Labor Parlamentaria

La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , fuimos citados a esta sesión para conversar acerca de las irregularidades en la entrega de beneficios a supuestos exonerados políticos. No podemos sino hacer justicia frente al tema, por lo que, primero, diré que el compromiso con los derechos humanos debe ser de todos los chilenos y que en el país sí hubo exonerados políticos.

No hay duda de que, durante los años de la dictadura, se violaron los derechos humanos en el país y de que hubo exonerados políticos que perdieron su trabajo y sufrieron un daño gigantesco por pensar diferente. Hoy, eso no está en duda.

Por respeto a las víctimas y a sus familias, estamos aquí, para separar a las verdaderas víctimas de los abusadores del dolor de un país.

El tema de los falsos exonerados políticos no es nuevo. Lamento no haber podido presentar imágenes en power point, como ha sido tradición durante las sesiones especiales. Entiendo que en las sesiones especiales nunca más podrán hacerse presentaciones en power point.

En 2008, en un medio de comunicación apareció un titular que decía: “Denuncian engaño con exonerados políticos”. Y ese mismo vespertino agrega: “Agrupación estima que hay unos cien mil los casos truchos y los lleva a la Contraloría”. Entendamos

que las víctimas de la violencia política han sido los grandes denunciantes de este hecho. Otros medios publican titulares del siguiente tenor: “Denuncian 100 mil casos inexistentes y clientelismo electoral”, “ Presidente de la Comisión de Exonerados Políticos denuncia masivos casos falsos”, “La ley ha sido instrumentalizada a partir de 1998 para fines electorales”, asegura Raúl Celpa ”.

¿Qué pasó con esta denuncia muy masiva en el 2008? Las reacciones no se hicieron esperar. Un medio publica: “Escalona reconoce abusos en certificados”. Dice: “Estos hechos que se han producido, certificados que no correspondían, eran básicamente de personas indigentes que no tenían ningún tipo de ingresos.”. Es decir, reconoció que había personas que querían una pensión básica solidaria y que terminaron por recibir una pensión de exonerado.

Por su parte, el diario El Mercurio de 27 de noviembre de 2008 publica: (senador) “Sabag también plantea sospechas”.

Con el diputado Tucapel Jiménez decidimos recurrir a la Contraloría General de la República. ¿Qué se nos dijo? Que el ente contralor no tenía atribuciones legales para fiscalizar casos de falsos exonerados políticos, por cuanto la ley relativa a esta materia establece que la calificación de beneficiado es privativa del Presidente de la República , a través del Ministerio del Interior.

¿Qué decidimos hacer? Llevamos el caso a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados. Las opiniones que formularon los parlamentarios en aquella oportunidad fueron grabadas por el canal de televisión. En esa oportunidad, el señor Raúl Celpa expuso que había falsos exonerados políticos. ¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ante tales declaraciones? Desestimó investigar. Parlamentarios que hoy aparecen fuertemente cuestionados por un programa de televisión dijeron que no había asidero en la denuncia de que pudiera haber falsos exonerados. ¡Algunos no quisieron ver o, simplemente, no les convenía ver!

En aquel entonces, José Zalaquett ya daba la razón a esa denuncia. Un periódico publicó: “ José Zalaquett : “Reparaciones a exonerados políticos no han sido prolijas”. ¡Nadie podrá cuestionar el compromiso en materia de derechos humanos de don José Zalaquett!

¿Qué pasó con la denuncia que se hizo? El Gobierno las desestimó. En la prensa de ese tiempo se publicó: “Interior descarta exonerados falsos”.

Es decir, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Cámara de Diputados y el Gobierno de la época, con los mismos antecedentes que hemos entregado a la Subsecretaría del Interior del Gobierno del Presidente Piñera, señalaron que no había falsos exonerados. Eso ocurrió en 2008 y 2009.

¿Qué pasó cuando se produjo el cambio de Gobierno? Las cosas fueron distintas. La Segunda publicó en 2010: “Querella por negociado con platas de DD. HH.”. Y otro diario titula: “Interior se querella por negociado en beneficios a exonerados políticos y la ley Valech”. No hay que olvidar que otro programa de televisión sí hizo caso de la denuncia que formulamos en 2008 respecto de que se estaban haciendo negocios con las platas establecidas en la ley Valech para la reparación de víctimas de la violencia política y de tortura.

¿Qué se encontró en la investigación que llevó a cabo el Gobierno? Que efectivamente había falsos exonerados políticos, que algunas personas no estaban trabajando en empresas intervenidas por el Estado, así como otras que no estaban trabajando en una empresa cuando fue intervenida. Se encontraron expedientes con antecedentes insuficientes de vinculación laboral, algunos de los cuales sólo tenían el patrocinio de una autoridad. Asimismo, se halló a menores de edad sin antecedentes suficientes de vinculación laboral.

La Cámara de Diputados tiene algún grado de responsabilidad en lo que dice relación con las certificaciones, pues en la investigación se encontraron expedientes cuyo único sustento para haber calificado a una persona como exonerado político era el certificado de una autoridad, ya sea parlamentario, gobernador o seremi.

¿Cuál es la definición de la Real Academia Española para la palabra “certificación”?

“Certificación:

1. Acción y efecto de certificar.

2. Documento en que se asegura la verdad de un hecho.”.

Por lo tanto, ningún parlamentario podría haber certificado sólo sobre la base de la buena fe. Los parlamentarios que lo hicieron deberían haber estado seguros de la fecha de exoneración. Sin embargo, en el programa Contacto, de Canal 13, se demostró que había certificados de parlamentarios en los que se señalaba que una persona había sido exonerada, en circunstancias de que ni siquiera estaban en Chile. Se decía que les constaba que una persona había sido exonerada cuando ellos tenían catorce años de edad. ¡De ese tipo de situaciones estamos hablando!

Por eso, hemos solicitado que se cumpla con lo que establece el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que señala: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges…”. Si no basta con lo que dispone esa ley, el artículo 281 del Reglamento de la Cámara de Diputados expresa: “Los Diputados no tendrán derecho a voto en los asuntos que interesen directa y personalmente a ellos,…”.

Por lo tanto, todos los diputados que han certificado que una persona que no calificaba era exonerado político, sin constarle, deben abstenerse de votar en la respectiva Comisión Investigadora y en la Sala de la Corporación.

Tengo muestras de que certificados de diferentes autoridades eran, en muchos casos, el único aval que tenían algunas personas para calificar como exonerados, en circunstancias de que estaban completamente fuera de la ley.

Un medio de comunicación tomó en cuenta la segunda denuncia que, a fines de 2010, hizo el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuando señaló que la Cámara de Diputados tenía los antecedentes suficientes para tomar la decisión de investigar las responsabilidades políticas de las irregularidades que venían siendo denunciadas por las mismas víctimas desde 1998. ¿Qué sucedió? Una vez más, no pasó nada con la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El programa mencionado hizo un seguimiento por más de siete meses, trabajo periodístico de investigación en el que se detectó a diputados y senadores que certificaron casos que no correspondían, certificados que claramente pudieron haberse detectado, pues se trataba de menores de edad, que no tenían ningún asidero para ser calificados como exonerados. Muchos dicen que algunos podrían haber estado trabajando, pero ninguno tenía justificación alguna, vínculo laboral ni ninguna cotización anterior que pudiera demostrarlo.

¿Qué más se encontró en la investigación? Algo que había sido señalado en todas y cada una de las denuncias efectuadas por las agrupaciones: que el 62 por ciento de las certificaciones de exonerados fue entregada en períodos electorales. A pesar de que en esta sesión no contamos con la utilización de power point, en el documento que tengo en mi poder tal vez puedan observar que, misteriosamente, justo en los años de elecciones, las calificaciones de exonerados aumentaron de forma escandalosa. Tanto es así que en el período 1999-2000, para la campaña Lagos-Lavín, y en 2009, año eleccionario durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , las calificaciones que hubo no pueden ser explicadas mediante un razonamiento lógico, pues se tendría que haber efectuado una calificación cada quince segundos para haber logrado las cifras que se alcanzaron. ¡Eso resulta vergonzoso!

¿Quiénes sabían de esas irregularidades? ¿No bastaba con que en 2008 lo hubiéramos denunciado? Les quiero dar a conocer la carta que el 4 de noviembre de 2003 algunas agrupaciones enviaron al Presidente Lagos , formulando esa denuncia, en la cual se señala:

“Señor Presidente:

En esta ocasión nos dirigimos a usted, en su calidad de Primer Mandatario del país, con el objeto de que arbitre las medidas para evitar que se sigan cometiendo las arbitrariedades, abusos y tráfico de influencias en uno de los procesos más importantes del país”.

Si alguien tiene dudas en cuanto a si las denuncias continuaron, el 20 de abril de 2006 se envió otra carta a la entonces Presidenta Bachelet , en la que las respectivas agrupaciones también formularon denuncias en ese sentido. ¿Creen que se enviaron sólo dos cartas? ¡Tengo tres archivadores de expedientes, con 125 cartas, en las que se anuncia a los Presidentes de la República y a las diferentes autoridades de gobierno que ese proceso contenía irregularidades! ¡Esto es escandaloso!

Si quieren plantear la típica justificación de que como somos de Derecha no podemos hablar de este tema, quiero quedarme con las últimas palabras de José Zalaquett, quien dijo que cuando se trata de plantear principios, las consideraciones políticas son secundarias. Respecto de la calificación, señaló que en esa laxitud estuvieron involucrados políticos de todas las tendencias, porque lo que estaba en juego electoralmente era mucho. ¿Cuántos votos estuvieron en juego?

He dicho.

-Aplausos.