de que el censo de hecho -el último censo de hecho fue en 2002-, es de calidad y qué calidad tiene. Lo pregunto, porque recomiendan hacer un nuevo censo de hecho.

Según la información que el señor Francisco Labbé entregó en los distintos medios de comunicación en que ha estado, entiendo que ustedes usaron el método de conciliación censal para calcular la cobertura y omisión a nivel de comunas. Pero, en Uruguay tendríamos la opinión de una integrante de la Comisión de Expertos, la señora Magda Ruiz, quien critica esta metodología. En ese sentido, me gustaría saber si hubo algún debate sobre el uso de la conciliación censal a nivel comunal. Quiero que lo expliquen, porque, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es tan fácil entenderlo.

Entiendo que en ninguna parte del informe se habla de manipulación de datos. Mi pregunta es sumamente clara: ¿Consideran que hay alguna potencial manipulación de datos o simplemente no tienen evidencia de tal hecho?

De igual forma, en la prensa se ha criticado -y el señor Labbé lo ha dicho varias veces y algo de eso mencionó también el señor Osvaldo Larrañaga- que la experiencia combinada de todos ustedes es muy buena para evaluar algo del tipo de censo. Ustedes han manifestado que no son expertos en censo, sino en estadísticas.

Por último, en todas y cada una de las entrevistas que se le hizo al señor Labbé se le acusó respecto de un supuesto conflicto de interés con el señor David Bravo, como integrante del Departamento de Microdatos de la Universidad de Chile. Entonces, me gustaría que el señor Bravo nos dijera si existe tal conflicto de interés o competencia entre el Departamento al que pertenece y los productos estadísticos que entrega el INE.

El Diputado señor SILBER, en primer lugar, puso de relieve que el Departamento de Microdatos de la Universidad de Chile ha sido un sostén fundamental y coadyuvante de las políticas públicas particularmente en materia de desempleo y otros datos, pues, sin su intervención, estaríamos en la ceguera social a la hora de adoptar algunas decisiones como país.

En segundo lugar, preguntó a los integrantes de la Comisión Externa Revisora ¿cómo comenzamos a salir adelante? Entiendo que hay una propuesta de definición que es categórica en cuanto a hacer un nuevo censo, como instrumento necesario a tener en consideración. Ello responde a una decisión política, de Estado, que debe adoptar quien tiene a su cargo la marcha de la nación y que la semana pasada pidió disculpas por el escándalo del censo 2012.

En tercer lugar, el punto 11 del informe señala: “No obstante, de acuerdo al testimonio de diversos entrevistados, la razón subyacente de parte del Director del INE para cambiar la metodología censal fue la inconveniencia de depositar la realización del censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el año 2011. Realizar un censo de hecho tenía el riesgo de entregar a los estudiantes una eventual capacidad de veto del proceso.” ¿cómo llegaron ustedes a sostener esa hipótesis?

En cuarto lugar, de acuerdo con un artículo que aparece en el diario “La Tercera”, el destacado economista Eduardo Engel además de llamar al Gobierno a abandonar esta suerte de tozudez y hacer, de una vez por todas, un nuevo Censo como Chile se merece, también asume las consideraciones regulatorias respecto de la necesidad de tener un Instituto genuinamente independiente del gobierno de turno, que dé garantías a todos y que sea serio y profesional. ¿Ustedes conocen el actual proyecto, les merece algún reparo?

Qué nos dirá un experto internacional, si aquí no estamos discutiendo respecto de cómo se caracteriza la población, ni de cómo se procesó la información ni de cómo se tabuló el cuestionario de encuesta. Estamos hablando de algo más basal, de que la información no se tiene.

El Diputado señor Farías, preguntó lo siguiente: ¿qué opinan respecto del organismo internacional que se pronunciará sobre el informe de ustedes? ¿Creen que esa validación es necesaria?

En el afán de desvirtuar el informe de la Comisión Externa Revisora, tanto el ex Director Labbé como el actual Director Coeymans imputaron al señor Bravo el hecho de ser Director del Departamento de Microdatos de la Universidad de Chile y que ustedes hayan hecho la conferencia de prensa en dichas oficinas y no en el INE. Además, el señor Labbé les imputa filiaciones políticas a cada uno, diciendo que todos son de la zurda, y que por esa razón habrían hecho ese informe con el objeto de echar abajo este Censo.

El Diputado señor ARENAS consultó a los miembros de la Comisión Revisora Externa si le asignan alguna responsabilidad a la plana mayor del INE. Me refiero a la Subdirección Administrativa, a la Subdirección de Operaciones, a la Subdirección Técnica y al Departamento de Infraestructura de Estadísticas y Tecnología. Si citarlos ayudaría a la Comisión para entender mejor el proceso.

Tengo entendido que la Segunda Región fue especialmente mal censada. ¿Eso es así?

Además, quisiera saber si se demora la decisión de un nuevo censo en 30 o 60 días pone en riesgo fatal la realización de un Censo Abreviado en 2015.

Saber, también, si como Comisión se sienten pasados a llevar, humillados, descalificados por el actual Director del INE, por querer una segunda opinión.

A continuación, el señor Larrañaga entregó las siguientes respuestas:

Voy a empezar por las preguntas del Diputado señor José Manuel Edwards. Si en Chile se puede hacer un censo a partir de estadísticas vitales y otras más, entiendo que se puede tener una muy buena contabilidad de la población nacional con líneas bases y después ir sumando los flujos de cuánta población se agrega neta en cada período. Eso lo hacemos porque Chile tiene un buen sistema de estadísticas vitales, otros países quizá no lo pueden hacer.

Sin embargo, eso no es suficiente en términos de información que se requiere en un Censo, por ejemplo, la información comunal, que es muy utilizada para saber cuántos habitantes hay en algún lugar, como San Pedro de Atacama. Ésa no puede ser entregada por estos procedimientos, puesto que hay mucha migración interna, gente que se traslada de una ciudad a otra dentro del país, y para ello no hay estadísticas.

Respecto de la pregunta, ¿por qué no recomendar los datos del censo 2012 para políticas públicas y sí para investigación? Puedo decir que los datos del Censo no son buenos para políticas públicas; por tanto, nuestra recomendación es recolectar nuevamente esos datos.

La base de datos más que para fines de investigación propiamente tal, tiene que ver con la transparencia de la información que se ha recolectado, y no queremos atribuirnos el derecho a negar a otros que miren esos datos. Incluso, no sé si por la ley de Transparencia esos datos pueden ser pedidos por la población, independiente de cuál sea nuestra opinión.

Es efectivo que la mayor parte de los países están evolucionando de censos de hechos a otros tipos y más que censos de derecho se podría decir que una parte importante de los países de Europa transitan hacia utilizar registros administrativos para proveer la información del censo.

Otros países, como Estados Unidos y Brasil, utilizan una mezcla, pues el censo de la población lo hacen sobre un conjunto muy mínimo de preguntas y para el resto de las consultas, para las cuales no se requiere censar a cada uno, se hacen encuestas muy grandes que tengan representatividad comunal. Francia experimenta un sistema de censo continuo.

En el mundo hay distintos modelos y mucha dinámica de la forma en cómo se hace un censo. Creemos que para 2022, Chile puede estar en condiciones de elegir cuál de ellos es el más adecuado para su realidad. Dudamos que se pueda hacer para 2015, en el sentido de que cada uno de los cambios es importante, hay que estudiarlos, prepararlos, conocerlos, probarlos y no nos atrevemos a recomendarlo para el 2015, porque pensamos que el período puede ser demasiado corto.

En Latinoamérica en los censos de los últimos dos o tres años el promedio de la omisión censal, a nivel de la población, es de 3 por ciento. Nosotros estamos alrededor de 9 por ciento, es decir, tenemos un nivel de omisión cualitativamente distinto al de otros países, de manera que problemas en subrepresentación, que podrían ser obviados en otras realidades, entendemos que en nuestro caso no lo son.

En el tema de la conciliación censal, debemos diferenciar que lo que hicimos esta vez fue una estimación de la omisión censal cotejando población efectivamente censada con población proyectada por el método ya referido. La conciliación es un procedimiento que requiere más tiempo y es mucho más detallado que simplemente una estimación de tasa de omisión de la población nacional. En particular, el método de conciliación mira, por tramo de edad para hombres y mujeres, donde se producen descartes entre los censado y lo proyectado. Además, pone en conjunto la información que se origina en el censo con una información de estadísticas vitales y otras, pero es un proceso bastante más complejo que simplemente estimar la omisión nacional, como lo hicimos nosotros.

En ese mismo sentido, los antecedentes que tenemos, que provienen del INE, dicen que la tasa de omisión del censo 2012 fue mucho más alta en hombres, entre 40 y 59 años, y en hombres y mujeres entre 25 y 29 años. Por lo tanto, de ahí viene nuestra conclusión de que en la medida que falta más población en esos grupos etarios, otra estadística, como tasa de ocupación, años de escolaridad de la población y otros, que dependen de la estructura edad sexo, se sesgan si solamente se trabaja con la población que fue efectivamente censada.

Respecto a manipulación de datos, el procedimiento técnicamente más cuestionable de los que se hicieron, según nuestro conocimiento, es haber poblado viviendas que no fueron censadas y, por lo tanto, no estamos seguros de si existen o no. Eso fue el resultado de una proyección que hizo el antiguo director del INE, reconocido por él, en el que, a partir de las tasas de crecimiento de las edificaciones, desde el punto de vista censal, proyecta y cada vez que el número es más alto que el efectivamente censado en vivienda, le imputa a cada una de esas viviendas adicionales, población de viviendas que efectivamente censó. Eso no es para nada, ni aquí ni en otra parte, una práctica admisible en encuestas, y lo que hemos dicho en otros contextos es que no tenemos las competencias para dirimir si eso es manipulación en el sentido de irregularidad o ilegalidad.

Por último, respecto de si los cinco integrantes de la Comisión externa Revisora conformamos un grupo con las competencias necesarias. Fuimos invitados por el director del INE y nos imaginamos que él tuvo en consideración toda la información cuando tomó la decisión de hacerlo. Pero sí quiero decir que la persona que aquí no está, la señora Magda Ruiz, es asesora del Centro Latinoamericano de Demografía, que es la institución de Naciones Unidas para estadística y demografía. Su trabajo consiste en asesorar a todos los países en materia de censo. Se trata de una colega con experticia específica en censo. Nosotros complementamos desde la parte estadística, cuestionarios y otros.

El cálculo de la omisión no lo hicimos. El cálculo se hace con la línea base que entendemos como pertinente, que corresponde al último levantamiento censal de 2002. Sin embargo, hay que decir que en la conciliación que se hizo del 2002, se utiliza la información de 1992, tal como en la conciliación de 1992 se usa la información del 1982.

En cierto sentido, estos procesos están informados por sus anteriores, pero el cálculo que hacemos es sobre la línea base de 2002.

Luego, el señor David Bravo entregó las siguientes respuestas:

Respecto de la expertise, tanto en lo personal, y creo que para uno de nosotros, resulta bastante incómodo. No estamos acostumbrados a tener que hablar de nosotros por 20 minutos y, por lo tanto, quiero pedir que nos excusen de seguir hablando de nuestra expertise, porque fuimos nombrados por el Director del INE y pienso que hicimos el mejor trabajo posible.

A manera de cálculo, dedicamos al trabajo tres días a la semana durante tres meses, entre reuniones y análisis de antecedentes, lo que equivale a alrededor de 1.600 horas todos juntos. Hubo tiempo que tuvimos que ocupar de nuestras propias actividades y lo hicimos con mucho sentido patriótico y de querer aportar en esta discusión y situación polémica.

En relación sobre si nos sentimos pasados a llevar porque se pide una segunda opinión, pienso que no ya que es parte de la regla de lo que se nos pidió. Nunca entendimos que lo nuestro iba a ser una recomendación final y que no era vinculante.

Respecto de si consideramos necesaria la opinión internacional, tampoco es pertinente responder esa pregunta con algún grado de humildad, porque nosotros fuimos parte de esta Comisión.

En relación al conflicto de interés, que se ha mencionado, o de la competencia, es bastante complejo entender a qué se refiere el ex Director Labbé en tal acusación. Probablemente, es no entender lo que es el INE, que básicamente es una institución que es patrimonio de todos los chilenos.

No tengo recuerdo de ninguna oportunidad de que haya habido competencia con el INE. Honestamente no comprendo ni el argumento ni la lógica. Si el ex director del INE se refiere a las encuestas de empleo, quiero decir que dicha encuesta de la Universidad de Chile data de 1957, es anterior a las encuestas del INE, y es la única fuente comparable en el tiempo, históricamente, por lo que es una herramienta muy importante para efectos de patrimonio estadístico en Chile. Ciertamente no es competencia con los datos del INE porque, entre otras cosas, los datos del INE son insustituibles en términos de su cobertura.

El informe se terminó de escribir y editar el martes 6 a las 19.50 horas. De hecho, debe haber un correo electrónico enviado por la Comisión al señor Coeymans, el día martes a las 20.00 horas, en el que se hace llegar la versión del informe que se presentaría públicamente al día siguiente, a las 10.30 horas.

Ahora, cómo salir adelante con las propuestas y si hay algún plan de acción. Si bien es ambiciosa la fecha 2015, la recomendación sería ponerse a trabajar lo antes posible, considerando las deficiencias que se identificaron. No obstante, entendemos que primero debe haber una definición de parte del Gobierno y de las autoridades del INE. Nuestra recomendación para el censo 2015 -siempre que se haga de buena calidad, sino pasaría inmediatamente al próximo año- es por la urgencia de contar con datos censales. En ese sentido, esta debería ser una tarea inmediata, apenas se resuelva o apenas las autoridades pertinentes emitan una opinión final. Eso debería ser lo antes posible.

Luego intervino el señor Felipe Zamorano, quien manifestó que se ha hablado regularmente de omisión de población. Lo que se ha mencionado, probablemente proviene del capítulo en que se estudia el conteo de viviendas, es que se hace una revisión de las cifras censadas de viviendas particulares, comparándola con registros administrativos -la llamamos información secundaria-, porque para ser rigurosos no tenemos disponible un marco de vivienda como tal, como sucede en el caso de población, en que hay estadísticas que se preparan para ese efecto.

De ese análisis se desprende que a nivel nacional el censo no habría tenido problemas en términos del conteo de viviendas. Sin embargo, pareciera ser que en la Segunda Región sí los hubo.

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En la sesión especial, celebrada en miércoles 14 de agosto de 2013, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados recibió a los funcionarios del INE señores Gerzo Gallardo Morales, jefe del Departamento de Estudios Económicos Estructurales , y Juan Radrigán Araya, coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística.

En primer lugar, le correspondió intervenir al señor Juan Radrigán, quien manifestó lo siguiente:

Formalmente el INE cuenta en la actualidad con tres subdirectores: el subdirector administrativo, el subdirector de operaciones y el subdirector técnico.

Como jefe del Departamento de Infraestructura Estadística , yo participaba en las reuniones de las jefaturas como una especie de subdirector junto con otras personas, como el jefe de Comunicaciones . Sin embargo, el diseño del ex Director fue poner una persona entre los subdirectores y él, la señora Mariana Alcérreca, a quien todos coloquialmente le decían “la gerenta”. Entonces, estaba el director, Mariana Alcérreca y los subdirectores. Por lo tanto, nos relacionábamos directamente con ella tanto para ver temas de presupuestos como para analizar ciertos planes de desarrollo del INE, como, por ejemplo, sobre lo que debíamos hacer o medir a futuro. Los presupuestos los sancionábamos con ella. A causa de esa figura diferente -el director, la “gerenta” y los subdirectores- comenzamos a relacionarnos poco con él. Si yo tenía un problema en el Departamento que dirijo, golpeaba la puerta de Mariana Alcérreca y resolvíamos bien, sin problemas. Sin embargo, el censo, además del IPC y de otros temas internos, empezaron a tensar la situación, lo que finalmente se resolvía con lo que él y sus asesores terminaban sancionando encerrados en el tercer piso.

Eso es relevante, porque el día en que el Presidente de la República entregó las cifras del censo, ya habían aparecido cifras en los diarios “La Tercera” y “El Mercurio” en la mañana. Eso fue un desastre para el INE. Creo que el tema del censo es terrible, pero peor es que se filtren cifras desde el INE, porque la institución vive de la confianza. Si a usted le dicen que el IPC es tanto, usted debe creer para que el país funcione; eso es confianza. La institución estadística se basa en la confianza. Cuando eso se pierde, el INE debería cerrar la puerta por fuera.

Las cosas se hacen bien en el INE y éste entrega estadísticas confiables. Las personas que trabajan allí son personas probas. Sin embargo, cuando ocurre “la filtración de datos” no pasa nada, sino hasta que en cierto momento envía un correo a Mariana Alcérreca pidiendo una reunión, que aun cuando se hacía todos los lunes, se había dejado de hacer. Dicho correo fue enviado con copia a todas las subdirecciones, al director y al fiscal, pero solo este último me responde que quedaba atento a la decisión del director. El relato posterior que me hizo Mariana Alcérreca fue que el Director monta en cólera y pide que me despidan, diciendo que cómo se me había ocurrido escribir ese correo. En ese contexto decidimos escribir y hacer pública la carta. Cuando él dice que por un tema de feeling despidió a la subdirectora técnica, eso ya no tenía racionalidad posible, porque, por decirlo de algún modo, estábamos en el país de los locos. Por lo tanto, ya había una ruptura total entre el exdirector, sus asesores y todos los equipos. Ese es el contexto por el cual decidimos hacer público nuestro reclamo y no otro. Estamos completamente convencidos de que hay una suerte de “eticidad” en nuestro salario mensual como funcionarios públicos para hacer esto con transparencia y de cara al frente.

Sobre la base de datos del Censo dijo que ella tiene tres áreas que son dignas de distinguir.

Hay un área que llamamos “las personas efectivamente censadas”; otra, que denominamos “los moradores ausentes” y, la tercera, abarca a “personas y viviendas que, en rigor, nadie las vio, nadie las escuchó, nadie las tocó, nadie las censó”.

Partiendo de esta última área, lo que ocurre es que la base de datos del Censo tiene alrededor de 88 mil viviendas que, en rigor, no existen y que nadie las vio, nadie las censó, nadie golpeó esas puertas. Eso es relevante porque esas 88 mil viviendas, que terminan representando a alrededor de 292 mil personas que están en la base de datos, tienen características asociadas, como, por ejemplo, edades, religiones, etcétera. Hay un registro completo de cada una de esas personas. Estas viviendas salen de un cálculo de escritorio hecho por el ex Director que, con algún algoritmo, las distribuyó por comunas. Así razonó: en esta comuna debe haber esta cantidad de viviendas y en esta cantidad de viviendas existe una determinada cantidad de personas.

Quiero insistir en que hay una distinción importante con la segunda área, que tiene que ver con el morador ausente imputado. ¿Cuál es la distinción? que a la vivienda del morador ausente se llegó, es una casa física a la que se puede llegar, golpear la puerta, pero lo que ocurrió, cuando el censista llegó, nadie abrió. Volvió por segunda vez y nadie abrió, lo hizo por tercera vez con igual resultado. Sin embargo, allí hay una vivienda a la cual se le puede imputar personas. Sin embargo, en la tercera área, con la que comencé la exposición, nadie ha visto la vivienda. Este proceso se hizo dos veces. La primera vez con lo que se llama “entrega preliminares del Censo”.

Termina el operativo censo y en agosto se entregan las cifras preliminares oficiales que indican una población de 16,5 millones -a agosto de 2012-, cifra que incluye viviendas y personas. Procesada la base de datos efectiva, es decir, escaneados formularios y llevados a la base de datos para la entrega final de los 16,6 millones, se repite el algoritmo.

Insisto que en ninguno de los dos momentos, ya sea en agosto de 2012 o en abril de 2013, esas casas fueron efectivamente censadas. Nadie sabe si existen o no, es decir, tienen casi existencia ontológica; sin embargo, están en la base de datos. Insisto en que esas personas, en las respuestas de la base de datos, están completas, tienen respuesta. O sea, puedo saber si estas personas de esta existencia extraña, son católicas, evangélicas, etcétera.

Sobre esa tercera área pulula el concepto de manipulación de datos. ¿Qué significó en el testimonio de Mariana Alcérreca la manipulación de datos? Simplemente que personas y viviendas inexistentes fueron puestas en esa base. No tiene otra connotación. A eso se refiere. Para nosotros, como institución y como opinión pública, el concepto de manipulación de datos se remite, única y exclusivamente, a poner en la base de datos personas y viviendas que nadie encontró ni vio. Eso no tiene antecedentes en metodología estadística alguna.

Ante la pregunta del Diputado señor Edwards, sobre si algoritmos parecidos se usan en el resto de los censos o es un algoritmo desarrollado solo para el nuestro, el señor Radrigán dijo que podría responder con este algoritmo más o menos a cuántas viviendas los censistas no llegaron. No tengo ningún problema en contestar eso. Ese es un algoritmo razonable y plausible. En rigor, se toma un período largo, y esto es más o menos así: entre el precenso, donde se hace la descripción de las viviendas a las que se va a censar y aparece el operativo de los censistas en la calle, hay un período en el que surgen viviendas y, adicionalmente, otras a las que no se llegó. Eso se consigna y el algoritmo es racional.

Ahora, lo que es completamente una aberración es haber puesto esa información en la base de datos y con las características de las personas.

No hay que olvidar que aquí concurren dos censos: el decimoctavo de población y el séptimo de vivienda. El censo tiene dos objetivos: contar personas y caracterizarlas. Por lo tanto, poner las características de estas personas, cuyas viviendas ni siquiera se sabe dónde están en una base de datos, distorsiona completamente su estructura. Entonces, si usted me pregunta por la racionalidad del algoritmo, la respuesta es completamente racional. El error garrafal fue haber puesto las características de las personas y, adicionalmente, esa información en una base de datos y publicarla, porque distorsiona cualquier estructura posible.

Ante una pregunta del Diputado señor Harboe, respondió que lo que no puede nombrar o más bien etiquetar es cómo se llaman estos 16,6 millones de personas. ¿Se llama población censada? Eso no es así. Entonces, el Presidente de la República entregó una cifra, pero tampoco es cuántos somos. Tampoco es la población censada, por lo que no sé el estatus de estos 16,6 millones que se conforman de 15,7 efectivamente censados, más los moradores ausentes más esta estadística.

Enseguida el Diputado señor Latorre fundamentó las siguientes preguntas:

Cuando se utiliza el concepto algoritmo me hace pensar en una fórmula, en una cosa matemática que me dice: mire, este es el procedimiento con el cual va a tener que hacer esta distribución. Por lo tanto, parto de la base que cuando usted dice que se aplicó un algoritmo, el que lo aplicó no fue arbitrario, porque a él le debe haber parecido igual de insensato que a nosotros que aparecieran dos casas en la Antártida, por ejemplo. Si fue así, la persona que estaba haciendo el ejercicio debió haber dicho: “esta no las puedo poner aquí, pues me van a decir que es ridículo si no están”, pero el algoritmo me estaba diciendo eso, por lo que no podía ir en contra de él. Entonces, ¿el algoritmo es un invento de alguien? ¿Es una fórmula que alguien inventó o que tiene algún sentido estadístico? ¿Se sacó de algún lado? Porque si no es así, ¿por qué usar el concepto de que se aplicó un algoritmo?

El señor Radrigán, respondió que hay ciertos números de viviendas agregadas por comuna, que es distinto para todas. Hay números de viviendas que se ponen en las comunas, las cuales están divididas: unas van al área rural y otras a la urbana.

Ahora, ¿de dónde salen esos números? Efectivamente, de un cálculo. Uno lo puede llamar algoritmo, no sé si será el concepto más preciso, pero el cálculo consiste en lo siguiente. La pregunta que se respondió es: ¿cuánto tiempo pasó entre el fin del precenso y el inicio del censo en esa comuna? ¡Qué sé yo! “N” meses. La pregunta es: ¿cuántas viviendas aparecen en Chile en “N” meses? ¿Cómo se calcula eso? Se toman cifras más largas de un censo 2002, entiendo, hasta el precenso, y se dice cuál es la tasa de crecimiento promedio anual de las viviendas en Chile. Se toma esa tasa y se repite por estos “N” meses. Esa es la cantidad de viviendas que aparece.

¿Cómo se distribuye por comunas? En la parte que lo reproduje, que tiene relación con agosto de 2012, simplemente hay una tabla que indica cuántos meses hay para agregar esa cantidad de viviendas diferenciadas por región, porque el precenso no fue como el Censo, pues empezó por las zonas extremas del país hacia el centro, por lo tanto, hay regiones en que empezaron y terminaron antes. En consecuencia, las últimas tenían un período mayor, porque llegaron más tarde al precenso por su forma de levantamiento y tenían una mayor cantidad de meses.

El Diputado señor Farías realizó las siguientes preguntas: ¿Quién dio la orden para incluir este guarismo de 88 mil dentro de la medición?, ¿Quién habitualmente hace esa labor?, ¿Es el Director quién ordena? o ¿alguien de un rango menor que dice: “pongamos esto”? ¿Cómo se llega a esa fórmula?

El señor Radrigán, respondió: No estuve en las reuniones donde se planificó y ordenó esto. Me baso en el testimonio de Mariana Alcérreca para sostener que es una decisión del ex Director Francisco Labbé, quien da la instrucción de agregar estas viviendas al jefe del Censo , el señor Eduardo Carrasco.

Ante la pregunta del Diputado señor Edwards, si dentro de la base de datos, ¿es posible, clara e inequívocamente, identificar estas casas para tener, al menos, la información de lo que se hizo, sin contaminación? La idea es no hacer el censo completo, sino que, quizá, a través de fórmulas estadísticas rellenar los datos con acciones de la naturaleza que corresponde. ¿Es posible identificar esos datos y dejar la base limpia, sin las pequeñas alteraciones de las que estamos hablando?, el señor Radrigán respondió que afortunadamente ello es posible; tienen marca.

A continuación intervino el señor Gerzo Gallardo, quién dijo: Actualmente, ejerzo en forma transitoria el cargo de Subdirector Técnico de la Institución. En el período en el cual Marcela Cabezas era la Subdirectora Técnica, yo ejercí muchas veces como subrogante, cuando estaba el ex Director Labbé, y me tocó interactuar desde esa perspectiva. En ese tiempo, trabajaba como jefe de Estadísticas Económicas Estructurales . Estaba a cargo de ese departamento y después ejercí labores en Estadísticas Económicas, en general, que está dividida en Coyuntura y en Estructura. Hoy, en forma accidental, me desempeño como Subdirector Técnico transitorio. Represento el área técnica de la institución que, muy a nuestro pesar, se vio alejada de la dirección de Francisco Labbé. En realidad, él se alejó de la Subdirección Técnica y a su vez, él nos alejó.

Con lo anterior, me refiero a que particularmente en el Censo 2012, tuvimos relación hasta la elaboración de los formularios, pero después de eso, este equipo se redujo a los integrantes que ya fueron nombrados. Es decir, Max Raide, Sebastián Mathews, Eduardo Carrasco y otros que se me pueden olvidar, pero se limitó a un grupo muy pequeño y que marginó al equipo técnico. Nuestra contraparte, y que tiene más desarrollo, es Andrés Bustamante, pero lamentablemente no pudo venir, porque está con licencia médica. Él les podrá relatar los pormenores y los detalles que hubo al respecto.

En el caso IPC, sostuvimos reuniones del equipo técnico operativo. Nosotros actuábamos en conjunto con el grupo que levantaba la información y con el que la analizaba. Información que después se publicaba. Entonces actuábamos como un cuerpo. Este equipo técnico operativo se reunió varias veces con él por el tema de la División de Vestuario y Calzado. Se le planteó en forma reiterada, desde 2010, cuando nos reunimos con el consultor Jacob Rayten, que había ciertos temas metodológicos a los que habría que hacerles algunos ajustes. Le entregamos información en forma reiterada, pero solicitó posponer la mejora para el cambio de base de ese indicador.

Luego de reuniones y de toda esa convulsión, enviamos una carta, que se hizo pública, en la que sindicamos la gestión del ex Director Labbé y, nuevamente, se le recomienda que abra la discusión en torno a la división de vestuario y calzado, porque estábamos siendo vapuleados. Incluso, algunos operadores y agentes financieros indicaron que como institución no sabíamos sumar variaciones. Nos vimos afectados porque somos los que elaboramos muchos indicadores, no solamente IPC, sino también las tasas de empleo y otros.

Él estaba muy reticente, y antes de su renuncia decidió, por la presión que estábamos ejerciendo, pedir la formación de un comité técnico para debatir sobre el tema.

Nos reunimos con el señor Juan Eduardo Coeymans, el actual Director. Le propusimos las mejoras, discutimos arduamente, en algunas ocasiones estuvo de acuerdo y en otras no, pero buscamos las mejores soluciones. Básicamente, se le planteó lo mismo que al señor Labbé y la diferencia fue que abrió lo relacionado con el IPC, se discutió con los técnicos y logramos un consenso.

El Director señor Coeymans nos dijo que debíamos hacer un informe que leyera la Comisión de Estadísticas de la OCDE para que vieran si esto estaba bien o no. El equipo se comprometió, elaboró el informe, se envió y como resultado tenemos que el indicador es mejorado, tiene algunos ajustes metodológicos y fue aprobado por la OCDE.

Por otra parte, quiero relatar algunos hechos relacionados, particularmente, con el IPC, para aclarar la poca competencia técnica que tenía el Director señor Labbé en esos temas.

El 24 de abril, en una entrevista al diario “El Mercurio” se le consultó: sin la caída del precio del vestuario, ¿sería la inflación anual un punto porcentual más alta?

El ex Director Labbé respondió: la información que tengo es que a diciembre de 2012 la diferencia habría sido cuatro décimas de punto porcentual, o sea, en lugar de una inflación anual de 1.5 habría sido de 1.9, por efecto vestuario.

Por esa frase, el Estado arriesga una demanda de los operadores financieros, porque la indexación del IPC a los instrumentos financieros y al sistema de pensiones es muy importante. Le hice ver al señor Labbé que eso era irresponsable, porque no se basó en ningún tema técnico, no lo conversó con los técnicos, o si lo hizo, interpretó mal el tema.

El 18 de abril, el ex Director Labbé, acompañado de sus asesores, no del equipo técnico, como salió en el diario, se reunió con Jorge Selaive, quien en marzo había publicado en El Mercurio -le hago entrega de una copia de esa entrevista-, desde la oficina de estudios del BCI, una crítica sobre la medición del IPC en la que señala que el INE tiene indudables problemas para capturar calidad y obsolescencia en el IPC.

Luego de la reunión sostenida con el señor Labbé, un día después, manifiesta en el diario “La Segunda”: quiero ser bien enfático en descartar de plano errores metodológicos del INE.

Dejó un manto de dudas, y así se lo señalé al señor Labbé, porque un analista de tanta relevancia un día dice que estamos totalmente equivocados y al día siguiente, luego de reunirse con los señores Raide, Mathews y Labbé, se desdice.

Posteriormente, el señor Sebastián Mathews solicitó cifras del IPC, en fecha cercana a su publicación, en forma adelantada, y eso está fuera de todo protocolo de confidencialidad. No se le entregó a él, pero sí al Director, haciéndole saber que Sebastián Mathews no podía pedir la cifra a nuestro jefe de IPC.

El Diputado señor Harboe, formuló las siguientes preguntas: ¿cuál es el rol que jugó el equipo técnico, particularmente en el episodio del IPC? Y, en segundo lugar, pidió que nos relate ¿quiénes eran los señores Raide y Mathews y cuál era el grado de relación con esos señores y cómo se metían en las cifras?

El Diputado señor Farías, por su parte, realizó las siguientes preguntas:

Concretamente, me gustaría saber qué función cumplían no solo los señores Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, sino que también Juan Pablo Raide, hermano de Maximiliano; Antonio Hartmann, y la famosa empresa Vox Comunicaciones, cuya gerenta y dueña es la señora Gabriele Lothholz y la vinculación funcionaria con el INE. También me interesa saber si ellos tienen alguna implicancia en el tema del IPC.

El señor Gerzo Gallardo, respondiendo las preguntas en relación con los asesores del Director señor Labbé, manifestó que al señor Maximiliano Raide lo veíamos dentro de las oficinas del tercer piso, que es donde se emplaza la Dirección y la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales. Él se reunía generalmente con el Director y sus visitas eran más continuas en el período del Censo, porque no estaba regularmente en la institución. Sin embargo, él tenía estacionamiento para su vehículo, como toda la plana directiva del INE.

El señor Sebastián Mathews primero fue asesor del Director y luego pasó a ser jefe de Comunicaciones y, posteriormente, derivó a participar en temas de gabinete. No obstante, dentro del área de Comunicaciones, él estaba en la plana mayor.

Dentro de los protocolos de seguridad que tenemos, hay personas que están determinadas. O sea, incluso el jefe de Comunicaciones puede no estar dentro, porque hay un listado en el cual uno firma por el resguardo de la confidencialidad de las cifras, por lo tanto se asume el compromiso de no hacer pública esa información.

Respecto de la empresa Vox Comunicaciones, no tenemos antecedentes. En realidad, prefiero que las consultas sobre el tema se las hagan a nuestra gerenta -así la llamábamos-, señora Mariana Alcérreca y a la periodista Marcela Martínez, quien luego renunció. También estaba Marcela Cabezas.

En cuanto a la pregunta sobre por qué hacemos pública la carta, hemos sido súper cuestionados al interior de la institución por esa situación. Como padre, como funcionario público, como funcionario del INE y como chileno creo que tenemos el deber de informar cuando hay actos totalmente anormales, como ya mencioné. En ese sentido, el Director del INE , junto con la plana mayor y sus asesores, estaban minando la integridad de una institución como el INE.

Soy funcionario desde hace 10 años, por lo tanto no llegué a la institución con el señor Labbé ni con la señora Cabezas. Incluso, ejercí labores de encuestador y supervisor, lo que me llevó a hacer carrera dentro del INE. De manera que me dolía ver que la institución estaba siendo minada y contaminada respecto de su prestigio.

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El día lunes 26 de agosto de 2013, se recibió a los siguientes funcionarios del INE: al jefe del Departamento de Estudios Económicos Estructurales , señor Gerzo Gallardo; al coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística , señor Juan Radrigán, y al sociólogo del Departamento de Estudios Sociales, señor Andrés Bustamante.

En primer lugar, le correspondió exponer al sociólogo señor Andrés Bustamante, quien dijo: Trabajo en el Instituto Nacional de Estadística desde mayo de 2009. El cargo que he desempeñado la mayor parte del tiempo es el de jefe del Departamento de Estudios Sociales . El cargo tiene un ámbito de acción que fundamentalmente se liga con las encuestas de hogares y con todo lo que tiene que ver con las estadísticas sociales, a nivel de definiciones conceptuales, formas de medición, etcétera.

En términos generales, si hubiese que hacer una línea de tiempo, debo mencionar algunos hitos relevantes. En junio de 2010 se forma, dentro de la institución y del proyecto Censo, la unidad de Cédula Censal, liderada por la señora María de la Luz Nieto. De alguna forma, esa unidad tiene bajo su responsabilidad la construcción del cuestionario censal y, además, realiza un conjunto de 10 mesas técnicas -lideradas por esta unidad- en la que participan prácticamente la totalidad de los ministerios y organismos del sector público, como también departamentos al interior del INE, que están relacionados con los tópicos que se abordan en un cuestionario censal. Entre ellos, también participaron profesionales del departamento que dirijo y, a su vez, me tocó participar en algunas discusiones sobre tópicos incluidos en el cuestionario censal.

En marzo de 2011, se evacua una primera versión de cuestionario censal, cuya finalidad era básicamente ser probado en terreno. Uno de los aspectos que se probó de estas versiones preliminares de cuestionario tiene que ver con el tiempo de aplicación. Al respecto, estas pruebas mostraron que, en promedio, un cuestionario aplicado a una vivienda en la que residían, por ejemplo, 4 personas, tomaba aproximadamente 25 minutos en ser completado, lo que de alguna forma estaba dentro de los tiempos de lo planificado.

En junio de 2011 finaliza tanto el diseño como las pruebas pilotos de cuestionario y, posterior a ello, se entrega un cuestionario en versión de propuesta final para la consideración de la jefatura del Proyecto Censo y del Comité Directivo de la institución.

En este punto, me quiero detener en una primera fecha que considero del todo relevante. El 5 de septiembre del 2011, la jefa de operaciones del Proyecto Censo , señora Paula Jara, informa al señor Daniel Allende, quien es sociólogo y hasta ese entonces integrante del equipo de la Unidad de Cédula Censal, que el Censo va a cambiar de metodología; pasará de un censo de hecho a un censo de derecho.

Esto es extremadamente relevante porque recién ahí -a contar de ese 5 de septiembre- se constituye un primer equipo, integrado por distintos departamentos dentro de la institución, que tienen como objetivo elaborar un informe respecto de las implicancias que había en torno al cambio de cuestionario.

Quiero precisar que la primera evaluación técnica que se hizo respecto a lo anterior fue con posterioridad a la toma de decisión del cambio de metodología. A Daniela Allende se le informa del cambio de metodología el 5 de septiembre y se forma una comisión de trabajo interno que evacua un informe el 8 de septiembre. Ellos trabajan entre el 5 y el 8 de septiembre, y es el mismo día 8 cuando evacuan un primer informe con algunas consideraciones de orden técnico, que tienen que ver más bien con los cambios en el formulario y con la evaluación general de la discusión metodológica.

El 8 de septiembre la señora María de la Luz Nieto envió, vía correo electrónico, a Paula Jara -jefa de Operaciones del Censo- un primer informe elaborado por la comisión, suscrito por algunos departamentos del INE: el de Investigación y Desarrollo, el de Demografía y el de Estudios Sociales -que es el que yo dirijo-, coordinado por los integrantes del equipo Cédula Censal.

Respecto de dicho informe, en su apartado de antecedentes donde aparecen los nombres de los integrantes del grupo que antes señalé, dice:

“El lunes 5 de septiembre el grupo fue convocado por la jefa de Operaciones del Censo, quien le encomendó la tarea al grupo de analizar y emitir un informe acerca del cambio del modelo del Censo 2012, desde un censo de hecho a uno de derecho, realizado en un período de dos meses en lugar de un día. Las tareas específicas encomendadas son: estudiar el empalme de datos con los censos anteriores; analizar efectos del cambio en el marco muestra; declarar ventajas y desventajas del cambio; enunciar y dimensionar el trabajo adicional que implica este cambio, especialmente en materia de estudios, y proponer los cambios a los cuestionarios censales. El trabajo debe realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y la experiencia de otros países latinoamericanos”.

Otro elemento que es destacable de este informe es que se establecen una serie de estudios que, a consideración de este grupo, son necesarios para hacer el tránsito, desde un censo de hecho a uno de derecho, con rigurosidad técnica y en los estudios adicionales. Dice:

“El ajuste de cambios que debe realizarse cuenta con poco tiempo. Esto implica que no es posible innovar demasiado, sino que amoldarse a la experiencia internacional. El principal problema y en el cual hay que tomar una decisión es si realizamos una operación de derecho o intentamos un híbrido para transitar de censo de hecho a derecho.

Es necesario levantar un estudio, realizado internamente en el INE o por consultores externos, respecto de los países de la ronda del 2010 que cambiaron desde censo de hecho a derecho. Este estudio debe incluir una recopilación de primera fuente sobre la experiencia de estos países, más allá de los datos reportados. Paraguay, Uruguay y Venezuela también están cambiando. Esto implica hacer contactos con otras oficinas de estadísticas.”

En las recomendaciones específicas que se realizan respecto del contenido del estudio se menciona que es muy importante enfatizar la difusión. Eso implica la necesidad de explicar las razones del tránsito desde un censo de hecho a uno de derecho y educar a la población sobre el concepto de residencia habitual, que es un tópico que en los censos anteriores no se había preguntado en la forma en que se iba a hacer en esta nueva modalidad de censo.

La diferencia fundamental entre un censo de hecho y uno de derecho es que en el de hecho las personas son capturadas, su información es registrada y ligada con la vivienda en la que ellos pernoctaron durante la noche anterior, mientras que en el censo de hecho, independiente del lugar en que la persona pernoctó o donde, por cuestiones del azar o por condiciones contingentes, esté presente en el momento de ser censada, la información es capturada en la vivienda donde la persona reside habitualmente. En términos prácticos significa que yo puedo vivir, por ejemplo, en la Región Metropolitana, en la comuna de La Florida y si, por cuestiones contingentes, estuve en la Región de Valparaíso el día en que el censista fue a la vivienda en la que yo residía habitualmente, otra persona que resida habitualmente en esa vivienda, de alguna forma, tiene la obligación de declararme, porque yo vivo en esa vivienda.

Si es que en esa misma circunstancia se hubiese implementado un censo de hecho, la persona se habría censado en la vivienda donde fue habida al momento de llegar en censista.

El informe hace algunas consideraciones respecto de eventuales sesgos que pudiese tener el cambio metodológico desde un censo de hecho a uno de derecho. Dice:

Respecto del informe es importante mencionar que, una vez que es entregado a la jefa de operaciones del censo, el mismo día 8 de septiembre, en un comité directivo, se exponen sus resultados y se plantea que se requiere plazo adicional para realizar una serie de pruebas piloto, que tenían que ver con probar los nuevos conceptos -lo que mencioné en un principio respecto de la residencia habitual-, y también tiempo adicional para realizar estudios relacionados con las bases de datos de censos anteriores.

Como se ha mencionado en otras exposiciones, en las bases de datos anteriores la información estaba ordenada a partir de la situación de hecho de las personas. Los censos anteriores incluyen una pregunta por la residencia habitual. Eso permite transformar la población de hecho en población de derecho. Por ejemplo, tengo casos de personas que están declaradas en Villarrica, pero cuando voy a la pregunta residencia habitual, veo que viven en Temuco. Entonces, de alguna forma, puedo trasvasijar a la población desde su situación de hecho hacia su situación de derecho. Ese trasvasije también requería ser estudiado por el Departamento de Demografía.

El informe que he citado fue enviado para ser expuesto en un comité directivo el mismo día. No participé de esa discusión, pero la persona que me lo hizo llegar, que es Daniela Allende -a contar de septiembre de 2011 pasó a tener dependencia en mi departamento-, me señaló que, tanto el Director de ese entonces, el señor Francisco Labbé, como el jefe del proyecto censo, señor Eduardo Carrasco, se mostraron contrarios a la idea de entregar tiempo adicional, lo cual se explica, creo yo, es un juicio personal, porque la decisión del cambio de metodología estaba adoptada y, a posteriori, con la decisión tomada, se produce la indagación respecto de consecuencias técnicas respecto de dicha decisión.

Después, en octubre y noviembre de 2011, se estableció, formalmente, lo que se llamó comité técnico del censo, que es una reunión en la que habitualmente participaba el director del INE de ese entonces, señor Francisco Labbé; el jefe del proyecto censo, señor Eduardo Carrasco; la subdirectora técnica, la subdirectora de operaciones, la señora Mariana Alcérreca y, en algunas oportunidades, la jefa de operaciones del censo, señora Paula Jara.

Las tareas del comité técnico fueron fundamentalmente dos. Por un lado, se abocó a resolver tópicos pendientes del cuestionario, en el escenario que no se iban a hacer las pruebas pilotos que habían sido expuestas en el informe. Por ejemplo, puedo mencionar que había temas pendientes respecto de una pregunta que era de interés del Ministerio de Transportes. Entonces, se hizo una reunión con ese Ministerio. En ese instante, aún había temas pendientes que tenían que ver con la pregunta solicitada para caracterizar a la población afrodescendiente y algunos tópicos pendientes sobre religión. Esos pequeños detalles, que todavía estaban sin cerrarse, fueron abordados por el comité técnico. Se elaboraron minutas, se llevaron discusiones que podrían ser relevantes para el desarrollo del proyecto; se discutían en esa mesa y se aprobaban o rechazaban, dependiendo del análisis que hacían todos los miembros.

Por otra parte, el comité técnico también se abocó, especialmente durante noviembre de 2011, a elaborar lo que se llamó contenido técnico, que, básicamente, es el conjunto de definiciones e instrucciones conceptuales, a partir de las cuales se elaboraron los instructivos de capacitación y los manuales que fueron utilizados, posteriormente, para el proceso de capacitación de los encargados regionales, los encargados comunales y hasta los censistas, que eran quienes iban a salir a terreno.

Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, el foco del departamento que dirijo estuvo puesto en la capacitación. El modelo inicial de capacitación propuesto se denominó modelo de cascada. ¿Qué quiere decir? Se comienza con un diseño de capacitación a nivel nacional, en la que participan los 15 encargados regionales del proceso censo. Es un modelo de capacitación que dura 5 días, en donde hay días que están, específicamente, destinados a tratar cada uno de los tópicos del proyecto. Otro día se dedica a la instrucción en aspectos logísticos, que tiene que ver con los nombres de usuarios y las claves de los sistemas informáticos, en los que se ingresa información que permite hacer seguimiento al levantamiento. Otro, está completamente dedicado a los temas operativos. Es decir, a la correcta presentación que debe tener el censista y cómo debe presentarse en las viviendas. También debe manejar cuestiones mínimas relacionadas con la ley del INE, que es la que garantiza la protección de los datos personales, etcétera.

Un día adicional estaba dedicado a todos los aspectos técnicos, que, básicamente, tienen que ver con explicarle a las personas la lógica del cuestionario, cómo se formulan las preguntas, etcétera. Además, hay un par de días que están planificados para la evaluación a que deben ser sometidos todos los que participan del proceso de capacitación y también pruebas en terreno. O sea, que las personas salgan a terreno a probar el cuestionario, para que puedan familiarizarse con los tópicos que están siendo incorporados en él.

Ese modelo se planificó en conjunto por el comité técnico y el área de operaciones del proyecto censo. Estaba pensada una capacitación de 5 días, pero, en la práctica, tenemos antecedentes más que fundados para señalar que el modelo no funcionó de la forma que estaba planificada originalmente. De partida, el modelo se basaba en que los 15 encargados regionales después capacitaban, cada uno en su región, a los encargados provinciales; después los encargados provinciales, a los encargados comunales; después los encargados comunales, a los supervisores, y después los supervisores, a los censistas. Claramente, ese modelo de cascada no funcionó. Por ejemplo, en la Región Metropolitana hubo que entrenar, adicionalmente, a un conjunto de funcionarios del INE, quienes tuvieron que ir a capacitar a distintos locales, en los que el encargado del local no daba abasto.

Sabemos que en algunos casos la capacitación se redujo de 5 a 3 días. En otros se hizo en un solo día, comprimiendo todos los contenidos. Por lo tanto, es un tema que no funcionó como había sido planificado originalmente.

Entre los meses de abril y julio de 2012, con el levantamiento del censo funcionando, el comité técnico empezó a sesionar de manera más esporádica. En el caso de la función que cumplíamos dentro del Departamento de Estudios Sociales, apareció un objetivo importante en ese momento, que tenía que ver con conocer el estado del levantamiento. Es decir, conocer la evolución de cantidad de viviendas, de personas censadas en cada una de las viviendas, de comunas que eventualmente pudiesen tener algún tipo de anomalía, retraso o estar funcionando de mejor manera que lo planificado. Por lo menos, respecto de esta preocupación, creo que hay 4 tópicos importantes de derivar.

Primero, ¿por qué era relevante, para nosotros y muchos departamentos del INE, conocer el estado del levantamiento? Porque lo que llamamos cobertura de un censo es el puntal básico a partir del cual se construye lo que denominamos sistema de encuestas de hogares, dado que, por un lado, el censo provee información básica, en términos de distribución de la población, por sexo y edad; la caracterización a partir de un set de variables que son muy relevantes, en términos de la situación ocupacional, de los niveles educacionales, etcétera -eso es clave para el sistema de encuestas de hogares- y, por otro, porque el estado de la cobertura de un censo también tiene importancia capital en lo que se relaciona con la definición del marco muestral de viviendas, a partir del cual se obtienen las muestras de todas las encuestas de hogares que se hacen en el país o por lo menos todas las que se realizan en el INE, sumando la encuesta Casen, y qué decir la encuesta de empleo, la encuesta de seguridad ciudadana, etcétera. Ese es el motivo por el cual quisimos saber en qué estado iba el levantamiento.

¿Cómo pensamos que era razonable evaluar esa cobertura? El proyecto Censo elaboró un sistema llamado SPCP, que significa Sistema de Planificación y Control de la Producción, que permitía tener acceso a la evolución del levantamiento. Con una frecuencia diaria po-díamos saber cuántas viviendas habían sido cerradas, con toda la segregación geográfica que pudiese ser necesaria a nivel de región, de provincia, de comuna, etcétera. Es importante mencionar que este sistema no entrega acceso a datos nominados porque el INE debe resguardar la seguridad de esa información. Por lo tanto, es muy complejo que le entregue a personas de otros departamentos, eventualmente, bases de datos donde aparezcan direcciones. Es un tema de protocolo de seguridad.

Básicamente, lo que hacía este sistema era registrar una contabilización del estado de avance en cantidad de viviendas y en cantidad de personas. Por lo tanto, en la medida en que solicitábamos acceso a ese sistema no estábamos vulnerando ningún protocolo de seguridad ni ninguna norma relativa a la seguridad de la información. Pedimos acceso a ese sistema y, para ello, se nos debía crear una clave con un usuario y una contraseña para ingresar. No hubo resultado exitoso en la gestión de solicitar esa clave. A través de Mariana Alcérreca, asesora de la Dirección y quien de alguna forma tenía más contacto tanto con el Director Labbé como con el jefe de proyectos Censo, señor Eduardo Carrasco, solicitamos esa clave, pero ella no tuvo resultados exitosos en ello, por lo cual, finalmente, ella nos entregó la clave que manejaba para que tuviéramos acceso al sistema y para entregar algún tipo de proyecciones sobre cómo avanzaba el levantamiento.

¿Qué se hizo en la práctica? Dentro del departamento descargábamos, con cierta periodicidad, las informaciones respecto del estado de avance del levantamiento y comenzamos a elaborar una proyección que permitía llegar a un total de viviendas que estimábamos que al final del proceso iba a ser la cantidad de viviendas y la cantidad de personas censadas.

Tengo en mi poder una proyección que hicimos al 4 de julio de 2012, con el levantamiento todavía andando. Después hicimos una proyección al 12 de julio con el levantamiento andando, pero ya con una fracción de viviendas por levantar, que era cada vez menor. Y, finalmente, hicimos una proyección al 16 de agosto, con el proceso completamente cerrado, y ya habiendo hecho la constatación de que este sistema dejó de tener movimiento, es decir, se dejó de ingresar viviendas al sistema.

¿Qué era lo que hacíamos? El precenso que se realizó en 2001 estimaba que en el territorio nacional había aproximadamente 5.5 millones de viviendas. Por otra parte, el sistema nos iba indicando cuántas viviendas se habían levantado. Entonces, el ejercicio siempre es el siguiente: El sistema avisa que hay 5.5 millones de viviendas. Tengo, por ejemplo, 5 millones de viviendas levantadas. Dentro de esas 5 millones de viviendas levantadas tengo -por plantear un número- 10 millones de personas dentro de -como dije- esos 5 millones de viviendas levantadas. Calculo un promedio de personas por vivienda y de ese promedio asumo que el diferencial de viviendas, que aun no ha sido levantado, se va a comportar de la misma forma que en la masa de viviendas que tengo levantada. Por lo tanto, puedo proyectar a cuántas personas voy a encontrar en las viviendas que no he ido levantando.

Con esa proyección, con datos que teníamos al 16 de agosto, proyectábamos que la cantidad de personas que el censo iba a levantar era aproximadamente de 15 millones 810 mil. En ese momento, no conocíamos el cierre final del levantamiento, pero en la proyección que hicimos el 4 de julio proyectábamos 15 millones 400 mil; después, en la proyección que hicimos al 12 de julio, proyectamos una cifra más o menos similar y, la que elaboramos el 16 de agosto, con el levantamiento final, llegaba a 15 millones 800 mil.

Una vez que realizamos esta proyección, el debate que empezamos a vislumbrar se separaba en tres elementos. Una primera alerta que realizamos en el marco del comité técnico -reunión en la que participó el señor Labbé- tenía que ver con los términos operativos. Lo primero que vislumbramos es que el porcentaje de viviendas desocupadas, viviendas que están destinadas a la habitación, pero que no están siendo ocupadas en ese momento, y, por otra parte, el porcentaje de viviendas con moradores ausentes, vale decir, viviendas que están ocupadas, pero que al momento en que pasa el censista las personas que viven ahí no logran ser habidas y, aunque se intenta hallarlas en reiteradas oportunidades, finalmente la entrevista no se logra, tanto el porcentaje de viviendas desocupadas como el porcentaje de viviendas con moradores ausentes son números bastante altos si es que uno los compara con resultados de censos de derecho de otros países. Por ejemplo, inicialmente los datos que manejábamos, el porcentaje de viviendas con moradores ausentes era del orden de 5 por ciento. A fines del proceso, el porcentaje de viviendas con moradores ausentes resultó ser de un 3.29 por ciento. Si uno compara esa cifra con la cifra de Brasil y Uruguay, ambas están en el orden del 1 por ciento. Entonces, claramente, eso habla de procesos y de operativos que no son planificados con el mismo nivel de prolijidad en comparación con otros censos de derecho.

En consecuencia, al momento en que detectamos ese problema lo hicimos saber y, según se nos indicó, se planeó una estrategia para reducir el porcentaje de viviendas con moradores ausentes, porque principalmente de esas viviendas es de donde es posible recobrar población. Cuando llego a una vivienda que tiene moradores ausentes y no logro la entrevista, solo tengo el dato de que en la vivienda vive gente, pero no sé cuántas personas hay. Si logro realizar la entrevista sé que hay, por ejemplo, 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, y toda la información asociada a esa vivienda. Esa es una primera alerta.

En segundo lugar, hay una alerta que planteamos en relación a que el total de personas al que se iba a llegar, en cuanto a personas censadas, estaba en el rango de los 15.8 millones de personas, de acuerdo al número que mencioné en un principio y que tenía que ver con la proyección que íbamos haciendo y que a medida que pasaba el tiempo y se iban sumando viviendas levantadas, se tendía a confirmar que el número no iba a variar demasiado. Ese es un problema especialmente importante de discutir que se genera entre la estimación a la que se llega con las encuestas de hogares, que utilizan para llegar a la información final datos de la proyección de población que se elabora entre el INE y Celade, con base en información del censo 2002, y la cifra de población censada.

Ahora bien, ¿cuál es básicamente el problema? El INE y Celade proyectan que, con base en información del censo 2002, la población en 2012 va a ser de 17.4 millones de personas. Nosotros nos aproximamos a una cifra de personas censadas de 15.7 o 15.8 millones. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, íbamos a tener un conjunto de encuestas que, en la referencia a las cifras que iban publicando, harían referencia a que la población en Chile era de 17.4 millones de personas y, por otra parte, íbamos a tener un censo que el mismo año iba a estar publicando una cifra de personas censadas de 15.8 millones de personas. Claramente ese es un problema que requería ser explicado y ahí hay un dilema, pues no solo afecta al proyecto censo, no es una explicación técnica que se debe dar solo en el caso del censo. De alguna forma, ese problema también afecta a las encuestas de hogares, ya que obliga al INE, en su conjunto, a dar una explicación técnica razonable de por qué se produce una diferencia entre esas dos cifras.

Una vez que detectamos ese problema, en una reunión que se llevó a cabo en el comité técnico, no recuerdo exactamente la fecha, todavía sin terminar el levantamiento, consideramos importante plantear una estrategia comunicacional donde mencionáramos que, efectivamente, todos los censos tienen problemas de omisión y que probablemente nunca se iba a lograr llegar a los 17,4 millones de personas que proyectó el INE con Celade, porque nunca se puede llegar al ciento por ciento de la población.

Por otra parte, propusimos que se planteara que este era un censo de transición. Esta idea surge porque me tocó asistir a un par de reuniones, talleres, conducidos por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, donde se planteó que en muchos casos, en los países que transitaban desde censos de hecho a censos de derecho, eventualmente podía haber problemas en una primera fase, en el primer censo en que se cambia la metodología, lo que es importante de articular, en el sentido de que se podrían tener datos de mayor calidad y que, en el fondo, era razonable sincerar que podría haber algún grado de problema mayor.

Un tercer elemento que planteamos -que era importante sincerar- es que este censo había tenido baja cobertura. Frente a ese planteamiento y ante la evidencia de la cifra de población censada que proyectamos, del orden de 15,8 millones de personas, la reacción del director del INE, a mí parecer, fue que nunca se abrió a discutir en estos términos. Más bien tendió a invalidar la proyección que habíamos elaborado y los hechos determinaron que el número fue certero.

En junio de 2011, sostuvimos una reunión en la que le planteamos al Director Labbé que nos explicara a través de qué método estimó que la población censada era de 17 millones de personas, en consecuencias de que con nuestro procedimiento, que habíamos probado e iterado en una serie de oportunidades, no lográbamos llegar a más de 15,8 millones de personas censadas. Le planteamos que los números no nos cuadraban; en ese momento nos mostró su molestia de forma evidente, se produjo un quiebre y cierre de la discusión. En la siguiente reunión que sostuvimos, que coincidía con el fin del levantamiento, a finales de julio, el jefe del proyecto censo, señor Eduardo Carrasco, planteó que, como el levantamiento había terminado, la razón de ser del comité técnico dejaba de existir, por lo que tenía que disolverse. Fue la última vez que sesionó dicho comité.

Otra preocupación para el departamento que dirijo, como objeto de estudio en el marco de la discusión sobre lo que se debía hacer con las cifras del censo, fue la pregunta respecto de cómo presentar los datos de población en un censo. Lo primero que hicimos fue ver la recomendación internacional que se establece en el manual de Naciones Unidas. Hay un documento elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, que se llama “Principios y Recomendaciones Para los Censos de Población y Habitación: Revisión 2”. Este documento es la recomendación oficial de Naciones Unidas sobre estándares en materia de censos. En su página 132, párrafo 2.76, dice que “en el caso de los países en que se ha corregido la cifra de población total por haber sub empadronamiento o sobre empadronamiento, se debe indicar y explicar tanto la cifra del empadronamiento como la cifra estimada corregida. Las tabulaciones detalladas tendrán que basarse únicamente en la población realmente empadronada.” Esto es textual.

Con el equipo que trabajamos estimamos que no había mucho lugar a interpretación ni dudas. Si hay alguna corrección por subempadronamiento, quiere decir que se contó menos personas de las que se debiera haber contado, o si hubo sobre empadronamiento, fue por contar más personas de las que se debiera haber contado, porque es posible que en algunos casos del censo de derecho se duplique la cantidad de personas. O sea, es posible, por ejemplo, que se encueste a una persona en abril, en la casa donde vive habitualmente, y después, en mayo, esa persona visitó a un amigo y otro censista, que probablemente no dominaba los conceptos, la duplicó. Eso es parte de la naturaleza de un censo de derecho y se busca limitarlo al máximo posible.

Al momento de producirse subempadronamiento o sobre empadronamiento, si se quiere corregir, se debe identificar el monto de población censada y separarlo abiertamente de cualquier corrección que se haga en términos de población adicional. Al tabular, que es cuando se entregan resultados desagregados, se trabaja con la población realmente empadronada.

La cifra de viviendas con moradores ausentes asciende a alrededor de un 3,29 por ciento de las viviendas, lo que da un total aproximado de 173.000 viviendas, y tenemos certeza de que estaban ocupadas por personas, pero no se les pudo entrevistar. En esas viviendas, al estimar el mismo promedio de personas por vivienda de la población censada, debiera haber cerca de 600.000 personas. Los 15,8 millones de personas censadas, que respondieron la entrevista, más el estimado de 600.000 personas que debieran haber habitado las viviendas con morador ausente, dan un total de 16,4 millones de personas. Lo que planteamos fue una línea argumentativa que se estableció a posteriori, en el sentido de que podíamos contabilizar a esas personas como parte de la población. De alguna forma estábamos autorizados para decir que el censo contabilizó 16,4 millones de personas, pero de esa cantidad hay 15,8 millones de personas efectivamente censadas; el diferencial corresponde a una estimación de las viviendas ocupadas con moradores ausentes.

En ese sentido, la recomendación plantea que las tabulaciones detalladas deben basarse únicamente en la población realmente empadronada. Entendimos que, insisto, se puede decir 16,4 millones de personas, pero al desagregar, por ejemplo, por hombres o mujeres o por tramo de edad, se debería remitir a los 15,8 millones efectivamente censados, no estimados a través de procedimientos de imputación alguna.

El documento, que se llama “Recomendaciones para los censos de 2010 sobre cartografía censal, migraciones, enfoque étnico y cobertura censal”, de Naciones Unidas, en su párrafo final, dice: “En el marco de una discusión sobre lo que se llama la evaluación de la cobertura censal”. Ello quiere decir que con el censo terminado se pueden aplicar una serie de métodos para tratar de estimar cuál fue, de manera efectiva, la población real, independiente de si se pueden o no tomar decisiones respecto de si eso se ingresa o no a la base de datos como dato a publicar.

Otro párrafo de este documento dice textualmente: “Existen formas de imputación de personas que pueden utilizarse durante la etapa de análisis de consistencia y asignación de información, la que se hace como parte del procesamiento de datos. Una de ellas, quizá la más conocida, es la imputación de personas a viviendas con moradores ausentes que, aparentemente, no fueron encontrados, aun regresando posteriormente y averiguando con las unidades vecinas. En cuanto a las viviendas detectadas al momento de la actualización cartográfica o precenso con moradores presentes y que al momento del censo estaban ausentes, durante el procesamiento se les podría asignar el número de habitantes por sexo si fue recogido el dato. De no tenerlo, otra opción sería asignarles la población de un hogar promedio en la misma zona que se está procesando.

Después dice que es probable que ya constituya una práctica muy recurrida que, con miras a recuperar la información, con criterios quizá plausibles, se impute personas u hogares completos con características similares a los del área afectada. Estrictamente, al igual que otras correcciones de inconsistencias y asignación de datos, se debería aplicar el principio de transparencia y, por lo tanto, indicar la cantidad de personas imputadas, además de considerar la mantención de un respaldo del censo sin corregir, tal como viene en terreno.

Otra frase que es de extremada relevancia en mi opinión es la siguiente: “Por otra parte, para el cálculo del porcentaje de omisión, la población así asignada debiera ser parte de dicha medida”. En el fondo, lo que se está diciendo es que cuando se hace cualquier imputación de población, de moradores ausentes, etcétera, la población que se genera a partir de esta imputación, según la instrucción que se da en este documento del Celade, debe ser considerada como omisión. Por lo tanto, la única fuente de población que yo debería ocupar para calcular la omisión es la población censada, vale decir, la diferencia entre la población censada y la población proyectada, dependiendo del método que se utilice y que, habitualmente, en el caso del INE, es la proyección realizada entre el Departamento de Demografía del INE y del Celade.

A partir de ese correo, solicitamos una reunión al Director de ese entonces, señor Francisco Labbé, y le explicamos lo que acabo de mencionar respecto de la recomendación de Naciones Unidas; le entregamos una minuta que tiene por título “Proyección censo 2012. Población total y población censada”.

Para hacer un resumen, en agosto de 2012 se entregan resultados preliminares, con una cifra de 16 millones 572 mil personas aproximadamente. Lo que nos llamó la atención como equipo es que esa cifra no cuadra ni siquiera con la cifra de suma de población censada de 15,8 millones, más los 600 mil aproximados de moradores ausentes, que deberían totalizar alrededor de los 16,4 millones de personas. Hay una diferencia de casi 200 mil personas entre la estimación a la que llegamos y la que se publicó oficialmente, y es ahí donde el señor Labbé explica -en la prensa- la metodología del ajuste de viviendas que supone una estimación de lo que debería haber crecido el total de viviendas entre el fin del precenso 2001 y el fin del censo 2002, lo que por supuesto para nosotros no tiene sustento técnico alguno.

En relación al cambio de metodología, el señor Labbé recibió una advertencia técnica y una solicitud formal de mayor plazo para discutir implicancias del cambio de metodología en relación con el cuestionario; esa propuesta fue desechada.

En un censo de hecho, como se hace un día feriado y los municipios son aliados estratégicos en el levantamiento de los datos, el INE usualmente dispone de la infraestructura municipal -colegios, vehículos municipales, etcétera- y también del personal de los municipios para levantar, mientras que en un censo de derecho es imposible pensar que la municipalidad, por ejemplo, facilite sus vehículos durante 2 o 3 meses o que facilite instalaciones de oficinas municipales o de colegios por 2 o 3 meses. Entonces, este es un buen ejemplo de las consecuencias de haber cambiado de metodología sin haber considerado eventuales alertas que se plantearon sobre las dificultades de cambiar y de ajustarse a una nueva metodología en tan poco tiempo.

Sobre el tratamiento de los datos, quiero ser explícito al mencionar que el señor Labbé tomó la decisión de no trasparentar la diferencia entre población censada y población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones respecto de que eso se tenía que hacerse, incluso, pese a recibir una minuta con una cita textual de la recomendación de Naciones Unidas, donde se decía que esto debía ser transparentado.

El señor Labbé realizó una imputación que no tiene respaldo técnico alguno, que no hace ningún país en el mundo y que tiene que ver con estimar esa cantidad de viviendas que, entre que terminó el precenso y se realizó el censo, suponemos que se podrían haber construido. Una cosa es la discusión técnicamente válida respecto a si corresponde o no imputar las viviendas con moradores ausentes, donde la postura que planteamos fue que en el fondo era importante obtener de allí un cálculo de población sin incorporar esa información a la base de datos o, en caso de incluirse, incorporar variables básicas como sexo y edad, como lo hizo el censo de Uruguay.

Pero en la imputación de población de viviendas con moradores ausentes voy a la vivienda, tengo certeza de que en esa vivienda vive gente, hago una serie de intentos por levantar información, pero esas personas no logran ser habidas. Por lo tanto, es técnicamente válido que pueda estimar que allí viven 5 personas o el número que sea.

En el caso de la imputación que el señor Labbé denomina ajuste de viviendas, supongo que un conjunto de viviendas se debiera haber construido, pero no tengo certeza alguna de que, en la práctica, existan. Por lo tanto, ello no lo hace ningún país en el mundo y, derechamente, creo que ello es inventar población.

Hicimos estudios y buscamos una serie de referencias de países que eventualmente pudieron haber hecho imputaciones de ese tipo y no encontramos ninguno. El informe de la Comisión Externa Revisora también es bastante claro en decir que esa imputación técnicamente no es admisible.

Otro elemento adicional.

Hay varios testimonios que apuntan a que tanto Mariana Alcérreca como Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo, plantearon al señor Labbé que estaban en contra de realizar esta imputación, específicamente del llamado ajuste de viviendas. Sin embargo él, de todas formas, insistió en que esta estimación se realizara. Por ende, se trata de una decisión que considero técnicamente muy inadecuada y muy mala; que, además, tomó solo y de forma consciente.

Respondiendo las preguntas del Diputado señor FARIAS, manifestó: Lo que puedo puntualizar es que, por ejemplo, en el marco de la discusión técnica y conceptual se toma primero la decisión de cambiar la metodología y, a posteriori, se empieza a evaluar el impacto de la decisión, lo cual, claramente, no es muy razonable. Cuando se adopta una decisión, si es fruto del análisis técnico, se concluye que se requiere mucho más tiempo; con la determinación tomada es mucho más difícil alargar los plazos.

Tengo la impresión de que el señor Francisco Labbé tomaba decisiones en un círculo conformado por: el señor Eduardo Carrasco, el señor Maximiliano Raide y el señor Sebastián Mathews. Es más, creo que dentro del comité directivo, personas que cumplían una función de asesoría, como Mariana Alcérreca o Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete, tendían a ser aislados de las decisiones más importantes. Esa es mi impresión a partir de testimonios de personas con las que he conversado.

Respecto a la consulta del Diputado señor ARENAS, es evidente que todo el INE tiene parte de responsabilidad en esta situación, de hecho si se revisa el informe de la Comisión Externa Revisora que analizó el Censo, hay una serie de menciones que, de alguna forma, implican problemas para la cifra de población total que tienen vinculación con el cuestionario, del que, en parte, estuve a cargo. La verdad, no tengo problema en que se hagan críticas, pero no estoy de acuerdo en que al socializar la autocrítica se diluya la responsabilidad del capitán del barco. En ese sentido, la persona que toma las decisiones más controvertidas es el señor Francisco Labbé, ignorando las precauciones técnicas en relación al cuestionario, lo poco adecuado de la forma en que manejó las imputaciones y las precauciones de Mariana Alcérreca, que es la persona con quien conversábamos abiertamente temas técnicos.

En relación a consultas del Diputado señor LATORRE, la carta de los once se generó a partir del deterioro creciente de la relación entre el señor Labbé, su estilo de conducción y los equipos técnicos. Dentro de los planteamientos que en ese documento se esbozan, hay una serie de reclamos que se hacen públicos a los medios y que tienen que ver con la discusión en torno al IPC y los problemas del censo. Uno de los acápites está referido al despido de la subdirectora técnica, señora Marcela Cabezas ¿Por qué ella fue despedida? Habría que preguntárselo directamente al señor Labbé, porque hasta hoy nos cuesta comprenderlo. La información que pudimos leer a través de los medios escritos indicaba que era por asunto de feeling. En verdad, todavía no logro entender qué significa despedir a alguien por temas de feeling, sobre todo cuando se trata de un cargo de Alta Dirección Pública.

Respecto de una eventual operación política, considero que se trata de una acusación ridícula. En ese sentido, me quedo con las declaraciones del Ministro del Interior , quien descartó abiertamente esa posibilidad.

En relación con los asesores del Director, conozco al señor Maximiliano Raide. Creo que alguna vez tuve una reunión con él, sin saber cuál era la función que desempeñaba. No tengo claro qué asesoría prestaba, cuáles eran los productos que derivaban de dicha prestación ni tampoco conocía el tipo de relación contractual que tenía. Mi impresión es que la influencia del señor Raide sobre el Director era total y completa. Tengo la idea de que en algún momento se fue perdiendo en el INE la manera de conducir las decisiones por los canales formales. De algún modo, se instaló una suerte de comité directivo paralelo, integrado por los señores Labbé, a la cabeza; Maximiliano Raide, Sebastián Mathews y Eduardo Carrasco, excluyendo a personas que, formalmente y dentro del organigrama y de la jerarquía de la institución, son brazo derecho de la Dirección, como la señora Mariana Alcérreca y el señor Raúl Sepúlveda.

El señor Juan Radrigán refiriéndose a la carta enviada por los funcionarios al Director del INE señor Labbé, dijo que ella expresa un conjunto de condiciones de anormalidad de una institución seria, para nada mediocre, pero que se fue volviendo de esa forma en el último período del señor Labbé, cuando se disloca esta institución seria, que calcula un IPC y unas cifras de empleo que no son mediocres y que tiene un conjunto de funcionarios que tampoco lo son. Sin embargo, cuando la Dirección se pone mediocre, nosotros irrumpimos e hicimos público lo que al principio supusimos que eran problemas en la base de datos del censo y que después de la investigación quedó claramente establecido. Si no presentábamos esa carta, la opinión pública habría sido burlada en el corto plazo.

Por su parte, don Gerzo Gallardo manifestó que con respecto a la carta y su envío, nuestro ánimo era aclarar y encontrar respuesta a algunos temas que se estaban tratando entre cuatro paredes, como el Censo, el IPC o aspectos administrativos que no teníamos claro. Por lo tanto, queríamos dilucidarlo para que eso no continuara, porque se estaba minando la credibilidad de una institución.

En relación con la pregunta del Diputado señor SAFFIRIO sobre una triangulación de sueldos, expresó que nunca tuvimos acceso a los productos que nacieron de Maximiliano Raide. Como indiqué en la sesión pasada, él tenía un lugar de trabajo y contaba con un estacionamiento, como también había uno para cada directivo. Además, aun cuando era asiduo a pulular dentro del edificio, entiendo que solo asesoraba a los funcionarios del tercer piso. No tuve reuniones con él. Hay que preguntárselo a los miembros de la directiva que estaban en ese entonces, como Marcela Cabezas, Mariana Alcérreca y Raúl Sepúlveda. Ellos tienen mucho conocimiento sobre Juan Pablo Raide, a quien nunca conocí, como tampoco al señor Mario Hartmann y a la señora Constance Pooley, no así a los señores Maximiliano Raide y Sebastián Mathews. Este último era el jefe de Comunicaciones de la institución y con él me relacioné en alguna oportunidad.

-o-

El día miércoles 28 de agosto del año en curso, en sesión ordinaria de vuestra Comisión Investigadora, se recibió al Coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística del INE , señor Raúl Sepúlveda y a la ex Asesora de la Dirección Nacional del INE, señora Mariana Alcérreca.

En primer lugar le correspondió exponer a la señora Mariana Alcérreca, quien dijo: Soy ingeniero comercial egresada de la Universidad Católica, tengo un MBA. 19 años de mi carrera profesional los he dedicado a la consultoría, en temas de dirección y gestión de organizaciones, tanto en el mundo público como en el mundo privado.

Particularmente, respecto de los temas que interesan a esta Comisión, me quiero referir a cuatro puntos principales. El primero de ellos se refiere a lo que se ha denominado la manipulación de datos, el segundo está referido al proceso que se llevó a cabo para el cambio de metodología de Censo. En tercer lugar, me referiré a los contratos, dado que ha sido un punto consultado a todos los invitados de la Comisión y, en cuarto lugar, me referiré a la filtración de datos.

Respecto de la manipulación de datos, no quiero repetir lo que ya dije en la entrevista de Ciper y que a estas alturas está por todos ratificado. De hecho, en la entrevista que hoy dio el actual Director, señor Juan Eduardo Coeymans, dice que la población no son los 16,6 millones de chilenos que se publicaron en ese momento, sino que efectivamente hay una suma de imputaciones varias, respecto de lo cual no vamos a entrar en su detalle, pero que fue lo que yo denuncié en su momento como manipulación de datos.

Me parece que el aporte importante que pueda hacer tiene que ver con relatarles, cómo se tomaron las decisiones para llegar a esta situación, más allá de lo que haya sucedido con los números propiamente tal.

Quiero recalcar que mi rol era un rol de gestión; no es un rol técnico. No soy estadística, no soy economista, sino soy ingeniero comercial de la línea administración y gestión de organizaciones, por lo tanto, mi rol en el Censo fue el de ser secretaria ejecutiva de la Comisión Directiva del Censo.

La percepción que existía, tanto de parte del ex Director Labbé como del Jefe de Proyecto , señor Eduardo Carrasco, es que los equipos técnicos, que eran quienes participaban también de ese comité, estaban boicoteando el Censo más que haciendo un aporte. Por ello, se deja de sostener esas reuniones de comité y me quedo yo como única interlocutora del INE tradicional, INE normal, con el proyecto Censo y la Dirección.

En agosto del 2012, cuando ya había que entregar cifras preliminares, comienzo una batalla por la verdad. La primera reunión que sostuvimos fue en el privado de la dirección, en el que estábamos el Director, Eduardo Carrasco, Sebastián Mathews y yo.

En esa reunión se discutieron dos temas. El primero se refería a si se agregaba o no la imputación de moradores ausentes. Frente a esa pregunta, todos compartían que había que hacerlo, menos yo, que exigía que se explicitara de acuerdo a lo que se recomendaba internacionalmente y, la verdad, a lo que el equipo técnico me había hecho saber.

En segundo lugar, está la pregunta de agregar la población en las viviendas no levantadas -aquello del ajuste de viviendas- o simplemente aquellas viviendas truchas, que nadie sabe donde están, que no sabemos si existen y que ,por lo tanto, es imposible dimensionar su población, a no ser que sea imputándola con algún criterio. A esa opción nos negamos permanentemente Eduardo Carrasco y yo. Como no llegábamos a acuerdo, el Director decidió llamar a Raúl Sepúlveda para pedirle su opinión. Cuando Raúl llegó, cada uno expuso sus puntos de vista y yo insistí en que no se podía estimar esa población, que no me parecía.

Sobre este punto intervino el señor Sepúlveda, quien expresó que en agosto de 2012 estaba abocado más que nada al trabajo regional y se me invitó a esta reunión de improviso. Yo no estaba relacionado con los temas del Censo. Entré y participé de esa reunión en el privado de la Dirección, donde estaba Mariana Alcérreca, Eduardo Carrasco y el ex Director, y me plantearon el punto. Logré entender a grandes rasgos lo que estaban hablando y, efectivamente, fui testigo de la discusión y de la vehemencia con la que el ex Director se paseaba y le dijo a Mariana: “No te dispares en los pies”. Posteriormente -también con mucha vehemencia- Mariana le respondió que no quería ser mentirosa. Tal como lo declaré ante el fiscal, fui testigo de ello.

Continuó con su exposición la señora Mariana Alcérreca, diciendo: No recuerdo si esa reunión fue un jueves o un viernes, pero el lunes de la semana siguiente, Eduardo Carrasco seguía preocupado y, con la insistencia del Director, me llamó a su oficina. Él estaba con Alejandro Sabag, que es el jefe de Informática del Censo y ambos me pidieron ayuda para convencer al Director de no imputar las viviendas que no fueron levantadas. Estábamos discutiendo entre los tres respecto de qué argumentos podíamos utilizar para que él cediera a ese punto, cuando a la oficina de Eduardo llegaron el Director, Sebastián Mathews y Max Raide. Volvimos a discutir acaloradamente el tema y el Director cerró la discusión diciéndome: “Mira, ahora los vamos a sumar y en marzo entregamos las cifras oficiales como corresponde”.

A partir de febrero, empezó nuevamente mi preocupación, porque a fines de marzo había que entregar los resultados oficiales y, a esas alturas, nosotros -como Dirección- no habíamos visto ningún número. Tanto Eduardo como el Director me decían que me quedara tranquila, que todo estaba bajo control y, la verdad, es que no tuvimos más información hasta el 14 de marzo. Ese día el Director estaba en Arica y Eduardo me pidió una reunión, en la cual me explicó que está muy complicado, porque la población total a la que estaba llegando con la base de datos, considerando las personas censadas y las personas imputadas con moradores ausentes, le daba un número de 16.3 millones y, en agosto, cuando se entregaron las cifras preliminares habíamos dicho que eran 16.5 millones. La diferencia era simple, correspondía a las personas estimadas en aquellas viviendas que no fueron censadas. Le pregunté si lo había conversado con el Director y me respondió que no, le dije que mi visión era simple, había que mostrar lo que corresponde, pero que tenía que conversarlo directamente con el Director, que no era yo quien debía tomar esa decisión.

Después, viene la consultoría del demógrafo Eduardo Arriaga. Cuando el consultor estuvo en Santiago tuvimos una reunión-almuerzo para el cierre de su consultoría y básicamente planteó dos temas que me llamaron poderosamente la atención: primero, manifestó que hubo una pérdida de 200.000 hombres, que no tiene explicación demográfica. Eso significa que no es porque se hayan muerto más hombres que mujeres o porque estemos más viejos o que los hombres, se supone, en edades mayores fallecen antes que las mujeres. No hay explicación demográfica, sino que, simplemente, se pudo producir un error en el terreno.

El segundo dato que el consultor considera relevante, es que su estimación de omisión censal es en torno al cuatro por ciento, considerando esta proyección ya corregida con las estadísticas vitales disponibles hasta ese momento, que corresponden, si recuerdo bien, hasta el 2009, y no tomando en cuenta la proyección realizada sobre la base del censo 2002 para el 2012. Nuevamente ahí pongo una voz de alerta, pues el consultor estima un 4 % de omisión, pero no sabe que esa base de datos tenía imputados los moradores ausentes, que suman el 3,3 por ciento de las viviendas, y, además, se había agregado la población de estas viviendas que no fueron levantadas, que son alrededor de un 2 por ciento. Por lo tanto, estábamos llegando a una omisión del 9,3 por ciento, lo que era grave, pero a nadie le importó porque era simple: la omisión con los datos como iban a ser entregados era un 4 %, no un 9,3 %. De hecho, la base de datos que se entregó al equipo de demografía para comenzar las proyecciones de población con Celade, tenía las imputaciones hechas, pero nadie lo había advertido.

En ese sentido, ¿no es raro que después de la entrevista que di a CIPER los demógrafos hayan encontrado 800.000 registros clonados en la base de datos? ¿Acaso los demógrafos no saben de técnicas de imputación de datos? ¿Por qué no se dieron cuenta de que eran imputados y supusieron que eran clonados? Parece ser que efectivamente ellos nunca supieron que esa base tenía los datos imputados y siempre creyeron que era la base con los censados.

El dato clonado es cuando en la base de datos se duplica un registro y reemplaza completamente a otro. Es lo que han explicado los técnicos aquí.

Censo más imputaciones agregadas con una técnica que utilizaron. Recién ahí lo advirtieron los demógrafos del propio INE.

El segundo punto de su exposición, se refiere al cambio de metodología de levantamiento del censo.

Dado que leí el documento que ayer hicieron público de la declaración del ex Director Labbé a la Comisión, quiero aclarar que en la estructura formal del INE existe un Departamento de Estudios Censales, existía antes de que yo llegara a la Institución, que era dirigido por la señora Cecilia Miranda. No sé si hoy existe. Por la información que obtuve durante el 2011 en el INE, en las primeras etapas de planificación del Censo 2012, vale decir, entre el 2008 y el 2009, se estudió la posibilidad de cambiar el Censo 2012, de uno de Hecho a uno de Derecho, alternativa que en ese momento fue desechada. No tengo esos documentos, me los comentaron, pero entiendo que el Departamento de Estudios Censales, el Departamento de Estudios Sociales o el propio Departamento de Demografía, podrían resolver cualquier duda al respecto.

Respecto del proceso de decisión, me remito a julio-agosto de 2011.

La principal preocupación que en esos días existía en el Instituto era la capacidad de conseguir más de 500 mil voluntarios, que eran los que se requería para hacer el censo de Hecho. Esto parece ser uno de los temas más preocupantes que aparecen en el informe de visita del señor Jacob Ryten, que fue consultor del INE, de junio de 2011. Es en esos días el director nos plantea a Eduardo Carrasco y a mí la posibilidad de hacer el cambio.

Nos llaman a reunión con el entonces Ministro Longueira, que llevaba poco tiempo de asumido dicho cargo, el sábado 20 de agosto y fue la primera vez que planteamos la posibilidad. Quiero mostrarles parte de la presentación que junto al Director Francisco Labbé y Eduardo Carrasco hicimos al ministro Longueira, respecto de los avances del censo de población y vivienda de 2012. El total de recurso humano requerido para el censo a nivel nacional de 2002 fue de 427.927 personas. Para el 2012 se estimó en 534.836 personas.

Si hacíamos el análisis de las fuentes de voluntariado del Censo 2002, teníamos que el 75 por ciento de los voluntarios correspondía a alumnos de educación media, principalmente de colegios públicos, municipalizados; funcionarios públicos, con un 11 por ciento y un 9 por ciento de funcionarios municipales.

Sin embargo, para 2012 se esperaba mejorar la calidad de los datos con censistas de mayor nivel educacional, incorporando a alumnos de educación superior, ya que la dotación de funcionarios públicos y municipales no había crecido significativamente. De hecho, los alumnos de educación superior representaban un cero por ciento en 2002, pero podría ser una estrategia.

Acá está la pregunta: Frente a esa coyuntura actual -agosto de 2011-, ¿mantener el censo de hecho, corriendo el riesgo de baja captación de voluntarios? ¿Cambiar la metodología a un censo de derecho asumiendo un costo adicional? Eso es lo que se le presenta al Ministro Longueira. Entendamos que la coyuntura actual, a agosto de 2011, fines de 2011, fue el período más complejo de las manifestaciones estudiantiles.

Ante las preguntas del Diputado señor Latorre, la señora Alcérreca respondió que en esa reunión había asesores, estaba Vicente Correa, quien hacía de jefe de gabinete del Ministro , Carmen Luz Valdivieso, otros asesores cercanos al Ministro Longueira y nosotros 3 del INE. Las minutas técnicas las pidió el Ministro Longueira, sobre qué significaba el cambio de metodología y qué impactos podía tener y cuánta era la dimensión de costos que estimábamos porque había que pedir presupuesto a Dipres para ello.

Respondiendo al Diputado señor Auth, la señora Alcérreca manifestó que antes de la presentación al Ministro Longueira, el 20 de agosto, no se había conversado con absolutamente nadie. Era un tema que solo manejamos nosotros 3 y esta presentación la elaboramos exactamente el día antes. Con nadie lo habíamos conversado.

Continuando su relato la señora Alcérreca dice que el lunes 22 de agosto llegamos a trabajar en las minutas técnicas. Pedí que se invitara al equipo técnico, particularmente al Departamento de Estudios Sociales, liderado por Andrés Bustamante, para que preparara las minutas técnicas. Ellos son los que saben de esto, no yo, pero el Director me niega esa posibilidad.

El Director Labbé decidió que nadie podía saber porque existía el temor de que esto se filtrara y pudiera ser entendido el cambio de metodología como un cambio político y no técnico. No quiso contar al equipo técnico del INE por razones muy simples. Marcela Cabezas estaba a cargo de la subdirección técnica, Paula Jara era la jefa de operaciones del Censo, personas que, de alguna manera, sabíamos que tenían algún tipo de participación directa en algún partido político -no lo sé- o al menos simpatías y, por lo tanto, se decidió explícitamente que esas personas no supieran porque era un riesgo que, a esas alturas, cuando estábamos tratando de hacer el cambio se filtrara y pudiera ser entendido esto como una decisión política. Por eso, las minutas que se hicieron tenían el carácter eminentemente técnico.

La pregunta es simple. ¿Quién las hace entonces? Eduardo las tenía que hacer. Eduardo Carrasco era el jefe de proyectos Censo y créame que lo mantuvimos así por un buen rato, pero a esas alturas yo ya ingenua no era y me dediqué a prepararlas en paralelo porque no hubiera sido la primera vez en que teníamos que presentar algún documento, cualquiera este fuera, y no lo teníamos.

Quiero ser muy honesta y transparente. Este mismo relato lo hice a la Comisión Externa Revisora del Censo. Por lo tanto, ellos 5 tienen toda la documentación que pueda acreditar lo que estoy contando y les entregué todas las minutas que elaboramos en ese momento.

El fiscal de la época, don Alejandro Layseca, elabora una minuta legal que me entrega el 24 de agosto. Con esos documentos nos reunimos la última semana de marzo en el Ministerio de Economía con Fernando Zavala, que en esa época era asesor del segundo piso de La Moneda, encargado de los temas de economía, y Lucas Palacios, de Dipres, con quienes, finalmente, se aprueba la decisión de hacer el cambio, tanto por la cantidad de dinero que significaba, cuanto metodológicamente.

El 31 de agosto, Eduardo Carrasco me hace llegar un mail con los temas urgentes y planes que se deben desarrollar para modificar y/o readecuar el Censo. O sea, hasta el 31 de agosto nadie en el INE o, para ser más explícita, ninguno de los departamentos técnicos del INE, sabía del cambio.

El 31 de agosto don Eduardo me informa la planificación que hay que hacer para el cambio, lo que se trata en la reunión del 1 de septiembre como temas urgentes: Planes de contingencias. ¿Qué planes hay que hacer? Los cambios al cuestionario censal, definiciones conceptuales y técnicas, equipo que lidera Paula Jara, jefa de operaciones del Censo, que participan tales o cuales personas y que tienen que entregar su informe el próximo jueves 8 de septiembre.

Durante esos mismos días se invitó a los expertos señalados por el señor Labbé en su declaración a esta Comisión: Juan Chackiel, Dirk Jasper y Magda Ruiz y se consultó telefónicamente con Jacob Ryten. Sin embargo, tanto de esa reunión como de la conversación hay que hacer algunas precisiones.

Con todos ellos se conversó las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de Censo y fueron enfáticos en decir aquellos aspectos críticos de tener en consideración, tanto en la capacitación como en la operación logística propiamente tal.

La información que en ese momento teníamos era del único que tenía experiencia en censos anteriores, don Eduardo Carrasco, quien decía que no había problemas, porque todos aquellos aspectos que los expertos señalaron como los temas críticos que hay que cuidar en un censo de derecho estaban bajo control. Por lo tanto, ninguno de los que no éramos especialistas fuimos capaces de ver si efectivamente había puntos que pudieran ser más críticos.

Si uno mira las recomendaciones que hacen estos consultores internacionales, el informe que envía Jacob Ryten, haciendo la propuesta del cambio metodológico, parte de una base bastante clara. El título del documento es ¿Qué pasa si la propensión al voluntariado es nula? En base a ese supuesto, él hace toda su descripción.

Muchas veces, me hice la pregunta y también la hice dentro del INE ¿cómo sabíamos cuál podía ser la propensión al voluntariado? Teníamos la intuición, teníamos la hipótesis y era bastante probable pensar que la propensión al voluntariado iba a ser baja, pero no teníamos evidencias, estudios o metodologías que permitieran predecirlo.

Ya tomada la decisión, el 1 de septiembre, se informa al equipo directivo del censo, donde sí participa la subdirección Técnica y la subdirección de Operaciones que la decisión está tomada por parte de la Presidencia de la República y que, por tanto, había que ponerse a trabajar. Se arman los equipos para evaluar los planes que hay que cambiar y, el resto, ya es historia, porque todos sabemos lo que pasó.

No recuerdo que hayamos recibido un oficio o alguna respuesta formal por parte de la Presidencia de la República. Ahora, sí tengo certeza de que por parte del Ministerio sí lo obtuvimos.

Con respecto a la pregunta sobre la reacción de los equipos, es difícil describir cuál podría haber sido la reacción cuando sobre la mesa esto ya está aprobado, hay que hacerlo.

El 14 de septiembre se realiza la reunión de la Comisión Nacional Censal. Se presenta, se aprueba el cambio y, al final, se anuncia por conferencia de prensa el cambio de metodología del Censo.

El siguiente tema es sobre los contratos.

En el caso de Vox Com, en julio de 2011, se decide que se requiere apoyo comunicacional de personas expertas, más allá del tema publicitario, pues ya estaba siendo licitada la campaña publicitaria para el Censo. Se adopta la decisión de contratar una empresa de comunicaciones estratégicas para que, principalmente, el Censo estuviera en los medios de comunicación y redes sociales. Para tales efectos, nos reunimos con tres personas: Gabriele Lothholz, de Vox Com; Cristina Bitar, de Azerta e Isabel de Gregorio, ex Gerenta de Comunicaciones del Banco Estado. Sostuvimos tres reuniones y presenciamos tres exposiciones y el Comité de Comunicaciones decidió que la mejor propuesta era de Vox Com y contratan directamente a Gabriele Lothholz. Posteriormente, crece el tamaño de los servicios contratados y se contrata a Carmen Paz Maldonado, periodista senior de Vox Com.

Ante varias preguntas del Diputado señor Latorre, la señora Alcérreca, respondió lo siguiente:

La propuesta de Vox Com era la propuesta de la empresa como tal, no de las personas que trabajan en ella.

El Comité de comunicaciones decide que en vez de contratar a una empresa se contraten personas naturales. La decisión se adoptó en base a dos propuestas de empresas y una persona natural. Había diferencias de precios significativas y el Comité de Comunicaciones decidió que Vox Com era la alternativa que más le gustaba y decidió contratar directamente a Gabriele Lothholz, que es la dueña de la empresa. No se hizo licitación pública. No me atrevería a ser categórica, pero tiendo a pensar que el equipo completo directivo del INE sabe de la existencia de esta empresa, de Gabriele Lothholz y de Carmen Paz Maldonado.

En relación a Maximiliano Raide, Juan Pablo Raide, Antonio Hartmann y Constance Pooley, no recuerdo la fecha, pero Sebastián Mathews le comentó al Director que sería muy interesante contar con las redes de contactos de Maximiliano Raide para generar hitos comunicacionales en relación al Censo. Entre ellos llegan a un acuerdo de dinero que nunca fue explícito y, supongo, que establecieron algunas funciones. A Raúl y a mí solo nos dieron la instrucción de pagarle a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley, durante 2012. En 2013, se reemplaza el contrato de Constance Pooley por el de Juan Pablo Raide, porque nos dicen que Maximiliano Raide no quiere ser contratado directamente.

En este contexto, manifestamos, en reiteradas ocasiones, nuestro desacuerdo con esas contrataciones, porque, además, los sueldos no eran menores y eso nos generaba mucho ruido. Sin embargo, para el Director el rol de Maximiliano Raide era vital, porque hacía los contactos al más alto nivel en los diferentes ministerios y en la Presidencia de la República .

Recuerdo, al menos, tres temas de discusión relevantes. El primero, fue una pelea que surgió porque dije que las personas que se contrataban debían participar de alguna reunión, porque pagarles para que no vinieran me parecía, por decir lo menos, escandaloso. Logramos que asistieran a los Comités de Comunicaciones; al menos una vez a la semana concurrían al INE; no los conocía nadie, eso es verdad. En 2012, di la pelea y dije que los contratos de Antonio Hartmann y Juan Pablo Raide no merecían ser reajustados, porque no estaban cumpliendo funciones explícitas y perfectas y la pregunta del Director fue simple: “¿Max está ganando más de 3 millones?”, sí, le contesté y me señaló: “entonces no importa hacer los reajustes”

Por otra parte, hechos importantes de la presencia de Maximiliano Raide en las decisiones o, al menos, en el INE, puedo contar dos. En agosto de 2012, después del último pago a censistas, desvinculamos al subdirector administrativo, Pablo Núñez. Fue una decisión que se pensó bastante, pero no daba para más. Esa persona se había hecho muy amiga de Max. Cuando él se enteró de que había sido desvinculado, llegó al tercer piso de la Dirección y gritó “a quien se le ocurrió despedir a Pablo. Tengo acá algunos mails que validan que Max ocupaba un cargo. Me parece que a estas alturas, después de la declaración del señor Labbé, ya estaba claro que Max trabajaba en el INE. La gran diferencia es si lo hacía gratis o con estos contratos triangulados.

A continuación le correspondió exponer al señor Raúl Sepúlveda Faúndez, quien dijo:

Soy abogado y llevo siete años en el INE, donde he ejercido funciones como abogado de la División Jurídica y como jefe subrogante por más de un año y medio. Fui jefe de Gabinete y actualmente me desempeño como jefe de Coordinación de Regiones y como asesor de la Dirección en el proyecto de autonomía.

Como bien dijo la señora Mariana Alcérreca, ella llegó como consultora, asesora de medio tiempo, y cuando se hizo gerente de la organización, a mediados de 2011, todos los temas institucionales los empecé a trabajar con ella, es decir, todas las decisiones gerenciales de la institución, ya sea el plan de modernización institucional, la estructura de remuneraciones, a la que se refirió hace unos minutos, todos los lineamientos estratégicos del INE, los empecé a trabajar directamente con Mariana Alcérreca.

En todas las reuniones externas que sostuvimos por el plan de modernización o por cualquiera de las siete aristas, dentro de las cuales estaba la legal, debía ir Mariana Alcérreca, porque ella controlaba los temas y tenía los insumos para hacer la labor en las reuniones a las que fuéramos.

Solo los temas técnicos quedaban marginados de esta gestión, porque estaban radicados, dependiendo de las áreas, en Julia Ortúzar, como subdirectora de operaciones, Marcela Cabezas, como subdirectora técnica y Juan Radrigán en el área de infraestructura estadística.

En relación con el cambio de metodología, me gustaría precisar que efectivamente la situación se gestó como lo dijo Mariana. Ambos sostuvimos una conversación con el ex Director Labbé, diciéndole que no era posible dejar fuera al equipo técnico. Con esa conversación logramos que informalmente le comunicara a Julia Ortúzar, en forma posterior a la conversación con el ministerio, pero que se enterara anticipadamente, porque me parecía incomprensible que sobre todo la jefa de operaciones del Censo, la encargada del levantamiento, se enterara en forma posterior que iba a tener que contratar a 16.000 personas.

El INE tiene como estructura histórica un comité directivo, que, efectivamente, en este último período dejó de funcionar. El comité directivo estaba compuesto por las tres subdirecciones formales: la subdirección administrativa, la subdirección de operaciones y la subdirección técnica.

El subdirector de operaciones es el subrogante legal del Director Nacional.

Si bien la infraestructura estadística es un departamento dentro de la organización, se le da la calidad de subdirector por la relevancia que tiene.

En ese sentido, participan esas cuatro personas, más el fiscal, y dependiendo de los temas, algún tipo de departamento determinado. Comunicaciones, históricamente participaba.

En este comité, donde están los técnicos del INE, se toma la decisión, se comparte, se realiza algún tipo de presentación y se lleve a las instancias que correspondan. Eso no existió en este caso, actuó de forma posterior a manera de información.

La gran preocupación era lograr el voluntariado necesario, pero no hubo una conversación previa. Esa es la instancia técnica, sentarnos a la mesa todos los equipos, directivos, técnicos y no técnicos, a escuchar la opinión formal de los técnicos que trabajan en el levantamiento de datos. En ese caso, ello se produjo de forma posterior.

Con la llegada de Max Raide, a mediados de 2011, no recuerdo la fecha exacta, se empiezan a gestar una serie de decisiones en forma paralela a la organización del INE. En esas decisiones Mariana y yo logramos intervenir en algunas, y para ello nos compartíamos los horarios, el que llegaba primero se iba a sentar a la oficina del Director para evitar que las decisiones se tomaran en forma paralela a Mariana o a mí.

Lo que nos empezó a preocupar fue que se hacían reuniones, y lo normal es que el Jefe de Gabinete , que era yo, maneje la agenda, pero yo no tenía acceso a las reuniones que le iban fijando al Director Sebastián Matthews o Max Raide.

Supimos de muchas reuniones que se sostuvieron con gremios internos, con universidades, en las que se hablaba de productos de líneas del INE, pero no participaba ningún productor de la línea del INE. Se sostuvieron reuniones sobre la encuesta de presupuestos familiares y no iba la gente experta en esa encuesta, por lo tanto, los compromisos posteriores que podían generarse con esas instancias quedaban sin ningún beneficio institucional.

En esa época se toma la decisión de que se contrate a Antonio Hartmann, primero, después se agregó a Constance Pooley, para pagar los honorarios del señor Max Raide.

Junto a Mariana sostuvimos varias conversaciones con el Director para decirle que no lo hiciera, que lo contratara, que si quería tener un asesor estaba en todo su derecho para contratarlo, pero Max Raide no quería ser contratado. La última conversación la sostuve con el Director Labbé en marzo de este año y le dije que, por favor, lo contratara. El Director Labbé me dijo, enérgicamente, que si alguien preguntaba había que decir que Max era asesor de él.

En ese contexto sería bueno especificar un hecho concreto, una discusión que tuvimos con Mariana para el lanzamiento de los datos preliminares del Censo. La conferencia de prensa se hizo en el INE y al día siguiente Max Raide aparece en la foto en un medio de comunicación.

Ese mismo día le reclamamos al Director, quizás, ingenuamente, no tanto por cómo se veía hacia afuera, sino por el ruido interno que producía, porque toda la gente del INE nos empezó a preguntar quién era ese funcionario, entre ellos, la asociación de funcionarios.

Explicamos que era un asesor del Director que le prestaba servicios a él, puntualmente.

La decisión de la desvinculación de Pablo Núñez, que fue conversada con Mariana y con el Director, demoró en tomarse porque había una disputa interna. Mariana recomendaba, y yo la apoyaba, que Pablo Núñez debía desvincularse por los problemas que había tenido en la administración del Censo, pero nos encontrábamos con otra área de la Institución, el comité directivo paralelo, que le decía al Director que no lo desvinculara.

En esa demora hizo crisis lo relacionado con los pagos del Censo.

El protagonismo de Max Raide se hizo cada vez más notorio, lo que le fue restando todo tipo de decisión a este comité directivo. De hecho, los comités directivos, naturales del INE, tendieron a desaparecer absolutamente. Es decir, el comité directivo, como instancia formal, dejó de existir y las decisiones que empezaron a tomarse, cuando influían internamente a la organización, necesariamente debían pasar por Mariana Alcérreca porque era quien controlaba la organización por dentro y, si implicaba recursos, también.

Cuando en las decisiones, efectivamente el señor Eduardo Carrasco, el jefe del proyecto Censo, lograba la respuesta positiva del Director en forma rápida, se saltaba a Mariana Alcérreca. Pero cuando la respuesta necesitaba un tipo de negociación mayor, recurría a Mariana, sobre todo si era referido a recursos porque ella era quien manejaba el presupuesto de la Institución.

Creo que uno de los grandes beneficios que tuvo el INE es que con los mismos recursos se pudieron hacer muchos más productos en este período, porque se hizo una eficiencia importante en recursos.

También me gustaría hacer notar que respecto de este tipo de contrataciones, tal como declaré al fiscal del Ministerio Público, yo me empecé a negar a firmar los informes de cumplimiento de estas personas.

Si mal no recuerdo, desde que se empezó a contratar a estas personas, los informes de cumplimiento pasaron a ser firmados directamente por el Director Nacional. Si él los quería contratar, que él asumiera la responsabilidad de recibir los trabajos que estaban realizando.

Respecto de la contratación de Vox Comunicaciones, no estuve en esa reunión, la cual se realizó en un comité en que no participé.

Las reuniones del comité de comunicaciones se realizaban los miércoles de 10 a 12 y participaban Sebastián Mathews, Max Raide, Gabriele Lothholz y Carmen Paz Maldonado. Yo participé al principio, pero después, con el tiempo, dejé de participar porque efectivamente la opinión que yo daba, que la consensuábamos con Mariana Alcérreca, era siempre disidente.

La mayor crisis se desató a fines del 2012, cuando Mariana Alcérreca me dice que se enteró que toda la planificación comunicacional para el INE, del período 2013, la está haciendo el comité de comunicaciones con la gente de Vox Comunicaciones.

La relación con los equipos técnicos estaba absolutamente quebrada, la situación hizo crisis cuando, este año, se realiza una solicitud a través del sistema de transparencia, en la cual se piden copias de los contratos más altos de la organización.

En esta solicitud de transparencia se piden los contratos de Mariana Alcérreca, Eduardo Carrasco, Jaime Espina, Sebastián Mathews, Max Raide y otros funcionarios. Esto provocó una situación tensa, en extremo, dentro del equipo directivo de línea de la organización, con este equipo paralelo.

Cuando nos reunimos con el ex Director Labbé, le dijimos que la respuesta a esta solicitud de transparencia es fácil, en el sentido de que se toman los cuatro contratos, donde se debe informar que Max Raide no está contratado, y se entregan las copias de las resoluciones que aprueban las contrataciones. Punto. Así fue cómo el problema se solucionó.

El complot político, internamente -que menciona el ex Director señor Labbé, lo digo con mucha responsabilidad, nunca existió.

Para cerrar este punto y respecto de la filiación política de los 11 firmantes, la verdad, es que la desconocemos. En el INE las preferencias políticas son un tema donde el personal es muy respetuoso. Sin embargo, me atrevo a decir que entre los firmantes de la carta hay de todos los colores políticos.

Para seguir contextualizando, me gustaría precisar algunas cosas con respecto a la filtración de los datos del Censo.

El día del lanzamiento de los resultados del Censo, debo reconocer que el estado anímico de Marcela Martínez -jefa de Prensa y Comunicaciones- y de Mariana Alcérreca era bastante agrio. El día anterior, Marcela nos había comunicado que había recibido información de que los datos del Censo se habían filtrado a los medios de comunicación escrita.

La gran preocupación de Mariana y de Marcela era que, si los datos del Censo contenían errores, ello no afectara ni al Ministro Longueira ni al Presidente de la República.

Hablé formalmente con el Director Labbé y le solicité que dispusiera la instrucción de un sumario administrativo -ya no recuerdo-, le pedí a la secretaria que redactara el documento, se llevó para la firma, pero no quiso firmar. La investigación sumaria no se solicitó hasta la publicación de la carta. Fue una decisión bastante incómoda. También gatilló el correo enviado por el jefe del Departamento de Infraestructura Juan Radrigán, donde solicitaba hacer una investigación. A esa altura nosotros estábamos radicados en nuestras oficinas y no teníamos ningún acceso a la oficina del entonces Director.

Quiero precisar que esta administración paralela se vio claramente reflejada cuando conversé con Mariana y propuse al señor Labbé dejar de ser su jefe de gabinete y que nombrara a Sebastián Mathews o a Max Raide y así, yo me limitaría a hacer las labores que estaba realizando con Mariana en el Plan de Modernización y en coordinación de regiones. Mi petición fue acogida, pero nunca la pusimos en práctica.

Terminadas las exposiciones que anteceden, en el seno de la Comisión se suscito un debate, cuya síntesis se consigna a continuación:

La señora Alcérreca (doña Mariana), ante la pregunta del Diputado señor Latorre, respondió que respecto de las desvinculaciones de Marcela Cabezas y de Marcela Martínez, alrededor del 18 de abril, el Director me llamó a su oficina y me dijo: “Te voy a contar a una decisión que tomé, que sé que no te va a gustar. Hoy voy a desvincular a Marcela Cabezas y Marcela Martínez”

En el caso de Marcela Cabezas , me comentó que, definitivamente, tenía muchos problemas con ella, los que posteriormente -al hacer sus declaraciones ante la prensa- él denomina “problemas de feeling”, pero que básicamente tenían que ver con -diría yo- dos grandes temas. Uno era la percepción que siempre tuvo el Director de que los equipos técnicos estaban boicoteando el Censo, porque le hacían ver aquellos problemas que se estaban produciendo y, por otro lado, porque el Director, desde que terminó el levantamiento del Censo, el Comité de Comunicaciones empezó un trabajo de extensión, que buscaba que profesionales del INE trabajaran principalmente con académicos de universidades en investigación con los datos del Instituto. Marcela Cabezas se negó a esa posibilidad, no quería que los equipos técnicos participaran de esta investigación o extensión que propuso el Director Labbé.

El Director Labbé percibió en Marcela Cabezas una sensación de oposición permanente a él. A mí parecer, hubo oposición a varias decisiones, pero le hice ver al Director en ese momento que era una medida que no compartía, que Marcela Cabezas tiene su carácter, pero que es una persona técnicamente intachable.

Creo que la desvinculación de Marcela Cabezas tiene que ver directamente con la solicitud de transparencia, pues pidió los contratos de la gente con más altos sueldos a honorarios. Este fue un tema que quedó en la mesa y circuló por los pasillos desde que se desvinculó a Pablo Núñez, era: “tú me echaste uno, yo te echo uno”, y finalmente salió.

El señor Sepúlveda, respondió una pregunta del Diputado señor Juan Carlos Latorre sobre el despido del jefe del Subdepartamento Administrativo , Pablo Núñez, diciendo que una de las cosas que no se previó en la planificación del Censo, fue el hecho de contratar a 16.000 personas, lo que implicaba un esfuerzo administrativo gigante.

Así, la contratación de alrededor de 6.000 personas sólo en la Región Metropolitana en tres meses, variando muchos contratos mes a mes, significó errores que hubo que subsanar muy a última hora. Fuera de otros problemas en la línea permanente, como el que Mariana Alcérreca, como gerenta, pedía información, no estaba a tiempo y se requería de un cambio drástico y rápido en un momento en que también había que asumir las responsabilidades que podía generar el Censo y había que intervenir la Subdirección Administrativa posteriormente para ordenar todo lo que había pasado en el proceso. Eso gatilló la decisión de desvincular al subdirector administrativo, que había sido elegido a través de la Alta Dirección Pública hace menos de un año.

La señora Alcérreca, sobre la desvinculación de Marcela Martínez, dijo: Para mi gusto, es tan extraña como la de Marcela Cabezas, una profesional que para el INE, en cuanto a los productos tradicionales, como el IPC y la Encuesta Empleo, había funcionado bastante bien. Pero, Marcela Martínez, en el momento en que se produce la filtración de datos del Censo, planteó la gravedad que significaba y mandó un correo electrónico a todos los que estábamos involucrados en el proceso, tanto dentro del INE como fuera del Instituto, como el Ministerio de Economía y Presidencia de la República, diciendo que una filtración al mundo del periodismo es bastante poco profesional. Al Director le pareció que había roto las relaciones con el Ministerio de Economía, porque la gente del equipo de comunicaciones de dicha cartera le habría reclamado por el correo electrónico que mandó Marcela Martínez. Esa es la razón por la cual la desvincularon. Es así de sencillo.

La señora Alcérreca, sobre la filtración de datos, dijo querer explicitar cosas bien puntuales: primero, el día anterior a la presentación de los datos en el Cerro Santa Lucía, me encontraba con Marcela Martínez en su oficina, que está al lado de la de Sebastián Mathews, quién en ese momento hablaba por teléfono; Max Raide se encontraba parado, escribiendo en su celular, y Eduardo Carrasco se encontraba en su oficina. Sebastián Mathews en voz alta pregunta: “¿Cuál fue el dato de cobertura de vivienda que dimos en agosto?”. Nadie responde, me acerco y le digo: “98,4 por ciento”. Esa cifra no iba a ser publicada, porque se publicarían los datos finales, no los de agosto. Ese mismo día, como dijo Raúl Sepúlveda, Marcela Martínez nos cuenta que recibió un llamado telefónico de una periodista de El Mercurio, que le pide confirmar una cifra, que era precisamente el 98,4 por ciento de cobertura de viviendas. Esto nos llamó profundamente la atención. Al poco rato, el Director llegó de una reunión, le informamos lo ocurrido, luego lo llamó el Subsecretario Flores para comentarle lo mismo y preguntarle cómo se habían filtrado los datos. El Director responde que no sabe, no le da mayor importancia, le baja el perfil, y le dice que no es la primera vez que nos filtramos.

A la mañana siguiente, digamos el 2 de abril, cuando se presentan los resultados, antes de irnos al Cerro Santa Lucía, recibí 4 mails que me parecen del todo importantes.

El primero es un mail que manda Ninoska Damianovic, del subdepartamento de Estadísticas Demográficas, a Julio Ortúzar, en el que le hace la observación que los datos que publica “El Mercurio”, respecto de la fecundidad, no son los que maneja el Departamento de Demografía del INE.

De hecho, quisiera leer el punto 6, donde dice: “Con relación al nivel de mortalidad, nuevamente debemos señalar que este indicador se obtiene principalmente de las estadísticas vitales. Por lo demás, las cifras publicadas por “El Mercurio” corresponden a una estimación de la esperanza de vida por nacer de hombres y mujeres para el 2012, a partir de la serie histórica de estadísticas vitales de 2002 a 2010. Proporcionada por Demografía al señor Carrasco, ayer lunes por la tarde.”.

Quisiera leer el punto 7 del correo electrónico aludido: “Ya no prosigo con lo planteado por otros diarios, cuyos comentarios son un concierto de malos entendidos y datos confusos. Me preocupa lo que dicen los diarios como dicho por el INE. Solo no se sostendrá ni un minuto al momento en que los expertos investigadores comiencen a realizar su análisis. ¡Pobre INE!”.

Recibí un mail de Gustavo Villalón, también del Departamento de Estadísticas Demográficas, en el que él le dice a Sebastián Mathews que lo están llamando periodistas de la Radio UC y otro de “La Tercera”, en relación a los valores de la tasa de fecundidad. Considerando que ellos no calcularon esas tasas, que no conocen los valores, que no conocen la forma de cálculo, simplemente no lo va a responder y se lo va a derivar a Eduardo Carrasco.

Les hago mención de otro mail de Andrés Bustamante, en el que me hace ver, en primer lugar, la gravedad de lo que pasó y, en segundo lugar, me señala que los datos que trae el diario “El Mercurio” respecto de la encuesta post censal tiene errores. Dice que el tamaño muestral es de 36 mil viviendas, en circunstancias que es de 23 mil. Se dice que las viviendas fueron censadas nuevamente, cuando en realidad se les aplicó un cuestionario corto, etcétera.

También, recibimos un mail, directamente desde la Presidencia de la República , de María Irene Chadwick, quien estaba en la organización del lanzamiento de los datos, pregunta quién filtró los datos. El 2 de abril, María Irene Chadwick dice: ¿Quién pasó los datos del censo a los diarios? En ese mismo momento tomé el mail y se lo reenvié a Raúl Sepúlveda y a Raúl Chinchón, fiscal. Me parece que, siendo este mail de la Presidencia , tenemos que iniciar un sumario interno. Raúl Chinchón me responde: Quedo atento a la instrucción formal para iniciar los procedimientos. Raúl Sepúlveda, en ese momento, me dice que solamente por un mail de la Presidencia de la República o por la filtración en los diarios ya hecha, debiera ser suficiente para iniciar el sumario, sin embargo, se espera una instrucción formal. Esto fue el 2 de abril. El 8 de abril recibí un mail de Juan Radrigán, en el que me pide explícitamente plantear este tema en un comité directivo porque el problema es grave.

Podremos entender que hay estadísticas que son, menos sensibles que otras, que pueden producir menos daño económico, menos daño político, pero, efectivamente, que al INE se le filtren los datos es grave.

El fiscal contesta: Ya habíamos planteado en su momento lo delicado que fue este tema, por lo que quedaré atento a las instrucciones formales, no solo para investigar, sino, además, para hacer frente a terceros, que el INE aparezca que tomó las medidas correctivas pertinentes.

Como dijo Raúl, nosotros, insistentemente, intentamos que esto fuera así, pero no pudimos lograr que el Director firmara el documento para instruir la investigación sumaria o el sumario administrativo hasta el día, más o menos, 20 de abril, días después de que había sido desvinculada Marcela Cabezas y había sido publicada la carta de los 11 jefes técnicos del INE.

Un antecedente adicional respecto de la filtración de datos es que, por solicitud de Marcela Martínez, todos aquellos que tuvimos acceso a los datos del Censo y estábamos contratados por el INE, firmamos un compromiso de confidencialidad.

La misma tarde del 2 de abril, el señor fiscal, Raúl Chinchón, me comenta que Sebastián Mathews le fue a pedir de vuelta su carta de compromiso de confidencialidad, que firmamos todos. Le digo que no se la puede devolver por ningún motivo y que lo debe considerar como parte de la investigación.

Respecto a la entrevista del Director señor Labbé con el señor Coeymans, no recuerdo la fecha, a la que llaman a Marcela Cabezas, porque el señor Coeymans había sido su profesor. Se saludan, conversan en el pasillo, y luego se va el señor Coeymans. El Director Labbé se me acerca y me pregunta. “¿tú conocías a Juan Eduardo Coeymans?” Le contesté que solo lo conocía de nombre, porque fue profesor de la universidad donde estudié. Él me dice: “ah, porque nos vino a pedir pega.” porque parece estar en edad de jubilación en la Católica.

Respecto de la pregunta sobre los motivos de mi decisión de hablar, puedo decir que intenté por todos los medios posibles dar las alertas correspondientes. En la primera parte de mi exposición les conté todas las peleas internas que sostuve con el Director Labbé, pero no me quedé en eso. Yo, efectivamente, tuve, al menos, un par de reuniones y se las puedo detallar.

Una semana antes de que se entregaran las cifras, última o penúltima semana de marzo, tuvimos una reunión de comunicaciones con el Ministerio de Economía, reunión en la que participa el equipo de comunicaciones del ministerio y Vicente Correa, como jefe de Gabinete del Ministro ; estaba el Director -no recuerdo si estaba Sebastián-, estaba yo y en la primera conversación empiezan a hablar de este acto donde el Presidente entregaría los datos a la ciudadanía. “Yo, en verdad, en esa reunión me opongo tenazmente a que sea el Presidente el que entregue los datos” y se lo dije a Vicente Correa con todas sus letras y como una opinión personal, lo dije de esa manera para no poner encima de la mesa la opinión del Director “no es conveniente que el Presidente , ni el Ministro , entreguen los datos del Censo, pues es un acto del INE, más allá de que el Instituto le entregue al Presidente y al Ministro la información, pero es el INE el que le informa los datos al país”. La respuesta de Vicente Correa fue: “no te atrincheres”, y respondí: “no me estoy atrincherando, lo que quiero es que el INE sea el responsable de entregar los datos”. Insisto, no quería al Ministro ni al Presidente involucrados en esto. En esa reunión, Vicente Correa me dijo: “a no ser que haya alguna información que no sabemos”, pero tenía al Director al frente, ¿qué hacía?

Volvimos a la oficina, me encerré con el Director y le dije: “tenemos algo que decir; no podemos quedarnos callados con esta información”, me responde: “no vamos a decir nada”.

Días después, sostuvimos una reunión con el equipo de programación de La Moneda. En ese encuentro, participó un grupo muy grande; el evento estaba montado y lo único que me atreví a decir fue: “nunca antes, en base a nuestros registros, un Presidente había entregado los datos del Censo” El Director del INE le entrega los datos al Ministro y al Presidente , así se hizo en el Censo en 2002, cuando al Presidente Ricardo Lagos se le dieron los resultados. Posteriormente se regresaba al INE que hacía la conferencia de prensa. Lo planteé en esa oportunidad y un señor, del cual desconozco el nombre, dijo: “ese es un buen punto”, pero ahí quedó.

De esa reunión regresé completamente destruida, porque estaba derrotada. Ya no tenía posibilidad de suspender la presencia del Ministro y del Presidente en la entrega de los resultados. Conversé con Raúl Sepúlveda y le informé que, ese mismo día, renunciaba. Raúl trató de tranquilizarme un poco, dentro de lo que fue factible.

Llamé por teléfono a la persona que consideré más cercana o con la que tenía un nivel de confianza mayor, la fiscal del Ministerio de Economía, Macarena Letelier, puesto que con ella estábamos trabajando el proyecto de ley. Lloraba a mares, debo reconocerlo y muy complicada le pedí a Macarena que me ayudara a bajar el evento, porque los datos del Censo no estaban bien, porque había un informe de un consultor que señalaba que faltaban 200 mil hombres y que la omisión era de más del 4 por ciento, y le dije: “por favor, ayúdame a detener esto” y me respondió: “quédate tranquila, voy a hacer algo”.

Luego entramos con Raúl Sepúlveda a la oficina del Director y, en ese mismo momento, lo llamó Vicente Correa. Entiendo que Macarena Letelier se comunicó con Correa, pues era la persona que en ese momento podía cumplir algún rol, porque ella no tenía posibilidad de intervenir. El Director le contó que justo ese día se enteró que había un informe y que no le daba ninguna importancia y Correa le preguntó: “¿estimas que 200 mil es un número razonable de omisión?” y el Director dijo: “sí” y le contestó: “entonces, vamos”. Claro, si fueran 200 mil personas la omisión sería maravilloso: 200 mil sobre 17 millones, es una omisión bajísima; el punto es que eran 200 mil escondidos en varios más. Ahí quedó y no hubo caso.

De hecho, el Director Francisco Labbé se enteró que yo hablé en el Ministerio de Economía, porque me comentó: “Mariana, en el Ministerio dicen que eres una histérica, porque te faltan 200 mil hombres”.

Después de la carta, pensé que no había qué hacer. Era un día antes del Censo y una vez que salió la Carta de los 11, alrededor del 20 de abril, pedí audiencia con el Ministro Pablo Longueira, pero me recibió Vicente Correa. A esa reunión acudí con Julia Ortúzar, subdirectora de operaciones y, además, quien subroga al Director en caso de que no esté. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Economía.

En la reunión partí aclarándole a Vicente Correa que conocía de su amistad con Maximiliano Raide; el Director tenía comunicación directa telefónica con el Ministro y con Vicente Correa, porque Maximiliano Raide se había hecho amigo de Vicente. Por lo tanto, lo hice presente y señalé que sabía que corría un riesgo al sostener la reunión, pero no podía evitarlo, porque lo que tenía que decir era más importante.

En ese momento le informamos de todo a Vicente Correa: le hablamos de las cifras del Censo, de los problemas de las contrataciones, de los problemas internos y del clima laboral. La respuesta fue: “ay, pero si así en Pancho” y luego dijo: “no se preocupen, lo de la carta es un montaje del comando de Bachelet” Con Julia nos miramos y nos dijimos: “no hay nada más que podamos hacer”. Lo único que agregamos fue: “sabes que más, cumplimos con advertir lo que está pasando, si no se nos quiere escuchar, no hay mucho más que podamos hacer.”.

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El día lunes 2 de septiembre de 2013, la Comisión Investigadora celebró una sesión especial a la que concurrieron invitadas la ex subdirectora técnica del INE, señora Marcela Cabezas, y la ex jefa del Departamento de Comunicaciones del INE, señora Marcela Martínez, de cuyas intervenciones y debate consecuente, se hace el siguiente resumen:

En primer lugar, le correspondió intervenir a la señora Cabezas, quien expresó lo siguiente: soy economista de la Universidad Católica, tengo un Máster en Economía y un Máster en Salud Pública de la Universidad de Boston. Prácticamente, he trabajado toda mi vida laboral en el sector público, porque ahí está mi vocación.

Llegué al INE en 2008 a ocupar el cargo de subdirectora técnica y mi renuncia no voluntaria fue el 3 de junio de 2013.

Considerando que ya han escuchado testimonios exhaustivos de lo que sucedió en el INE, y que ya se han entregado a la opinión pública los anexos de la comisión evaluadora, quiero centrarme en tres puntos respecto de los cuales puedo hacer un mejor aporte.

El primero de ellos tiene que ver con el retraso en la metodología del IPC, el cual causó mucha controversia.

El segundo tiene que ver con el cambio del tipo del Censo de Hecho a Derecho y las advertencias que nosotros pudimos haber hecho como equipo.

El tercero tiene que ver con la manipulación de datos y las advertencias que se hicieron para la presentación de esos datos.

En cuanto al primero: En el INE veníamos trabajando desde 2010 en una serie de optimizaciones de la metodología del sector vestuario, ya que algunos supuestos que se habían adoptado con el cambio metodológico, cuando se hizo el cambio del IPC del Gran Santiago al IPC Nacional, aparentemente, no se estaban cumpliendo, lo que llevaba a tener un IPC un poco sesgado a la baja.

Para que tengan una idea, a diciembre de 2011 habíamos entregado aproximadamente 400 documentos de estudio de todas las divisiones del IPC. O sea, lo que estábamos presentando no era una improvisación, era un trabajo consciente, con un equipo profesional.

El 18 de marzo solicitamos una reunión con el señor Labbé para que visara la propuesta de cambio metodológico en la División de Vestuario. El Director nunca antes había vetado alguna actividad de dicho cronograma y, en general, estos temas eran dirigidos por la subdirectora de operaciones y por mí, y cuando se requería visación del Director, se le pedía, pero era prácticamente un trámite, pues él no se involucraba mucho en estos temas.

Le planteamos la necesidad de anunciar el cambio rápido, puesto que el mercado estaba inquieto y ya se comentaban los problemas que tenía esa División. De hecho, nosotros ya habíamos hecho cambios hace un año atrás. Se le explicó claramente que el INE debía transparentar esa situación antes de que estallara por externos.

El Director Labbé, inexplicablemente, se negó al cambio, manifestando que no veía el problema metodológico, aun cuando se le dio una explicación exhaustiva. Se le dijo que habíamos tenido reuniones con gente que conocía del tema, habíamos tenido reuniones con el Banco Central, posteriormente con Hacienda, con Economía y con expertos que estaban operando en el mercado. Todos ellos se mostraron de acuerdo con el cambio de metodología. Había consenso absoluto entre nosotros, no teníamos absolutamente ningún disenso; esta era una propuesta técnica.

Se le planteó que si él tenía dudas, citáramos de inmediato a un comité técnico externo, antes de anunciarlo, pero con eso podíamos apaciguar los líos que había en el mercado para que él se sintiera seguro y de esa forma disipar todas las dudas que había, pero él se negó rotundamente. De ahí en adelante todo se convirtió en una comedia de equivocaciones y de rumores. El 2 de abril estalló en la prensa el cuestionamiento del INE a raíz del informe del Celade.

Se hicieron entre seis a ocho reuniones en todo el período, en las que él sistemáticamente se negaba a hacer el cambio. Esto siguió y, si ustedes se acuerdan, en la prensa siguieron las controversias. Una edición entera de la revista “Qué Pasa” trató sobre el IPC. El 14 de abril salió una entrevista que le hizo dicha revista; o sea, ya había pasado un mes desde que habíamos hablado con él -habíamos tenido alrededor de 8 reuniones con él planteándole el tema- y le preguntaron: ¿Hay errores en la metodología que emplea el INE, como recalcan algunos economistas? Y él contesta: La metodología está perfecta.

La conclusión que nosotros sacamos como equipo es que si se hubiera seguido la propuesta de los equipos especializados, se habría evitado el cuestionamiento de la credibilidad del INE a nivel nacional e internacional respecto del IPC.

Respondiendo las preguntas de los Diputados señores Harboe, Farías y Edwards, la señora Cabezas dijo que como actora técnica, tenía relaciones regulares y cotidianas con el Banco Central, con el Ministerio de Economía y con el de Hacienda; es normal. Tuvimos conversaciones con el gerente de la División Estudios del Banco Central, señor Luis Óscar Herrera; con el gerente de la División Estudios del Ministerio de Economía, señor Jorge Hermann, pero no recuerdo el nombre del jefe de asesores del Ministerio de Hacienda .

Nunca recibí ninguna petición que no correspondiera, quiero dejarlo claro, ni de Hacienda ni de Economía.

Me quedo con el testimonio de Mariana Alcérreca quien declara abiertamente en la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 que el Director le comentó que no quería hacer el cambio en el IPC, porque él pensaba que yo estaba tratando de aumentarle la inflación a este Gobierno. Él, sistemáticamente, quedó preso de una sola explicación: Decía que no creía que hubiera problemas en la metodología.

Nosotros teníamos un IPC solo del Gran Santiago, no teníamos un IPC nacional. Cuando se pasa de un IPC Gran Santiago a nacional, se hace una serie de supuestos técnicos de cómo se comportan los precios a nivel nacional, etcétera. Como no se tenía registro, uno no podía saber, a priori, qué iba a suceder.

Respecto del problema del vestuario, ya se le había hecho ajustes, operativos. Según el cronograma, lo que nos tocaba ahora era hacer esto, y después venía el cambio mayor, que es cuando se hace el cambio de canasta. Ese cambio se va a hacer el próximo año.

Nosotros consideramos que esto había que hacerlo de inmediato. El Fondo Monetario ya nos había revisado; creo que el año anterior habíamos hablado sobre el tema, y consideramos técnicamente que, ya que estaba todo piloteado, teníamos todo listo, no se podía esperar seis u ocho meses más; a esa altura era, casi, un año. Esa es la razón.

Antiguamente en Chile el cambio del IPC, el cambio de canasta, con todas las actualizaciones metodológicas, se hacía cada diez años. Eso se cambió y, como Chile tiene una economía indexada, resolvimos que cada cinco años tendremos el cambio metodológico fuerte, el cambio de actualización de canasta.

Ahora, ¿qué sucedió con el caso de vestuario? Al haber ajustes menores o temas como el caso de vestuario, que se hicieron supuestos por desconocimiento en Chile, porque no había historia de comportamiento respecto de cómo se iba a desempeñar la serie, en ese caso, si está probada la metodología, no hay dudas de lo que viene, se hace en el minuto y se debe ser transparente hacia afuera. Eso es lo que hacíamos y cada vez que se llevó a cabo un ajuste de cualquier indicador, en el IPC es más sensible aún, la obligación es comunicarlo al público y eso fue lo que se hizo.

De hecho, para que tengan una idea, la primera vez que él enfrenta que hay un potencial problema y se allana a tratar de llamar a un comité de evaluación externo, es posterior a la “Carta de los 11”. Respuesta por escrito no tuvimos.

Respecto del cambio de tipo de censo, de hecho a derecho, y las advertencias potenciales que se hicieron en el Servicio, es un tema central en la discusión, respecto de quién y con quiénes tomó la decisión del cambio. El Director Labbé ha presentado contradicciones en sus declaraciones respecto de este tema, que quiero puntualizar.

Primero, en la declaración en la Comisión Externa Revisora, con anterioridad a la que el señor Labbé envía por escrito a la Cámara de Diputados, señala que el cambio fue estudiado con Carrasco y Alcérreca, lo que es corroborado por el testimonio de Mariana Alcérreca y lo que he escuchado de los voceros de la Comisión Externa Revisora, es prácticamente todo lo que han expuesto los invitados que tuvo dicha comisión.

Segundo, en el momento en que salen las conclusiones de la Comisión Externa Revisora y hacen hincapié en el tema principal de los errores del Censo, en el cambio de Hecho a Derecho, es cuando él envía la declaración a la Cámara, cambia de versión y dice que fue consensuado con el INE. Ustedes ya escucharon la declaración de Mariana Alcérreca y quiero ser súper clara en lo que les voy a decir. El cambio nos fue comunicado, no consultado, el 1 de septiembre en un comité directivo del Censo, en el cual estaba -y quiero resaltarlo- la jefa de Operaciones del Censo. O sea, ella no tuvo idea del cambio, nunca fue consultada, no se le preguntó cuántas personas requerían para hacer el cambio de Censo, no se le consultó presupuesto, ni absolutamente nada. Ella se enteró, al igual que nosotros, el 1 de septiembre. Ahí se nos dijo que estaba aprobado por el Presidente de la República y por el Ministro de Economía .

Luego, 10 a 12 días, se formalizó el cambio en la Comisión Nacional Censal. Lo que hicimos en ese minuto fue ponernos a trabajar, con Mariana armamos grupos de trabajo corriendo para que abordaran las distintas temáticas que no se habían visto con los equipos técnicos del INE. Uno de esos grupos quedó conformado por funcionarios de la Subdirección Técnica y de Demografía.

No pudimos hacer trabajos de consistencia para revisar, por ejemplo, las cifras de temas laborales. Eso se requería revisar, podíamos tener inconsistencia en lo que arrojaba el censo, en la encuesta de empleo. Eso tendría que haberlo visto el equipo de estudio laboral. Nadie de nosotros vio las bases. El trabajo regular que se hace en el INE, de revisar consistencia en los productos, en este caso no se hizo.

Se arman grupos rápidamente, entra gente de la Subdirección Técnica y de Demografía, que era un equipo fundamental para nosotros, y hacen un informe en un trabajo de cuatro días, del 5 al 8 de septiembre, también traje el informe. Dicho informe concluye que se requería plazo adicional para realizar una serie de pruebas piloto. Andrés Bustamante les expuso en detalle, pero les voy a dejar el documento.

Como estábamos a matacaballo, se presentó en un comité directivo ese mismo día. El Director con Carrasco -esto es consistente con lo que declaró Mariana Alcérreca-, al ser consultados en la Presidencia y en Economía, siguieron trabajando solos y nos informaron posteriormente. Lo que dijo Mariana Alcérreca es que en Economía le plantean los posibles conflictos, las minutas técnicas, en fin. Cuando vuelven al INE, el señor Carrasco señala claramente que todo eso está controlado. A esas alturas, no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. Pero, cuando nos enteramos y presentamos este trabajo, el director y el señor Carrasco desestiman la propuesta de tiempo adicional, diciendo que todo estaba controlado. Quiero resaltar que nunca habíamos trabajado en un censo previamente y él supuestamente era experto en censos, porque había trabajado en dos censos anteriores. La jefa del censo, la subdirectora de Operaciones del censo y yo consideramos necesario hacer mayor cantidad de tiempo, pero se desestimó.

Cuando el Director Labbé habla de plana mayor, entiendo que se refiere a ese comité directivo, el cual está compuesto, en general, por la subdirectora de Operaciones, señora Julia Ortúzar; por el subdirector Administrativo, que fue cambiado. No recuerdo si ya se había producido el cambio, pero antes era el señor Pablo Núñez. También hubo un cambio ahí porque antes era fiscal Alejandro Layseca y después pasó a ser Raúl Chinchón. También lo integraban el Director; el señor Eduardo Carrasco; la jefa de Operaciones del Censo, y el señor Juan Radrigán, quien legalmente no es subdirector, pero actúa como tal. Es un departamento de mucha importancia en el INE y él actúa como si tuviera el rango de subdirector. Ahí nunca se tomó la decisión.

Según lo que dijo Mariana Alcérreca, al único que se le comunicó un poco antes, porque se necesitaba trabajar con él, fue al entonces fiscal, Alejandro Layseca, porque debían ver algo, aparentemente, de la comisión censal.

Respecto de la pregunta del Diputado señor EDWARDS sobre si se manifestó disenso en forma pública o no, para nosotros eso fue una sorpresa. Para ser honesta, en ese minuto no reaccionamos. Pensamos que eso era lo que había que hacer. A la semana, cuando hicimos el estudio rápido en el equipo, dijimos que necesitábamos tiempo y eso está por escrito. O sea, se manifestó que se requería más tiempo.

En cuanto a si es mejor para Chile un Censo de Hecho o de Derecho, debo precisar que no soy especialista en censos, sino subdirectora técnica. Por lo que he conversado con los demógrafos, entiendo que Chile estaba en una transición natural hacia un censo de derecho. Entiendo que eso se había discutido con los anteriores equipos de censos y de demografía en el INE, los cuales resolvieron que Chile todavía no estaba listo para realizar un censo de derecho en esta oportunidad.

Quiero referirme a un punto que el Director Labbé ha sostenido sistemáticamente, pero que no es cierto. Él señala que para contar población uno puede usar solo los datos del Servicio de Registro Civil. ¡Eso no es cierto! No tenemos buenos datos de migración interna, por lo tanto el Censo es vital para ese tema.

En cuanto a la consulta del Diputado señor Jarpa de si esas advertencias fueron hechas en reuniones o por escrito, puedo señalar que esto lo entregamos por escrito en una reunión. Las otras conversaciones respecto de que no alcanzaban los censistas fueron verbales.

Respecto de la pregunta del Diputado señor Harboe sobre quiénes estaban en esa reunión, ya dije que el equipo de personas que señalé. En todo caso, la señora Mariana Alcérreca tiene todas las actas de los comités directivos, por lo tanto podrían consultarlo con ella.

En relación con qué se dejó de cubrir en el presupuesto, en ese tema también pido que conversen con la señora Mariana Alcérreca. Sé que ella tuvo que hacer ajustes, pues hubo un déficit. No recuerdo bien, pero, por lo que aparece en las declaraciones, son aproximadamente 1.800 millones. En realidad, no sé cómo lo ajustaron. La señora Mariana Alcérreca llevaba los presupuestos; en verdad, no tengo idea de temas administrativos.

Por otra parte, sobre las tres personas que me preguntó el Diputado señor FARÍAS, son las mismas que declaró la señora Alcérreca aquí, a saber, la señora Mariana Alcérreca, el señor Eduardo Carrasco y el Director Labbé.

En cuanto a si los asesores del Director Labbé estaban al tanto, no tengo información al respecto.

Cuando Mariana Alcérreca habla de manipulación de cifras se refiere a dos temas principalmente:

Primero, a que la presentación de las cifras censales se escondió deliberadamente al país -por eso se habla de manipulación- y que la población de 16.634.603 personas incluía a la población no censada e imputada.

El segundo tema al que ella hace alusión, que, a mi juicio, confirma la intención de mentir y configura la manipulación de datos respecto de esto, tiene relación con las 292.423 personas imputadas a partir de las viviendas inexistentes, que Mariana Alcérreca llamó truchas y otros al interior del INE denominan Caleuche, porque se supone que existen, pero nadie las ha visto. Juan Radrigán también habló del tema y Andrés Bustamante también dijo que esta era una forma de inventar población.

Quiero enfatizar que esto es importante, porque aquí no hay una discusión metodológica. Dado que he seguido las sesiones, sé que alguien preguntó si este era un tema sobre discusión metodológica. ¡No lo es! Esta imputación no existe en ninguna parte y no tiene fundamento técnico. Incluso, en los anexos de la Comisión Externa Revisora aparece una minuta técnica que trata sobre esto, con revisiones de varios países de la OCDE y latinoamericanos, y una entrevista al señor Eduardo Carrasco, quien declara que no estaba de acuerdo. Quiero dejar en claro que nadie del INE estuvo de acuerdo con esto, ni siquiera el señor Carrasco, como indicó la señora Alcérreca en la sesión pasada.

El Director Labbé ha señalado que las bases tienen marca entre lo efectivamente censado y las imputaciones de moradores ausentes y de las viviendas truchas.

La base que se entregó al área de Demografía no tenía esa marca. De hecho, Demografía trabaja con el consultor internacional como si esos 16.6 millones de habitantes fueran censados; ellos estaban observando la consistencia de la estructura de la población y no se les específica. Ellos se enteran de esto después de que el censo se entrega y que comienzan los problemas.

Además, está el mail enviado a la señora Carolina Casas Cordero, que ha sido ampliamente comentado por la prensa y publicado por Ciper. Ella es una profesional con un PhD, experta en temas de encuestas. Luego, me envió otro mail, que publicó Ciper y que traje a la Comisión, mediante el cual me consulta cuáles son las cifras que se entregaron ese día, porque se había confundido. Ante su pregunta de si eran cifras parciales, el señor Eduardo Carrasco le responde a su correo electrónico textualmente lo siguiente: “Los datos entregados y publicados el día martes 2 de abril corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012.”

En conclusión, qué veo. Uno legítimamente puede preguntarse si es creíble que esto pueda tratarse de un error. Para ello, quiero llamar la atención sobre los siguientes puntos:

-Las advertencias nuestras, con todas las discusiones incluidas, que no son fáciles de olvidar;

-Todos los cuadros presentados en el libro del censo. La publicación oficial entregada al Presidente de la república siempre hace referencia a los 16.6 millones de habitantes, sin ningún asterisco o pie de página que indique que se contemplaban viviendas estimadas;

-En el mismo libro se sostiene: “Estos 16.6 millones se trata de población censada.” Esa es una cita textual que leyó Juan Radrigán en la sesión pasada;

-A Demografía se le hace trabajar con bases y sin advertirles nada:

-También está el mail de la señora Carolina Casas Cordero, y

-Finalmente, tenemos el testimonio de la señora Mariana Alcérreca, de primera fuente, quien atestigua que se le pide silencio sobre lo que se estaba haciendo.

Creo que uno puede tener una legítima duda, pero no vacilo en pensar que esto fue una manipulación deliberada y que se trató de hacer pasar los 16.6 millones de habitantes como población efectivamente censada.

Por último, todos nuestros cuestionamientos respondieron a temas estrictamente laborales y a un afán por defender la institución. Podríamos haber callado, como varios funcionarios del INE piensan que debimos hacerlo o como indica el refrán “la ropa sucia se lava en casa”, pero, a nuestro juicio, eran irregularidades que no podían ser toleradas y por eso hicimos las declaraciones.

Luego, la señora Cabezas, respondió las preguntas de los Diputados señores Latorre, Harboe y Farías, de la siguiente forma: En primer lugar, descarto de plano el complot político. He trabajado prácticamente toda mi vida en distintas reparticiones del sector público, como los ministerios y otras. El INE es una institución técnica en la que nunca vi que el factor político tuviera algún rol. Quiero decir respetuosamente que la única persona que ha metido el factor político en el tema es el ex Director Labbé. He pensado al menos en tres cosas sobre aquello. Por ejemplo, no entiendo qué hacía una persona como el señor Maximiliano Raide, sin título universitario, en una institución netamente técnica como el INE, porque a Juan Pablo Raide nunca lo he visto, no lo conozco ni tengo idea cómo es. Incluso, el mismo director describe a Maximiliano Raide casi como un lobista.

En segundo lugar, en relación con el IPC -solo me remito a las declaraciones que he escuchado-, Mariana Alcérreca dijo que el Director no quería hacer el cambio metodológico del IPC, porque pensaba que yo trataba de aumentar el índice de inflación a este Gobierno. Era un cambio metodológico aprobado por la OCDE y que tenía todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

En tercer lugar, según las declaraciones de Mariana Alcérreca, también nos enteramos de que él no quiso comunicar el cambio de Censo de Hecho a uno de Derecho, porque tenía miedo de que se utilizara internamente en el INE por gente que tenía posiciones políticas distintas a las suyas. En verdad, no lo entiendo. No sé si alguien en el Banco Central anda preocupado de las posturas políticas de las personas. En el INE tampoco nadie está pendiente de ese tema. O sea, digo terminantemente que el único que ha hablado de temas políticos es él y no yo.

Por otra parte, cuando él me pide la renuncia al cargo, solicité que Mariana Alcérreca y Julia Ortúzar estuvieran como testigos. Él me dijo que no tenía ningún conflicto técnico conmigo y que mi trabajo era impecable, pero que tenía problemas de feeling o, como dijo Mariana Alcérreca, que yo le caía mal o algo por el estilo. Entiendo que fuera así, porque tuvimos hartos roces. Como soy una persona de carácter fuerte, paré varias cosas. Eso es cierto y no puedo negarlo.

Para que ustedes tengan una idea, el mismo día de mi despido, en la mañana, él junto con Maximiliano Raide y Sebastián Mathews -ahí entra el rol de los otros personajes- mandaron a llamar a Francisco Bilbao, jefe de proyecto de la EPF, la Encuesta de Presupuesto Familiar, que da origen a las ponderaciones del IPC que estábamos levantando. Lo llaman para preguntarle si él tenía alguna base parcial, porque ésta no estaba terminada en ese momento. Ellos querían empezar a hablar y trabajar para vender -marketear- el producto con empresas de marketing. No entiendo cuál es el rol del INE con aquellas. Efectivamente, teníamos bases parciales, porque las estábamos trabajando junto a la gente del IPC. El señor Bilbao se asustó y les dijo que no tenía ninguna base parcial.

Quiero dejar en claro que cuando los jefes de proyecto y de departamento sacan la carta, después de mi despido, no lo hacen porque me tuvieran tanto cariño, como dijo el señor Labbé, tratando de ningunear a la gente, sino porque cuando me despidió yo era la cabeza que peleaba muchos de esos temas. De hecho, ellos veían que lo que estaba pasando con el Censo se contagiaría hacia los otros productos del INE que hasta ese momento Julia Ortúzar y yo habíamos mantenido a raya.

Sobre las solicitudes de transparencia de información, yo no las hice. En ese sentido, Mariana Alcérreca declaró que el Director o Maximiliano Raide pensaron que yo lo había hecho. Tengo entendido que la solicitud de información fue hecha por el famoso señor Leonardo Osorio, porque es la persona que hace más solicitudes de transparencia.

Con respecto a mi relación con el actual director Coeymans, voy a tratar de ser lo más fiel posible. Me llaman de la Dirección y en el hall estaban el ex Director Labbé y el señor Coeymans, este último fue profesor mío y me quería saludar.

Conversamos con el señor Coeymans, me cuenta que estaba haciendo un proyecto de burbujas inmobiliarias y quedamos en que le iba a programar reuniones con la gente de operaciones que trabajaba conmigo, porque necesitaba algunos datos. De paso, le pregunto cómo estaba y me responde que más o menos mal porque le habían hecho efectiva una cláusula de jubilación que tiene la Universidad Católica, que por primera vez la hicieron efectiva. Estaba molesto y triste.

Ahora, sí sé que el ex Director Labbé les contó, al menos, a dos personas del INE además de Mariana Alcérreca, que el señor Coeymans había ido a pedir trabajo.

A continuación, le correspondió exponer a la señora Marcela Martínez, quien expresó lo siguiente: Soy periodista de la Universidad Católica, llegué al INE el 3 de diciembre de 2012 como jefa de comunicaciones e imagen corporativa del organismo. Si bien en lo formal estuve en ese cargo hasta mayo, en lo físico, hasta el 17 o 18 de abril de 2013.

El INE fue mi segundo trabajo en la administración pública, ya que anteriormente estuve tres años en el Consejo para la Transparencia.

En el INE estaba a cargo de cuatro subdepartamentos que componen comunicaciones: prensa, información ciudadana, ediciones y publicaciones y canales web. Trabajaba en la difusión de los indicadores coyunturales, en actividades de prensa, de difusión y en la coordinación de entrevistas de las autoridades, entre otras responsabilidades.

Hubo funciones que nunca se me traspasaron, que tenían que ver con las decisiones de la página web y con la relación de la institución con los ministerios y con otras autoridades. Esa relación estaba en manos de Sebastián Mathews y Maximiliano Raide.

Sobre la filtración, primero, me voy a referir a un antecedente, que es un acuerdo de confidencialidad que pedí expresamente al fiscal, señor Raúl Chinchón, debido a dos hechos puntuales.

El primero ha ocurrido en enero del año en curso en una actividad de prensa sobre la ley de autonomía que se filtró en el diario “La Tercera”. Lo planteé en el comité de comunicaciones siguiente a esa actividad. Maximiliano Raide le restó importancia, pero el Director, que no había participado del comité, me llamó, porque estaba preocupado, debido a que esa situación nos había perjudicado con los otros medios que habían sido invitados a la actividad.

A medida que avanzábamos con el trabajo de preparación de la difusión del Censo, notaba que el equipo del Censo no tenía el mismo cuidado al trabajar la información que sí tenían los técnicos cuando se elabora la comunicación de los indicadores coyunturales, me refiero a IPC, empleo, etcétera. Yo participaba de las dos preparaciones y veía diferencias.

Las principales diferencias eran en el orden, en el hermetismo del lugar físico en el que se trabajaba y la cantidad de rectificaciones que nos llegaban a comunicaciones desde el equipo del Censo.

El 25 de marzo le digo a Raúl Chinchón si podíamos hacer un acuerdo de confidencialidad específico para el Censo. Me respondió por correo, al día siguiente, que sí era posible.

El miércoles 27 o el jueves 28 de marzo, el fiscal me dice, verbalmente, que estaba listo con la solicitud, pero que a Maximiliano Raide no se le podía pedir que firmara, porque no tenía contrato, y era una de las personas a las que yo había incluido en esa lista. ¿Por qué? Porque andaba por el tercer piso, en la oficina de Eduardo Carrasco y en eso me refiero al hermetismo del lugar en el que se trabajaba. En una coyuntura, nadie entra ni sale si no está participando físicamente, y él no estaba elaborando ningún producto.

El lunes 1 de abril, en la mañana, el fiscal envía un correo electrónico a todos quienes debían firmar el documento, y pedía que se lo devolvieran firmado físicamente.

Ese mismo lunes, en la tarde, 10 horas después, estaba en la oficina de Marcela Cabezas y recibí un llamado del Diario “El Mercurio”, pidiéndome que confirmara tres cifras: población total, número de viviendas y porcentaje de cobertura.

Fui a la dirección en la que se encontraban el Director Francisco Labbé, la subdirectora de operaciones, Julia Ortúzar y Mariana Alcérreca, y les dije que estábamos filtrados. En realidad, yo estaba impactada. Coincidentemente, una de las cifras es la que esa tarde escuchamos con Mariana que se la habían pedido a Sebastián por teléfono. Lo que escuchamos fue que él dijo: ¿la cifra de cobertura? Yo te la consigo. No escuchamos que él haya revelado la cifra, pero sí que se la pidieron.

Ninguno de los presentes tenía una explicación ni tampoco el equipo de comunicaciones al que le informo verbalmente lo que había ocurrido. En ese momento, delante de Mariana , de Julia y de Francisco Labbé llamo de vuelta a “El Mercurio” y les respondí que no los podía ayudar porque tenía firmado un acuerdo de confidencialidad y no podía decirles nada en ese momento.

Envié correos al Director, con copia a gabinete, al fiscal y a los periodistas que trabajaban en la actividad para que estuvieran prevenidos, porque íbamos a tener una actividad en la que el Presidente de la República iba a dar cifras que iban a estar publicadas esa mañana en los medios.

Posteriormente, envié un correo a Maximiliano Raide, con copia a Francisco Labbé, como asesor en los ministerios, pidiéndole su punto de vista de cómo abordar a la prensa si nos preguntaban por las filtraciones.

A las 8 de la mañana del día siguiente, el 2 de abril, día de la difusión, fui a la oficina del Director. Allí estaban, además, Francisco Labbé, Sebastián Mathews y Maximiliano Raide. Leo la lista de preguntas y respuestas, y dejé para el final la pregunta sobre filtración, que claramente podía ser posible de ser preguntada. Por lo tanto, tenía que conversar con el Director y preguntarle qué respondemos. Él me dijo: qué te puedo decir, que trabaja mucha gente. Le respondo que no era una buena respuesta, porque en todos los productos del INE trabajaba mucha gente. Le sugiero decir que se tomaron resguardos, que hubo un acuerdo firmado y que se iba a investigar.

En ese momento, Maximiliano Raide se impone, con una voz muy fuerte y dice: no, no se puede investigar.

Entonces, le digo: ¿pero qué respondemos? Anoche te envié un mail preguntando tu punto de vista. Me dice: no te podía responder esto por mail.

En ese momento, él, junto con Sebastián, le dijo al Director que no se preocupe, que se quede tranquilo y que no se lo van a preguntar. En ese momento, el Director me pidió salir de su oficina.

Antes de la ceremonia, durante esa misma mañana, recibí llamados de muchos medios, preguntando si era verdad lo de “El Mercurio” y si podía confirmarlo. A todos ellos, incluso a la propia Presidencia de la República , periodista Silvana Orellana, respondí exactamente lo mismo: no puedo confirmar nada hasta después de la actividad porque tengo un acuerdo de confidencialidad firmado.

El día anterior, también me llamaron del Ministerio de Economía, el periodista Saúl Obando, a quien le respondí lo mismo, que no podía decir nada. Nada puede salir de mí. Él dijo: bueno, voy a llamar al Director.

En la ceremonia del Cerro Santa Lucía, al terminar la ronda de preguntas con Francisco Labbé, una periodista de “La Tercera” le preguntó, ¿qué había pasado? ¿Por qué El Mercurio tenía datos? Al respecto, “La Tercera” también llevó tendencias ese día, pero la diferencia era que El Mercurio llevaba datos; cifras exactas.

Entonces, el Director respondió: no me preguntes eso. ¡Qué te puedo decir! Trabaja mucha gente en esto.

Al día siguiente, 3 de abril, llegó un correo al mail genérico de Comunicaciones, del editor general de “La Tercera”, preguntando por la filtración.

Ese día el Director estaba en Valparaíso, con Mariana y Raúl Sepúlveda. Entonces, le envié una propuesta de respuesta, al correo de Mariana , quien era la que estaba conectada. En ese correo sugiero decir que se iba a investigar, que es la misma sugerencia que le había dado el día anterior: que había resguardo, que no se sabía y que se iba a investigar.

Por lo que tengo entendido, el director nunca envió esa respuesta.

Después se inició el sumario en la fecha que está consignada en el documento que dejo en la Comisión. Por lo tanto, eso es todo lo que sé respecto de la filtración.

Respecto del Comité de Comunicaciones, voy a hacer una descripción bastante breve. Se trataba de reuniones que se realizaban semanalmente entre el equipo de comunicaciones interno del INE, incluyendo los coordinadores de los cuatro subdepartamentos de comunicaciones, y los asesores que yo llamaba externos, que eran VoxCom, y sus representantes Gabriele Lothholz y Carmen Paz Maldonado, y Maximiliano Raide, quien era acompañado por su hermano Juan Pablo o por Antonio Hartmann. A veces iban los dos, pero normalmente iba uno de ellos.

A veces, también se sumaba Eduardo Carrasco y, antes de que yo llegara, Raúl Sepúlveda. Sin embargo, él no participó de ninguna de las reuniones en las que yo alcancé a ir.

En mis apuntes conté siete comités a los que asistí, siendo el último el 19 de marzo.

En febrero, debido a las vacaciones, no hubo ninguna reunión, ni con VoxCom ni con Maximiliano Raide. Solo los funcionarios del INE nos juntamos para ver los avances en comunicaciones. ¿Cómo funcionaba? La reunión estaba dirigida por Sebastián Mathews, quien iba introduciendo los temas, para que los coordinadores de subdepartamentos presentaran a los presentes los diversos puntos sobre la tabla que, generalmente, enviaba el día anterior.

Maximiliano Raide zanjaba las posibles discusiones y llevaba los tiempos de la reunión.

Las veces que estuvo Gabriele Lothholz, daba algunas opiniones y hacía algunas preguntas. Y a Carmen Paz Maldonado normalmente se le pedía alguna carta Gantt o alguna actualización de una carta Gantt.

Nunca escuché ningún comentario, ni de Juan Pablo Raide o de Antonio Hartmann. Ellos llegaban con su computador y trabajaban en algo que desconozco.

Con VoxCom intenté trabajar varias veces, incluso pedirles algunas cosas, pero no tuve buenos resultados, salvo en dos ocasiones, en las cuales me hicieron llegar una lista de medios con periodistas y teléfonos, y una carpeta con recortes de la prensa del censo anterior, que recibí fuera de plazo.

Después de esta intervención de la periodista señora Marcela Martínez, en el seno de la Comisión se originó un debate con la participción de los Diputados señores Juan Carlos Latorre, Ramón Farías y Felipe Harboe, del que se consigna una síntesis de las respuestas entregadas por la invitada.

Las periodistas de VoxCom, por los testimonios de quienes trabajaban ahí, en el período del Censo, ellas llevaban las redes sociales y algunos otros temas, y nos ayudaron con la gestión de prensa. Sin embargo, yo no puedo atestiguar nada de ese período, porque no estaba.

Si fue contrato o trato directo, no tengo ningún antecedente; para mí ellas siempre fueron la agencia. Pero si se ve la transparencia activa, aparecen los nombres de personas naturales.

Ellas no participaban de la coyuntura, iban puntualmente a ese comité y después se iban. ¿Qué contacto tenían internamente y a posteriori con el Director, con Sebastián Mathews o con Raid? Lo desconozco. Por la forma cómo conversaban en los comités, me daba la impresión de que Maximiliano Raide tenía algún tipo de trabajo con Vox, anexo al INE.

De repente ellos tenían una conversación más privada y eso me daba la sensación de que estaban hablando de otra cosa, que estaban en otra reunión. Pero por como era el protocolo de cuidados era imposible que hubiese tenido acceso a la coyuntura. Cuando me despidieron o, más bien dicho, cuando se me pidió la renuncia, una de ellas es quien ocupa -por una semana- el cargo de jefa de Comunicaciones. No tengo idea de cómo fue administrativamente, se trata de Carmen Paz Maldonado.

No sé si a ella le daban un sueldo extra, si le hicieron un contrato aparte o si le mantuvieron lo que tenía antes. Eso lo desconozco. En ese cargo ella debió haber tenido acceso a la coyuntura. Ahora, como era el equipo técnico, creo que no le dieron esa confianza, pero debió haber tenido acceso, porque una de mis funciones era esa, trabajar la coyuntura, ver los textos y preparar la difusión de cada uno de los indicadores.

Yo tenía acceso anticipado a las cifras, cualquiera que ocupara mi cargo lo debería haber tenido.

Respecto de las preguntas del Diputado señor Farías, ¿cuáles fueron los correos? ¿A quiénes y qué decían? Yo envié correos al Director con copia al jefe de gabinete, al fiscal, a tres periodistas -los dos que ya nombré-, la persona de la Presidencia y dos periodistas de Economía, porque ellos trabajan en la actividad. No envié correos a más instituciones. También les avisé a los Directores Regionales para que no los tomara por sorpresa al día siguiente, además del correo que le envié a Maximiliano Raide. No envié más correos que esos, fueron cinco.

Insisto, no di un aviso generalizado a todas las instituciones o a varias autoridades. No, no fue así.

¿Qué decían? Que estábamos filtrados. El del Director fue más largo. Otros eran de una línea y el de los periodistas decía: ¡Qué falta de profesionalismo!

El fundamento que me dio el Director, al momento de notificarme, fue: yo ya no me puedo comunicar; tú ya no me sirves. En lo profesional, no tengo ningún reparo contigo, pero esto llega hasta aquí.

El real motivo, creo que él fue mal aconsejado por gente que no me quería. Ignoro quienes lo aconsejaron, pero me imagino quienes pudieron ser, sus asesores.

En cuanto a la pregunta del Diputado señor Harboe, si Raide tenía acceso a información sensible, yo sé que él tenía acceso a la oficina del Director y también lo vi, muchas veces, en la oficina de Eduardo Carrasco. En la oficina de los técnicos, no, nunca lo vi con nada en la mano que yo dijera: “por qué tiene ese papel”. Pero sí me sorprendió que entrara a la oficina de Eduardo Carrasco en días en que estábamos trabajando en el Censo, por ejemplo.

Respecto del grupo de asesores, era lo mismo. No creo que ellos hayan tenido información sensible de los productos normales.

Ahora, si había un protocolo de protección de los datos, en el caso de las coyunturas, había. Y en el caso del Censo, a mí me pareció débil; por eso, pedí el acuerdo de confidencialidad. El señor Sebastián Mathews lo firmó y después lo pidió de vuelta. Me dijeron: “estuvo en la oficina de administración, o en la subdirección administrativa, y también estuvo en la fiscalía, pidiendo esos papeles”. No sé si se lo devolvieron, habría que preguntárselo a los funcionarios de esas oficinas.

Siguiendo con el problema de la información sensible, también supe que alguna vez Sebastián Mathews habría solicitado la cifra de IPC a la persona de IPC, y ella le dijo: “No, no te la puedo dar”. Él, dijo: “Pero si es para el Director ”. “Bueno, le contestó, que venga él, que me llame, yo voy, que me lo pida, pero no estás dentro de la lista de personas que tiene acceso, el día anterior, a esa cifra”.

Ahora, si hubo complicidad entre el Director y sus asesores, yo creo que sí, en general, porque tenían un trato distinto al resto de los funcionarios.

Sobre si tuve dificultades para entregar otro tipo de datos, como el IPC o empleo, nunca.

Incluso, hubo una vez en que la persona de web estaba de vacaciones y quedó que venía después, como su reemplazante, la persona a cargo del IPC. Fui muy dura al decirle: “Por qué estás tú y no está él. Entonces, tienen que protocolizar. No puedo llegar y pasarte el pendrive a ti si tú no eres quien está en la lista”. Entonces, en eso era muy rigurosa.

Ante las preguntas del Diputado señor Juan Carlos Latorre, la señora Marcela Martínez respondió que leyó el informe entregado a esta Comisión por el señor Labbé y en el comité de asesoría comunicacional, lo integraban por parte del INE: Sebastián Mathews, contratado a honorarios, Marcela Echeverría, que coordinaba atenciones y publicaciones y llevaba un área de extensión que tenía Sebastián Mathews; Andrés Aguayo, que fue periodista hasta fines de enero, a cargo de Prensa, otro de los departamentos de comunicaciones; Tamara Arroyo, encargada de la oficina de Información Ciudadana; Andrew Carter, encargado de canales web, y yo, cuando me incorporé al INE.

También participaban los señores Raide, Hartmann y la señora Gabriele Lothholz, ellos siempre asisten al comité.

El cuanto a Constance Pooley, no la conocí. En abril de 2012 ella no estaba y si estuvo deben haber sido meses, porque llegué en diciembre de 2012 y ella ya no estaba, por lo menos físicamente. nunca la conocí.

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A la sesión ordinaria de la Comisión, celebrada en miércoles 4 de septiembre de 2013, concurrió como invitada la periodista, Directora de Ciper Chile , señora Mónica González Mujica. De su exposición se realiza la siguiente síntesis:

Desde junio de 2012 empezamos a recibir una gran cantidad de correos que indican que hay problemas en la recolección de datos del Censo, en la forma de organización al recogerlos, en la organización de la estructura del empadronamiento. Hablo de datos distintos en distintos lugares del país.

Quiero separar el tema del Censo en dos etapas:

La primera etapa es la que implementa el Director Labbé hasta fines de abril, cuando estalla el escándalo con la publicación de Ciper, y que tiene que ver, básicamente, con un hecho respecto del cual no hay muchas dudas, aparte de la semántica, que no me interesa mucho, y es si hubo o no manipulación de datos. Creo que de eso no hay duda, por dos razones fundamentales: porque cuando uno tiene una base de datos en la que se han sumado casas efectivamente censadas, casas con moradores ausentes y se han agregado casas inexistentes, que es el caso, es evidente que uno debe hablar de manipulación.

Si a las casas efectivamente censadas uno les resta las casas con moradores ausentes y que se clonaron, queda una base de datos limpia. Por la cantidad de correos que recibimos, tengo la impresión de que la calidad de la información de esa base de datos no es óptima.

Si esa información la cotejo con los correos que hemos recibido, insisto, de los distintos sectores del país, en donde se dice que hubo personas que completaron o vieron completar fichas del Censo en los café, es decir, en vez de censar y de hacer el trabajo, se sentaron en un café y llenaron todas las respuestas, eso me indica que aquí hubo un problema de control, de resguardo de la rigurosidad que debe tener un levantamiento de datos como ese y, por lo tanto, la calidad de la información que está en esa base de datos adolece de defectos, que no es cosa de llegar y limpiar, porque este tipo de casas son estas 150 o 200 mil que fueron clonadas. ¡No! Aquí hay un problema con la empresa que se subcontrató para hacer ese trabajo.

La segunda etapa que analizo es qué pasa desde que el señor Coeymans asume como Director Nacional del INE. Esto es el 1 de mayo, un día feriado; han transcurrido alrededor de 4 meses y medio.

Se supone que después de que ocurre la constatación de un problema grave con las cifras del Censo, es evidente que la institución debe tomar el tema en sus manos y asumir una tarea de Estado; así lo entendemos los periodistas. Es decir, ¿cómo enfrentamos un escándalo que provoca no solo un problema para el diseño de políticas públicas, sino también descrédito para este país con respecto a su relación con interlocutores y organismos internacionales en cuanto a credibilidad? Tomando en cuenta que Chile ha sido un bastión en esas materias, tenía una seriedad absoluta y gozaba de prestigio.

Lo primero que se dijo, una vez que estalla el escándalo y que provoca todos los cambios que conocemos, es que se iba a llamar al Bureau del Censo de Estados Unidos y a la OCDE, para que visitaran Chile y analizaran las bases de datos.

El Bureau del Censo de Estados Unidos dijo que no. En el fondo, no se había hecho una comunicación formal cuando se anuncia esto, porque, de lo contrario, se habría sabido de antemano que no. Entonces, a partir de eso hay ciertas cosas que muestran la poca seriedad con que se toma el error en el Censo.

No puedo decir que se le va a consultar al Bureau del Censo de Estados Unidos y a la OCDE para que vengan a revisar y nos aconsejen; cuando el primero dice que no, y el segundo, que no tiene expertos en la materia.

Entonces, se forma la Comisión Externa, que no está impuesta ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado ni por una institución extranjera, la nombra el propio INE, con funcionarios de Gobierno, pero, además, con gente que goza de la mayor credibilidad, pues una de las cosas de las cuales nos debiésemos sentir profundamente orgullosos es de la calidad de los expertos y de los profesionales que tenemos en esta materia.

El señor Juan Eduardo Coeymans anunció que se formó, además, una comisión interna, que no solo tuvo la función de entregar información a la comisión externa para que hiciera su análisis con absoluta rigurosidad y tomando en consideración todos los elementos, sino que también hizo una investigación de cuáles fueron las fallas internas.

Cuando se da a conocer el informe de la comisión externa, se dice después que ya no el Bureau del Censo de Estados Unidos, ni la OCDE van a revisar el informe, sino que lo revisarán el Banco Mundial y el Eurostat.

Cuando Ciper llamó al Banco Mundial, la vocera de comunicaciones nos dijo que se habían enterado de la noticia por los diarios. Por lo tanto, se trata de improvisación. Efectivamente, la gente del Banco Mundial venía a una visita largamente programada que tiene un calendario estipulado anual y, por supuesto, lo único que pueden hacer es remitirse a entregar una recomendación acerca de cuáles son los expertos que van a venir.

Juan Eduardo Coeymans dijo que cuando conoció el informe de la Comisión Externa se produjo un tsunami. Es evidente que lo que todos esperábamos era que Juan Eduardo Coeymans entregara una información diciendo: “este es el cronograma, transparente, para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, pero, por favor, no olvidemos, credibilidad en nuestros interlocutores internacionales”. Sin embargo, nos informan que vienen tres expertos que están en Chile, que permanecerán dos semanas y que no hay calendario, ni cronograma de cuándo terminarán y se habla de un ajuste, no del censo abreviado sugerido por la comisión externa.

¿Por qué no se quiere hacer el censo abreviado? Por una sola razón, porque es la constatación de que el Censo efectivamente fue mal hecho.

En este caso el INE no es autónomo, se le puede tratar como tal, pero no lo es ni legal ni jurídicamente, pues depende del Ministerio de Economía. A nosotros nos parece que, dado lo que seguimos recibiendo como insumo dentro del INE, esto va de mal en peor. No solo no tenemos un recuento y una cronología clara de lo que va a pasar hacia adelante, sino que la comisión interna dejó de funcionar, sin haber hecho nunca un informe y sin que nadie lo hubiese pedido.

Por otro lado, no sabemos qué sucedió con los sumarios internos respecto de los contratos dentro del INE.

En tercer lugar, respecto de los contratos, ¿el señor Labbé cometió todos esos errores por soberbia o por incapacidad? Tengo mis dudas. No lo sé, no tengo por qué juzgarlo.

Después de hablar con los funcionarios del INE, me di cuenta de que para ellos era un gran orgullo firmar un compromiso de confidencialidad, porque están conscientes de la importancia de la información que manejan, de la importancia que tiene para el país y de la confianza que deposita el país en ellos.

No puedo entender por qué el fiscal del INE, Raúl Chinchón, aceptó la orden del señor Labbé de pagarle al señor Max Raide a través de una triangulación con otras dos personas. Creo que debe dar explicaciones, porque si el fiscal de una institución relaja las normas con el jefe del servicio, es evidente que hacia abajo empiezan a relajarse también.

Encontré en Internet a un señor llamado Juan Pablo Castillo, alumno de Dirección y Producción de Eventos del Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios, quien compatibiliza sus estudios con su trabajo en la Productora Grupo Liderazgo Educación Limitada. Como productor y administrador de la Productora Grupo Liderazgo Educación Limitada, se encarga de realizar eventos de toda índole y asesorar a otras empresas, entregando un sello único que se caracteriza por su profesionalismo y creatividad.

La empresa Productora Grupo Liderazgo Educación Limitada, que posee página web, ya cuenta con distintos tipos de eventos a su haber -y los enumera- asesorando a diferentes universidades en Santiago, campeonatos, gala de polo, fiestas, tardes y noches en la Casona de Las Condes, fiestas en el Club de La Unión, en el Club de Golf y en Los Troncos (Zapallar y Valparaíso). Asimismo, se encarga de asesorar a entidades como el censo y el INE, Instituto Nacional de Estadísticas.

Al buscar información sobre este grupo, descubrí que es de propiedad del señor Juan Pablo Raide Prunes, José Domingo Raide Prunes, y lo administra y representa legalmente el señor Antonio Hartmann.

Tengo entendido, el fiscal que está siguiendo este caso no está investigando los contratos triangulados, lo cual me parece altamente preocupante. Y no los está investigando porque no existe ninguna denuncia para que él abra una investigación al respecto. Por lo tanto, que la Contraloría asuma este caso, me parece una gran iniciativa de parte de ustedes. Sin embargo, eso queda cojo si no se hace algo y se indaga para saber si efectivamente es así, en el sentido de que el Ministerio Público no ha recibido ninguna denuncia para investigar la triangulación de los contratos.

Respondiendo las preguntas de los Diputados señores Juan Carlos Latorre, José Pérez y Ramón Farías, en síntesis dijo lo siguiente:

No se trata solo de si hay un contrato, sino también de que hay pagos de por medio. No olvidemos que con VoxCom no hay contrato. Los pagos se hacen a su dueña y directora, para evitar pasar el contrato por la Contraloría.

Entonces, como esta ha sido una artimaña usada en el INE -habría que entender por qué el fiscal nuevamente lo aceptó y ordenó que se concretaran dichos pagos-, hay que consultar si hay desembolsos hacia esa empresa.

Luego, respondió preguntas de los Diputados señores Farías y Lemus, de la siguiente forma: Bueno, no soy la más indicada para responder qué se hace ahora, porque, efectivamente, no soy experta, soy una simple periodista.

Ahora, al investigar este tipo de hechos, me formé la más alta impresión de los funcionarios del INE, sea cual fuera su posición política -jamás la supe-, aunque debido a mi profesión estoy acostumbrada a identificar políticamente a las personas. Hoy están en una situación gravísima, sin brújula, sin norte y marginados, igual que como estaban con el ex Director Labbé.

Si entendemos lo que pasó en el INE con el Censo 2012, los problemas se originan cuando se margina el equipo técnico. Se podría identificar meridianamente ese hito como la seguidilla de decisiones, hasta enclaustrarse el señor Labbé en una situación en que las decisiones las adopta con los señores Carrasco, Raide y Mathews, y dejó de lado al equipo técnico. Hoy está pasando exactamente lo mismo.

Al darse a conocer los nombres de los expertos internacionales, nos enteramos de que Coeymans estaba preparando internamente un plan de emergencia. para evitar hacer un Censo abreviado. Es decir, todo se resume en eso, en que no se puede hacer un Censo abreviado: hay que parchar.

El señor Coeymans insiste en que se trata de un error comunicacional, lo dijo en su intervención frente a todos los funcionarios del INE. Dijo: aquí no estamos en crisis, de lo que se trata aquí es de un error comunicacional.

Aquí no se trató de un error comunicacional, sino de una cantidad de errores que podría enumerar, y lo hizo la comisión externa y también los funcionarios del INE lo saben, y parten desde la génesis, desde cómo se hizo el levantamiento, hasta llegar al punto, repito, en julio de 2012, en que se dan cuenta de que no van a alcanzar.

No estamos hablando solo de casas con moradores ausentes, que se hacen pasar por casas efectivamente censadas, que es el primer error grave, sino que de una cantidad de casas que no alcanzaron a ser censadas. Habría que circunscribir meridianamente cuán errónea, cuán dañada está la base de datos, eso es urgente.

Yo les pregunto a ustedes: ¿qué van a hacer para no votar una ley de presupuestos como ciegos, en tinieblas, a tientas? Porque eso es lo que van a tener que hacer, lo que me parece, con todo respeto, una irresponsabilidad.

Eso no puede dejarnos, ni a ustedes ni a nadie, esperando a ver qué pasa porque es ahí donde la ciudadanía pierde la confianza en las comisiones investigadoras. Hacemos un informe por cumplir, descubrimos qué ilícitos hubo o qué pasó, pero, insisto, llevamos 4 meses y más de una semana y estamos peor que antes. Sabemos todo lo malo que pasó, pero no tenemos ningún itinerario a seguir para ver cómo se repara este problema; peor aún, sabemos que hay investigaciones múltiples, distintas, pero inconexas. Vuelvo a plantear estas preguntas: ¿Qué se va a parchar? ¿Merecemos parches, censos parchados? ¿Le vamos a ir a explicar a la OCDE -donde somos tan importantes- y le vamos a explicar a la OIT y a Celade que nuestros censos están parchados? ¿Quién va a explicar eso? ¿Quién va a dar la cara por Chile? ¿Cómo les explicamos después que a los expertos que tenemos, a los que hemos dejado de lado y llaman de los demás países para que colaboren, asesoren y supervisen censos, no los tomamos en cuenta? ¿Se puede reparar? ¿Qué vamos a reparar?

Estoy mucho más preocupada que ese 25 de abril, cuando publicamos el primer reportaje. Quiero decir que se ve corroborado por el paso que da Mariana Alcérreca al decidir dar una entrevista.

Hay coincidencia, es que uno de los errores más grandes en los datos se refiere a los inmigrantes; eso es un bomba de tiempo. Si no entendemos que hay una gran cantidad de inmigrantes que requieren de salud, subsidios, educación -y los datos están mal hechos-, cómo se van a diseñar políticas públicas que nos permitan asumir, con la responsabilidad que se requiere, esa ola de inmigrantes que están llegando y que necesitan de redes para enfrentar su situación.

En relación con los discapacitados, hay otros antecedentes que en relación a la fotografía de los chilenos son más claves. Por ejemplo, ¿cuál fue el interés del señor Labbé de obtener tan rápidamente, para entregar a los diputados y senadores, el porcentaje de católicos? Siempre me lo he preguntado, cuando me lo contaron tres o cuatro personas serias.

Como ha ocurrido en todos los países, debido a los escándalos por abusos sexuales de sacerdotes, ha disminuido la cantidad de gente que se declara católica. ¿Se acuerdan ustedes de que todos se extrañaron porque en Chile eso no había ocurrido? En ese contexto, vuelvo a la calidad de los datos.

Por último, el señor Coeymans informó oficialmente que desde el 29 de abril -cuando estalla el escándalo- se había hecho una auditoría interna sobre el proceso censal. Sin embargo, no tenemos nada.

Reitero, ¡por favor, investiguemos! Ustedes no solo tienen los testimonios, sino también la facultad de investigar. Pueden pedir todos los contratos y la información para armar un cuadro fidedigno de cuáles eran las irregularidades en el INE. Además, es importante saber si el Ministerio Público está investigando las triangulaciones de sueldo.

A las preguntas de los Diputados señores Juan Carlos Latorre, Ramón Farías y Ricardo Rincón, respondió de la siguiente forma:

El único resultado que me queda al seguir todas las acciones, improvisaciones y contradicciones en las que ha incurrido el señor Coeymans, es que persevera en no hacer un censo abreviado. Tiene que encontrar algún experto internacional que lo avale en su decisión de parchar.

Si eso es así, es irresponsable, y creo que los integrantes de la comisión externa merecen una explicación. No se puede ningunear así al capital humano que tenemos, porque se está hundiendo aún más la credibilidad de nuestro mejor patrimonio.

Lo segundo es que en toda la investigación nunca supe que el ministro Pablo Longueira hubiera sabido, fehacientemente, lo que estaba ocurriendo. Sin embargo sentí, por razones de las profesionales, que quizás en el Ministerio de Desarrollo Social tuvieron más información, por el hecho de que el INE también hace la encuesta CASEN.

Es muy importante que el señor Vicente Correa venga, porque era el jefe de gabinete del ministro Longueira, para que explique por qué no le informó al Ministro lo que el Director Labbé le dijo por teléfono, compelido, interpelado por Mariana Alcérreca.

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El día lunes 9 de septiembre de 2013, la Comisión Investigadora recibió, nuevamente, al Director Nacional (PT) del INE, señor Juan Eduardo Coeymans, a quien acompañaron sul jefe de Gabinete , señor Sergio Zuloaga, la jefa de Prensa, señora Natalia Cabrera, y el representante del Ministerio de Economía, señor Alejandro Arriagada. Su exposición fue la siguiente:

En primer lugar, quiero despejar el tema de la investigación sumaria y el sumario. Efectivamente, pasé los antecedentes al Ministerio de Economía el 12 de agosto, con la resolución Nº 2738.

Asimismo, la Contraloría General de la República ya se instaló en el INE. Llegaron el viernes y les estamos brindando toda la ayuda necesaria. Como persona de enlace está el señor Osvaldo Ferreiro, he dado instrucciones para que se entreguen todos los datos que tengamos. Tengo entendido que ellos llegaron allá por una gestión que hizo esta ]Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ante la Contraloría. Nosotros estamos ubicando un espacio para que ellos trabajen.

Detallando los pasos que ha seguido desde que asumió como Director del INE, mencionó que el 2 de mayo, en “La Segunda” anuncié que iba a pedir una segunda opinión y lo fui repitiendo en varias declaraciones públicas. Incluso, cuando vine a esta Comisión Investigadora, usé la metáfora de la amputación y de la necesidad de una segunda opinión. Pero, insisto, esa decisión estaba programada desde mucho antes, desde el 2 de mayo; mucho antes de que se conociera cualquier informe o se tuviera indicios de un informe de la comisión externa y, precisamente, eso es lo que estamos cumpliendo ahora.

Hicimos contacto con el Census Bureau para que nos ayudaran, pero eso no prosperó por problemas de agenda de la persona que podría haber ayudado, aunque más tarde dijeron que no querían meterse en esta etapa del proceso.

Más tarde, personalmente, hice contacto con Eurostat; hablé con el señor Pieter Everaers, quien me recomendó a dos de los miembros de la comisión: el señor Rajendra Singh y el señor Griffith Feeney, quienes ya están trabajando aquí.

Posteriormente, señalé que era apropiado que alguien hiciera de cabeza de equipo, y con la anuencia de Eurostat, del señor Everaers, nombramos a Griffith Feeney, básicamente para que cumpliera la labor de coordinador, porque había que conseguir un tercer experto. Me llegó un mail de Everaers en el cual me indicaba que habían conseguido otro nombre y que la idea era estudiar su disponibilidad inmediata, debido a la urgencia que teníamos. Entonces me dieron el nombre de Roberto Bianchini, el tercer experto de la misión. Teníamos como alternativas quedarnos con los tres nombres. El señor Everears dijo: “from the point of view of Eurostat, these experts have all our confidence”, es decir, desde el punto de vista de Eurostat, estos expertos tienen toda nuestra confianza. Habló de “full confidence”. Ante ese respaldo tan categórico de Eurostat y ante la alternativa de empezar a averiguar si los nombres recomendados por el Banco Mundial estaban o no disponibles, por motivos de urgencia decidimos seguir por el camino de Eurostat, que es el organismo que define todas las normas de los institutos de estadística de la Unión Europea.

Y así es como se formó este grupo. Ya llegaron los señores Rajendra Singh, doctor en estadística; Griffith Feeney, demógrafo, con amplísima experiencia -traje sus currículos-, y Roberto Bianchini, italiano, que se incorporará en una segunda etapa del proceso. A través de Skipe, ha estado en contacto, pero aún no trabaja de manera oficial, por lo que no tiene acceso a la base de datos. Solo han tenido acceso a ella los miembros que están acá, los cuales firmaron un contrato y una carta de secreto estadístico.

Los expertos internacionales empezaron a trabajar el 2 de septiembre. Están trabajando en el INE. Se han entrevistado con Magda Ruíz, la persona del Celade. Pidieron entrevistarse con los otros miembros de la comisión. Nosotros le entregamos el informe a la Comisión Externa Revisora y todos los documentos internos que produjo el INE y que apoyaron el trabajo de ella.

Además, ellos pidieron visitar tres direcciones en terreno. Hoy, están trabajando en Antofagasta, viendo in situ como fue el proceso. Cuentan con todos los documentos que tuvo a mano la comisión externa.

De alguna forma, creo que he sido malinterpretado. Los diarios se las arreglan para poner los titulares que uno no quiere. Básicamente, yo no he anunciado una fecha particular de Censo. Lo que sí hice, después de una reunión con la gente que estaba trabajando en el Censo, fue preguntar a cada uno de ellos, y me explicaron cuáles eran las dificultades que involucraba un censo.

Después de informar sobre las tareas que involucra un censo, manifestó haber preguntado a los expertos internacionales, que tienen más experiencia que yo, cuánto tiempo demoraría. ¿Se podría hacer en 2015? Todos me dijeron: “Imposible”.

¿Se podría hacer en 2016? Salvo una persona, que dijo: a fines de 2016, todos mencionaron 2017.

Ante esa información, cuando fui entrevistado, dije: “Bueno, ese es un tope mínimo, pero no es que esté definiendo yo la fecha del censo”. Solamente tenía el deber de informar cuáles eran las restricciones técnicas para que algo sea llamado censo, porque hay otras cosas que no se llaman censo.

Ahora, si ellos llegaran a la conclusión de que el Censo hay que “botarlo”, vamos a informar que hay que botarlo. En el fondo, me refería a que íbamos a pedir una segunda opinión, no varias, como alguien sugirió en esta Comisión. O sea, si nos dicen que este Censo no tiene posibilidades de ajustes -y voy a tratar de explicar qué significan esos ajustes-, voy a informar eso. Es una decisión que escapa de mí y habrá que tratar de hacer un censo lo más rápido posible. Pero hay otros métodos que pueden ser más eficientes.

Si los expertos recomiendan que la omisión no tiene un efecto significativo y sirve, se informará que esas variables sirven y las que no, no.

Quiero explicar algo que es importante. Mi jefe de gabinete dice que es un ejemplo un poco complejo, pero creo que estamos aquí para entender el sistema.

El fundamento técnico más duro que destaca la Comisión Externa Revisora es la omisión y, básicamente, el porcentaje de moradores ausentes, que en el caso global fue de 3,5 por ciento. Obviamente puede haber distintas mediciones en diferentes comunas.

Ahora, tanto el cálculo de la omisión global como el de las omisiones a nivel comunal, no se hacen a esta altura. Es posible que el número que dio la comisión externa esté cercano al verdadero. No tenemos los datos fidedignos para hablar de omisiones a nivel comunal, porque el cálculo de la omisión a nivel nacional y comunal se podría hacer usando la proyección de población del INE y compararlo con lo censado. Eso podría ser razonable a nivel global, pero a nivel comunal no lo es, porque se requiere del cálculo de migraciones intercomunales. De hecho, tengo la comparación de las proyecciones a nivel comunal del INE, con la parte censada en cada comuna. Ahí hay un problema dramático, que es el de la movilidad entre comunas. Así, hay comunas donde lo censado es mucho más que la proyección.

Incluso, al analizar las comunas de la Región Metropolitana tiende a haber más censados que proyectados, en otras hay menos. Pero, en general, eso podría interpretarse, es una conjetura muy preliminar y pudo haber subestimaciones de la migración de las pequeñas ciudades a las grandes.

Lo que quiero destacar es la dificultad de calcular la población a nivel comunal basándose en el censo de 2002.

Si hay que botar el Censo, tiene mucho que ver con qué hacemos, en el sentido de si seguimos usando estas proyecciones o intentamos usar el Censo con algunos ajustes, que deberían ser de forma transparente.

Dentro de la evidencia internacional hay varios casos de censos que han tenido mayor omisión y que han sido “reparados”. Entonces, una de las preguntas que se va a tener que hacer el país, al existir una alternativa de reparación, que lo van a determinar los expertos que hemos traído, es si es mejor seguir durante el tiempo que se necesite para hacer un censo con estas proyecciones, que tiene sus debilidades, mientras se prepara un nuevo censo, o hacer un ajuste para dar mejor información. Es una alternativa lógica.

Por ejemplo, si en una comuna hubo una omisión de un 10 por ciento y se quiere saber una característica A, que está presente en la base censada en un 50 por ciento, en dicha comuna esa característica está presente en un 40 por ciento. Entonces, claramente hay una diferencia significativa, pues la omisión es de 10 puntos, o sea, de un 25 por ciento.

Al hacer métodos de ajuste por hot deck, o sea, con imputaciones de moradores ausentes, con métodos similares a las que usó Labbé, no en la parte de viviendas no logradas, sino con morador ausente, es una diferencia importante a nivel agregado.

Voy a sugerir un camino después de que tenga en mis manos el informe de los expertos externos, pero obviamente que esto involucra recursos. Cualquier camino involucra recursos. Eso, a mi modo de ver, va a ser responsabilidad del Gobierno.

Hemos pensado, con gente del grupo del Censo, en la necesidad de hacer un conteo de población, que solamente pregunta características demográficas. Es decir, básicamente son preguntas de sexo y edad, y eso se podría hacer antes.

Tengo muchas reflexiones acerca de lo que podría ocurrir a raíz del informe. Por ahora, esa es una conjetura, algo que pienso que podría ser bueno para el país, que es un proceso independiente, porque muchos países tienen censos cada 10 años y conteos cada 5 años, pero esa idea no surge a raíz de lo que es el Censo, sino que debiera ser una política permanente.

Ante varias preguntas de los Diputados señores Ramón Farías y Juan Carlos Latorre, el señor Coeymans respondió lo siguiente:

Hablé de una segunda opinión el 2 de mayo. Una cosa es tener una experticia para analizar un Censo y otra es tener la experticia para hacer ajustes post realizado el Censo. Tan es así que en el Banco Mundial, me dijeron que no tenían expertos para eso.

Entonces, en el trabajo que está haciendo la Comisión de Expertos Internacionales está usando la información de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 y para ello le pasamos el informe.

Para ser bien preciso, también agregué que ese plan preliminar que hemos elaborado lo someteríamos a la Comisión Externa. Pero si ellos tienen una propuesta técnica mejor, entonces vamos a seguir los consejos que nos digan los expertos internacionales.

Ellos tienen que ver si este Censo es rescatable o no. Para eso tienen experiencia.

Nosotros tenemos una propuesta de reparación, pero no necesariamente van a seguirla. Nosotros ya la expusimos, pero eso no significa que va a ser el plan definitivo. Ya se lo presentamos a la parte internacional.

Esa, no necesariamente, va a ser la recomendación definitiva. Puede que les guste o no el plan. Ellos tienen más experiencia que todos nosotros en este tema de reparación de censos.

Es parte de los antecedentes que ellos van a tener para dar su opinión sobre el Censo y, obviamente, van a considerar el informe de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012.

He dicho desde un principio que esa comisión tiene como propósito dar una segunda opinión sobre el Censo, y para eso están contando con todos los elementos.

Quiero aclarar que no he descartado o ninguneado a los miembros de la comisión interna.

He valorado su trabajo en todas mis intervenciones y lo considero un insumo fundamental para la labor del grupo de expertos, cuya conformación fue anunciada el segundo día que asumí el cargo.

Asimismo, en relación con mi visita al señor Labbé, expliqué aquí, y tengo testigos sobre eso, que estaba preparando un proyecto para la Asociación de Bancos sobre la burbuja inmobiliaria, y me reuní para ver los datos de arriendo.

En ese contexto, me reuní en el INE con don Gerzo Gallardo, subdirector técnico subrogante; Elssy Sobino, encargada de levantar las encuestas de precios; Cristián Copaja, responsable de la parte técnica del tema del IPC, para preguntar si había mayor desagregación de los datos de arriendo. Ellos me respondieron que la información que buscaba no estaba.

A raíz de eso pasé a saludar al señor Labbé, le hablé de los arriendos y del caso de la ley de autonomía.

En el caso de la ley de autonomía, y a lo mejor eso se prestó para confusión, en una comida de la Sofofa el Subsecretario le dijo a un periodista: mira, aquí está la persona que mencioné al Presidente como candidato ideal para consejero del futuro INE autónomo, y tratamos ese tema.

Difícilmente fui a pedir trabajo, pues tenía en ese momento. Además, tenía una consultoría que iba a ser suculenta.

Con respecto al ex fiscal, el abogado señor Chinchón, básicamente, el trabajo más importante en el INE es contestar todo lo relativo a la transparencia y él tiene experiencia en ello, así es que esa es su principal tarea. Tal vez sea la función que más labor demanda en la fiscalía.

El señor Chinchón sigue trabajando en el INE. Había un contrato en marcha para alta dirección pública. Él postuló, no quedó, y la persona que quedaba en la terna, a la cual seleccioné, me pareció muy idónea para el cargo.

Con respecto a la resolución que exhibe el Diputado señor Ramón Farías y que corresponde al señor Juan Pablo Raider, el señor Coeymans dijo:

A modo aclaratorio, esto no es el contrato, sino la resolución, que es el último paso de cualquier acto administrativo. No es el contrato. Yo no firmé un contrato. Es la resolución. El contrato es del 1 de enero. Es otra cosa, para que quede claro.

Él renunció el 29 de abril, antes de que yo llegara. La verdad es que no conozco al señor Raide Mandé a investigar y no hay contratos. Por eso, dispuse instruir una investigación sumaria sobre triangulación de contratos. En estos momentos, está en el Ministerio de Economía.

Las denuncias judiciales sobre la triangulación de contratos las hizo el Ministerio de Economía, al inicio y, por lo tanto, no consideré necesario hacer otra más. Ya está en manos de la justicia.

Respondiendo al Diputado señor Juan Carlos Latorre sobre la comisión de expertos internacionales, el señor COEYMANS, dijo que inicialmente, pensamos que el Banco Mundial podría ayudarnos. Ellos dijeron que no tenían expertos, pero que nos podrían dar una lista de personas.

Cuando hablé por teléfono con el señor Carlos Silva-Jáuregui, antes de que llegaran acá, le pregunté al respecto. Su respuesta fue que no tenían en casa, pero que iba a consultar con los otros expertos para ver qué nombres me podían traer. Tengo entendido que es una misión oficial, y en su agenda estaba lo relacionado con el INE. Es una misión oficial del Banco Mundial, que venía a Chile y que tenía una agenda.

Eurostat avala a esos consultores. El señor Pieter Everaers es la persona que se relaciona internacionalmente.

Nunca he dicho que este grupo de expertos iba a ser gratis. Dije que la Comisión Externa Revisora, integrada por cuatro chilenos y una colombiana, había sido gratis, pero nunca dije lo otro.

El presupuesto para estas personas corresponde a tarifas internacionales. Ellos pidieron 5.000 dólares por semana, incluidos los gastos de alimentación, hotel y otros. Al respecto, nosotros pensábamos pagar 300 dólares en viáticos, pero ellos dijeron que no, porque el viático de Naciones Unidas es de 269 dólares. Son alrededor de 3.700 dólares libres por semana. Para los estándares internacionales, eso es bastante modesto. Además, pensábamos que nos iban a pedir pasajes en clase business, pero no fue así.

Esos son los gastos mínimos para una cosa súper importante, que es ofrecer al país una vía alternativa. Esto se está haciendo con recursos que el INE tiene en su presupuesto en recursos residuales. También hay recursos asignados de parte del Ministerio de Economía para complementar esta tarea.

Yo no he descartado que la comisión internacional diga: “El Censo no sirve, hay que botarlo” ¡No he descartado eso y ya lo he dicho!

Ante la siguiente pregunta del Diputado señor Juan Carlos Latorre, ¿Usted tiene una asesoría directa del Ministro de Economía y del Subsecretario? ¿Su gestión actual como Director del INE está siendo informada, está teniendo una confrontación de opiniones permanente con autoridades de Gobierno?, el señor COEYMANS respondió:

Me he reunido más de una vez con autoridades de Gobierno. Me he reunido más de una vez con el ministro de Economía , yo soy su subordinado.

Las opiniones de hoy no las conversé con el señor Ministro , porque está fuera de Chile. No necesariamente todas las opiniones que entrego están conversadas previamente con el señor Ministro . A veces a uno le preguntan cosas que no alcanzó a conversar. O sea, salen temas nuevos. Hablamos de las cosas generales y, obviamente, ellos están al tanto de que nosotros hicimos un plan de reparación, están al tanto del plan de reparación, pero también están al tanto -ha quedado en más de una declaración mía- que ese plan es preliminar, que es un plan que se seguirá si fuera aprobado por los expertos externos, si el censo fuera reparable, si lo expertos externos no proponen otro mejor, etcétera. Y fue para ganar tiempo, nada más.

No puedo quedar amarrado de manos esperando “el santo avenimiento”, sino que también debo tener una alternativa. Obviamente prefiero esperar la opinión de expertos del máximo nivel, como lo son esas tres personas.

Converso tanto con el Ministro como con el Subsecretario de Economía. Ellos confían mucho en mí. De repente, alguna entrevista, no les ha gustado, pero en general han estado de acuerdo.

En respuesta a otra pregunta del Diputado señor Latorre referida a si las personas que trabajaban o estaban ligadas a VoxCom, ¿siguen desarrollando tareas con el INE? ¿La señora Carmen Paz Maldonado?, el señor Coeymans respondió que no y que los asesores del ex Director ya salieron, no hay ninguno.

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Durante la sesión especial celebrada el día martes 10 de septiembre de 2013, se recibió al Ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Félix De Vicente Mingo, quien en síntesis, dijo:

Respecto de lo que nos convoca, debo señalar que el Gobierno siempre ha actuado con la mayor transparencia y disponibilidad para buscar las medidas necesarias que permitan contar con un Censo que tenga certeza estadística.

Estaba asumiendo el Ministerio de Economía en el momento en que se nombró la Comisión Externa Revisora del Censo de 2012.

El actual Director del INE , señor Juan Eduardo Coeymans, manifestó su intención, independientemente del resultado del informe de esa comisión, de considerar una segunda opinión.

Como Gobierno nos parece válida la opinión del Director del INE y la respaldamos, en cuanto a buscar una segunda opinión después del informe de la comisión que fue dada a conocer hace 30 días.

Creemos que a partir de ese minuto ya estaban definiéndose los nombres de las personas que fueron recomendadas tanto por Eurostat como por el Banco Mundial.

A partir de ello, se denominaron a tres expertos extranjeros, los que empezaron a trabajar a principios de la semana recién pasada. Ellos van a entregar un informe y darán una segunda opinión en cuanto a expresar si el Censo tiene la oportunidad de ser reparado.

Esperamos ese resultado para con mayor información como Gobierno tomar una decisión responsable respecto de si es necesario repetir o reparar el Censo.

Terminada la exposición del Ministro , se originó el siguiente debate:

En respuesta a las preguntas de los Diputados señores Ramón Farías y José Pérez, el Ministro señor De Vicente, dijo:

No conozco al señor Raide, y este Ministerio y el Gobierno han actuado con total transparencia.

Cuando se tuvo algún indicio de una posible triangulación de contratos, de inmediato se acudió al Ministerio Público para entregarle todos los antecedentes a fin de que ellos hicieran la investigación correspondiente.

Respecto de la consulta de si tengo antecedentes de la razón para haber cambiado de un Censo de Hecho a un Censo de Derecho, debo decir que no tengo los argumentos para responderle en este minuto.

En cuanto al contrato o la resolución que firmó el actual director del INE, respecto del señor Raide, me indican que fue con fecha 29 de abril, el día en que él había presentado su renuncia, y debió haber sido una regulación de documentos.

Por otra parte, el Diputado Pérez me consulta sobre el costo de los expertos internacionales.

El costo aproximado de los tres meses de trabajo de estos tres expertos es del orden de 180 mil dólares, y sobre los sueldos de funcionarios que no hayan sido profesionales y trabajaron en el Servicio, no tengo antecedentes al respecto.

En cuanto a la investigación sumaria, que después pasó a ser un sumario, debo mencionarles que ese sumario decidió hacerse con personas del Ministerio de Economía, para mantener cierta transparencia respecto del Instituto Nacional de Estadísticas, y dado que es un sumario, es secreto, no tengo antecedentes que dar a conocer al respecto. Lo instruye el señor Cristián Romero, abogado de la División Jurídica.

Respondiendo las preguntas de los Diputados señor Gabriel Silber, Felipe Harboe, José Manuel Edwards y Juan Carlos Latorre, el Ministro de Economía , Fomento y Turismo, expresó lo siguiente:

Quiero contestar la consulta del Diputado señor Gabriel Silber respecto de la relación que tiene actualmente el Ministerio de Economía con el INE.

Un mes después del resultado del primer informe de la comisión he logrado una cercanía, he conversado con los subdirectores del Instituto Nacional de Estadísticas, y he podido acompañarlos en las decisiones que han ido tomando.

Creemos que es una decisión que hay que mantenerla con cierta autonomía, así como lo señala el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite en el Senado, en la Comisión de Economía. Uno debe respetar a esta Institución que tiene más de 170 años de historia, porque parte del prestigio se debe a la autonomía que una institución pueda tener.

Estamos buscando el mejor equilibrio, en conjunto con el actual Director, de un trabajo de dirección de parte de él, donde nosotros lo acompañamos, y que ha llevado a tomar las decisiones que todos conocemos, como por ejemplo la consulta a dos organismos internacionales, el Banco Mundial y Eurostat.

Al consultarle a esos organismos internacionales sus recomendaciones, ellos dieron nombres de expertos que muchas veces contratan para sus servicios, pero la manera más rápida, en función de que el tiempo es muy valioso, como lo dijo el diputado Felipe Harboe, de tomar la decisión con mayor celeridad, se decidió contratar en forma directa a los mismos expertos que suelen trabajar para distintos organismos internacionales reconocidos como Eurostat y el Banco Mundial.

Respecto del sumario administrativo interno, dado el grado de los funcionarios a los que había que sumariar, había que tener un funcionario que tuviera un grado similar o superior, y se decidió elegir al que podía tener mayor experiencia para llevar adelante el sumario. Verificaré las formas en que podamos generar la transparencia de que no haya una posible vinculación con el sumario que está realizando.

Me correspondió asumir el 7 de mayo, y los comentarios respecto de las debilidades que podía tener el Censo ya estaban desatados y la comisión estaba prácticamente formada.

La preocupación del Ministerio de Economía es velar por el equipo humano de prácticamente 1.900 personas que componen el Instituto Nacional de Estadísticas, para que vuelvan a sentirse contentas y orgullosas de trabajar en la institución. Creo que es un trabajo de todos los chilenos, y desde este Ministerio cuentan con mi mayor disposición, porque hay gente con mucha experiencia y funcionarios que debemos tratar de apoyar en estos momentos.

Si los expertos internacionales deciden que el Censo no es factible hacerlo de certeza estadística, se constderará a través de la misma comisión o de los expertos cuál será el mejor próximo Censo a realizar.

El equipo del Censo al interior del INE está buscando las mejores alternativas para una posible solución. Cualquiera sea esa solución, va a llevar a salvar la inversión hecha como país en el Censo 2012 y eso no puede ser una mala decisión si es que nos permite tomar la decisión de la asignación de los recursos que se entregan a las distintas comunas.

Debo mencionar que la información respecto de la población para las comunas se entrega a junio del año anterior; por lo tanto, la información para el 2014 ya se entregó, y esta información no necesariamente dependía del censo de 2012, porque igual no habrían estado conciliados los datos del censo del 2012.

Conocí al señor Vicente Correa cuando yo era Director de ProChile y me tocó hacer algunas actividades con el Ministerio de Economía, pero el Ministro anterior dejó el ministerio ocho días antes de que yo asumiera; por lo tanto, el señor Correa, como el Ministro anterior, no estaban en el ministerio, y hoy no están.

Sobre la sociedad Grupo, Liderazgo y Educación, no tengo los antecedentes. Lo voy a verificar, pero en este momento no podría dar respuesta a esa solicitud.

El Diputado señor José Manuel Edwards consultó por la forma en que procederemos si la opinión de los expertos es reparar el Censo.

Tal como señalé anteriormente, si es factible tener certeza estadística con el Censo de 2012, según la opinión de los expertos, procederemos a repararlo.

Si esto no es posible, procederemos a planificar el próximo censo de común acuerdo con la recomendación del equipo del INE y de quiénes ellos estimen pertinente.

A continuación, contestando la pregunta del Diputado señor Juan Carlos Latorre, acerca si el Ministerio está monitoreando realmente lo que está pasando en el INE o si ha entregado total confianza en él para los pasos que tenga que dar, el señor Ministro respondió:

La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con la asociación de funcionarios, en donde conversamos distintas opiniones respecto de lo que se está haciendo en el INE.

También me reuní con el equipo que está revisando el Censo del 2012 y además tuve reuniones con los subdirectores para darles el apoyo de parte del Ministerio respecto de la labor que ellos están realizando.

Sin duda, el Censo 2012 ha sido el tema del INE en el último tiempo; sin embargo, realiza muchas otras estadísticas de importancia nacional, las cuales se han seguido desarrollando con muy buen desempeño.

El Diputado señor Felipe Harboe aclaró que el INE es un servicio descentralizado; es cierto que no tiene autonomía, pero en estricto rigor el Director no tiene por qué rendirle cuenta al Ministro de Economía por las contrataciones que realiza.

El Ministro , a continuación, respondió preguntas de los Diputados señores Ramón Farías, Felipe Harboe, Gonzalo Arenas y Juan Carlos Latorre. Se hace un resumen de ello:

El Diputado señor Farías preguntó si el Ministerio de Economía estuvo involucrado en la decisión del cambio de un Censo de Hecho a uno de Derecho.

El ministro dijo: Tenemos un INE que eventualmente funciona de manera autónoma, y como Ministerio, ya que no tenemos el proyecto de ley en el que haya un consejo que apruebe las decisiones, puedo responder que mientras no tengamos un INE autónomo yo como ministro de Economía tendría que apoyar y validar un cambio de un tipo de censo.

Respecto del informe de los expertos, quiero ser transparente con ustedes. Vamos a tomar esas recomendaciones y las vamos a transmitir directamente, así como a ustedes, a todos los chilenos.

Estamos actuando con la mayor transparencia, de manera que la decisión que tomemos sea la mejor y sea conocida por todos los chilenos. Incluso, puede tomarse una decisión en conjunto en base a lo que digan los expertos.

Respecto del posible contrato de Vox Com y si siguen trabajando en el Instituto Nacional de Estadísticas, no tengo los antecedentes, pero junto con las dos preguntas que le vamos a contestar la próxima semana, vamos agregar respuesta a esta consulta.

En relación con las consultas del Diputado señor Arenas respecto de mi visión, los cinco técnicos de la Comisión Externa Nacional que se formó, no trabajaron en forma independiente, sino que en forma conjunta. Se reunían a tomar las decisiones y a trabajar con los antecedentes en forma conjunta.

Debo mencionar que los miembros de esa comisión -les agradezco, como lo hice en un llamado telefónico a don David Bravo- trabajaron ad honorem.

Respecto de su recomendación del Censo abreviado, como dije en una respuesta anterior, no tengo los antecedentes técnicos para afirmar que me parece oportuno o inoportuno hacerlo, o hacer otro tipo de Censo.

Ahora, lo que se comentó respecto de que la cifra de omisión comunal puede ser más difícil de estimar, principalmente radica en que uno tiene el último Censo de 2002 y se le suman las estadísticas básicas, los nacimientos y las defunciones, pero es muy difícil estimar las estadísticas de migración entre comunas. Puede que el Director del INE haya indicado que eran de muy difícil estimación por esa razón.

Respecto de la consulta del Diputado señor Harboe, sobre la persona nominada para llevar el sumario administrativo, el señor Cristián Romero, debo manifestar que tiene grado 4, es el funcionario con mayor rango que teníamos en el Ministerio de Economía para realizar el sumario. Esa es la razón por la cual él está llevando este sumario.

Por último, respecto del proyecto de ley de un INE autónomo, creemos que hemos hecho un esfuerzo en cuanto a recursos, de manera de lograr un incremento importante para habilitar en forma transversal este proyecto ley, porque sin duda que el país lo necesita.

Hoy vemos que esta Comisión Investigadora y los resultados serían muy distintos si tuviésemos un INE autónomo.

Espero que ese proyecto de ley lo podamos sacar a la brevedad posible, de manera que el próximo gobierno pueda contar con una institución autónoma, para evitarle cualquier posible conflicto de interés.

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En la sesión ordinaria de la Comisión Especial Investigadora, celebrada el día miércoles 9 de octubre de 2013, se escuchó al señor Raúl Chinchón, abogado de la División Jurídica del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, quien dijo lo siguiente:

Cuando concurrió doña Mariana Alcérreca a esta Comisión, en una fecha posterior a la que asistí, ella dio a conocer una propuesta de la empresa Vox Com, de la cual efectivamente tuve conocimiento el día que la cité a declarar, que fue el 10 de mayo. Ella, entre muchos otros antecedentes que están en el expediente, que alcanzó, hasta el momento en que estuve como instructor, a más de 3.800 fojas -todos antecedentes que fueron considerados-, incluyó un correo electrónico que le llegó con una propuesta de trabajo de la empresa Vox Com. Lo comento ahora, porque ella ha hecho pública esa situación.

Ese correo era de agosto de 2011. No tuve conocimiento de esa propuesta de trabajo hasta el día en que la cité a declarar, que, insisto, fue el 10 de mayo. No era fiscal del INE en agosto de 2011. Por lo tanto, cuando en la sesión anterior se me preguntó si tenía conocimiento de Vox Com, como empresa, dije que con la empresa Vox Com no había contrato suscrito, pero no dejé en claro que sí había antecedentes que me habían hecho llegar durante la investigación referidos a Vox Com.

Por lo tanto, en ese sentido, hago un mea culpa de no haber sido claro ni tajante como esta Comisión se merece cuando uno está haciendo una declaración. Esa fue la razón. De hecho, ahora que no soy el instructor de la causa, igual tengo el deber de guardar reserva de todos los antecedentes de que tomé conocimiento. Cuando terminó la investigación que llevé a cabo y le presenté mi propuesta al director nacional del INE el 9 de agosto, yo fui el que le propuso, dada la gravedad de los hechos, terminar con la investigación sumaria y elevar el procedimiento a un sumario administrativo.

En segundo lugar, propuse designar a una funcionaria o funcionario público como fiscal sumariante ajeno a la institución. Esa propuesta fue acogida por el director nacional. El 12 de agosto ese procedimiento disciplinario quedó radicado bajo un sumario administrativo. Ese mismo día se ofició al Ministerio de Economía para que enviara algún funcionario para continuar con la sustanciación del sumario. Finalmente, se designó a un funcionario de esa cartera ministerial como fiscal sumariante. Fue don Cristián Romero y explico por qué. Llegó una funcionaria de la Contraloría, doña Claudia Gajardo, quien el 12 de septiembre nos notificó, en la División Jurídica, que el sumario, a petición de la Comisión, va a seguir tramitándose en la Contraloría.

Por lo tanto, nos instruyó que informáramos a don Cristian Romero -que era el fiscal designado, en comisión de servicio- que desde esa fecha él no iba a ser el fiscal y que toda diligencia que estuviese llevando a cabo, o que estaba pendiente, a contar de esa fecha, quedaba sin efecto, dado que el órgano contralor tomaba control del sumario.

En consecuencia, desde el 12 de septiembre, casi un mes atrás, la Contraloría está tramitando el sumario administrativo.

Ante la pregunta del Diputado señor LATORRE ( Presidente ), relativa a si como fiscal del INE tuvo conocimiento de los contratos que se suscribieron con el señor Juan Pablo Raide, hermano del señor Maximiliano Raide, o con otras personas, el señor Chinchon dijo lo siguiente:

Efectivamente, don Juan Pablo Raide, y todos quienes han sido nombradas acá como asesores de la antigua administración, fueron contratados bajo la modalidad de honorarios a suma alzada.

Me gustaría explicar brevemente el procedimiento para que una contratación de ese tipo se lleve a cabo dentro de la institución.

Se genera una solicitud de contratación para una persona, que en estos casos emanaron de la dirección nacional. Esa solicitud señala el nombre de la persona a contratar, el monto bruto mensual que se le va a pagar y la duración del contrato a honorarios.

Dicha solicitud sale de la dirección nacional, pasa por el área de presupuestos, para ver si hay dineros disponibles, y posteriormente llega al departamento de contratos del área administrativa de la institución. Ellos confeccionan el modelo de contrato a honorarios, con todas las cláusulas tipo que introducen este tipo de contratos.

Luego, ese contrato se manda para una visación del jefe directo que va a tener la persona contratada a honorarios, para ver si está de acuerdo con las cláusulas tipo o si necesita alguna modificación, y si se condice con la solicitud de contratación que dio origen a ese contrato.

Entonces, con la visación del jefe directo, la decisión o visto bueno es notificado al área de contratos y citan a la persona para que firme el contrato; para que lleve su certificado de antecedentes y firme las declaraciones juradas que deben suscribir en este tipo de contratos.

Posteriormente, el contrato es remitido a la dirección nacional para su firma. El contrato ya firmado por ambas partes vuelve al área de personal, donde se confecciona una resolución que aprueba ese contrato.

Reitero, dicha resolución, que aprueba el contrato, es confeccionada por el área de personal, que lleva adjunto el contrato ya firmado y fechado por el suscrito y por el director nacional, con todos los antecedentes que ya mencioné.

Esa resolución pasa por nuestra división jurídica, momento en el cual tomo conocimiento del contrato en sí.

Por lo tanto, respecto del contrato, uno vela porque tanto los antecedentes exigidos para ingresar a la administración como las declaraciones juradas exigidas por la ley estén en el contrato y en la resolución; que el contrato visado por el jefe directo esté transcrito íntegramente en la resolución y que los datos coincidan y estén todas las certificaciones presupuestarias.

Cumplido esto, uno da la visación legal, es decir, visa la resolución. Hasta ese momento, nunca tengo conocimiento de la contratación o del motivo de la contratación de una persona bajo esta modalidad.

Luego, la resolución visada vuelve al área administrativa para una visación de la resolución y la firma del director nacional, con lo cual se cierra todo el proceso administrativo.

En seguida, el cumplimiento de ese contrato, dependiendo de la jornada de trabajo que esté estipulada para este tipo de contratos, o el trabajo que tiene que realizar, se vela a través de informes de cumplimiento mensual, firmados por el jefe directo del contratado y la persona. En dicho informe se detallan las actividades que en ese mes realizó la persona.

Ese informe de cumplimiento no pasa por la división jurídica; nunca ha pasado, ni este ni ninguno de los 1.200 contratos a honorarios que existen en la institución. Además, ese informe de cumplimiento, con las visaciones, es recibido por las áreas financieras respectivas para proceder al pago mensual.

Ese es el proceso que sigue el contrato a honorarios a suma alzada en el INE.

Tuve conocimiento de todos estos contratos, como de cualquiera a honorarios, al momento de llegar la resolución a la división jurídica para cotejar todo lo que mencioné.

En respuesta a preguntas del Diputado señor José Pérez, dijo:

Dentro de la investigación están todos los contratos. Lo que pasa es que no puedo dar mi opinión sobre esa cuestión u otras situaciones investigadas, porque el asunto está en manos de la Contraloría. Es más, podría impedir alguna de las diligencias, incluso aquellas que pudiese tener en mente el jefe de la unidad de sumarios, que ahora es el fiscal.

Lo que sí puedo decir es que todos esos contratos, con todos sus informes de cumplimiento, están, entre otros antecedentes, allegados a la investigación.

Ante consultas del Diputado señor LATORRE ( Presidente ), el señor Chinchón respondió que sigue siendo funcionario del INE, es el único lugar del sector público en el cual me he desempeñado. Ha sido una experiencia bastante agradable desarrollar mis funciones en el servicio público.

Ingresé al INE en junio de 2007, y siempre, hasta la fecha, he tenido la calidad de funcionario público, ya sea como planta o como contrata. Ante la ausencia del titular o del jefe de la división jurídica, siempre me ha correspondido ser el subrogante, desde dos administraciones atrás hasta la fecha.

Ingresé como contrata, luego estuve supliendo una planta, después estuve subrogando la división jurídica, mientras el cargo se concursaba. El cargo se concursó, llegó un fiscal en abril de 2009, y seguí siendo su subrogante durante todo ese tiempo. Posteriormente, se volvió a concursar el cargo, en momentos en que me encontraba en calidad de transitorio provisional, y se designó a una nueva fiscal a contar del 1 de septiembre, y volví al grado que siempre he tenido dentro del Instituto, a contrata y siendo subrogante por grado legal dentro de la unidad.

La nueva fiscal es la abogada señora Jessica Matus.

En el INE, en total son 1.200 funcionarios a honorarios, aproximadamente, más todos los funcionarios de planta y contrata en los distintos estamentos, se llega casi a 2.000.

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Vuestra Comisión Especial Investigadora celebró una sesión especial el día lunes 14 de octubre de 2013, con el objeto de escuchar al ex Director del Instituto Nacional de Estadísticas , INE, señor Francisco Labbé Opazo, quien concurrió acompañado de su asesor legal, abogado Jorge Martínez Cornejo. Dijo, en síntesis, lo siguiente:

Quiero referirme a las tres acusaciones básicas que se me han hecho. Primero, manipulación de las cifras del censo o uso malicioso de documento público, lo que, de alguna manera, se ha llamado por los medios públicos clonación; segundo, falsificación de documento público, es decir, faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales en la entrega de datos y, tercero, una terrible acusación de sabotaje informático, es decir, alterar maliciosamente los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, o sea, en una base de datos.

Los avances de la investigación han permitido que pueda, de alguna manera, hacerles ver que estas tres acusaciones han sido sobrepasadas por los hechos de la realidad.

El uso malicioso de documento público o manipulación de la cifra del censo, lo que se ha llamado clonación, que, incluso, motivó, en algún minuto, a una segunda acusación por parte del nuevo director del INE ante el fiscal, en donde le hace llegar un oficio en el que me acusa de clonación de 800 mil personas.

Posteriormente, el mismo Director del INE, algunas semanas después, toma conocimiento de que ello no era efectivo y que lo que supuestamente se llamaba clonación es algo muy simple denominado imputación por donación, que consiste en una metodología estadística que se utiliza en todos los censos de derecho en el mundo y en muchas encuestas.

El manual de Naciones Unidas DDR3 lo explica claramente. Dice que esta forma de imputación es totalmente aceptable, la cual consiste en aquellas unidades o viviendas faltantes que, por alguna razón, no pudieron ser censadas o, más bien, no pudieron ser encontrados sus habitantes o no pudieron tener acceso a sus viviendas; estas se imputan tomando los datos de viviendas del mismo lugar o área, lo que se llama imputación por donación, lo cual se especifica en el manual anteriormente señalado de Naciones Unidas DDR3.

Posteriormente, el nuevo director del INE comunica al fiscal que se desdecía de lo que había acusado, porque efectivamente del departamento de Demografía le habían informado que lo que se había hecho era algo normal en todo proceso estadístico y metodológicamente era aceptable.

Una de las expertas en demografía del INE, señora Ninoska Damianovic, en una información que envía al fiscal, señor José Morales, explica latamente en qué consiste este tipo de imputación que se llama en inglés listwise y que implica lo que estaba indicando, es decir, tomar los datos de una vivienda similar y entregársela a una vivienda que no pudo ser censada.

Por último, quiero destacar que en el anexo 4.3, de la Comisión Revisora Externa Chilena del Censo, en el acápite “Tratamiento a los Moradores Ausentes”, explica que justamente ese método es aceptable y que se usa normalmente en los censos en el mundo.

En consecuencia, esa primera acusación, a mi entender, es bastante explicada.

La segunda acusación de falsificación de documento público, es decir, faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales, se refiere a que al comunicar a la opinión pública los datos censales no se separaron los directamente censados de los imputados y, en consecuencia, eso podría entenderse como una falsificación de documento público, ya que se estaría faltando a la verdad.

Lo he dicho abiertamente y así lo informé a la Comisión a través de un documento: publicar los datos sin desglosar se hace en la mayoría de los censos del mundo y lo normal es que las aclaraciones de cómo se realizaron las distintas imputaciones se hagan, posteriormente, en un documento metodológico. En consecuencia, no tenía objeto hacerlo en el documento dirigido a la opinión pública, porque el informe metodológico donde se explica cómo se llegó a ello, es, básicamente, para los expertos que usan la información.

Asimismo, quiero nuevamente mencionar que en el mismo anexo cuarto, punto tres, de la Comisión Revisora Externa del Censo, se indica que en solo dos de los últimos seis censos de derecho realizados en Latino América se desglosó esta información y, en los otros cuatro, se publicó exactamente como en Chile, lo cual valida lo que realicé.

En los otros cuatro censos se hizo lo mismo que en Chile, con una diferencia: en nuestro censo quedaron claramente especificadas cada una de las bases de datos con sus diferentes tratamientos, de tal manera que cualquier técnico que quiera usar la información solo debe seleccionar la base de datos apropiada; de hecho la base pura, con la información directa de los formularios censales, también está disponible.

La última acusación es sabotaje informático, que significa alterar maliciosamente los datos contenidos en un sistema de tratamiento de la información, es decir, alterar la base de datos. Todas las investigaciones que ha realizado posteriormente el INE, han mostrado que las bases de datos están absolutamente prístinas e incólumes; están limpias y cada una tiene un código, de tal manera que no existe tal alteración. El INE, como lo mencionó el nuevo director en la Comisión, el señor Juan Eduardo Coeymans, hizo nuevamente el ejercicio de tomar los formularios con los cuales se realizó el Censo, que entregó la misma empresa externa y verificó que las bases de datos son idénticas a las que dejamos. Por ello, el sabotaje informático está absolutamente descartado.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 (chilena), en el párrafo 47 de su informe, analizó el problema de las bases de datos y concluyó: “por tanto, es posible entonces inferir que la base de dato resultante es reflejo de la original”. Es decir, la acusación cae por su propio peso.

He visto la mayor parte de las sesiones a través del Canal de la Cámara de Diputados y, en muchas, se han dicho cosas que no corresponden a lo que es un proceso censal.

El proceso censal es largo y complicado. En este caso se inició en 2008, con la estimación del presupuesto para toda la medición y que debiera concluir en 2014, con la concreción de las últimas etapas, que son: el informe metodológico y, finalmente, la conciliación censal que implica un trabajo largo y meticuloso en el cual se analiza, usando la informaciones de natalidad, mortalidad y egreso e ingreso de personas al país, más algunas otras variables, toda la información que contiene el Censo y se corrigen las cifras. Por consiguiente, es un proceso natural y lógico en el que no se reparan las cifras, como alguien lo ha dicho.

Quiero recordar que en el Censo de 2002, el proceso de conciliación censal agregó 630 mil personas de distintas edades y en el anterior fueron alrededor de 400 mil. Naturalmente, se trata de un proceso en el cual, por distintas razones, la gente no da cuenta de todas las personas y por eso se hacen conciliaciones en todos los censos del mundo.

Por otra parte, en Estados Unidos, una de las potencias más grandes del orbe, el proceso censal captó el 72 por ciento de las viviendas. Posteriormente, debieron realizar un largo trabajo para captar el resto de las viviendas y, aún así, no llegaron a la totalidad. El 22 por ciento fue estimado a través de un proceso de imputación parecido al que hace México, que consiste en preguntar a los vecinos. Obviamente, la información que aportan los vecinos o el administrador de un edificio es, básicamente, solo el número de personas; por lo tanto, el resto de la información, como la caracterización de la población, que es el dato más fundamental de un Censo, permite establecer las políticas públicas, que en este Censo es muy superior. Incluso, se logró la caracterización del censo de Estados Unidos, y qué decir del de Inglaterra. Solo menciono dos países que son potencias mundiales. En el caso del Reino Unido, se acepta una omisión censal del 6 por ciento. Sin embargo, en los distritos, en los lugares que nosotros llamamos comunas pequeñas, esa tasa superó el 20 por ciento.

Por lo demás, en el censo de Estados Unidos se indicó que la omisión fue de 0.47 por ciento. Si analizamos esto con nuestros patrones, no lo podríamos aceptar y probablemente estaría en todos los medios de comunicación. Es más, en el censo de USA, todo el proceso censal se hizo por correo. Cabe recordar que, en el caso de Chile, en dos oportunidades un censista dejó el formulario para que fuera llenado por la persona que no pudo encontrar. Eso fue tremendamente criticado, una señora alegó que cómo era posible que se lo hubieran dejado. En cambio, en Estados Unidos a todas las familias se les envió uno. O sea, al censo chileno se le critica por un patrón de medidas muy superior a los del resto del mundo.

Luego de la exposición, en el seno de la Comisión se originó un debate, consignándose en forma resumida las siguientes respuestas del invitado:

El Diputado señor LATORRE le dijo que la acusación o el alcance que se le hace no dice relación con el total de la cifra de 800 mil personas a la que usted hace referencia, sino explicita y directamente al caso de viviendas que no existen o que no se sabe dónde están, de las cuales surge una imputación de 300 mil adicionales. Tal vez, usted deba referirse a eso en particular, que es el punto central al cual se le está haciendo un alcance a su proceso de clonación o de donación.

Usted dice clonación versus imputación por donación. Sin embargo, la acusación que se ha hecho es por una eventual clonación o agregado de datos sin respaldo en las bases de datos, tanto del actual director Coeymans como de cualquier otra persona. Esas 300 mil personas consignadas no están en viviendas determinadas. Le pido que precise al respecto, ya que es el punto central de la acusación en relación al primer tema.

El señor Labbé respondió que, aproximadamente, un tercio de ese número de personas -alrededor de 300 mil- corresponde a viviendas de comunas en las cuales no se alcanzó el ciento por ciento de la residencia del precenso. En el agregado, es decir, en el promedio de las viviendas que se censaron, se logró el 101.2 por ciento. ¿Por qué? Porque se compara con aquellas encontradas en el precenso, el cual fue más o menos un año antes del censo.

Por lo tanto, se logró un 101.2 por ciento de vivienda censadas -algo nunca antes visto en Chile- lo cual indica que, de alguna manera, hubo un crecimiento. Al ser ese porcentaje el promedio, hay comunas en que se logró más y otras en que no se obtuvo el ciento por ciento. De hecho, la única región en la que no se superó ese porcentaje de la vivienda del precenso fue en la Cuarta Región. En el resto sí se logró. En cambio, entiendo que en la Región de Coquimbo se logró un 99 coma algo por ciento.

En términos técnicos, existen diferencias fundamentales entre los censos de hecho, lo que se hacía antes y que muy pocos países de Latinoamérica los siguen haciendo en un día, con voluntarios y en el que se pregunta, básicamente, dónde durmió la noche anterior.

En el censo chileno de 2002, a pesar de tener la identificación de precenso de todas las viviendas, la instrucción que se les dio a los censistas fue censar determinadas calles, sin indicación del número de viviendas ni de las viviendas en forma individual.

Luego, teóricamente, el censista, si cumplió bien su tarea, pues habría censado todas las viviendas de una determinada calle, independiente de si habían sido consideradas en el precenso o si fueron construidas después.

En el censo de 2012, queríamos mejorar sustancialmente la gran base muestral para todas las encuestas que se hacen en Chile. Se prefirió ser puntilloso en los datos y al censista se le entregó como tarea censar determinadas viviendas, con su calle y número, en otras palabras, censar la calle Arturo Prat, las viviendas números 2719, 2731, 2743, etcétera.

Para seguir las instrucciones de los organismos internacionales, hacer la mejor comparabilidad entre censos, decidimos imputar las viviendas que se estimaron se habrían construido entre el precenso y el censo, restando, naturalmente, las que fueron censadas. Para ello, se hizo un trabajo muy asertivo; se tomó comuna por comuna y en cada una de ellas se separaron las viviendas rurales de las urbanas y se proyectó, en base a la información que teníamos del censo 2002 y del precenso 2011, la tasa de crecimiento de las viviendas. Esa tasa de crecimiento, urbana y rural, para cada comuna fue la que se consideró, restándole las viviendas logradas por sobre el precenso.

Esa es la primera razón técnica.

La segunda se hizo en función a un respeto y ayuda al proceso de conciliación y a aquellas comunas que habían tenido una tasa de crecimiento elevada.

La comuna con más rápido crecimiento de Chile, la que lleva el mismo nombre de la región, Maule, es pequeña, se ubica al sur de Talca y se constató que entre el censo de 2002 y el precenso de 2011 el número de viviendas había crecido en más del 200 por ciento. Estamos hablando de una tasa anual por sobre el 10 por ciento.

¿Cuál es la razón de eso? No es porque en Maule se haya descubierto una mina de oro o petróleo, es, simplemente, porque está al sur de Talca y el desarrollo de esa ciudad, que fue hacia el sur, se construyó en Maule. En consecuencia, el crecimiento de Maule fue de esa magnitud.

Parte importante de los recursos públicos que van a las comunas se hacen en función de su población, por lo tanto, me imagino al señor alcalde de Maule extremadamente complicado, porque tiene un historial de una comuna pequeña pero en la realidad es mucho más grande.

Ese fenómeno se repite en muchas comunas, incluso, en el gran Santiago, porque con la política de construcción de edificios, el crecimiento entre 2002 y 2011, fue por sobre el 80 por ciento.

Les quiero leer parte del manual DDR3 de la Cepal, recomendaciones para los censos, sobre cartografía censal, migraciones, enfoque étnico y cobertura censal: un tema aún no resuelto, por la complejidad de la conciliación en esos casos, es el de la estimación de la población de áreas menores, comunas, lo que es una necesidad muy sentida en la medida que se requiere información para políticas y programas locales. La omisión por áreas menores es más difícil de obtener debido a las distorsiones que puedan presentar poblaciones muy abiertas a la movilidad poblacional o a la ocurrencia de hechos locales de poca trascendencia nacional. Esos son, justamente, los casos a los que me estoy refiriendo.

Dado el desarrollo actual de Chile, me atrevería a afirmar que estimar la población total no es difícil, tenemos las mejores estadísticas vitales del mundo. Tenemos un RUT que coincide con el número de carné y con todos los datos de las personas.

Por ejemplo, si va a comprar a un local y muestra el RUT, lo van a conocer, porque todo funciona en relación al RUT, nadie puede nacer o morir si no tiene un RUT. Por lo tanto, estimar la población nacional es muy fácil, porque se tiene el nacimiento y la mortalidad de todas las personas.

Lo que no existen son datos hacia atrás, por eso en las elecciones hay personas que aparecen votando con 120 años de edad. A partir de los años 80, ese dato es perfecto. En consecuencia, estimar la población nacional del país es un proceso muy fácil, no es necesario un censo. En España ocurre lo mismo, el censo se hace solamente con el 10 por ciento de la población, únicamente para caracterizar.

El Diputado señor Enrique Accorsi, preguntó: ¿Qué opinión tiene del resultado de la comisión externa que analizó la situación del censo, después del terremoto de su salida? ¿Cuál es su opinión respecto de esa comisión de expertos?

El señor LABBÉ dijo: La comisión conformada por personas respetables, a mi entender con poca o nada de experiencia en Censo, cometió dos errores metodológicos básicos que anulan la conclusión a la que llega.

El error metodológico básico, el más básico de todos es que para descartar el censo y estimar omisiones comunales, lo que hizo la comisión fue tomar seis indicadores donde podría haberse producido algún tipo de omisión.

Luego, esos seis indicadores los ordena de acuerdo con su criterio en términos de mayor o menor posibilidad de ocurrencia de omisión a nivel comunal. Allí concluye que se ordenan estas comunas y, asimismo, concluye que hay un problema serio en cuanto a ello.

¿Dónde está el error metodológico? En que cuando usted hace un ordenamiento de ese tipo, debe tener un punto de comparación.

Usted puede encontrar diferencias importantes, ¿pero son suficientes para descalificar un censo? ¿Son menores, son graves?

Para esto se necesita un punto de comparación con otro censo, y eso no lo tenían. Entonces, todo termina solo en un juicio de valor.

El segundo error metodológico es que dentro de los seis parámetros usados, el último es justamente el cálculo de cuánta diferencia hubo entre lo que se censó, versus el número de personas censadas, versus lo que se había proyectado para esa comuna. En otras palabras, aunque no lo dice en el informe, eso se llama omisión censal comunal.

Pero resulta que la omisión censal comunal es lo más difícil de explicar, tal como lo estaba tratando de aclarar antes.

Es la oportunidad para leer cuatro líneas. Dice: Un tema aun no resuelto, por la complejidad de la conciliación, es el de la estimación de la población de áreas menores. La omisión por áreas menores es más difícil de obtener debido a las distorsiones que puedan presentar poblaciones muy abiertas a la movilidad poblacional o a la ocurrencia de hechos locales con poca trascendencia nacional. ¡Es lo más difícil!

Tal como decía, es fácil estimar la población de Chile, que no es la población del censo; no es la cifra que nosotros logramos. Es lo que surge del proceso de conciliación que no se ha hecho.

Pero de allí, bajar a las regiones, y peor aun, bajar a las comunas, es muy difícil, y es más difícil todavía cuando estamos hablando de un cambio de modalidad de censo.

Lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. En la nortina comuna de Pica está la mina Doña Inés de Collahuasi, que tiene 8 mil trabajadores. En el Censo del 2002 la forma de censar fue consultar dónde habían pasado la noche anterior. Esos trabajadores, que tienen un proceso de 20 días en la mina y 10 días en su lugar de trabajo, fueron censados en la mina y, en consecuencia, aparecen en Pica.

En este proceso censal los trabajadores fueron censados en su lugar de residencia habitual.

La información que tiene la mina Doña Inés de Collahuasi dice que más del 50 por ciento de los trabajadores viven incluso fuera de la región, y la mayor cantidad vive en ciudades grandes y no en Pica.

En consecuencia, en este censo de los 8 mil trabajadores quizás se censaron 400 en Pica; no lo sé.

Estoy poniendo un solo ejemplo porque en todos los lugares donde hay campamentos ocurre este mismo problema. Entonces, hacer ese trabajo es muy complicado.

Señor diputado , piense usted que esa estimación comunal se realizó a partir del censo de 2002 y en el 2003, y esas poblaciones comunales se proyectaron en base a estimaciones de natalidad, mortalidad, cosas que en realidad son muy difíciles de estimar y que se den.

El segundo error metodológico fue haber tomado ese dato y usarlo a sabiendas de que ese dato no era posible de usar. Y peor aun, si tenían ese dato, ¿por qué no lo usaron si estaban estimando la omisión censal?

A mi juicio, la comisión no lo hizo a sabiendas de que tenían ese dato, teóricamente, porque el dato no era bueno. Y si el dato no era bueno, tal como lo han dicho los organismos internacionales, ¿por qué se usó ese dato?

Ese es otro error metodológico, y así podría señalarles una serie de otros errores, pero basta con eso.

El Diputado señor Farías, preguntó lo siguiente:

Me gustaría saber si usted tomó contacto con Maximiliano Raide para el proceso del Censo de 2012 y cómo se le pagaba por sus servicios en el INE.

Por otro lado, hemos recibido distintos testimonios que nos confirman que usted ordenó la contratación de Juan Pablo Raide, hermano de Maximiliano, de Antonio Hartmann y de Constance Pooley. Por tanto, quiero saber por qué y para qué se contrataron a esas personas, si fue su jefe directo y si es cierto que usted firmaba también los informes de cumplimiento de gestión de esas tres personas.

Los testimonios señalan que hay personas que nunca se vieron en el INE, como por ejemplo el señor Juan Pablo Raide, y que, eventualmente, a través de ellos se habría triangulado el pago al señor Maximiliano Raide. También nos han señalado que usted era quien firmaba los informes de Juan Pablo Raide y de Constance Pooley. Hay testimonios que indican que esas personan nunca desempeñaron funciones en el INE.

En respuesta el señor Labbé, manifestó lo siguiente: En primer lugar, se habla de triangulación de dineros. Yo, como Director del INE -me hago responsable- contraté a personas para realizar trabajos específicos.

Sobre supuestas triangulaciones, a mi entender, y este es un juicio, no pasan más allá de ser historias de una mente afiebrada.

Respecto de cómo “contraté” a Maximiliano Raide, yo era decano de la facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello y hace 6 o 7 años conocí al señor Raide, que tenía una organización que se llamaba Jóvenes Líderes.

Con él empezamos a trabajar en la universidad para hacer una labor larga en términos de mostrar a los estudiantes cuál sería la realidad cuando ellos entraran al trabajo. Invitamos a miles de personalidades, a gerentes de empresas, etcétera. Hicimos una serie de actividades con Jóvenes Líderes. Incluso, trajimos personeros norteamericanos y a gente de distintos puntos del globo. Hicimos mucha labor.

La labor que realizó Maximiliano Raide me pareció espectacular. Por eso, cuando empecé a analizar el problema censal -porque el censo había partido el 2008-, en ese minuto estábamos en la idea de un proceso censal con voluntarios, y me pareció importante tener un grupo joven que hablaba el idioma de los jóvenes.

Además, como segundo fenómeno, el Departamento de Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas tenía personal y estaba dirigido para todas las actividades normales del Instituto Nacional de Estadísticas, y el personal era ad hoc y suficiente para esas actividades normales, pero el censo era una actividad absolutamente anormal, pues se hace cada diez años. En consecuencia, la labor de comunicación del censo era muy alta. Necesitábamos una labor de comunicación diferente a lo que hacía el INE.

En segundo lugar, dentro de las modernizaciones que trataba de hacer, en las cuales incluyo el proceso de autonomía, que ojalá los distinguidos diputados pudieran aprobar en su oportunidad porque eliminaría todos estos problemas, estaba abrir la institución hacia los medios.

La institución tiene una cantidad de información maravillosa. Es el paraíso para cualquier investigador universitario. Sin embargo, son muy pocos los académicos que conocen lo que hace el INE o que tienen información del INE, porque el Instituto se miraba hacia adentro.

Cuando llegué, la página web del INE era un desastre. En consecuencia, había que hacer una modernización en términos de abrir esta institución. Para eso, necesitaba hacer una serie de labores, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, una cosa que para mí era muy sentida, cual era crear un centro de investigación, como lo tiene el Inegi, en México, que es el INE más adelantado de Latinoamérica.

El centro de investigación era para juntar a académicos que no podían trabajar con información nominada, porque no pertenecían al INE, con profesionales del INE que sí estaban interesados en investigar y publicar. En consecuencia, íbamos a crear una revista, y para eso contratamos también a estas personas.

En resumen, quiero indicarles que llegué prácticamente con una persona, Sebastián Mathews, que había sido el mejor alumno en la universidad, había trabajado conmigo, era de toda mi confianza, y lo es. Él finalmente tomó el cargo de director del Departamento Comunicaciones cuando renunció la directora anterior.

En consecuencia, a través de ese Departamento de Comunicaciones se hizo toda la labor comunicacional del censo.

Quiero mencionarles lo siguiente. De acuerdo con una publicación del diario La Tercera, durante el primer semestre de 2012 el Director del INE aparece, dentro de los subsecretarios y jefes de servicios, con la mayor presencia en los medios. Esto no es gratis.

Todos los periodistas aquí presentes saben que para tener alguna participación en los medios se requiere un trabajo gigantesco.

De hecho, en el 2012 el Censo fue la segunda campaña comunicacional de recordación, después de la campaña Tolerancia Cero, referida al alcohol.

Por último, el INE fue reconocido por los periodistas como el servicio público más transparente, de acuerdo con la encuesta Adimark.

Ahora, en el caso específico de Maximiliano Raide, tal como se los expliqué en el informe, yo lo quise contratar, pero él me dijo que no podía porque era el presidente de Jóvenes Líderes y no quería aparecer en una institución de gobierno cuando tenía una organización transversal.

Lo entendí, pero le pedí que me ayudara.

¿Por qué le pedí ayuda? Porque el señor Maximiliano Raide tenía muchos amigos en el gobierno. En consecuencia, él tenía una entrada en el gobierno que yo no tenía.

Toda mi relación con el gobierno básicamente era por el subsecretario y el ministro , pero el censo requería una coordinación muy grande con el resto de las autoridades de gobierno, con todos los ministerios, con la Presidencia de la República , y ahí el aporte que hizo Maximiliano Raide fue muy importante porque él hizo los contactos, me hizo las relaciones con muchas autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque era joven y, como ustedes saben, trabajan muchísimos jóvenes en las distintas labores que tiene la Presidencia de la República .

Jamás, y lo digo de manera enfática, he contratado al señor Maximiliano Raide. No existe ningún contrato con él; jamás lo he hecho. Jamás el señor Raide participó en alguna reunión técnica, entendiendo por reuniones técnicas aquellas que hacen la subdirección técnica o la subdirección de operaciones.

El señor Raide participaba una vez a la semana en el comité de comunicaciones, que era lo normal, comité que estaba conformado por estas personas, más dos periodistas.

En el caso del señor Juan Pablo Raide, fue contratado en diciembre de 2012, y estuvo básicamente diciembre, enero, febrero y marzo, y fue contratado para desarrollar las relaciones con las universidades.

De hecho, logramos hacer una serie de convenios con las universidades y desarrollar una serie de exposiciones en distintas universidades. Esa era su labor, como también de los otros miembros. Incluso, ayudaba en esto, naturalmente, Sebastián Mathews. O sea, esa era la labor. Eran dos temas los que desarrollaba el departamento de comunicaciones. Uno, las comunicaciones del Censo; dos, abrir el INE hacia la comunidad, cambiando la página web, haciendo las relaciones con las universidades e iniciando lo que sería en el futuro el departamento de investigación del INE, junto con su revista. Esa fue su labor. Todo lo demás es invento. Todas estas personas estaban contratadas a honorarios.

La mayor parte de los contratos, además de las rendiciones de cuentas, los firmé yo. Pero hubo un par de rendiciones de cuentas firmadas por otros directivos del INE.

Todo esto fue conforme a la ley, a la legislación, con la aprobación y visto bueno del sistema administrativo y fiscalía del INE. Todo fue hecho de manera absolutamente transparente. No hay nada oculto en esto; nada oculto.

Son injurias las que se han hecho a estas personas, por cuanto realmente hicieron un trabajo espectacular. Se los podría leer. Fue una labor gigantesca, archivadores de todas las exposiciones, comunicaciones, etcétera.

El Diputado señor Silber, dijo que el punto 12 del informe de la comisión revisora externa -y aquí viene la pregunta de fondo- señala: “Un censo de derecho con levantamiento prolongado en el tiempo requiere de una organización, logística y presupuesto muy diferentes a las requeridas en un censo de hecho de un día. También demanda retomar etapas que habían sido ya cerradas en los preparativos del Censo,...”.

Por ejemplo, no se hizo un modelo preparativo del censo, como aconsejaba la técnica.

Al respecto, el texto es categórico, pues el informe añade: “La dirección del INE no siguió este camino y el tránsito hacia el Censo de derecho estuvo marcado por el voluntarismo”.

En su respuesta el señor Labbé dijo lo siguiente: Se han hecho una serie de imputaciones en términos de que el Censo no sirve, todo basado en el informe de una comisión que, como dijo el Presidente de la República , estaba compuesta por personas que no sabían de Censo.

La persona que más sabe de censos en el mundo, Jacob Ryten, dice que no acepta esa cifra de omisión, porque no sabía si era buena. No acepto la cifra de omisión que se dice, porque me parece poco profesional que se parta con una cifra que se va a estimar en un año más. El 9,3 por ciento es una estimación basada en una proyección que se hizo en el 2003 de la población de Chile, con una serie de parámetros que podían o no cumplirse, entre ellos el de número de hijos por mujer, que de hecho no se cumplió, y que obligaba a modificar dicha estimación.

La Comisión tuvo disponible este trabajo, que se llama Perspectiva de la Población de Chile para el año 2070, Base 2002 -el Censo-, que también va a cambiar porque todos estos son procesos que van cambiando.

En este informe, tomando dos hipótesis, una de ellas estima que en junio de 2012 la cifra de chilenos sería de 17.187.000 habitantes, y bajo la otra hipótesis la cifra sería 17.178.000. A esto hay que restar el hecho de que debemos movernos al 9 de mayo, que es el promedio del censo.

En consecuencia, usar la cifra oficial, calculada en el 2003, que es la peor cifra para lograr la máxima omisión, no me parece académica ni metodológicamente aceptable. Partir con el supuesto del 9,3 por ciento, me parece erróneo.

Además, el Director Coeymans en esta Comisión, hizo ver que lo más lógico para estimar algún grado de omisión era tomar los datos, por ejemplo, de los menores de 20 años, porque esos datos están. Es cuestión de pedirlos al Registro Civil , y como dije, dado que necesitamos el Rut, esos datos están perfectos: cuántos chilenos nacieron y están vivos al cabo de 20 años. Y esa cifra al compararla con la del Censo llega a un poco más del 6 por ciento de omisión.

En consecuencia, la omisión va a ser calculada al final del proceso de conciliación y, probablemente, va a estar disponible, como todas las cifras, en el 2014.

Cuando llego al INE, hice lo que enseño a mis alumnos, en el sentido de preguntar por qué se hacen las cosas de cierta manera, dado que es la única forma de mejorar la institución.

El mayor aporte que puede hacer un nuevo administrador es preguntar por qué. Es lo que hice. Pregunté por qué se pagaba una cantidad enorme en arriendo y no teníamos un edificio, etcétera.

Relativo al Censo, a menos de seis meses, inmediatamente después de tener una reunión con el Presidente de la República , en la que le manifesté las modernizaciones que tenía pensadas para el Instituto Nacional de Estadísticas, me pregunté por qué hacíamos un Censo de cierta forma en circunstancias de que toda Latinoamérica había cambiado.

Por toda la información que había recabado de distintas personas del INE, por qué hacer un Censo que tuvo serios problemas, en términos de que la cantidad de voluntarios que llegaron fue muy inferior a la realidad, en donde quedaron comunas sin censar -como Puente Alto- o censadas a medias, como Valparaíso o Viña del Mar.

A continuación, el Diputado señor Latorre dijo: Si consignamos irregularidades administrativas nuestro deber es poner los antecedentes a disposición de la Contraloría. Nosotros no sancionamos irregularidades administrativas. Si encontramos antecedentes que pudieran derivar en un proceso penal, entregamos los antecedentes al Ministerio Público y vemos si esas irregularidades pueden configurar también responsabilidad política, y nos interesa que esa responsabilidad se consigne a partir de los hechos reales. Nos interesa que nos diga si la decisión del cambio del tipo de Censo, antes de comunicársele a los funcionarios del INE, fue conversada con el Presidente de la República y con el ministro de Economía , señor Pablo Longueira.

Usted declaró públicamente que era víctima de un complot político y cuando hizo esa declaración muchos pensábamos que podía referirse a gente del propio Gobierno o a gente de la Oposición porque no especificó claramente quiénes participaron en ese complot político. Quiero pedirle que nos aclare ese punto. ¿Dónde estuvo el complot? ¿En qué consistió?

El señor LABBÉ respondió: En primer lugar, aclaro que el hecho de que usted se haya formado una opinión a partir de las personas que han venido aquí no necesariamente corresponde a la verdad, porque la mayor parte de las personas que han venido a la Comisión son las que a mí me han atacado y a la Institución. No he visto aquí al jefe del censo, por ejemplo, y por eso quise venir, porque yo soy la voz discordante, pues en esta Comisión se ha escuchado, básicamente -salvo al señor Coeymans-, a todas las personas que me han atacado. Entonces, yo le pido que me permita defenderme porque mi opinión va a ser diferente de la que usted tiene y que se haya formado, como dije, en base a los testimonios de esas personas.

En segundo lugar, usted comprenderá que una decisión tan importante como es el cambio de un tipo de censo no la puede tomar el Director del INE , independientemente. No es así y usted ha tenido experiencia en ministerios como para darse cuenta que eso no es así y yo ni siquiera era un ministro , era un jefe de servicio.

En consecuencia, no pueden dar como hecho, como la verdad, lo que han dicho otras personas acá. Usted mencionó, o el diputado Silber, a la señora Mariana Alcérreca. Yo no entiendo cómo en nuestro país a una persona que miente públicamente se le siga creyendo. En Estados Unidos caen los presidentes porque dicen una mentira. Aquí, públicamente, la señora Alcérreca dijo lo siguiente: Yo nunca he tenido experiencia en la administración pública. Lo dice dos veces en el artículo de Ciper. ¡Dos veces! Pero yo la contraté justamente porque ella tenía experiencia en el INE y están en poder del fiscal Morales las copias de los contratos de la señora Alcérreca, de ambos. Entonces, si ella miente -no sé por qué cuando era tan fácil descubrir que era una mentira-, ¿por qué usted le sigue creyendo, diputado Silber? Si ella mintió en algo tan elemental, ¿por qué se le sigue creyendo? ¿Por qué el resto de las cosas tiene que ser la verdad? A mí no me parece correcto.

Tal como decía, una decisión de cambio de censo es tremendamente importante para un país. Es obvio que dicha decisión no la podía tomar yo solo. De hecho, había una serie de instancias, como la Comisión Nacional Censal, compuesta por ministros y por subsecretarios, por el intendente de Santiago , por las autoridades militares y de Carabineros.

Por supuesto que se discutió ahí el cambio de censo. En presencia del ministro de Economía y de todos los asistentes. Ahí se justificó el cambio de censo.

Entonces, yo he dicho la verdad, toda la verdad y no quiero ocultar nada. Soy una persona transparente. Se me ha acusado de mil cosas. Se me ha acusado de un verticalismo en la institución. Lo único de lo que no se me ha acusado es, al parecer, de injerencias políticas porque yo llegué a la institución y no eché a nadie. El jefe de Gabinete que era de la directora anterior, quien naturalmente me presentó su renuncia, y le dije: “por qué se va, si yo necesito su apoyo técnico.”. ¡He sido la persona más transparente!

Lo que me molestaba del INE era el verticalismo que tiene la institución. En ese lugar, el Director Nacional era como un “reyecito” y yo decía: “¡No puede ser si soy académico!”. En el mundo académico todo es horizontal, razón por la cual traté de armar un sistema horizontal, pero sistemáticamente me ponían la proa. ¡Todo se ha dicho al revés!

He sido académico -y lo pueden decir todas las personas que han trabajado conmigo- y todas las decisiones que tomo son propias de un académico, o sea, grupales. Se consultan las cosas.

Cuando una persona que siente que no ha cometido ningún pecado y nada irregular y es atacado de la forma en que aquí se ha hecho, obviamente, mi reacción ha sido de desesperación y por ello, muchas veces, se me ha criticado de soberbio, porque he sido, de alguna manera, violento en mis respuestas, ya que me he sentido injustamente atacado.

Ahora, desconozco si fue o no una cosa política. Creo que las cosas no tienen solo una razón, sino que tienen varias razones y aquí había un problema de poder interno. Estaba haciendo modificaciones, cambios y modernizaciones y a la gente no le gusta que le quiten poder. Era obvio que lo iba a quitar cuando creara el departamento de Investigación, porque con ello quitaba poder a la Subdirección Técnica. Ellos no lo querían y me pusieron sistemáticamente la proa a las cosas que estaba haciendo. Al personal que quería participar con las universidades para hacer clases le pusieron la proa y le dijeron: “no, tiene que hacer otras cosas. Por lo tanto, no vaya.”.

El Diputado señor Farías fundamentó su pregunta de la siguiente forma: Una de las cosas que nos han planteado todas las personas que han venido a la Comisión es que antes de que usted llegara al INE todo funcionaba distinto. En las decisiones había directores, jefes de área y todos estaban involucrados. Sin embargo, cuando usted llega todo esto se termina y no se abre, sino que se cierra a su grupo más pequeño, donde estaban incluidas estas personas que hemos nombrado y que estaban con contratos aparentemente no muy claros, pues sigo insistiendo si el señor Maximiliano Raide estaba en el departamento de Comunicaciones -y toda la gente de ese departamento del INE tiene contrato de confidencialidad- y sin tener contrato de confidencialidad ¿cómo puede participar de las reuniones del censo y de otras? Así usted lo manifestó.

El señor Labbé, respondió que el Diputado señor Farias ha hecho muchas generalizaciones que no corresponden a la realidad. Todo el mundo ha estado en contra. Las personas que usted ha escuchado son personas que han puesto todo en tela de juicio.

Aquí, se ha hablado de los técnicos del INE. Esa es una exageración absoluta. Estamos hablando de 11 personas. ¿Saben cuántos técnicos hay en el INE? Hay 400 y tantos. No pudieron sacar más que 11 firmas cuando corrieron la carta y todas ellas eran de la Subdirección Técnica, pero no es todo el mundo. Son solo 11 personas que sentían que iban a perder poder. Entonces, cuando se dice que todo esto funcionaba alrededor de 4 o 5 personas. No, señor Diputado . En el Censo trabajaron, al menos, 15.000 personas. Aquí, cuando se dice que el Censo no sirve o que está malo es una ofensa gratuita a todos los Directores Regionales.

El Presidente de la República puede equivocarse o puede estar mal informado y creo que lo estaba. Tanto es así, que públicamente dijo el otro día que había llamado a una Comisión de Expertos Internacionales, porque la Comisión, que dice todo lo que usted ha dicho, señor Diputado , no era especialista en censos. Si bien, es gente respetable, pero que no sabía de censos. Ésa es la verdad.

Este Censo, que tiene virtudes y defectos, tiene tres cosas básicas que requiere un censo: primero, el grado de cobertura de viviendas, pues ello es básico para el gran marco muestral futuro. Sobre el ciento por ciento del precenso y nunca antes se había hecho así. La caracterización de las personas es espectacular, ya que se realizó con gente que fue capacitada durante una semana y que debió dar exámenes sobre cómo debían reaccionar. Obviamente, donde puede generarse un problema es en la conciliación que, probablemente, será del orden del 6 por ciento. Pero les recuerdo que en Estados Unidos e Inglaterra se tienen cifras del mismo rango y que muchos otros países desarrollados, como lo dijo Jacob Ryten, tienen números entre el 15 o 20 por ciento. Por lo tanto, le digo al diputado Ramón Farías que si en algún minuto debo reconocer un error lo voy hacer, soy hombre de palabra.

El Diputado señor Latorre (Presidente), expresó:

El actual director del INE, el señor Juan Eduardo Coeymans, sostuvo en esta instancia legislativa que estaba esperando el informe de la Comisión de Expertos que para él era muy importante, pues se trataba de una entidad de valor conformada por profesionales independientes; solo cuando se conoció el resultado de la Comisión de Expertos comenzó a dudar sobre qué hacer y citó a otros expertos. No sé si estos profesionales internacionales se han entrevistado con usted, me gustaría que lo consignara.

Por otra parte, usted ha dicho que no se ocultó la información, pero en el informe oficial del Censo se señala que las personas efectivamente censadas son 16.600.000, y sabe que no es cierto. Si hay un documento oficial del INE que dice que se censaron efectivamente 16,6 millones de personas, me pregunto, ¿qué lee el ciudadano común o un académico, igual que usted? Interpreta que se censaron 16,6 millones de personas. ¿Esa es una forma de ocular información?

El señor LABBÉ, respondió: Tal como lo he dicho, la mayor parte de los censos del mundo publican los datos sin desglosarlos. Por ejemplo, si observa el Censo de Estados Unidos, tiene una omisión del 0,47 por ciento.

Las cifras donde se desglosan estas materias es en documentos metodológicos que se hacen posteriormente en todos los censos. Es decir, es la cifra que se da a conocer a la opinión pública y es la estimación más cercana a lo que debiera ser la población censada. En ese sentido, si se basa solo en las palabras tiene razón, pero se trata de cómo se hace.

Reitero, en los censos las imputaciones se presentan como cifras censadas, nos guste o no.

Señor Presidente , consulté al doctor Dirk Jaspers, jefe de la señora Magda Ruiz, pues cuando se pide a Celade que conformara la Comisión Evaluadora del Censo envió a la señora Magda Ruiz. Se comprenderá que la señora Magda Ruiz representaba a Celade, entonces, mal podría el señor Dirk Jaspers decir, posteriormente, que lo que se dijo a la Comisión Revisora Externa no era lo apropiado.

Pero lo importante es señalar que el doctor Jacob Ryten, el hombre que más sabe de censo en el mundo y que no tiene ningún interés personal, y también el doctor Arriaga, ambos dicen -pese a que es mucho más categórico el doctor Ryten- que es una irresponsabilidad, es impensable echar a la basura la masa de datos del Censo. Agrega que hay muchos otros censos que tienen más omisión que este y que el trabajo se estaba haciendo razonablemente para una operación compleja llevada a cabo por un Instituto de Estadística.

El doctor Ryten también dijo: “nadie que no haya dirigido un Censo puede entender las complejidades de una operación censal”. Entiendo que ninguna de estas personas ha dirigido jamás un Censo. Las opiniones son respetables, pero, por ejemplo, las dos personas que envió el Ministerio de Vivienda, ¿tenían alguna experiencia? Uno, en líneas aéreas y el otro en asesorías a la Cámara de Diputados o al Congreso Nacional, no sé, a alguna de las dos.

Si me piden evaluar cómo se está comportando o cuál es el funcionamiento de la Torre del aeropuerto Pudahuel diría que no estoy capacitado, pues no tengo experiencia en control aéreo. Por lo tanto, fue un error, ya que esas personas no debieron aceptar.

Con respecto a que el señor Maximiliano Raide tomara la decisión de no concurrir ante esta comisión investigadora, no puedo responder por aquello.

Intervino el Diputado señor Latorre, quien expresó: No obstante, cuando usted hizo alusión a él, dijo que entre otras personas, el señor Marcelo Soto, subsecretario del Trabajo , había sido uno de los que lo había recomendado.

Es necesario que nos diga los contactos que tuvo con el ex ministro de Economía , Pablo Longueira. Si estos fueron directos con él o a través de su jefe de Gabinete , que es lo único que hemos podido consignar aquí.

Tenemos consignado ante la Comisión el hecho de que antes de que se dieran a conocer los resultados del Censo, se tomó contacto con funcionarios tanto de la Secretaria General de la Presidencia como del propio Ministerio de Economía, por parte de personas del INE, acreditadas con nombre y apellido en la Comisión, para decirle al Gobierno que ojalá el Ministro , las principales autoridades, o, el propio Presidente de la República , no aparecieran al momento de dar los resultados del Censo, porque posteriormente esto iba a traer un escándalo inevitable.

El señor Labbé respondió: Mi superior jerárquico era el Subsecretario de Economía , mi mayor relación era con él, pero, naturalmente, tuve una serie de reuniones con el ministro de Economía y un par de reuniones con el Presidente de la República .

La primera reunión con el Presidente , en enero de 2011, fue para explicarle cuáles eran las modernizaciones que íbamos a hacer en el INE. Debo recordarles que yo llegué a fines de octubre de 2010.

Las mismas personas que me han acusado fueron a la subsecretaría y al ministerio a presionar para que sacaran a la directora anterior, la señora Mariana Schkolnik, a quien conozco desde hace muchos años y sé que es una persona muy valiosa.

En cuanto al despido de la señora Marcela Cabezas, Subdirectora Técnica, fue porque sistemáticamente se opuso a todo lo que yo hacía. La trayectoria de ella era muy corta, no tenía muchos años en el INE y, además, era de mi extrema confianza.

Al respecto quiero contar una anécdota. El IPC es una cifra muy sensible, que no se puede conocer. En noviembre o diciembre se publican las fechas exactas del año, día y hora, en que se va a dar a conocer el IPC. Son muy pocos los días para su cálculo, porque se debe considerar la información hasta el 31 del mes anterior y tiene como plazo de entrega al Banco Central, para el cálculo de la UF, el 8 del mes siguiente. En consecuencia, los profesionales están muy ajustados en el tiempo para hacer el cálculo, más aún si hay algún feriado a mitad de semana. Además, no se pueden equivocar, deben revisarlo mil veces.

Durante 2011, en tres o cuatro oportunidades, la publicación del IPC fue en lunes y dije que era una locura que un grupo grande de personas, de técnicos, se fueran el viernes a su casa con la información del IPC, que puede valer muchos millones de dólares, y que se publicara el lunes. No es lo que indican los organismos internacionales.

Entonces, propuse, para que vean que no soy tan vertical, como se dice, cambiar esa fecha y que se hiciera todo el esfuerzo para publicarlo el viernes. La reacción de la señora Marcela Cabezas fue decir: imposible.

Le propuse publicarlo el sábado en la mañana. Su respuesta fue, no, imposible. Los sábados nunca se ha hecho.

La característica de la señora Marcela Cabezas es no se puede, nunca se ha hecho.

Tuve que llamar al presidente y al gerente del Banco Central , a expertos internacionales, como el doctor Jacob Ryten, a los superintendentes de bancos, de AFP y de valores y seguros, para preguntarles si eso les provocaba problemas. La respuesta de todos ellos fue que me felicitaban porque por fin alguien se estaba preocupando de guardar seriamente esa cifra.

Lo puede consultar con todos ellos.

Ante la pregunta del Diputado señor Latorre si con la anécdota relatada, estaba infiriendo que ella habría tenido algún interés en conocer esa cifra, el señor Labbé respondió que por supuesto que no.

Continuó con sus respuestas el señor Labbé, ahora respecto de una controversia pública con un operador comercial, el señor Selaive, asegurando que en esa reunión no estuvo presente el señor Raide.

Que yo recuerde, jamás. Nunca se metía en esas discusiones y mucho menos en las del IPC, porque era un tema muy serio.

Finalmente respeto de la encuesta Casen, expresó que no la hacía el INE, la hacía la Universidad de Chile y también la hizo otra universidad privada. No la hacía el INE, por lo tanto, no veo qué conflicto interno pudo haber ocurrido con ella. Al contrario, toda la gente del INE deseaba que la Casen la hiciera el INE.

-o-

En la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de noviembre del año en curso, la Comisión recibió al Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señor Juan Eduardo Coeymans, quien comenzando su intervención respondió las preguntas de los Diputados señores Silber y Latorre, sobre los términos de referencia con que los expertos internacionales fueron contratados y si obran en su poder, de la siguiente forma:

Los términos de referencia son bastante amplios, básicamente, consistían en evaluar el proceso censal y hacer recomendaciones, proceso que se dividió en tres etapas: la primera fue de análisis de toda la información; la segunda, de análisis en terreno y, la tercera, de redacción del informe final.

En cuando a la pregunta de cómo se generó esta Comisión, en primer lugar, llame a Eurostat, que es el organismo que determina todas las normas para los institutos estadísticos de la Unión Europea. Me contacté con el señor Pieter Everaers, quien es el encargado de Eurostat para cooperación internacional.

En un mail que voy a traducir -está en inglés- dice: “como un seguimiento de nuestra conversación, le puedo informar que puedo recomendar a usted, en esta etapa, a dos personas muy experimentadas en el campo de demografía y levantamiento de censos, quienes en un corto plazo pueden analizar el censo 2012.”. Básicamente, él me dice que estos expertos son Griffith Feeney, “he is a high level demographer”, es decir, un demógrafo de alto nivel y especialista en métodos indirectos, quien podría evaluar el censo utilizando análisis demográficos y proponiendo algunos métodos para corregir resultados.

El otro experto es Rajendra Singh, también norteamericano, pero de origen indio- quien es exmetodologista del Census Bureau de Estados Unidos. Además, menciona algunos otros especialistas en encuestas poscensales.

Me sugiere otro nombre y termina expresando “from an Eurostat point of view, I have full confidence in these actors”. Volví a contactarme, pues había que buscar un tercer miembro, a lo cual ellos me dicen que lo están buscando. Por mi parte, les envío un mail muy decisivo que revela mi espíritu de agradecimiento.

Les propongo que Feeney haga de cabeza del grupo, pues me dijeron que él, entre los dos que acabo de mencionar, era el más experto en la materia. Luego les pido que se le dé máxima transparencia al proceso de selección del tercer nombre y que si no existe inconveniente en que la tercera persona pudiera ser con la aprobación de los señores Pieter Everaers y Griffith Feeney, porque personalmente no quería involucrarme.

A continuación, el señor Pieter Everaers, de Eurostat, me señala en un mail que no hay problema y que va a hablar con el señor Griffith Feeney para que haga de jefe del grupo.

Luego, el representante de Eurostat me sugiere el nombre de Roberto Bianchini, quien tiene una gran experiencia en diseño de censos, en monitoreo y su expertise es en mapping, o sea, en cartografía, con el consiguiente efecto de esto en resultados del levantamiento. Me sugiere contactarlo.

Poco antes de que me avisaran del tercer experto, me dicen que venía una misión del Banco Mundial, ya que le habían pedido ayuda. Llamé a la persona de dicha institución, quien me dijo algo muy importante para entender este problema.

El Banco Mundial tiene una alta cantidad de profesionales, sin embargo, no tenían expertos en censos, tenían cientos de estadísticos, pero -reitero- no expertos en censos.

Me dicen que me pueden recomendar al señor Jacob Ryten, quien hizo un pronunciamiento sobre censo en una entrevista a “La Tercera”, diciendo que era muy extremo esto de botar datos recogidos por el censo de 2012, que no se justificaba y, además, mencionó cinco nombres más. Como nosotros estábamos apurados, había que comenzar muy pronto todo el proceso de negociación, por lo tanto, pensé que ya tenía un equipo armado con habilidades complementarias, pues para analizar un censo a nivel de especialistas en censo -no de usuario- se requiere de habilidades complementarias en cartografía, en estadísticas, en demografía, etcétera. Por lo tanto, como estábamos apurados, me quedé con la sugerencia de Eurostat, a fin de acelerar el proceso.

Eso fue lo que ocurrió. No teníamos el tiempo de convocar a una licitación internacional, pues estábamos en medio de un incendio.

A continuación, puedo informar sobre los costos de todo esto dado que obran en mi poder.

El señor Griffith Feeney es doctor en Demografía. El señor Roberto Bianchini es doctor en Tecnologías Ambientales Apropiadas para el Desarrollo; sus áreas de investigación son estudios sobre población, sistemas de información Georreferenciada y levantamientos de datos estadísticos. Además, es docente de doctorado en la universidad La Sapienza, en Roma, Italia, y tiene mucho trabajo en terreno analizando la situación de países como Etiopía, Túnez, Marruecos, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Turkmenistán, Bielorrusia y Afganistán, donde el procesamiento de los datos censales puede ser más complejo que en un país desarrollado.

Se dice que el señor Griffith Feeney solo tiene experiencia en países de África. Su currículum consta de más de 15 páginas y ha realizado trabajos muy interesantes; de hecho, ha desarrollado programas de computación para analizar censos que se usan en otras partes, y tiene experiencia en la materia, por ejemplo, en Sudáfrica, que fue un caso paradigmático de un censo con problemas, pues tuvo una omisión mucho mayor que la de Chile. Otros países en los que se ha desempeñado profesionalmente son Etiopía, Kenia, Afganistán, China, India, Indonesia, Irak, Japón, Corea del Sur, etcétera.

Otros lugares en que trabajó fueron Líbano, Malasia, Mongolia, Namibia, Nepal, Pakistán, Palestina, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, etcétera; muchos de ellos países que no están en África. Por lo tanto, la imputación que se ha hecho vinculada a que estos señores solo adquirieron experiencia en África, revela que no conocen los currículos que están publicados en la página web.

Otro experto internacional es Rajendra Singh, indio nacionalizado estadounidense, quien es un estadístico doctorado en estadística. Fue jefe de Decennial Statistical Studies Division , es decir, ocupó el cargo superior de la división de estudios de estadísticas de censos. En otras palabras, fue el jefe técnico de los censos del National Bureau of Statistics; por lo tanto, no es que haya estado a cargo del Censo, sino que fue el jefe técnico estadístico. El señor Singh ha obtenido varios premios importantes y cuenta con una tremenda experiencia. Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, no lo habría recomendado si no contara con un vasto conocimiento. Además, el señor Singh ha trabajado en distintos lugares, como Kosovo y Kenia; y es statistics expert de las Naciones Unidas y se desempeñó en el Censo de Estados Unidos.

Por otra parte, el señor Griffith Feeney cuenta con publicaciones de distinto tipo como también publicaciones de corriente principal, lo que niega algunos comentarios que han salido en la prensa.

Generalmente, las personas que trabajan en el sector público hacen publicaciones e investigación, pero también realizan un trabajo práctico. El señor Feeney trabajó 25 años en una universidad en Hawái, sin embargo, pasó mayor tiempo realizando tareas en el National Bureau of Statistics y, en el último tiempo, haciendo consultorías.

En relación con los presupuestos, solicité una estimación de cuánto duraría el trabajo, por lo cual acordamos un presupuesto de 180 mil dólares. Consideramos que el estudio se extendería por más tiempo que el que duró.

En primer lugar, se desarrolló una fase de investigación de dos semanas de labor, luego se dio pasó a una etapa de actualización de la documentación, en la cual los expertos internacionales tuvieron acceso a toda la documentación de la primera comisión, es decir, a las 900 páginas de anexos elaboradas por el INE. En ese contexto, recuerdo que se confrontó un informe de 1.050 páginas con otro de 60; me refiero a un comentario que realizó el señor Fernando Paulsen, en circunstancias que el expediente principal del informe de la primera comisión comprendió 40 páginas y 60 el de la segunda. Por lo tanto, el periodista, en el primer documento consideró los anexos y, en el segundo, los excluyó.

Además, quiero señalar que la primera comisión elaboró un informe con muchos anexos, porque 900 páginas fueron elaboradas con documentos del INE, los que no se consideró pertinente, teniendo en cuenta que los anexos estaban publicados, que la segunda comisión los consignara. Por lo tanto, la segunda instancia presentó 150 páginas anexas, además de tener acceso a todo el trabajo inicial de la primera comisión.

Retomando el tema del presupuesto, en la primera fase de la investigación solicitamos 5 mil dólares por semana, incluido el viático. Primero, tratamos el tema de los viáticos y los expertos nos informaron que requerían el monto que considera este ítem en Naciones Unidas, que corresponde a 269 dólares. Los 5 mil dólares incluían los viáticos semanales, incorporando los fines de semanas, que también fueron de trabajo, por lo tanto, realizamos un muy buen negocio. Si de los 5 mil dólares se restan los viáticos, se llega a una suma aproximada de 3.700 dólares por semana.

En la primera fase de la investigación, es decir, en las dos semanas iniciales de trabajo, el señor Griffith Feeney recibió honorarios netos correspondientes a 7.310 dólares, incluidos los impuestos totales, pese a que no implican un costo para el país, porque si bien se pagan a los expertos, el impuesto queda en Chile. El monto en impuestos totales asciende a 31.297 dólares. El total de recursos utilizados para desarrollar las tres fases correspondió a 156.487 dólares. En otras palabras, el gasto para el país fue de 156.000 dólares, menos 36.000 dólares.

Griffith Feeney y Rajendra Singh permanecieron en el país ocho semanas, mientras que Roberto Bianchini estuvo cuatro semanas. Los honorarios netos de Griffith Feeney fueron de 29.240 dólares. En transporte, es decir pasajes, se gastaron 4.793 dólares. Al respecto, se les ofreció clase ejecutiva y no lo aceptaron, argumentando que no podían aprovecharse de países en desarrollo.

En resumen, en viáticos se gastó 15.000 dólares, en impuestos 12.000, lo que hace un total de 61.000 dólares. Se trabajó un total de 40 días y los expertos permanecieron 56 días en Chile, porque hubo lapsus en que Griffith Feeney trabajó en otros proyectos personales.

Posteriormente, el Diputado señor Latorre, le dijo al Director del INE que aclare a la Comisión en forma taxativa, ya que ha reiterado permanentemente a la opinión pública y ante esta Comisión que esas personas fueron recomendadas por Eurostat.

El señor Coeymans respondió que eso es cierto. O sea, Eurostat los recomendó. La frase que se emplea es “from the Eurostat point of view”, tenemos plena confianza en estos señores.

Son personas recomendadas por Eurostat a través del encargado de cooperación internacional. Además, él consultó con otra gente de Eurostat.

El Diputado señor SILBER, dijo: La pregunta es qué se contrató, porque es muy distinto que se le den amplias facultades a este grupo de expertos para que decida con independencia la suerte y destino del censo 2012, a que “se lo contrate para elaborar un plan preliminar con posibles opciones para realizar reparaciones al censo”.

El Diputado señor EDWARDS, a su vez, expresó: La verdad es que no esperaba que la sesión tomara este curso, porque es difícil entender cuando llega a esta Comisión una conclusión de un comité de expertos que, al parecer, les gustó a algunos, y no se criticó la forma en que se les pidió trabajar.

Sin embargo, cuando llega una comisión de expertos internacionales con los más altos pergaminos posibles en el mundo, de acuerdo con sus currículos, sí se cuestiona. Debiésemos tener al menos el mismo criterio al criticar tanto una como la otra.

Por ejemplo, el señor Rajendra Singh, recibe numerosos reconocimientos, entre otros, el premio medalla de plata, la más alta distinción otorgada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, por el diseño e implementación de una encuesta de evaluación de cobertura y precisión del censo 2000. Por supuesto, parte del Departamento de Comercio tiene la oficina del censo de Estados Unidos.

Recibe, además, la medalla de bronce al más alto reconocimiento de la oficina del censo de Estados Unidos por sus significativos aportes a la encuesta SIF.

Asimismo, recibe reconocimiento de la oficina del censo de Estados Unidos por sus contribuciones a los censos y encuestas demográficas.

Más allá de lo anterior, la gracia es que esos expertos se pueden abstraer de la realidad política de Chile y darnos una conclusión mucho más pura de la que pueda hacer una persona que está inmersa en una realidad política como la que tenemos en el país.

El señor COEYMANS contestó que la comisión internacional tuvo el mayor grado de oficialidad posible según la forma en que funciona Eurostat. Si hubiera sido con el Banco Mundial, habría sido igual. Lo primero que hay que tener presente es que los expertos internacionales no desacreditan el informe de la Comisión Nacional. Muchos de los problemas detectados fueron encontrados por ambas comisiones y también por gente del INE. ¿Cuál es la diferencia entre ambas comisiones? La metodología de trabajo. La primera señala los problemas que tuvo el proceso, destacando especialmente la omisión y la forma de publicar los datos. La diferencia es que la primera comisión detectó los problemas, pero no indagó acerca de cómo varios de esos problemas se solucionaron durante el proceso.

Me parece que la segunda comisión, más que la primera, se involucró mucho más en el proceso mismo. La primera tuvo un trabajo más de escritorio, y la segunda uno más de terreno. ¿Cómo pruebo esto? La segunda comisión fue a terreno, a las zonas más complejas, e indagó. Básicamente, fue a hacer un control de calidad del Censo.

Con relación al cálculo de la omisión, la primera comisión comete un error grave, a mi juicio, pues toman las cifras de 2002, le suman los nacidos, le restan los fallecidos, suman las estimaciones de migración y comparan con las cifras censadas, pero no con las cifras conciliadas, que es una cifra que surge después de que se ha analizado el censo.

¿Cuál es el gran problema que hay en el cálculo de la omisión comunal, que es muy decisiva? Que el INE hace proyecciones de población comunal. Las hizo, pero en base del censo de 2002, actualizado al 2004, hasta ahora. No ha habido actualizaciones oficiales de las cifras del INE. Es muy difícil, pues no hay información o registros de población a nivel comunal.

La migración no se puede conseguir al final de comparar los dos censos, pero proyectar a partir de cuál es la migración... O sea, hay movimientos intercomunales que son muy grandes.

Lo que se debe hacer es medir la omisión una vez que se haya logrado -censado el censo- hacer el proceso de conciliación censal. Recién ahí vamos a saber cuál fue la verdadera omisión, pero no antes.

Entonces, el problema está en que la primera comisión descalifica el censo por dos cosas: porque encuentra que la omisión total fue muy grande, pero también porque hay una gran variedad en las omisiones comunales. No las presenta. Dice: tenemos 144 comunas donde hay grandes diferencias, pero eso no tiene fundamento. Esa es la verdad, teniendo el primer informe un gran valor.

En nuestro plan de acción vamos a utilizar muchas cosas que recomienda el primer informe. Básicamente, en la mayoría de las cosas que presentan uno puede estar de acuerdo; no obstante, no está de acuerdo en la conclusión. Ese es el debate. Eso es lo que el INE tiene que resolver para ver qué solución o recomendación va a dar al país.

Aún más, quiero señalar cuáles fueron las fechas del censo en 2002 y el proceso que se llevó en las publicaciones.

El censo se levantó en abril de 2002. En marzo de 2003 se publicaron los resultados de población y vivienda. En mayo de 2003 se entregó la base de datos a Demografía. Entre junio de 2003 y mayo de 2004 se elaboró la proyección de población para el país. Entre junio y julio de 2004 se hizo una revisión con un consultor del Census Bureau. En agosto de 2005 se publicó la proyección del país. En febrero de 2006 la publicación de las proyecciones y estimaciones de población por sexo y por edad entre 1990 y 2020.

Adoptaremos más de una recomendación de la primera comisión, pero también consideraremos sugerencias de la segunda.

Dentro de los aportes importantes que realizó la segunda comisión, calculó indicadores de calidad, como la tasa de no respuesta por pregunta. La gran mayoría de las preguntas tuvo una tasa de no respuesta inferior a 2 por ciento, lo que es importante. Entre paréntesis, ambas comisiones no cuestionaron la base de los censados y aceptaron los 15.700.000, que es lo censado. Además, ambas comisiones rechazaron los moradores de viviendas no logradas y debemos corregirlo.

La tasa de no respuesta es un excelente indicador de calidad. Es uno de los indicadores de control de calidad de productos estadísticos.

La primera conclusión a la que arribaron los expertos internacionales fue que debemos hacer una publicación detallada, es decir, documentar todo el proceso, la calidad de los datos. Segundo, dijeron: no creemos que ustedes deban publicar la base censada sin la documentación que les están pidiendo. Es decir, exigen máxima transparencia. Obviamente, es una tarea en la que hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda un trecho.

Los expertos internacionales describieron los problemas; detectaron problemas que la primera comisión no detectó. A pesar de eso, creemos que la base censal puede ser usada y que algunos problemas deben ser investigados para hacer un buen censo en el futuro. Es decir, el INE debe fortalecer sus capacidades para que el próximo censo, de verdad, sea excelente.

Las lecciones consignadas en ambos informes serán útiles para los próximos procesos censales.

-o-

A la sesión de vuestra Comisión Investigadora, celebrada en miércoles 4 de diciembre de 2013, concurrieron el Subsecretario de Economía , señor Tomás Flores Jaña, acompañado del Jefe de la División Legislativa del Ministerio de Economía , señor Alejandro Arriagada.

También concurrió el Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, señor Juan Eduardo Coeymans, a quien acompañaban su jefe de Gabinete , señor Sergio Zuloaga; el Jefe del Proyecto Censo , señor Osvaldo Ferreiro, el Jefe Técnico del Censo , señor Alejandro Sabag y la señora Natalia Cabrera, jefa de prensa.

La síntesis de la exposición del Subsecretario de Economía, basada en una presentación en power point más el debate consecuente con participación de los señores Diputados presentes en la sesión, se resume a continuación:

El Subsecretario señor Flores señaló que los procesos que el INE propiamente tal desarrolla en las actividades de precenso, del censo propiamente tal y de la encuesta postcensal tienen un marco jurídico.

La primera norma fue el decreto 231, del Ministerio de Economía que se publicó en el Diario Oficial con relación al censo, se hizo a fines de 2009:, en el cual se dispone el levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda durante el 2012. En ese decreto, se faculta al director del INE a fijar el día de su realización, cuya resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial. Recuerden que estábamos en 2009 y el censo que se iba a hacer se haría en un día en particular, pero todavía no se cambiaba de modalidad de censo. Este fue el primer acto administrativo que tuvo que ver con el censo de 2012.

La siguiente norma fue el decreto 236, de 30 de octubre 2010, también del Ministerio de Economía, donde se creó la Comisión Nacional Censal y las comisiones regionales.

La comisión está presidida por el ministro de Economía y la integran los señores subsecretarios del Interior, de Desarrollo Regional y Administrativo, de Educación, de Transportes, General de Gobierno, de Planificación y Cooperación, el jefe del Estado Mayor Conjunto, un oficial superior de Carabineros de Chile, designado por su Director General; un oficial superior de Policía de Investigaciones, designado por su director General; el director del INE, como director ejecutivo del Censo ; el secretario de la Comisión y el coordinador Nacional del Censo. El 23 de noviembre de 2010 se reúne, por primera vez, esta Comisión. Ustedes deben tener copia del acta de esa primera Comisión.

En esa primera reunión, estuvo presente el ministro Fontaine, constituyó la Comisión y explicó el objetivo de la misma junto con las etapas que conlleva el censo. Todavía sigue siendo un censo que se va a realizar en un día.

A continuación, el decreto 36, de 12 de agosto de 2011, en el que aparece toda la orgánica del censo. Esto es levantar información demográfica, económica y social para elaborar información sobre las características socioeconómicas de la población y su calidad habitacional, para que a partir de ella se puedan elaborar políticas públicas y estudios académicos. Ese es el objetivo del censo propiamente tal.

Además, se establecen tres etapas: el precenso, donde se empadronaron las viviendas; el censo propiamente tal y, por último, el poscenso. Es decir, se otorgan todas las facultades al director del INE para que defina cómo se realiza este proceso, para contratar a personas y disponer de los recursos que el Tesoro Público le va a poner a su disposición, además del rol de otras organizaciones tales como los gobiernos locales y regionales. En fin, este es el reglamento del censo y con esto posteriormente se levanta.

La segunda sesión de la Comisión Nacional Censal, se realizó el 14 de septiembre de 2011. En ese momento, ya se encuentra el exministro Longueira, se presenta el cambio de metodología censal y se establece un período de levantamiento. Ya no va a ocurrir que el censo se realice en un solo día, sino que a lo largo de un período de tiempo determinado. Este cambio lo aprueba la Comisión Nacional Censal, recibo esa información e inmediatamente tengo que cambiar el presupuesto, porque el que se estaba elaborando para el 2012 estaba pensado con la modalidad antigua.

La ley de Presupuestos de 2012, tramitada entre los meses de octubre y noviembre de 2011 contempló un presupuesto de alrededor de 14 mil millones de pesos, con una glosa en particular, bastante habitual en estos casos, que autoriza al INE para que con este presupuesto se puedan realizar todos los gastos necesarios para el mismo; incluso, contratar personal, arrendar vehículos, etcétera.

Tras la tramitación de la ley de Presupuestos se aprobaron los 14 mil millones de pesos. En enero de 2012, algunos meses después de levantado el censo, debí publicar un decreto que informó que se pasó de un censo de hecho a uno de derecho y que no habría un día feriado, sino que se realizaría el levantamiento de la información en un período determinado y que, con posterioridad, vendrían los suplementos presupuestarios. El decreto 25-25 del Ministerio de Hacienda, del 30 de abril de 2012, incrementa el programa censal en 2 mil millones de pesos y, el del 24 de septiembre de 2012, en 550 millones de pesos.

Si se observa la ejecución presupuestaria, efectivamente, corresponde a la suma de las tres cantidades: 14 mil millones originales, más 2 mil millones, más los 550 millones de pesos que finalmente se agregaron. Esa es la ejecución, prácticamente exacta, de cuánto se gastó en 2012 en relación con este punto.

Por otra parte, en relación al sumario que se inició en el INE como investigación sumaria, explicó que luego pasó a ser un sumario y estuvo en el Ministerio de Economía tres meses, para lo cual asignó un abogado, don Cristián Romero.

Posteriormente, el sumario lo tomó la Contraloría General y el INE no ha recibido un pre informe del sumario.

En respuesta al Diputado Latorre , respecto de los motivos de su opinión favorable del informe emitido por la Comisión Revisora formada por expertos internacionales, el señor Flores explicó que se basa en la cantidad de información que se ha recogido gracias al censo. Contestaron más de 50 preguntas algo menos de 16 millones de personas, la tasa de respuesta fue relativamente alta, salvo en una pregunta. Por lo tanto, se trata de una base de datos que debe tener aproximadamente 800 millones de registros que recoge aspectos demográficos, sociales y de vivienda, es y sigue siendo sustancialmente grande.

Sin embargo, me sorprendió cuando la Comisión Nacional recomendó que la base de datos no fuera usada para definir políticas públicas. Por ello, cuando los expertos internacionales manifestaron que la base de datos podía ser usada, me pareció razonable, porque además, para adoptar una recomendación de ese tipo se debe tener un nivel de certeza sustancialmente alto y en la Comisión Nacional no existía ese nivel de convencimiento.

El diputado señor Farías consultó ¿cuáles son los antecedentes técnicos en que se fundamenta la opinión del subsecretario? ¿Por qué la conclusión de los expertos extranjeros es mejor que la de los chilenos? Más allá de lo técnico, ¿sospecha que hay otro tipo de razón política para destruir el censo o para salvar a alguien?

El señor Silber formuló las siguientes preguntas:

¿Cómo se concluyó que había que cambiar de modalidad de censo? ¿Cuál es el grado de interacción que le recae a la cartera de Economía respecto de esta materia?

El señor Flores señaló que un punto importante que le preocupó fue cuán íntegra estaba la base de datos. El procedimiento que se sigue en esta materia es que todos los papeles en los cuales se han respondido las preguntas pasan por una máquina que los digitaliza y posteriormente toda esa información se recoge. Se hace una auditoría para ver el grado de consistencia entre ambas cosas y luego se destruyen los papeles.

En el momento en que el director Labbé deja su cargo este proceso ya se había iniciado. Entonces, di la orden de detenerlo, que se resguardara el registro físico y con ello se pudo, finalmente, hacer una auditoría para ver la consistencia. Se alcanzó a destruir 3,25 de un total 1.500 pallets. En definitiva, fue un porcentaje de destrucción pequeño, porque si existía la posibilidad de que la base de datos hubiera sido intervenida, no habría habido ninguna certeza de si podría ser usada o no, porque ya no habría seguridad de si el número que estaba ahí, en el registro digital, coincidía con el que había estado en el papel. Afortunadamente, ambas comisiones llegaron a la conclusión de que esa base de datos estaba íntegra y ese es el corazón del censo. Por esa razón se puede usar. No solo yo he ido en esa dirección, también la presidenta de la Sociedad de Estadísticas de Chile ha planteado que quiere que la base de datos se coloque a su disposición, porque, al final, el veredicto, probablemente, lo van a dar los investigadores cuando empiecen a usarla y vean si, efectivamente, está reflejando de manera adecuada la realidad de la sociedad chilena.

En general, el estudio que se hizo de error en respuesta, muestra una tasa bastante baja, de acuerdo a lo que vi en el reporte, salvo en una pregunta en particular.

A solicitud del Diputado señor Latorre ( Presidente ) el señor COEYMANS aclaró los conceptos de tasa de respuesta y omisión. Explicó que al analizar cuánta gente responde una pregunta, por un lado hay un porcentaje de personas omitidas, pero además está la tasa de las personas que respondieron, pero omitieron la pregunta. Técnicamente, se llama tasa de no respuesta. En una determinada pregunta, cuando uno quiere ver la omisión de la información, se deben considerar dos cosas: omisión de persona y omisión de la pregunta.

Si uno tiene una determinada pregunta, por ejemplo, cuánta gente en este país respondió la pregunta relacionada con su religión, se debe medir la información y considerar, primero, la omisión de personas; segundo, la omisión de la pregunta o la no respuesta de la pregunta.

El señor Flores agregó que una cosa es si aquellos que respondieron contestaron todas las preguntas que se les formularon, y ver si hay consistencia entre las respuestas. Una de las cosas que se revisa es si contestaron cosas verídicas en algunas preguntas y en otras tal vez no. Por lo tanto, es necesario ver la consistencia.

El punto de la omisión es relevante para ver a cuántas personas no se pudo llegar a preguntarles su caracterización. Ese número definitivo lo vamos a tener en la conciliación censal.

Ahora bien, en la modalidad de cambio de censo no me tocó participar porque eso se debatió en la comisión nacional, y se aprobó. Por cierto, me correspondió conseguir el dinero para que esto se hiciera realidad.

El Diputado señor Latorre planteó al Subsecretario la siguiente inquietud ¿Cómo es posible que la comisión de expertos internacionales, cuando expresamente declaró que no había hecho ningún análisis de cobertura censal, pueda concluir que sí se puede utilizar la base de datos? ¿Dónde está la rigurosidad técnica en una conclusión de esa naturaleza, cuando no ha habido -y ellos públicamente lo señalaron- un análisis de cobertura censal? Enseguida preguntó ¿Puede usted dejar consignado ante la Comisión, a partir del censo, de cuántos chilenos somos al día de hoy?

El señor Flores indicó: Ese resultado, según lo que he aprendido del proceso censal, se obtiene una vez que se hace la conciliación propiamente tal. En el censo anterior, eso ocurrió cerca de un año después de levantado el censo. Con el calendario original que había para el censo, la conciliación censal ya se hubiese realizado aproximadamente en esta fecha, es decir, que probablemente ya estaría cercana la fecha en que se puede conocer el dato oficial de cuántos chilenos somos. No es inusual que ello ocurra con posterioridad al censo, donde este es un insumo para llegar, finalmente, al dato de cuántos chilenos somos oficialmente, estimación que se lleva a cabo entre el INE y Celade.

Probablemente, a partir de la propuesta que está elaborando el INE, que presentará el señor ministro , se planteará cuál será el calendario de aquí en adelante. Por lo tanto, en el tercer trimestre del próximo año se va a saber cuántos chilenos somos finalmente.

A continuación señaló que el propósito de poder utilizar estos datos para políticas públicas, tiene un componente que se refiere a la población total y la caracterización de toda ella. Sin embargo, tal como usted señala, uno de los mayores valores que tiene el censo es el poder tener el detalle de las características de una comunidad en particular donde una comuna puede ser muy distinta de la que está al lado. Sobre todo, cuando nuestra sociedad cambia en poco tiempo de manera muy radical.

Entonces, en esta medición tenemos una base de datos bastante grande, que está íntegra y que muestra consistencia entre sus respuestas. Además, hablo de una base de datos que, cuando los investigadores revisaron aquellas comunas en las cuales había mayor dificultad, llegaron al convencimiento de que la manera cómo los directores regionales habían enfrentado dicha dificultad, había sido la adecuada. De manera tal que si bien es cierto no tengo la estimación de la población completa de esa comuna, y cuya tasa de omisión la voy a conocer con la conciliación censal, la base de datos obtenida a partir de esa comuna sigue siendo útil para su caracterización.

Por otra parte, es efectivo que tenemos otras encuestas que tienen esta característica, que nos sirven para poder anclar los resultados y ver qué consistencia hay entre una y otra.

Al respecto, la comisión externa también fue prudente en el sentido de que hay que poner estos datos a disposición de los investigadores, pero con una especie de manual de todas las características que esa base tiene.

El Diputado señor FARIAS preguntó saber exactamente cuánta gente no respondió el censo. No olvidemos que hay 800 mil personas que fueron inventadas por el señor Labbé para hacer cuadrar el tema.

Por tanto, me gustaría saber si se hizo un análisis de consistencia.

Por último, me gustaría consultar si acaso el señor subsecretario sostuvo algún tipo de reunión o si se relacionó con el señor Raide en su momento.

El señor Latorre consultó al señor Flores acerca del informe de los expertos internacionales, que expresamente apela a las normas de Naciones Unidas para censos y la forma en que idealmente estas debiesen cumplirse. Por otra parte la organización de Naciones Unidas que se encarga del tema de censo y población es el Celade, y uno de los miembros de la comisión de expertos nacionales pertenecía al Celade, comisión que reconoció el documento de los expertos nacionales como un informe válido. Entonces, la pregunta es cómo es posible que los expertos internacionales lleguen a una conclusión que es tan distinta al informe que el Celade ya había validado. Explicó su consulta porque se trata de una opinión que compromete al Estado de Chile.

El señor Flores informó, en relación con el anuncio de los datos estimados del Censo, que efectivamente hubo filtración. Es efectivo, sañaló que el día antes de que el Presidente y el ministro dieran a conocer la información, fue llamado desde un medio de prensa para preguntarle si los datos eran los mismos que se iban a anunciar al otro día.

Inmediatamente llamó al director Labbé para manifestarle la situación que le parecía de la mayor gravedad, porque cómo era posible que un dato como ese -que se supone que se maneja de manera muy reservada- estuviera en conocimiento de un medio de prensa, como salió publicado al día siguiente.

En esta relación con el ministerio tuve una reunión con uno de los asesores del exdirector Labbé, el señor Sebastián Mathews, quien me fue a ver en una oportunidad por el interés que tenía él por llegar a acuerdos con universidades para utilizar datos del INE en investigación académica.

Con las otras personas que han aparecido reiteradamente mencionadas en esta investigación nunca me reuní.

Lo que hizo el director Labbé fue tomar la cantidad de personas que fueron censadas efectivamente, luego incluyó una estimación de los moradores ausentes y después incluyó una estimación de las viviendas no logradas. Ese número es la estimación de población que presentó como censada.

Ambas comisiones, la nacional y la de expertos extranjeros, recomiendan no incorporar esta última parte de la estimación de las viviendas no logradas.

Chile ha realizado 17 censos. Este era el Censo número 18. Si se fijan, es una situación que se ha repetido muchas veces, y estalla un escándalo como este, en el cual hay una acusación de que los datos han sido manipulados. Frente a los recursos involucrados, el Presidente pide perdón por ello, porque es una situación que no debiese haber ocurrido.

En relación con la estimación del Censo, si bien es cierto se cambió de uno a otro, Chile ha estimado censos en el pasado y esto es algo que no debiese haber ocurrido.

Si todo hubiese sido de manera normal, ya tendríamos el dato conciliado de cuántos chilenos somos.

Por lo tanto, le encuentro toda la razón al Presidente al pedir perdón, porque en verdad es una cosa que no debiese haber ocurrido.

El señor Flores manifestó que en el cambio de una modalidad de censo a otro no le tocó participar,

El Diputado señor Silber preguntó al señor subsecretario lo siguiente.

En el informe del comité independiente, en la página 11, se señala como otra de las causas lo que se refiere al tema presupuestario, donde el subsecretario señala que participó directamente.

El informe dice: “El coordinador del proyecto Censo, Eduardo Carrasco, estimó en cerca de $ 6.800 millones los recursos adicionales requeridos, de los cuales la Dirección de Presupuesto asignó alrededor de $ 6.000 millones.”.

Por lo tanto, hay una diferencia de 800 millones que no fue satisfecha por parte del presupuesto de la nación, lo cual genera dificultades en el marco presupuestario.

El informe señala más adelante: “Una parte del déficit fue absorbida con la reasignación de $ 600 millones desde otras partidas del INE y otra parte se ajustó por la vía de reducir la contratación de personal. Así, a pocos días de inicio del trabajo de campo se recibió la instrucción de parte de la dirección del proyecto de reducir en un 10% los gastos en supervisores y censistas, lo cual obligó a reducir el personal que se contrataría y a reformular las cargas de trabajo.”.

En definitiva ¿se pidieron todos los fondos necesarios?

El Diputado señor Farías consultó ¿Por qué la comisión nacional de expertos, aun teniendo a mano el informe de la comisión de expertos internacionales, reitera sus propias conclusiones?

El señor Flores se refirió al aspecto presupuestario e informó que en la ley de Presupuestos se autorizó un monto por 14 mil millones de pesos. Dicha cantidad es superior al que estimaba el presupuesto exploratorio, que consideraba que se iba a realizar en un día porque hubo que suplementarlo.

Iniciado el 2012 recibió una solicitud del señor Labbé, exdirector, por incrementos presupuestarios. A partir de esos requerimientos se tramitaron dos modificaciones, agregando al presupuesto del programa censal 2 mil millones más, en abril de 2012 y en septiembre 550 millones. De hecho, el INE realiza esa última modificación presupuestaria reduciendo el presupuesto de otros programas estadísticos.

En el caso de los datos que señala el señor Presidente , efectivamente la información del censo es fundamental para la asignación de los fondos regionales. Hay un período de vacancia en el cual, sin perjuicio de que se haya levantado el censo, como no está terminado el proceso de conciliación censal, se debe seguir usando la información del censo anterior, hasta que se produce la cifra definitiva, y solo en ese momento se hace el cambio.

Es decir, si todo hubiera salido bien, y ya se hubiera iniciado el proceso de conciliación censal, aún se estarían usando los datos del censo anterior.

A continuación el señor Coeymans se refirió a las preguntas que quedaban pendientes de responder.

En relación a la independencia de la comisión de expertos internacionales, indicó enfáticamente que los términos de referencia, solo establecieron que se analizaran la usabilidad de los datos y, eventualmente, se efectuaran ajustes.

En seguida reconoció que la decisión de hacer o no un nuevo censo tiene un alto componente político. Si bien INE va a hacer una recomendación técnica, en toda política pública hay una recomendación técnica, y después puede haber razones políticas para tomar una decisión que considere o no esa recomendación técnica.

En seguida informó que se van a entregar los argumentos para fundamentar cuál es la fecha en que se recomienda hacer el nuevo Censo sin que corra riesgo la calidad.

Respecto a la carta enviada por el sub departamento de demografía hizo una reseña del plan de trabajo que se le envió posteriormente según el cual correspondería: Evaluación. Obtener una población por sexo y edad, el objetivo, que constituye el punto de partida de la proyección de población. Evaluación demográfica de la base censal 2012. Evaluación demográfica de los datos del último Censo. Evaluación de la calidad, consistencia y coherencia del anterior censo.

De acuerdo a la elaboración de estimaciones enviada en octubre de 2013, se señaló:

“Considerando el plan de trabajo 2013-2022 el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas establece como tarea número 1 la elaboración de estimaciones y proyecciones de población para el país, regiones, provincias y comunas y la situación actual en la cual se encuentra el censo de población y vivienda, ha preparado el siguiente informe. Este se basa en posibles escenarios que puedan surgir derivados de las recomendaciones del trabajo de la Comisión de Expertos Internacionales y que serían divulgadas en noviembre de 2013. Así, los 2 escenarios serían los siguientes.

Primer escenario. La Comisión Externa Internacional recomienda el uso del Censo 2012, con o sin reparación. Esto implica que a partir del momento en que se disponga en esta unidad de la base definitiva del Censo 2012, el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas debería poner en marcha el plan de elaboración de las estimaciones y proyecciones de población, el cual tiene duración de 52 semanas, según el programa de actividades y cronogramas entregado anteriormente a la dirección del INE”.

Es decir, los funcionarios, de hecho, ponían mucha confianza en la comisión internacional, y decían: Si esta base es útil. Conocido el informe se reitera que va a hacerse una evaluación demográfica y el proceso de conciliación.

A continuación explicó, con respecto a la omisión censal, que hay dos formas de calcularla. Una, es la forma que usan los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y también la usó Perú.

En general, se hace a través de la encuesta postcensal. Con ello puede perfectamente llegar a una cifra de población sin hacer el proceso de conciliación censal.

En el caso de Chile, la encuesta postcensal fue tomadaa destiempo y no sirve.

Uno de los expertos internacionales, que fue director técnico de los Censos del National Bureau, el señor Rajendra Singh, dijo que esta encuesta no podía ser aplicada para calcular omisiones.

Cuando no se tiene una encuesta postcensal, hay que aplicar el método de conciliación demográfico, que es un proceso que dura 52 semanas. Ese es un método que parte de las cifras de 2002 que se han conciliado anteriormente. Se le suman las cifras vitales, o sea, más nacimientos, menos muertes, y se suma la estimación de migración internacional. Es un proceso que requiere que la calidad de las estadísticas vitales sea muy buena y tenga controles de calidad perfectos en los últimos años. En definitiva los expwertos internacionales sintieron que uno de los insumos que usan para su trabajo estaba siendo desacreditado.

Los mismos expertos internacionales, en una reunión que tuvieron en la Comunidad Estadística Nacional, afirmaron lo siguiente: “Nosotros no estamos diciendo que las estadísticas vitales chilenas sean malas. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no tenemos pruebas estadísticas, independientes del INE, sobre la calidad de esas cifras”. Destacó que el año 1973 se realizó el único estudio sobre datos, de los autores de Puffer y Serrano, “Características de la Mortalidad en la Niñez”, Informe de Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, publicación científica Nº 262, de la Organización Panamericana de la Salud, 1973. El estudio arrojó un 30 por ciento de tasa de omisión en la recolección de datos. Ese es el tipo de pruebas que probablemente los expertos internacionales estaban buscando sobre la validez de las estadísticas vitales.

Consultado por el Diputado señor Latorre respecto a si se había reunido con toda la gente del Subdepartamento de Demografía, el señor Coeymans señaló que citó a todos los funcionarios, de los cuales asistieron solo tres personas. Además se citó a los subdirectores del INE y afines.

Posteriormente se refirió a la consulta relacionada con si los expertos internacionales recibieron o no a los expertos nacionales, respecto a lo cual informó que se reunieron aproximadamente 12 horas con tres miembros; 6 horas con Magda Ruiz y otras tantas horas con Felipe Zamorano e Isabel Millán. A esa reunión se invitó expresamente a los señores Osvaldo Larrañaga y David Bravo, quienes se excusaron. Además, se invitó a la comisión nacional para que fuera a la reunión con la Comunidad Estadística donde los expertos internacionales presentaron su informe.

En relación a los invitados a las reuniones indicó que no fue quien decidió a quién tenían que invitar. Los expertos internacionales tuvieron acceso a las grabaciones de todas las entrevistas que dieron Mariana Alcérreca -quien no fue invitada-, Andrés Bustamante y Marcela Cabezas y decidieron.

Consultado por el Diputado señor Silber respecto de si estaba validado el sistema que se utilizó para la imputación de viviendas, señaló que el informe de la Comisión Nacional, se calcula en 1,8 la omisión de viviendas a través de ese método, mientras que el señor Francisco Labbé estimó un 1,6, o sea no está validado. La Comisión Internacional expresamente no lo recomienda.

El señor Coeymans manifestó que compartía el criterio expuesto por la Comisión Internacional.

El Diputado señor Latorre preguntó, respecto del trabajo de la comisión de expertos internacionales si se reunieron con alguna persona critica del censo y cuál fue la cantidad de horas trabajadas y visitas efectuadas a terreno.

Al respecto el señor Coeymans señalo que el trabajo efectuado fue aproximadamente de mil horas en tres meses de presencia en Chile. Precisó que el contrato para dos de los expertos internacionales fue de dos meses.

Respecto a que no se pueden usar las proyecciones de población para calcular la omisión, indicó que el método demográfico ocupa una estimación de población sacada con estadísticas vitales, pero post censo. Una de las críticas que se le puede hacer al trabajo de la comisión es que hicieron un cálculo de omisión, especialmente comunal; a lo mejor, la omisión no la han agregado. Hay muchas comunas en que las proyecciones con las cuales se comparaba lo censado, y con esa comparación salía la omisión, hubo muchas comunas en que se censó mucho más. Por ejemplo, Santiago, Ñuñoa. Son las mejores proyecciones que se pueden hacer, pero no se puede comparar una proyección basada en el censo del 2002 y tomarlo como verdad para calcular la omisión, porque esa está sujeta a errores muy grandes para el propósito de calcular omisión. Puede ser la mejor información disponible, pero no necesariamente útil para los efectos de calcular omisión.

Las proyecciones del INE no están malas, son las mejores que se pueden hacer con la información disponible al momento en que se hacen las proyecciones.

Consultado por el diputado señor Silber sobre si el trabajo de la comisión de expertos internacionales contempló alguna reunión con el Subdepartamento de Demografía, el señor Coeymans explicó que a ese departamento se le preguntó si había estudios independientes de evaluación de estadísticas vitales y, según lo señalado por los expertos, no se les entregó ningún antecedente.

A continuación el Diputado señor Silber preguntó sobre el rol del señor Alejandro Sabag quien en el anterior censo tuvo la responsabilidad de jefe de gestión logística e informática del proyecto y hoy sería el coordinador técnico del censo. A esto el señor Coeymans respondió afirmativamente y explicó que el señor Sabag era una persona que ha hecho consultorías para el Banco Mundial, un gran técnico que hace un tiempo estuvo a cargo de todo el sistema computacional del INE, y al cual le tenía mucha confianza técnica.

El señor Coeymans.- Participa en este proceso la señora Myriam Vargas y la señora Magdalena Carreño.

Son personas que están haciendo análisis. El informe final se ha dividido en distintas partes. El análisis lo hacemos en conjunto. El equipo es bastante transversal, muy participativo, incluso participo en la mayor cantidad de reuniones que puedo.

En cuanto a la conformación del equipo de trabajo encargado del análisis del censo 2012, informó que lo integraban, entre otros, la señora Myriam Vargas quien trabaja con el señor Sabag; el señor Charles Durán, jefe de muestras del INE ; el señor Carlos Araujo, uruguayo, funcionario y estadístico que trabaja a media jornada y es docente en la Universidad Católica, y está contratado a honorarios para este efecto. También se incorporó la señora Burcu Eke, quien es funcionaria contratada a honorarios y tiene un magíster en finanzas, uno en economía y un doctorado en estadísticas de una prestigiosa universidad de Estados Unidos. También trabajó Magdalena Guerrero, funcionaria del INE.

Frente a la consulta de por qué se habrían contratado personas a honorarios para este trabajo informó que de los 1.800 funcionarios del INE, 1.000 se encontraban a honorarios.

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Durante la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 11 de diciembre de 2013, vuestra Comisión Especial Investigadora escuchó al ministro de Economía , señor FÉLIX De Vicente MINGO, quien en síntesis expresó lo siguiente:

El señor De Vicente manifestó que, desde su llegada al Ministerio de Economía, ha procurado avanzar en el proyecto de ley de un INE autónomo, y, en tal sentido, su función ha girado en torno a tal objetivo, para lo cual se ha desarrollado una política de respeto y apoyo hacia las decisiones que tome la institución.

El director del INE, previo a que se entregara el informe de la primera comisión del Censo, conformada por el señor Bravo y otros, prosiguió con el segundo informe de los expertos norteamericanos y de otros países.

El Ministerio de Economía, solicitó que desarrollaran una revisión técnica, con los conocimientos que tiene el equipo del Censo, para recomendar los pasos técnicos a seguir.

Por lo tanto, junto con el Presidente de la República , se ha decidido respetar el informe que evacuen, en el entendido de considerar al INE como una entidad autónoma, que puede tomar decisiones técnicas más que políticas.

Respecto de las dos comisiones que han analizado el censo (nacional e internacional) manifestó que entendía que las dos comisiones hicieron una aproximación a la revisión del Censo desde distintos ángulos: una, se basó en los datos y, la otra, en la metodología respecto de cómo se realizó el censo. Por ahí se puede explicar las diferencias entre ambos informes. Creo que por el bien del país y por respeto y prestigio del INE, quienes deben referirse al valor de cada una de estas dos comisiones deben ser los expertos del Instituto que están trabajando y tienen la mayor experiencia.

La comisión de expertos extranjeros se basó en la metodología y, además, en el trabajo de la comisión nacional. Destacó que el Gobierno, ha actuado con transparencia y se ha dado toda la información abierta y directa de cara a todos los chilenos en ambas comisiones.

Las razones de diferencia entre ambos informes es que tuvieron aproximaciones completamente distintas ante la revisión del Censo.

Respecto de cómo fue nominada la segunda comisión, destacó que la primera fue antes de que llegara al ministerio y no tuvo conocimiento de cómo se conformó, pero en conversaciones y apoyo directo con el director del INE, participó en la selección de la segunda comisión de expertos. En ese momento tuvimos la visita de personeros del Banco Mundial para revisar otros temas con Hacienda y ellos no tenían la capacidad de venir a instalarse como institución y cualquiera que viniera a instalarse per se en Chile a revisar el Censo, no podría hacerlo en un corto tiempo. Todo el país tenía la inquietud, dado el informe de la primera comisión, y había que tomar la decisión. Por lo tanto, se contactó a gente de Eurostat, la empresa más reconocida de Europa en estadísticas, y recomendó al señor Griffith Feeney, a quien, por supuesto, ni el director del INE ni yo conocíamos. Entiendo que él no conocía Chile. Se le contactó y se le pidió que viniera a revisar con completa autonomía el Censo. Entonces, vino con el señor Rajendra Singh y Roberto Bianchini e hicieron su trabajo de forma permanente y consecutiva -entiendo que trabajaron sábados y domingos mientras estuvieron en Chile- y concluyeron en el informe que todos conocemos.

Entonces, tanto el informe de la primera comisión como el de la segunda trabajaron en forma completamente autónoma, independiente y transparente. Entregaron el informe que es conocido por todos los chilenos. Las razones, a mi entender, por las cuales llegaron a distintas visiones, radica esencialmente en que tuvieron aproximaciones distintas al problema.

En cuanto a si hay que hacer o no un Censo, todos los países en Latinoamérica los llevan a cabo y, generalmente, los realizan cada vez que se cumple un decenio.

El señor De Vicente.- La decisión queremos que venga del equipo técnico, del director del INE, quienes van a hacer una propuesta a todos los chilenos. Debemos hacer una conciliación, hay que ver cuándo se planifica el último Censo y nuestra disposición es respetar la decisión que ellos propongan.

Consultado al respecto por el Diputado señor Latorre manifestó que no tenía reuniones muy habituales con el director del INE. Agregó que tres semanas atrás se había reunido con funcionarios del INE y 3 meses antes con quienes participaban en la comisión del censo dentro del INE. En esa reunión cada uno de ellos explicó qué hacía, cuál era su misión dentro de la evaluación del trabajo del censo y le parecieron profesionales destacados, con muchos años de experiencia.

Informó una segunda reunión con representantes de los funcionarios, con el único fin de saber su opinión respecto del INE autónomo. Había tenido una reunión en la Comisión de Hacienda del Senado, donde un Senador le solicitó que para que el proyecto del INE pudiera avanzar debería contar con la aprobación de los funcionarios del INE, razón por la cual se reunió con ellos. Posteriormente, hubo cambio de directiva en la Anfine -Asociación de Funcionarios del INE- y se reunió con todos sus representantes.

Recalcó a continuación que no existió clonación de datos. Explicó que el director del INE hizo una denuncia en la Fiscalía Nacional pensando que había clonación, por una información que recibió por parte de un funcionario. A las dos semanas constató que los datos recibidos eran falsos y entregó la información a la fiscalía diciendo que la que tenía era falsa y que no había clonación.

Respecto del proceso de presentación de los datos éste fue incorrecto, y lo dijeron ambas comisiones. Es en la presentación de los datos donde existen viviendas con moradores, viviendas con moradores ausentes y viviendas no logradas. Y hubo un error en la publicación, donde se incluyó las viviendas no logradas.

Según la recomendación del informe de los expertos internacionales, en algunos países como Estados Unidos se consideraban las viviendas censadas sin respuesta. Eso es parte del trabajo que va a entregar el equipo del Censo, del INE, y dirá qué pasos recomienda seguir.

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V. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

En la última sesión celebrada por vuestra Comisión Investigadora, prorrogada legal y reglamentariamente, se procedió a discutir las conclusiones y proposiciones que derivan del trabajo realizado en cumplimiento de su mandato.

En primer lugar, corresponde reglamentariamente referirse a las conclusiones y proposiciones que resultaron rechazadas por la Comisión.

-De los Diputados señores José Manuel Edwards Silva y Ernesto Silva Méndez

La Comisión acordó, por unanimidad, aplicar la votación inversa con la que se aprobó las conclusiones y proposiciones que se incluyen en el capítulo siguiente.

En consecuencia, la presentación de los señores Diputados mencionados en el epígrafe, que se inserta a continuación, resultó rechazada por seis votos a favor, siete votos en contra y cero abstenciones.

Los votos a favor corresponden a los Diputados señores Edwards; Baltolu; Calderón; Rivas; Silva, y Van Rysselberghe.

Los votos en contra de las Diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Farías; Lemus; Latorre; Meza, y Silber.

TEXTO RECHAZADO:

“CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL

INTRODUCCIÓN

Un censo de población consiste en el recuento de los habitantes de un país por sexo, edad, distribución geográfica y características socioeconómicas. Un censo nos muestra cifras sobre el estado de una población.

Hace casi 180 años atrás, se realizó en Chile el primer censo oficial y luego, a través de la Ley de Censos en 1843, se estableció que éstos se debían efectuar cada 10 años para poder mostrar los cambios demográficos en tal intervalo de tiempo. En ese año, Chile era un país considerablemente más pequeño que lo que es hoy en día, contando con 1.083.701 habitantes.

Los datos del censo deben registrar características de cada persona individualmente, lo que permite realizar diversas categorizaciones, pero siempre velando que en toda la información se encuentre sujeta a confidencialidad del denominado "secreto estadístico". Es decir, la información se recolecta para cada uno de los individuos, pero se procesan sólo las características de los mismos, sin que sea posible identificar a las personas. En el caso de Chile, la Ley Orgánica dispone que el Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades.

Por otra parte, debe realizarse en forma simultánea en todo el territorio nacional. Esto es esencial para el recuento exacto de la población. Por lo dicho es que se fija un tiempo específico para hacer el levantamiento de datos, que en el caso de un censo de hecho es un solo día.

Por otra parte, los intervalos recomendados para realización de los censos son por lo general decenales, pues permiten apreciar los cambios experimentados por las distintas variables censales.

Para el censo se desarrolla un cuestionario censal, el cual usualmente comprende materias tales como: lugar de residencia habitual; relación de cada persona

con el jefe de hogar o familia; atributos personales: sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad; características económicas: tipo de actividad, ocupación, rama de actividad económica, categoría -empleador, empleado, trabajador independiente o cuenta propia). Así como variables relativas a educación: alfabetismo, grado de instrucción; preguntas étnicas y religiosas.

La información obtenida en el censo es importante, pues sirve de base para la evaluación y establecimiento de programas en materia de educación, alfabetización, empleo, vivienda, salud, urbanización y desarrollo rural, etc. Lo anterior permite crear, definir y focalizar las políticas públicas gubernamentales.

El censo tiene, también, aplicaciones de gran utilidad para los particulares, especialmente para fines de investigación; además se usa con fines político-administrativos, tales como la demarcación de las circunscripciones electorales, distribución de Diputados y Senadores, etc.

Es importante destacar que la población oficial del país no es la población que entrega el censo, sino aquella que se obtiene después de conciliar las cifras del censo con información adicional sobre censos anteriores, estadísticas vitales, registros de migración internacional y otras informaciones, en lo que se llama proceso de "conciliación demográfica". Una vez que termina este proceso de conciliación puede conocerse la población oficial y la omisión de un censo.

ANTECEDENTES DEL Censo 2012

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda corresponde a un conteo y calificación universal de las viviendas y del número de hogares y personas que están en el país el día de la realización del levantamiento, que contempla recoger, compilar, evaluar, procesar, tabular, analizar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, relativos a un momento dado o a cierto período dado. Con los datos recolectados en este operativo se elabora información que permitirá conocer las características socioeconómicas de la población y su calidad habitacional y, a partir de ello, se lograrán fundamentar diversos procesos estratégicos, como la elaboración de políticas públicas, estudios académicos, entre otros.

Este operativo estadístico contempla tres etapas: una preparatoria, denominada Precenso, una etapa de Censo propiamente tal y una etapa final, denominada Post-Censo. Esta última corresponde, conforme a la ley, que sea desarrollada por el INE en forma exclusiva.

La etapa preparatoria, denominada Precenso, consiste en realizar un empadronamiento del cien por ciento de las viviendas a nivel nacional, identificándolas por su ubicación en forma precisa, definiendo preliminar y someramente su uso y cantidad de personas que la habitan. El objetivo fundamental del precenso, es lograr una representación cartográfica reciente y una enumeración actualizada de la distribución espacial de edificios, viviendas, hogares y personas de todo el territorio nacional, permitiendo su localización a niveles geográficos tan detallados como sea necesario, para organizar apropiadamente la etapa de Censo propiamente tal; asimismo, permite actualizar y estandarizar la cartografía del INE, dividir, con criterios técnicos, el territorio en "sectores de empadronamiento", estimar el número de Censistas necesarios para, en la etapa del Censo, cubrir la totalidad de las viviendas y población existente en el territorio, entre otros.

La etapa de Censo, propiamente tal, consiste en un conjunto de operaciones consistentes en la enumeración de los habitantes del país por sexo, edad, distribución geográfica y características socioeconómicas, contar y cualificar las viviendas donde residen los habitantes del país, de manera de establecer la realidad habitacional, entre otras cosas.

Finalmente, se contempla una etapa de Post-Censo, a cargo en forma exclusiva del instituto Nacional de Estadísticas, durante el cual se desarrollan principalmente las actividades propias del procesamiento estadístico de los datos levantados; se entregan los resultados preliminares al público nacional y se ejecuta la Encuesta Post Censal con el objetivo de validar la calidad del Censo.

El Director(a) Nacional de Estadísticas debe determinar la estructura operativa, técnica y administrativa para la organización y ejecución de los trabajos precensales y censales, de acuerdo con sus facultades legales, pudiendo, al efecto, integrarla con cualquier funcionario(a) de otras instituciones del Sector Público o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuyo aporte pueda ser necesario en razón de su especialidad, experiencia o jerarquía. Del mismo modo, podrá incorporar a dicha organización personal contratado a honorarios y a representantes de instituciones nacionales e internacionales, relacionadas directamente con los Censos, para efecto de los trabajos preparatorios.

Desde 2010, el 1NE realizó actividades preliminares para la realización de un precenso en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, de modo de poner en práctica el diseño preliminar de la encuesta. Por primera vez se incorporaron al Censo el uso de Internet, correo electrónico y redes sociales, así como el uso en hogares de fuentes de energía alternativas. El modelo de censo fue sometido a un proceso de revisión entre marzo y septiembre de 2011.

El 14 se septiembre de 2011 se anunció un cambio en la metodología del Censo. La recolección de datos ya no se reuniría en un solo día (declarado feriado para los efectos de la recolección), sino que, por primera vez, se realizaría durante dos meses, a partir del 9 de abril de 2012. De esta forma, se abandonó la metodología de «censo de hecho» por la de «censo de derecho», utilizada por la mayoría de los países desarrollados. Como otro cambio significativo se definió que los encuestadores serían remunerados y entrenados para efectos de desarrollar y llevar adelante la encuesta, a diferencia de los censos anteriores en que se recurría a voluntarios.

Dentro de los cambios al cuestionario respecto a su antecesor del 2002, destacaron la incorporación del pueblo diaguita entre las etnias originarias, y la alternativa de ser conviviente con una pareja del mismo sexo.

Además del cuestionario, la modernización que ha sufrido el proceso de levantamiento ha significado que Chile se ponga en línea con la realidad de los países desarrollados, ya que dentro de los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país era el único que realizaba el Censo en un día. Por otra parte, a nivel latinoamericano la mayoría de los países ya no ejecuta este tipo de censos, según información del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía dependiente de la Cepal.

Entre las principales diferencias entre un censo de hecho y censo de derecho radican en que en un censo de hecho se obtienen datos sobre las personas presentes en la vivienda en el momento del censo, incluyendo a quienes no residen en forma habitual, sin embargo "pasaron la noche", censando a las personas en el lugar donde se encuentran. La recolección de los datos se efectúa en un solo día para evitar duplicidad de los mismos. Por otra parte, en un censo de derecho se obtienen datos de aquellas personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no estén presentes en el momento de la recolección; es decir, no se cuenta a las personas presentes temporalmente o aquellos que por un acaso se encuentren en un lugar determinado. Debido a esto el operativo puede realizarse en varios días y se censa a las personas en el lugar donde viven.

Para efectos de desarrollar el cambio de metodología de censo de hecho a censo de derecho se realizaron una serie de pasos previos, que estuvo a cargo de la Comisión Nacional Censal, la que tuvo asignada la tarea particular de preparar el censo.

Los actos administrativos más relevantes en relación con la preparación del Censo 2012 se resumen a continuación:

1) Dictación del Decreto No. 231, del 28 de diciembre del 2009, el cual dispuso el levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de vivienda durante el año 2012 y se faculta el Director del INE a fijar el día de su realización, cuya resolución debía ser publicada en el Diario Oficial.

2) Posteriormente, se dictó el Decreto No. 236, del 30 de Octubre del 2010 y se procedió a crear la Comisión Nacional Censal y las Comisiones Regionales. Esta comisión estaba presidida por el Ministro de Economía y la integraron además los siguientes miembros:

i Subsecretario del Interior .

ii Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

iii Subsecretario de Educación .

iv Subsecretario de Transporte .

v Subsecretario General de Gobierno .

vi Subsecretario de Planificación y Cooperación.

vii Jefe del Estado Mayor Conjunto.

viii Un oficial superior de Carabinero de Chile, designado por su Director General .

ix Un oficial superior de Policía de Investigaciones, designado por su Director General .

x El Director del INE como Director Ejecutivo del Censo .

xi Secretario de la Comisión, el coordinador Nacional del Censo.

3) La primera sesión de la Comisión Nacional Censal se realizó el 23 de noviembre del 2010 y una vez constituida se explica el objetivo de la misma, junto con las etapas que conlleva el censo.

4) Posteriormente se dictó el Decreto 36, del 12 de Agosto de 2011, que aprobó el Reglamento del Censo, el cual especifica que su objetivo es levantar información demográfica, económica y social para elaborar información sobre las características socioeconómicas de la población y su calidad habitacional, para que a partir de ella se puedan elaborar políticas públicas y estudios académicos, entre otros.

Se establecen tres etapas: el precenso, donde se empadronaron las viviendas; el censo propiamente tal y por último, el post censo y se le otorgó las facultades al Director del INE y se le asignó el rol a los gobiernos regionales y locales.

5) El 14 de septiembre del 2011, la Comisión Nacional Censal efectúo su segunda reunión y se presentó por parte del Director de INE de la Época - Francisco Javier Labbé Opazo- el cambio de metodología censal el cual es aprobado por ésta y se establece período para su levantamiento.

6) En Ley de Presupuesto 2012, tramitada entre los meses de octubre y noviembre del 2011 se incorporó en la partida 07, capítulo 07, programa 01, subtitulo 24, ítem 03 495 Programa censal, un presupuesto por $14.279.496 miles de pesos, con un glosa (05) que autorizó al INE para efectuar todos los gastos necesarios para la realización del Censo incluso poder contratar personal y arrendar vehículos entre otros similares.

7) El 4 de enero del 2012, se dicta el Decreto No. 143, por medio del cual se modifica el Decreto No. 231 del 2009, pasando de un censo de hecho a uno de derecho.

8) El 30 de abril del 2012, se dicta el Decreto No. 525 del Ministerio de Hacienda de abril del 2012, por medio del cual se incrementa el presupuesto del Programa Censal en $ 2.211.069 miles para hacer frente a los mayores costos que significaría el cambio de un tipo de censo a otro.

9) El 24 de septiembre del 2012 se dicta el Decreto No. 1.285, del Ministerio de Hacienda, del 24 de septiembre del 2012 que introduce una última modificación presupuestaria por los mayores costos que irrogaría el censo de 2012 por una suma $550.000 miles.

10) El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y Censo de Población y Vivienda 2012 se realizó en Chile entre el 9 de abril y el 15 de julio de 2012. Dado el cambio metodológico, el periodo de levantamiento de la información en vez de ser de un día como lo era anteriormente, se extendió a un periodo de tres meses. Debido a un retraso en el levantamiento de información en las regiones de Antofagasta y Metropolitana, este periodo se extendió por 15 días adicionales. Cabe destacar que los inconvenientes producidos durante este tiempo fueron propios de un proyecto de esta envergadura y en su gran mayoría, fueron detectados y solucionados sin afectar la calidad ni la confiabilidad de los datos obtenidos.

CONCILIACIÓN DEMÓGRAFICA

Para poder estimar la población oficial, se deben corregir las cifras censales por el error de cobertura que se pudiese producir en el proceso. Es decir, las cifras censales presentan una imprecisión de cobertura que puede derivar, entre otros, por la omisión de individuos. Tal porcentaje de omisión puede ser estimado mediante una conciliación censal que permite, mediante la revisión de los datos de natalidad y mortalidad, junto con los de ingresos y egresos de personas de cada año, definir la población base estimada para luego ajustar las últimas cifras censales.

Al respecto, se debe tener en consideración la existencia de tres números de población que surgen de las distintas etapas del proceso censal, éstos son:

i. Población censada: población que fue efectivamente censada.

ii Población contabilizada = Población censada + estimación de moradores ausentes: Población residente en viviendas censadas de las que no fue posible captar la información sobre sus residentes durante el trabajo de campo por ausencia de los mismos o por negativa a proporcionar sus datos.

iii Población oficial= Población censada + conciliación censal: Proceso que consiste en revisar los datos de natalidad y mortalidad junto con los de ingresos y egresos de personas al país año a año en el tramo intercensal y corregir los datos levantados. La conciliación incluye a los moradores ausentes.

Es decir, para encontrar las cifras oficiales de la población, el INE en conjunto con Celade, deben corregir la población censada mediante la conciliación censal, para así llegar a una cifra que considere la llamada omisión censal.

Históricamente en Chile se consideraban los datos poblacionales i y iii ya que los censos realizados con anterioridad al del 2012 eran de hecho. En esos casos no procede realizar una estimación de moradores ausentes, ya que una persona con residencia habitual en una vivienda pudo haber pernoctado en otra vivienda y se contabilizaría dos veces.

Por su parte, en los censos de derecho, es correcto realizar una estimación por morador ausente mientras se clarifique cuál es la población censada y la estimada. Debido a que este tipo de censos contabiliza a las personas por los residentes habituales de una vivienda, los moradores ausentes no serían contados en otras viviendas, ya que las personas son residentes habituales de una sola vivienda. De tal forma, se pueden considerar los datos poblacionales i, ii y iii.

Realizando una comparación entre la población censada y la población oficial del país para los dos censos anteriores, se observa que en ambos casos hubo un aumento entre la población censada y la oficial:

Censo 1992

Población censal informada: 13.348.401 Población final oficial: 13.665.241 Diferencia: 316.840

Censo 2002

Población censal informada: 15.116.435 Población final oficial: 15.745.583 Diferencia: 629.148

CIFRAS INFORMADAS EN EL Censo 2012

El 2 de abril de 2013 se publicaron los resultados preliminares del censo, que arrojaron un total nacional de 16.634.603 habitantes. La cifra de la población efectivamente censadaalcanzó aproximadamente a 15.800.000 personas. Es decir, el INE calculó que los moradores ausente eran en torno a 834.000 personas.

Luego, la diferencia mostrada en las cifras se produce debido a que el INE consideró además de la población efectivamente censada (personas que cuentan con fichas censales), una estimación de viviendas con moradores ausentes y de viviendas a las que no se ha llegado o no hayan sido censadas.

Es importante destacar que la información de las 15.800.000 personas está respaldada mediante fichas físicas y digitalizadas, por lo que no resulta necesario realizar un nuevo levantamiento para contar con dicha información.

Cuando culmine el trabajo post censal y de clarificación de las cifras por parte de la auditoria interna, Celade e INE entregarán el dato poblacional oficial con el cual se construirá las proyecciones poblacionales del país. Este dato final es utilizado como base para diversas políticas públicas en el país y para actualizar las estadísticas vitales y demográficas a lo largo del territorio nacional.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

La Organización de las Naciones Unidas ha sistematizado la información sobre censos en el mundo y ha elaborado diversos manuales e indicaciones para el desarrollo de éstos. Asimismo, en Latinoamérica el organismo de la ONU a cargo de las recomendaciones sobre demografía es la Celade que depende de la Cepal.

Particularmente en 2011, Celade presentó un manual de Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, donde se realiza un análisis de la cobertura censal y se enfatiza que los países deben entregar la información de la manera más transparente posible, identificando cuándo se trata de población censada y cuándo estimada, dejando al usuario la decisión sobre su uso.

En base a estas recomendaciones resulta relevante destacar el caso de los censos de México el año 2010 y Uruguay el año 2011, los cuales fueron los primeros censos de derecho realizados en ambos países y que siguieron una presentación clara y transparente de sus resultados.

En Uruguay se realizó el último Censo en el año 2011. El INE de dicho país informó la población contabilizada; la cual incluye la población censada y la población residente en viviendas particulares con moradores ausentes, y la población total residente estimada; la cual considera adicionalmente a la población contabilizada, la población residente en viviendas omitidas y la población residente omitida en viviendas censadas.

Para determinar la omisión censal se realizaron dos enfoques: una evaluación directa mediante encuestas de post-enumeración y una indirecta a través de una conciliación censal con la información intercensal.

Es importante destacar la rigurosidad de los datos entregados, en la que cada cifra consideraba un informe que respaldaba los diferentes datos censales entregados a la ciudadanía.

Por su parte, en México se realizó el primer censo de derecho el año 2010 y reportó los primeros resultados cinco meses después del levantamiento. Cuando entregó los resultados se presentó la población residente en el país y el número de viviendas censadas.

Adicionalmente, se mostró la proporción de viviendas censadas con moradores ausentes o donde éstos se negaron a responder el censo y detalla dónde se ubicaron dichas viviendas y las características de la zona.

Cuatro meses después, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México) entregó el resultado definitivo del Censo de Población y Vivienda del 2010. La cifra reportada fue ligeramente superior a la cifra inicial, como era de esperar.

ACTIVIDADES IMPUTADAS AL EX DIRECTOR DEL INE

FRANCISCO JAVIER LABBÉ OPAZO

El 26 de Abril de 2013 renuncia el Director del INE luego de cuestionamientos por artículos de prensa que le atribuyeran a su gestión una supuesta manipulación de los datos del Censo de 2012, así como a una eventual filtración de datos a la prensa antes de publicación y supuestas contrataciones de asesoría fuera del marco legal.

MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL INE

Por petición de 54 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una "Comisión Especial investigadora acerca del funcionamiento del instituto Nacional de Estadísticas, INE, con el objeto de evaluar las razones por las cuales se cambiaron las metodologías aplicadas para los distintos instrumentos de medición; si existieron cambios en los equipos técnicos y las razones para esta determinación; presupuestos comprometidos, programados y ejecutados para realizar mediciones; los responsables de las encuestas en cada una de sus etapas; eventuales irregularidades que pueden haberse cometido en la elaboración de dichas encuestas y razones de la renuncia de autoridades ligadas a su implementación así como responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades de gobierno en la toma de decisiones. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

CONCLUSIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1) Esta Comisión ha podido establecer, del correspondiente examen de los antecedentes aportados a la misma y que han podido ser conocidos por esta instancia., que no existen antecedentes para suponer que existió una manipulación de datos respecto del Censo 2012. La propia Comisión de Expertos Nacionales señaló en su informe que "la información digitalizada correspondía en casi la totalidad de las veces a la contenida en las cédulas censales, con la excepción de unos pocos casos en que el dato original no estaba bien registrado" y que "es posible entonces inferir que la base de datos resultante es reflejo de la original".

2) Sin perjuicio de lo anterior, como bien señalaron ambas comisiones y la dirección actual del INE, hay dos hechos que son metodológicamente cuestionables en la difusión de los datos del Censo 2012 en abril de ese año. La primera fue respecto de la llamada imputación de viviendas no observadas, la cual ambas comisiones señalaron que no es procedente. Lo segundo es el hecho que al difundir los datos del censo no se especificó que las cifras incluían tanto a las personas efectivamente censadas como a la población estimada, siendo metodológicamente apropiado hacer dicha distinción. Ahora, esta comisión estima que ambos casos corresponden a un asunto de carácter técnico y metodológico y que no hay antecedentes que permitan afirmar que se podría estar ante una infracción administrativa derivada de los mismos. Además, es de público conocimiento que la dirección actual del INE ha señalado que cuando sean nuevamente publicados los datos del Censo 2012, no se incluirá las imputaciones de moradores

ausentes en la viviendas no observadas y que se indicará con claridad la población que ha sido censada y aquella que corresponde a estimaciones de viviendas con moradores ausentes, con el debido detalle e información metodológica de respaldo.

En relación a la filtración de datos del Censo 2012 a los medios de comunicación antes de su publicación oficial por parte del INE, no existe evidencia para atribuir a algún funcionario público en particular, se encuentre este en ejercicio o no, la responsabilidad sobre este tema. Con todo, se destaca que este es un hecho de preocupación, especialmente si consideramos que estamos ante información que puede estar sujeta a secreto estadístico, y que se pudo apreciar un relajo de los protocolos internos, como la falta en ciertos casos de la firma de los respectivos acuerdos de confidencialidad.

4) Sobre eventuales irregularidades en la prestación de servicios de los asesores comunicacionales del ex Director, Sr. Francisco Labbé Opazo, la comisión no pudo comprobar la existencia de vicios formales en las contrataciones realizadas y en el desarrollo de los servicios prestados, sin perjuicio que se pudo constatar que el proceso pudo haber sido llevado en forma más cuidadosa para evitar conflictos entre dichos asesores y los funcionarios del INE en relación con la ejecución de sus labores. No obstante, esta comisión considera que es competencia contraloría General de la República determinar la existencia o no de eventuales irregularidades administrativas en este aspecto, cuestión que se determinará producto del sumario que actualmente se está realizando ante dicha institución. En este sentido, toda la información recopilada por esta comisión será puesta a disposición de las autoridades competentes.

5) Sobre el clima organizacional existente en el INE a la fecha de las denuncias, cuando estaba todavía como director el Sr. Franciso Labbé Opazo, esta comisión pudo apreciar que efectivamente desde mediados del 2012 existió en el INE un ambiente laboral que dificultó la realización en forma adecuada de las distintas labores necesarias para llevar a cabo el Censo 2012.

Las razones esgrimidas para esta situación son variadas pero puede notarse que de parte del director de ese entonces pudo faltar el criterio y el liderazgo necesario para hacer frente a los desafíos que implicaba la realización del primer censo de derecho en Chile.

6) Que respecto de la decisión de cambiar de un censo de hecho a uno de derecho, que fuera adoptada por la Comisión Nacional Censal a proposición del ex director Francisco Labbe Opazo, esta comisión pudo confirmar que ésta se adoptó conforme a lo que establece la regulación vigente. Sin perjuicio de esto, varias declaraciones y antecedentes aportados a la comisión dan cuenta que la dirección del INE de entonces sub-estimó los desafíos logísticos, humanos y presupuestarios derivados del cambio a un censo de derecho, lo que explicaría varías de las dificultades que tuvo la preparación y levantamiento de información del proceso censal, sin perjuicio que la mayoría de ellas se pudo ir subsanando gracias al esfuerzo de los propios funcionarios del INE.

7) Que, además de lo señalado anteriormente, no ha sido posible acreditar en la investigación otros hechos que pudieren revestir el carácter de crimen o simple delito y que requieran ser denunciados, ya sea respecto del ex director como de otros funcionarios del INE.

8) En relación al rol que le correspondió en el proceso Censo 2012 al ex Ministro de Economía , Sr. Pablo Longueira Montes, conforme a los antecedentes aportados y las declaraciones vertidas a los largo de este expediente, esta comisión concluye que este nunca fue informado de supuesta anomalías o irregularidades en el Censo, ni tampoco fue advertido de la existencia de algún problema de clima laboral al interior del INE.

9) Que el mandato de la presente comisión sólo lo ha sido para investigar los hechos vinculados a las supuestas irregularidades ocurridas con anterioridad al nombramiento del nuevo Director del INE , Juan Eduardo Coeymans. Así toda otra actividad, opinión, razonamiento o conclusión que importe cubrir hechos no vinculados al mandato quedan fuera de la competencia legal y reglamentaria de la presente comisión investigadora. Con todo, debe señalarse que durante el trabajo de esta comisión no se tuvo conocimiento de algún antecedente que permita aseverar que el actual director del INE incurrió en una conducta que pudiera ser fundante de una irregularidad o sanción administrativa de ningún tipo. Por el contrario, se puede destacar que desde que ha ejercido su cargo, el actual director ha procurado actuar con la máxima transparencia, incluyendo la convocación de dos comisiones externas, una nacional y otra internacional, para que revisar los datos y el proceso censal 2012, el haber puesto de inmediato los antecedentes ante el Ministerio Público para que investigará la existencia de un eventual delito y el haber iniciado prontamente una investigación sumaria dentro del INE, que luego de recabado los antecedentes se convirtió en un sumario administrativo, proceso que hoy está en manos de la Contraloría General de la República.

10) En cuanto a las conclusiones sobre la calidad de la base de datos del Censo 2012 realizadas por el subdepartamento de Estadísticas Demográficas, esta comisión no puede pronunciarse sobre el fondo de las mismas, por ser consideraciones técnicas sobre temas demográficos y estadísticos. Lo anterior, sin perjuicio que esta comisión hace notar que: dicho subdepartamento envió sus conclusiones sin el respaldo de la dirección del INE, el equipo del INE a cargo del censo ni el departamento del cual dependen; sus conclusiones sobre la calidad del censo sobrepasan el ámbito de competencia y funciones; y se recibió de parte del director una carta en la cual refutó técnicamente la mayoría de las conclusiones del subdepartamento.

11) Que no corresponde pronunciarse si los informes evacuados por los expertos nacionales e internacionales, toda vez que son posteriores, fuera de las materias ordenadas investigar por el mandato otorgado a la comisión investigadora y sobre aspectos técnicos del proceso censal 2012. En todo caso, pueden apreciarse diferencias metodológicas y de criterios entre ambas comisiones, en temas que son especialmente técnicos y complejos, no siendo posible para esta comisión tener una opinión sobre los mismos. Asimismo, se destaca que el INE haya convocado a estas dos comisiones independientes.

12) De esta misma forma, esta comisión no puede si no respetar la decisión técnica adoptada por el INE, el cual luego de un proceso de revisión exhaustivo de la base y el proceso censal, que incluyó el trabajo de dos comisiones de expertos convocadas por el INE, así como un informe propio elaborado por dicha institución, consideró que la información contenida en la base censal es útil para el diseño de las políticas públicas e investigaciones del área económica, social y de infraestructura, sin perjuicio de entregar para un correcto uso de la base censal, toda la documentación que permita al usuario discernir el nivel de calidad de la información.

13) En línea con la conclusión anterior, esta comisión tiene la convicción que sería de la mayor gravedad si es que por motivos políticos o de cualquier otra índole, se decide no respetar las recomendaciones de la entidad técnica, en este caso el INE, y de expertos internacionales de renombre, y realizar en forma apresurada un nuevo censo sin tomar todos los resguardos que aseguren su calidad. Las estadísticas es un tema complejo y técnico que no debe ser contaminado por decisiones políticas. El país ya ha sufrido en el pasado por los errores y el apresuramiento en la implementación de políticas públicas relevantes, como lo ocurrido con el sistema de transporte público de Santiago — Transantiago-. Debemos evitar que los chilenos vuelvan a sufrir y el Gobierno vuelva a promover una situación como aquella, especialmente si en este caso los técnicos y los expertos internacionales ya se han pronunciado en forma tan categórica en contrario.

RECOMENDACIONES

1.- Para seguir fortaleciendo la credibilidad del INE como institución a cargo de las estadísticas oficiales del país, la comisión estima que es muy importante que en el futuro el INE publique la información relativa a la base de datos censal de la forma más transparente y detallada posible, poniendo a disposición del público toda la información que sea posible para analizar y comprender los datos que se publican y señalando en forma expresa cualquier ajuste o estimación que se realice sobre la información recopilada.

2.- Dada la importancia que tiene el secreto estadístico para el correcto desempeño de las funciones del INE, la comisión estima que dicha institución debe adoptar medidas adicionales para asegurar que la información sea manejada conforme a los más estrictos protocolos que aseguran la confidencialidad y el resguardo de la misma, para evitar un mal uso, como filtraciones a la prensa de información que todavía no es de público conocimiento.

3.- Para fortalecer la institucionalidad del INE, esta comisión es de la opinión que debe darse la mayor celeridad posible al proyecto de ley que envió el Ejecutivo en diciembre de 2012 al Congreso, Boletín N° 8767-06, actualmente en primer trámite constitucional, y que buscar dotar al INE de plena autonomía, entre otras mejoras al marco legal del sistema nacional estadístico.

4.- Para que en el futuro Chile pueda contar con un proceso censal de la mejor calidad posible y conforme con los estándares internacionales de los países desarrollados, esta comisión es de la opinión que deben adoptarse todas las medidas que sean necesarias para garantizar este objetivo. A juicio de la comisión, esto incluye realizar todas las labores propias para la correcta planificación, preparación y ejecución del Censo. Valoramos, asimismo, la propuesta de la actual administración del INE, la que ha señalado que para cumplir con dichos parámetros internacionales el tiempo mínimo necesario es de cinco años, detallando cada una de las etapas y procesos que se deben realizar. Esta comisión reconoce que este es un tema técnico y que una decisión sobre cuando realizar un censo no debe adoptarse en base a consideraciones políticas. También, pone de manifiesto que la adopción de decisiones en esta materia en contravención con las recomendaciones técnicas puede tener resultados muy perjudiciales en un asunto de tanta importancia para el país como lo son sus estadísticas oficiales”.

VI. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

-De los Diputados señores Ramón Farías Ponce y Juan Carlos Latorre Carmona

Durante la última sesión celebrada por vuestra Comisión, prorrogada de conformidad con las disposiciones del artículo 53 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y del artículo 297 del Reglamento de la Corporación, luego de no alcanzarse consenso en torno a un texto único sobre las conclusiones y proposiciones presentadas por los Diputados señores Edwards y Silva, sin debate, por ser conocidas por todos, fueron sometidas a votación nominal, resultando aprobadas por siete votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

Los votos afirmativos correspondieron a las Diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra y Vidal, doña Ximena, y a los Diputados señores Farías; Lemus; Latorre; Meza, y Silber.

Los votos negativos fueron emitidos por los Diputados señores Edwards; Baltolu; Calderón; Rivas; Silva, y Van Rysselberghe.

Se deja constancia que el voto del Diputado señor Rivas, fue incorporado con posterioridad, por acuerdo unánime de la Comisión.

Su texto es el siguiente:

CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES SOBRE LAS MATERIAS INVESTIGADAS, EN CONFORMIDAD CON RELACIÓN DE HECHOS EFECTUADA POR INVITADOS Y OTROS ANTECEDENTES OBTENIDOS POR LA COMISIÓN.

A) Irregularidades administrativas en el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y Censo de Población o Vivienda 2012

A partir de la información recabada en las sesiones realizadas de la presente Comisión Investigadora, la documentación recibida y principalmente los testimonios prestados por distintas personas que fueron citadas y otras invitadas a solicitud de los distintos Diputados miembros de la Comisión y de las distintas bancadas de esta Corporación, se pudo constatar la efectividad de distintas irregularidades administrativas que ocurrieron en el Instituto Nacional de Estadísticas y en especial en el proceso del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda o Censo de Población y Vivienda 2012, durante la administración ejercida por el Ex Director Nacional, Sr. Francisco Labbé, las que por lo demás no han sido esclarecidas por la actual Dirección ejercida por Juan Eduardo Coeymans, ni por las autoridades superiores jerárquicas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Contratación y trabajo de asesores del Ex Director Nacional, Sr. Francisco Labbé

1) Entre las irregularidades que ésta Comisión Investigadora pudo constatar, se encuentra la contratación de distintas personas a honorarios sin que hayan efectuado verdaderamente sus servicios, con la finalidad de reunir los recursos económicos necesarios para que se le entregaran, por los servicios que prestaba de manera irregular, al Sr. Maximiliano Raide Prunes, quien ejerció actividades de asesor directo del Ex Director del INE Francisco Labbé. Entre las funciones que tenía dicha asesoría se encuentra asistir a reuniones en dependencias del Servicio, tanto con el ex Director como con técnicos y otros asesores comunicacionales del mismo. Asimismo, en su labor - expresada por el propio señor Labbé- el Sr. Raide hacia labores de relaciones y contactos con demás organismos del Estado, e incluso se constató que concurría a reuniones con altas autoridades del Ministerio de Economía. Cabe señalar que en dicho rol de asesor, asistió a instancias de reuniones con el equipo directo del Ex Director, donde se tomaban todas las decisiones asociadas al proceso Censo 2012 y las diferentes acciones para enfrentar los diversos problemas que se fueron sucediendo, así como instancias de difusión de gran efecto y connotación pública como fue por ejemplo, el lanzamiento de los datos preliminares del censo, conferencia de prensa que se realizó en el INE, actividad en la que incluso, como es de conocimiento público, se sentó al lado del Ex Director al momento de difundir los datos.

2) Además, se pudo constatar que las personas contratadas por orden directa del ex director del INE, señor Francisco Labbé con la finalidad de pagar las asesorías de Maximiliano Raide Prunes, es decir, Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a esta Comisión Investigadora, quienes por la naturaleza de sus funciones debieron haberlos conocido. Sólo la Sra. Mariana Alcérreca quien ejercía el rol de “gerente” del INE y el ex jefe de gabinete del Director Raúl Sepúlveda Faúndez, dieron cuenta de conocerlos, ya que ellos mismos solicitaron al Ex Director Labbé que estos asesores asistieran a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y acallar las molestias que existían por parte de los funcionarios del INE ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución. En esta misma arista, según la documentación allegada a la Comisión Investigadora por el INE, se pudo constatar que era el mismo Ex Director Labbé quien firmaba y visaba los informes de cumplimiento de labores que supuestamente realizaban estos tres asesores contratados. Asimismo, se constató que en el caso del contrato de Juan Pablo Raide Prunes, la resolución exenta N° 338 que autorizaba la contratación de este asesor desde el mes de enero de 2013, recién fue firmada en el mes de junio por el actual Director del INE, señor Juan Eduardo Coeymans.

Al respecto y en cuanto a los honorarios que fueron pagados a estos asesores del Ex Director Labbé ascienden a los siguientes montos:

a) Juan Pablo Raide Prunes: $11.710.732.- entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013.

b) Antonio Hartmann Ramírez: $56.802.144.- entre 16 de agosto de 2011 y el 30 de junio de 2013.

c) Constance Pooley Topali: $14.999.994.- entre el 1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

La suma total que fue pagada a estas personas con la finalidad de obtener los recursos para pagarle a Maximiliano Raide Prunes ascienden a la suma de $83.512.870.- según documentos entregados a esta Comisión Investigadora por el Director del INE con fecha 7 de agosto de 2013 donde constan los contratos de estas personas, resoluciones que aprueban dichos contratos y demás antecedentes relativos a sus contrataciones.

Contratación de la Agencia de Comunicaciones “VOX COM”

1) Se constató por parte de la Comisión Investigadora otra arista respecto de las irregularidades administrativas, que dice relación con la contratación de una asesoría comunicacional para el proceso Censo 2012. A este respecto, según los antecedentes allegados a la Comisión y las entrevistas con funcionarios que participaron del llamado “Comité Directivo paralelo” creado por el ex director Labbé, en el que participaban, Maximiliano Raide, Eduardo Carrasco y esporádicamente la señora Mariana Alcérreca y el señor Raúl Sepúlveda, se contactó de manera informal y directa a tres empresas de asesoría comunicacional dentro de la cuales se tomó la decisión, de contratar los servicios de la empresa Vox Comunicaciones, eludiendo por tanto, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Bases de Compras públicas, toda vez que no existió llamado a Licitación Pública para proveer los servicios de asesoría comunicacional. Asimismo, quedó establecido que la empresa Vox Comunicaciones en su calidad de persona jurídica, envió cotización a los directivos del INE, pero luego -de forma absolutamente ilegal- se contrató en calidad de Honorarios directamente a su propietaria y gerente general, la Sra. Gabriele Lothholz y posteriormente a la Gerente de Clientes, la Sra. Carmen Paz Maldonado Caerols.

Los montos en dinero pagados a la dueña de la empresa Vox Com señora Gabriele Georgia Lothholz, según acreditan los documentos acompañados por el Director del INE con fecha 7 de agosto de 2013 a esta Comisión Investigadora fueron por la suma de $45.189.624.- entre el 16 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2012. En cuanto a Carmen Paz Maldonado Caerols según la pagina de Gobierno Transparente se le pagaron $4.386.220.- entre el 1 de febrero de 2012 al 31 de julio de 2012.

En dicho sentido esta comisión debe constatar la disposición y contradicción de los dichos del ex fiscal subrogante del INE, Sr. Raúl Chinchón, y que continua siendo funcionario de la institución, en orden a que negó conocer a la empresa Vox Com y una eventual asesoría, pero según declaraciones de Mariana Alcérreca él estaba enterado de la forma de contratación, tuvo conocimiento de las presentaciones efectuadas por las distintas empresas que “postularon” y posterior contratación irregular de los profesionales de Vox Com.

2) Según la información entregada por los actuales y ex funcionarios del INE, la función de la empresa Vox Comunicaciones era realizar un plan de difusión en materia comunicacional del proceso Censo 2012 y difusión de los resultados de ese mismo proceso. Esta función era desarrollada en la práctica por un Comité de Comunicaciones que lo componían Maximiliano Raide Prunes, Sebastian Mathews, Gabriele Lothholz, Carmen Paz Maldonado Caerols, Marcela Martínez y eventualmente, asistía Mariana Alcérreca y Raúl Sepúlveda. Según las declaraciones de las últimas personas, se habrían solicitado los respectivos informes de la planificación estratégica de la asesoría comunicacional que estaban desarrollando, pero nunca lograron que dicho informe fuera entregado ya que era el Ex Director Labbé quien directamente recibía la planificación en materia comunicacional y firmaba además los informes de cumplimiento de las personas señaladas.

Establecimiento de estructura de funcionamiento paralela a la legal

1) Se logro constatar por la Comisión, que con la llegada de Maximiliano Raide Prunes, en el año 2012, se empiezan a gestar una serie de decisiones en forma paralela al equipo directivo del INE. La dirección ejercida por el Ex Director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del INE para la opinión y toma de decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE.

2) En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE participaban su ex Director Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Sr. Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Sr. Maximiliano Raide Prunes y Sebastián Mathews. Entre este grupo de personas, se tomaban decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron.

3) Se constató tanto por medio de las declaraciones de los invitados a las sesiones, como por documentos acompañados a esta Comisión y a la prensa, que existía un ambiente laboral de mucha tensión en el INE durante la administración del Ex Director Labbé, principalmente debido a que este fue excluyendo a los equipos técnicos en la toma de decisiones técnicas que a la larga fueron las que llevaron al fracaso del proceso Censo 2012. Dicho ambiente fue generando conflictos dentro de la institución, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE. Cabe señalar, que incluso esta Comisión considera que dicho ambiente laboral se ha mantenido en la actual administración ejercida por el actual Director señor Juan Eduardo Coeymans, ya que según la información entregada por funcionarios del INE, en especial en el proceso de revisión y elaboración del plan de acción para corregir los errores del Censo, se ha establecido una nueva estructura que no ha tenido interrelación fluida con los demás departamentos técnicos del INE.

B) Manipulación de datos y resultados del Censo:

Decisión de cambio de Censo de hecho a de derecho.

1) La decisión del cambio de metodología del Censo, pasando de un Censo de hecho a Censo de derecho, fue una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación.

2) La decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo.

3) Muestra la inconsistencia técnica referida, el plazo que necesitó la decisión de cambio de metodología, ya que desde que se considero hasta que se consolidó administrativamente, en la Comisión Nacional Censal, sólo transcurrieron apenas 25 días, dejando de lado los más de cuatro años de preparación y el desistimiento y evaluaciones anteriores que se habían realizado sobre el cambio de metodología, y que por lo demás, tampoco se consideraron de manera alguna.

-Posibilidad de cambio se comienza a vislumbrar recién el día 20 de agosto de 2011 fecha en la que el Sr. Labbé, su asesora Mariana Alcérreca y el jefe del Censo, señor Carrasco, concurren a una reunión con el Ministro de Economía , señor Longueira, donde, entre otras materias, se le explica la diferencia entre un Censo de derecho y de hecho -antecedentes preparados sólo por Alcérreca, sin sustento de ningún equipo técnico del Servicio-.

-En esa instancia se solicita la elaboración de minutas técnica para evaluar el cambio, minutas que son elaboradas por Carrasco, Alcérreca y el fiscal a dicha fecha, señor Alejandro Layseca, y sin conocimiento de las acciones de otras personas dentro del Servicio, por expresa solicitud del señor Labbé, ya que a su consideración se podía filtrar la decisión.

-Con los insumos, se realizó una reunión en el Ministerio de Economía, instancia a la que asisten el ex director Labbé, el señor Carrasco, la señora Alcérreca, el asesor de la Presidencia de la República Fernando Zavala y el representante de la Dirección de Presupuesto, y actual subsecretario de Obras Públicas , señor Lucas Palacios, instancia en la que se decide el cambio de metodología, es decir, en un transcurso de alrededor de 10 días y sólo por 5 personas que actuaron directamente -sin expertise técnica por lo demás-, se toma una decisión tan trascendental como el cambio de metodología del Censo.

-Con fecha 31 de agosto, el jefe del Censo , señor Carrasco, redacta y remite un correo con las tareas necesarias para readecuar el Censo, y con fecha 1 de septiembre, en una reunión de Comité Directivo, se comunica la decisión a ejecutivos del INE, quienes a su vez comienzan a preparar antecedentes y minutas sobre posibles estudios y resguardos a tomar, así como la eventual necesidad de contar con más tiempo para la preparación, recomendación que es desestimada por el señor ex Director Labbé.

-Por último, con fecha 14 de Septiembre, se formaliza la decisión del cambio de metodología, en la Comisión Nacional Censal.

4) La motivación principal del cambio de metodología, según testimonios e informaciones, se habría visto determinada por “la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”, considerando que la participación de los voluntarios y en especial de los estudiantes de educación secundaria, correspondía a más del 75% de los voluntarios del Censo del año 2002.

5) Por tanto, la responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de Metodología, según los antecedentes constatados por la Comisión, recaen principalmente en el ex Director de la Institución , señor Labbé, y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron de las reuniones: señor Eduardo Carrasco, Jefe del Censo ; señora Mariana Alcérreca, asesora del Director; el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Lucas Palacios y el asesor de la Presidencia de la República , Sr. Fernando Zavala.

Proceso de levantamiento del Censo y dificultades relevadas

1) En conformidad a los hechos constatados por la Comisión, así como de los diferentes insumos que se han tenido a la vista, entre los que se cuentan los informes evacuados por los distintos equipos respecto a la evaluación del Censo, se puede concluir que el principal problema en el proceso de levantamiento ocurrió por la falta de tiempo y preparación del proceso censal, consecuencia de lo intempestivo de la toma de decisión de cambio de metodología (8 meses antes del comienzo del levantamiento) .

2) Para el proceso de levantamiento y procesamiento censal, por errores directivos, cuya primera responsabilidad recaen en el ex Director señor Labbé, no se contó con la organización, respaldo y capacidad técnica adecuada de los equipos del INE, ya que el ex Director, sin perjuicio de que formó un equipo directivo del Censo, que habría funcionado de manera adecuada hasta la conformación de los formularios, posteriormente lo abandonó, dejándose de lado dicha instancia y enfrentado el proceso con sólo su equipo más cercano (entre otros Eduardo Carrasco, Maximiliano Raide y Sebastián Matthews).

-Constatación de aquello, es que equipos técnicos (por ejemplo Subdirección Técnica), no fueron considerados tara el trabajo “diario” y “habitual” en el trabajo del Censo y que al momento de dar a conocer los resultados el día 2 de abril de 2013, incluso todavía no tenían conocimiento alguno de la base de datos del Censo.

-En el mismo sentido, se encuentra el hecho de que los Profesionales de Estadísticas Demográficas, tampoco trabajó con los antecedentes y levantamiento de datos censales.

3) Otro de los problemas relevados en proceso de levantamiento, dice relación con la subestimación de los recursos para enfrentar proceso censal, frente a lo cual incluso la Dirección del INE decidió no requerir recursos adicionales.

4) Además, recae en el Ex Director del INE , Sr. Francisco Labbé, la responsabilidad de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento, en especial frente a proyecciones realizadas por el Departamento de Estudios Sociales en pleno proceso de levantamiento censal, que indicaban que proyección de personas efectivamente censadas llegaría sólo a 15,8 millones, cuestión a la que habría hecho caso omiso, argumentando que según cálculo por él realizado y que ningún técnico del INE conoció, se llegaba a alrededor de 17 millones; y, frente a sistema de “capacitación cascada” de censistas que se implementó y que no habría sido cumplido a cabalidad, pasando en ocasiones de una capacitación que debía durar 5 días, a reducir los contenidos por la urgencia, a un solo día.

Proceso de imputación de moradores ausentes e imputación de proyección de viviendas. Manipulación de datos.

a) Se puede concluir por la Comisión, que es parte de los procesos censales el efectuar estimaciones de población después de un proceso censal, realizando por ejemplo la de los moradores ausentes (casas que se visitó, que evidenciaban que estaban habitadas, pero en la cual no se censo a nadie por no estar presentes) por distintos medios y variables. No obstante, no corresponde efectuar técnicamente la operación e imputación de “viviendas no logradas” -viviendas inexistentes que resultan de la cifra censada y se supone el crecimiento de viviendas entre el precenso y censo- y proyectar la población de dichas viviendas, con sus consiguientes características (sexo, edad, etc.).

b) Es responsabilidad del Ex Director del INE , Sr. Francisco Labbé, el haber incorporado una imputación que técnicamente no correspondía efectuar -la comisión de expertos nacionales e internacionales, coinciden en dicha conclusión-, y la motivación de dicha acción, sin sustento técnico alguno, decía relación con sumar alrededor de 300.000 personas y llegar a la cifra preliminar que se dio a conocer en Agosto de 2012, es decir, de 16,6 millones personas, de tal manera de no desdecirse o explicar la disminución en la cifra, y con ello lograr la menor omisión censal posible e impactos comunicacionales por dicha disminución . Además, se puede concluir, que la orden de realizar esa imputación en las bases, fue directamente del señor Labbé al jefe del Censo señor Carrasco.

-Cabe señalar que de acuerdo a lo que se mencionará en acápite siguiente, la incorporación de los moradores ausente y en específico su forma de publicación, así como la proyección de las viviendas no logradas, fue un tema de discusión entre las personas que se encontraban encabezando el proceso (Labbé, Carrasco y Alcérreca).

-Inclusive como consecuencia de orden del Sr. Labbé respecto a expresar cifras sin desglose, el señor Carrasco, jefe del Censo , frente a consultas de expertos de otro Ministerio (Casas-Cordero, Ministerio de Desarrollo Social) respecto a si la cifra dada a conocer correspondía al total censado, respondió afirmativamente no dando cuenta de las imputaciones realizadas.

c) Como consecuencia de la orden de imputación, además se hizo imputación tanto con los moradores ausentes, como con las viviendas no logradas (Inexistentes y resultado de proyecciones de construcción), incorporando en las bases las caracterizaciones de las personas imputadas (etnia, religión, etc.), con lo que se procedió de manera técnicamente incorrecta, distorsionando con ello los resultados del levantamiento censal y caracterización de la población en las bases pertinentes y que se dieron a conocer a los equipos técnicos del INE.

-Efectos distorsionadores y hecho que da cuenta de la gravedad de la actuación y decisión del señor Labbé, se expresa incluso en el proceso de asesoría desarrollado por el señor Arriaga, a quien en el proceso de asesoría se le entregó las bases censales intervenidas -con las imputaciones de personas pero también de caracterizaciones-, lo que sin duda da cuenta de la animosidad por dar cuenta que esas eran las cifras finales y efectivamente censadas.

Publicación, difusión y filtración de resultados del Censo

1) En el sentido de lo señalado anteriormente, se pudo constatar que fue decisión del ex Director Labbé el incorporar en los totales de las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012, las cifras de “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin además hacer la precisión que esas imputaciones se estaban haciendo en la cifra total, a pesar de la recomendación y prevención realizada por los equipos técnicos tanto presencial como a través de minutas técnicas, respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos dicha desagregación.

2) Posteriormente, en abril de 2013, nuevamente se decide publicar las cifras no haciendo mención alguna a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando con ello la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas. Es más, en el libro que se elabora y que se entrega a S.E. el Presidente de la República el día de difusión de los resultados finales, en ninguna parte de su contenido se señala la operación de imputación que se realizó tendiendo siempre a que se entendiera que la población efectivamente censada era de 16,6 millones de tal manera que con ello se constatara una baja omisión.

-En dicho sentido lo expresó la ex asesora del señor Labbé, señora Mariana Alcérreca, que dio cuenta ante la Comisión que hizo gestiones ante el Jefe de Gabinete del señor Ministro de Economía , señor Vicente Correa- se reunió en el Ministerio de Economía con él y junto a la Directora Subrogante Julia Ortúzar-, para comunicar lo inadecuado de la imputación y forma de comunicar cifras, de acuerdo a lo señalado por ella, para “proteger al Presidente de la República ”.

2) Sólo a través del reportaje realizado por CIPER Chile se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada, si no que también en la cifra dada por el primer mandatario, se encontraban las imputaciones mencionadas.

3) Por otra parte, se constató que es responsabilidad del Ex Director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera S.E. El Presidente de la República , así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares - Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución. En ese sentido, sin perjuicio de los protocolos existentes, respecto de la filtración de los datos del Censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y lo que es más grave, frente a requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado dilatando la decisión y cuestionando la solicitud del profesional.

-Al respecto cabe señalar que el dato publicado en un periódico de circulación nacional, correspondía a dato de cobertura de viviendas, mismo dato que se consultó por el encargado de comunicaciones señor Matthews un día antes de la difusión de los resultados del Censo, tal como lo relató la señora Mariana Alcérreca y además, la misma persona, habría solicitado al Fiscal de la época, señor Raúl Chinchón, la devolución de su carta de compromiso de confidencialidad.

-Por otra parte, según declaraciones de la ex encargada de comunicaciones, Marcela Martínez, ella requirió al ex Fiscal (TP) del INE, y actual funcionario de la institución, señor Raúl Chinchón, la necesidad de que Maximiliano Raide firmara acuerdo de confidencialidad, a lo que le habría señalado el señor Chinchón que el señor Raide no podía firmar dicho documento por no ser funcionario, ni estar contratado por el Servicio, dando cuenta con ello que el propio Fiscal de la institución estaba enterado del manejo de antecedentes confidenciales por personas que no tenían obligaciones legales de resguardar la información de los productos de la institución.

-Asimismo, es relevante indicar que no ha existido una acción clara respecto del Director Coeymans por remediar situación de control de insumos del INE, toda vez que incluso el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas ha dado cuenta en el informe remitido a esta comisión, la denuncia de que todavía no se investiga la filtración del Informe del Doctor Eduardo Arriaga a Ciper Chile; las cifras de esperanza de vida preparadas a requerimiento del Jefe del Censo , Sr. Eduardo Carrasco y que apareció en el Mercurio el día 2 de abril y el trabajo de Diagrama de Lexis, que fue remitido al Sr. Osvaldo Ferreiro, Jefe Proyecto Censo , y que fue presentado posteriormente por el Ex Director Labbé en un programa de televisión.

Informes y conclusiones de comisiones revisoras del Censo

1) Consideramos que las instancias de evaluación del trabajo censal (tanto la Comisión Nacional como la Internacional) han sido determinantes para progresar en las aclaraciones e identificación de los errores cometidos en el proceso censal.

2) En ese mismo orden, hacemos nuestras las conclusiones de la comisión de expertos nacionales, en cuanto la identificación del problema y preocupación en torno a la omisión censal del proceso (que sería alrededor del 9,3%, muy por sobre de lo aceptable) y asimismo -considerando además los informes del consultor Arriaga y del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas-, podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un Censo abreviado (Censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión Nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia.

3) Por otra parte, valoramos la participación de los expertos internacionales en la evaluación del proceso censal, y en la interacción y trabajo que se realizó con los funcionarios del INE, en especial, los de regiones distintas a la Metropolitana.

4) Sin perjuicio de lo anterior, podemos señalar que el Director Coeymans, a pesar del esfuerzo que ha puesto por remediar los errores ocasionados por la administración del señor Labbé y que valoramos, ha sido errático y poco claro sobre las vías de solución que proyecta para remediar los problemas identificados, y lamentamos, a pesar de que se señaló que sería parte de las actuaciones y decisiones que se tomarían, que sus superiores jerárquicos, es decir, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, así como la Presidencia de la República , no hayan mostrado una directriz clara sobre el rumbo de las soluciones y que hasta la fecha no exista ningún pronunciamiento formal por parte de las autoridades políticas, sobre como remediar los errores cometidos en el proceso censal.

-A mayor abundamiento debemos relevar que el señor Coeymans en un principio no fue claro en que iba a someter a consideración de terceros las conclusiones de la Comisión de expertos Nacionales; posteriormente se indicó que se iba a trabajar con organismos internacionales (Eurostat, Banco Mundial, etc.) para solucionar los problemas del Censo, pero no se concretó y es más, a la fecha podemos indicar, de acuerdo a los antecedentes entregados por el mismo director, que los expertos internacionales que conformaron la comisión, no fueron recomendados oficialmente.

-Además, consideramos que no se veló de manera adecuada por la independencia de las decisiones de la comisión internacional, toda vez que se le dio a conocer y se le sometió a su consideración un plan de reparación elaborado por un pequeño equipo del INE, sin que para ello participaran otras instancias de la institución.

C) Otras conclusiones.

1) Se ha constatado responsabilidad por parte del Ex Director Labbé, en la generación de un ambiente de trabajo inadecuado para el normal funcionamiento de la institución. En ese sentido sin perjuicio de las propias dificultades que se generan en las relaciones interpersonales y de las dificultades que pudieran haber provenido de administraciones anteriores, con el establecimiento de una verticalidad en la forma de administración de la institución, así como el establecimiento de estructuras de administración paralela, que mencionamos en la letra a), el Ex Director Labbé es responsable de no respetar el funcionamiento y estructura del Servicio, dejando de lado las instancias directivas de comunicación que hubieran probablemente permitido identificar las dificultades generadas en el proceso Censal.

2) En cuanto a los problemas y cuestionamientos al Índice de Precios al Consumidor, debemos indicar que el Ex Director Nacional, señor Labbé es responsable de la dilatación en la toma de decisión sobre los cambios metodológicos a aplicar, ya que sin perjuicio de que los equipos técnicos dieron cuenta de la situación a partir del año 2010, nunca tomó la decisión de aplicar las modificaciones y correcciones -lo que sin duda generó un cuestionamiento público en la forma de trabajo del INE-. Mayor es la responsabilidad, en especial porque basó su inactividad, más que por razones técnicas, en “presuntas” intenciones políticas por parte de algunos técnicos del INE en “hacer subir el IPC”. Constatación de dicha responsabilidad y del mal proceder, es el hecho de que el señor Coeymans cuando asumió, escuchó recomendaciones de los técnicos, solicitó visación de la OCDE y a la fecha los cambios se han efectuado, reflejando el excelente trabajo de los técnicos.”.”

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Vuestra Comisión Investigadora acordó, por unanimidad, que forman parte de las conclusiones y proposiciones aprobadas, las consideraciones que les sirvieron de fundamento.

VII. ENVÍO DE COPIA DEL INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA.

La Comisión Investigadora acordó proponer a la H. Sala que se envíe copia de este informe a las siguientes instituciones públicas, con la finalidad que, de conformidad a su mérito, adopten las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria.

1) A S.E. El Presidente de la República , de conformidad con las disposiciones del artículo 58 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional;

2) Al Ministro de Economía , Fomento y Turismo;

3) Al Contralor General de la República;

4) Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, y

5) Al Director Nacional (PT) del Instituto Nacional de Estadísticas.

Se deja constancia que el envío de un ejemplar de este informe al Contralor General de la República y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, sólo fue aprobado por las señoras Diputadas y señores Diputados que votaron las conclusiones y proposiciones aprobadas por la Comisión, identificados en el capítulo anterior de este Informe.

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VIII. DIPUTADO INFORMANTE.

Vuestra Comisión Investigadora designó, por unanimidad, como Diputado Informante al señor Juan Carlos Latorre Carmona.

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Acordado y tratado, según las actas correspondientes, en las sesiones de fechas 19 de junio; 03, 10, 29 y 31 de julio; 05, 07, 12, 14, 27 y 28 de agosto; 02, 04 y 10 de septiembre; 09 y 14 de octubre; 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre del año en curso, última sesión de la Comisión prorrogada hasta el 8 de enero de 2014, con la asistencia de los Diputados miembros de la Comisión señores(as) Juan Carlos Latorre Carmona ( Presidente ); Gonzalo Arenas Hödar, José Manuel Edwards Silva; Ramón Farías Ponce; Felipe Harboe Bascuñán; Luis Lemus Aracena, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar; Celso Morales Muñoz; Andrea Molina Oliva; José Pérez Arriagada; Frank Sauerbaum Muñoz; Gabriel Silber Romo, y Ernesto Silva Méndez.

Además, a algunas de sus sesiones asistieron las señoras Diputadas y señores Diputados no miembros de la Comisión Enrique Accorsi Opazo; Gabriel Ascencio Mansilla; Pepe Auth Stewart; Nino Baltolu Rasera; Giovanni Calderón Bassi; Gustavo Hasbún Selume; María José Hoffmann Opazo; Cristina Girardi Lavín; Romilio Gutiérrez Pino; Enrique Jaramillo Becker; Carlos Abel Jarpa Wevar; Issa Kort Garriga; Fernando Meza Moncada; Clemira Pacheco Rivas; Ricardo Rincón González; Gaspar Rivas Sánchez; René Saffirio Espinoza; Alejandra Sepúlveda Orbenes; Felipe Salaberry Soto; Joaquín Tuma Zedán; Jorge Ulloa Aguillón; Enrique Van Rysselberghe Herrera, y Ximena Vidal Lázaro.

Sala de la Comisión, a 8 de enero de 2014.

(Fdo.): DANIEL MUÑOZ CABALLERO, Abogado Secretario de la Comisión ”.