Labor Parlamentaria

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi .

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, el proyecto de acuerdo nace a partir de una solicitud efectuada por la agrupación de familiares de víctimas del conocido sicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, a la Comisión de Derechos Humanos. Ella se basa en varias consideraciones, pero fundamentalmente en el hecho de que en este caso hubo una evidente discriminación y estigmatización que llevó a que la línea de investigación que se siguió fuera completamente errada.

En el sector de Alto Hospicio, comuna de Iquique, Primera Región, entre septiembre de 1998 y agosto de 2001, fueron asesinadas y violadas un total de 14 mujeres, de las cuales nueve correspondían a menores de edad. Nueve de dichos crímenes han sido atribuidos a Julio Pérez Silva , conocido, a raíz de estos hechos, como el sicópata de Alto Hospicio, quien se encuentra confeso de ellos y de dos violaciones.

La gravedad de los crímenes cometidos generaron una gran conmoción en la población, lo que ameritó la designación de un ministro en visita que se avocara el conocimiento exclusivo de estas causas. Pero eso ocurrió una vez que el sicópata fue capturado. Las causas, a pesar de existir un modus operandi común, se radicaron en cuatro juzgados distintos. Ello se debe, en parte, a que, desde el inicio de las investigaciones, las distintas autoridades policiales estigmatizaron a las víctimas y a sus familias, atribuyendo la causa de su desaparición a razones de orden social violencia intrafamiliar, prostitución, drogadicción, abandono de hogar, lo que fue difundido a través de los medios de prensa, con el consecuente daño irreparable a la honra de las familias y de las víctimas de Alto Hospicio.

Dicha tesis procesal y de investigación se mantuvo sin pruebas que la sustentaran, pese a existir antecedentes claros en contrario, aportados en muchos casos por los propios familiares de las víctimas. Ellos demostraban claramente que se estaba en presencia de asesinatos en serie, situación que se comprobó sólo cuando los propios padres de las víctimas hallaron los cadáveres de las menores.

Además, dicha tesis policial fue compartida por el Ejecutivo y por el Poder Judicial, lo que agravó la situación de las familias afectadas, las que se sintieron desprotegidas y desamparadas en su legítimo derecho de obtener justicia.

Actualmente, Julio Pérez Silva se encuentra procesado como autor confeso de dos violaciones y de nueve homicidios con violación, lo que ratifica la tesis de los familiares de las víctimas.

Pese a que se rectificó el curso de las investigaciones, es evidente que no ha obrado, de manera suficiente y necesaria por parte de los organismos del Estado, procedimiento de reparación alguno que indemnice los perjuicios sufridos por las familias de las víctimas del presunto sicópata de Alto Hospicio.

Además, el daño moral y psicológico de las familias se ha visto agravado por el proceder errático de la jueza encargada del conocimiento del proceso, el cual ha debido ser enmendado en reiteradas ocasiones, incluso por la Corte Suprema, por ejemplo, en lo que dice relación con la exhumación de los cuerpos de tres de las menores, debido a que el Servicio Médico Legal había dado alguna información que no tenía relación exacta con la identificación fidedigna de las víctimas.

Por otro lado, las familias también han sido objeto de presiones, de amenazas y de seguimientos, lo que hace presumir la existencia de grupos interesados en encubrir o entorpecer el esclarecimiento de este caso.

Además, el Servicio Médico Legal ha acrecentado esta sensación de desconfianza en los organismos públicos al confundir, según testimonio de los familiares y del ex director nacional de dicho Servicio, doctor César Reyes, los restos de las menores asesinadas, sentando una duda razonable respecto de la correcta identificación de los cadáveres de las víctimas.

Por todas las consideraciones expuestas, la Comisión de Derechos Humanos acordó pedir a la Cámara de Diputados, por unanimidad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 297 del Reglamento, constituirse en Comisión investigadora para evaluar de alguna forma el accionar de las policías.

Hoy la Comisión de Derechos Humanos está asumiendo un rol protagónico en todos los casos que digan relación con discriminación y estigmatización, como ocurre en este caso.

He dicho.