Labor Parlamentaria

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En Incidentes, el primer tumo corresponde al Comité del Partido Socialista.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, considero importante recordar algunos hechos a propósito de la situación -muy vigente a la fecha- que desde hace algunos años afecta a la industria Lozapenco, de la comuna de Penco, la cual, como es de conocimiento de la Cámara, es una de las más pobres del país.

Desde hace un tiempo, las comunas de Coronel, Penco y Tomé se han visto afectadas por una crisis en la industria carbonífera y textil, con el triste resultado de altas tasas de cesantía que duplican y hasta triplican los niveles nacionales.

La comuna de Penco se ha visto tremendamente afectada por la crisis de su principal fuente de trabajo. Sin embargo, esta vez no se origina en un hecho normal del mercado, sino en una manifiesta irresponsabilidad de la administración privada.

La industria Lozapenco fue creada en 1932 con el nombre de Fábrica Nacional de Lozapenco S.A., Fanaloza. Como tantas otras empresas nacionales, durante el régimen militar entró en quiebra en la crisis de 1981. En 1982 fue rematada como unidad económica por el empresario privado señor Feliciano Palma Matus.

En 1984, la nueva compañía, Industria Lozapenco S.A., junto a la Sociedad Ex-portadora Industrial, la Agrícola-Forestal Penco, Guayacán S.A. y la Compañía Minera Cerro Alto empleaban, en conjunto, a más de tres mil personas, transformándose así en el mayor empleador privado de la comuna de Penco.

En 1987, se produjo un conflicto entre el señor Palma y el Servicio de Impuestos Internos, debido a una determinada devolución de impuestos que había solicitado y recibido. En un principio, el Servicio de Impuestos Internos acusó al señor Palma de fraude y evasión tributaria, en una demanda entablada el 12 de abril de 1990 ante el Decimosegundo Juzgado del Crimen de Santiago. En abril de ese año, se decretó el arresto con orden de allanamiento, que fue ejecutada en las dependencias de Lozapenco.

El señor Palma desapareció en noviembre de 1990. Fue arrestado en Estados Unidos en junio de 1991 y extraditado a Chile en febrero de 1992. A estas alturas, el sueño de Penco ya se había frustrado. Los años dorados, el circo montado por Feliciano Palma para convencer y engañar a toda una comuna, llegaba a su fin. Se trataba del fraude tributario más grande en la historia del país, avaluado en un mínimo de 40 millones de dólares.

El señor Palma Matus cometió cuatro delitos: uno, obtuvo por medios fraudulentos la devolución del IVA y evadió el pago de dicho impuesto; dos, obtuvo fraudulentamente subsidios a las exportaciones; tres, presentó documentos falsos al Banco Central de Chile, relativos a la devolución de impuestos, y cuatro, el más importante, la declaración fraudulenta de quiebra de Lozapenco en noviembre de 1990. Palma enajenó los bienes de la empresa en detrimento de sus acreedores. Las acciones relativas a los fraudes del IVA y al subsidio a las exportaciones no tenían sentido, salvo que hubiese ingeniado un plan para sacar de sus numerosas sociedades las utilidades obtenidas de manera fraudulenta para su beneficio personal. Después de haber urdido un plan de esa naturaleza, saqueó sus propias sociedades, cuando se dio cuenta de que el Estado estaba próximo a descubrir sus delitos. Por eso, el señor Palma continúa detenido y esperamos que la justicia pueda hacer de éste un caso ejemplarizador para que tales situaciones no vuelvan a repetirse.

Expongo los antecedentes de esta historia porque la crisis económica producida por el corrupto manejo del señor Palma ha dejado a los trabajadores de Penco en una situación insostenible. Después de la quiebra y hasta noviembre de 1993, la empresa siguió funcionando bajo el régimen de continuidad de giro. Sin embargo, antes del proceso de quiebra, la empresa despidió alrededor de mil trabajadores, y al momento de la declaración de quiebra, a otros 500. En efecto, de los 2.048 trabajadores con que contaba la empresa, fueron recontratados menos de 1.500, por lo que en un solo año quedaron 1.500 cesantes en la región más pobre del país. En una comuna de apenas 40 mil habitantes, con un 60 por ciento de pobreza, la quiebra de su principal fuente de trabajo y la reducción al 50 por ciento del empleo se hicieron especialmente dramáticas.

No puedo dejar de destacar que durante este período los trabajadores, responsablemente, sacrificaron ocho meses de sueldo para mantener la empresa en funcionamiento. Una vez más demostraron tener la responsabilidad y solidaridad que ciertos empresarios privados -y no me refiero sólo al señor Palma Matus- desconocen. La quiebra fraudulenta de la empresa significa para ellos no sólo la cesantía, sino además perder ocho años de servicios, cuatro meses de sueldo atrasado, las regalías y finiquitos de los despedidos en agosto de 1990 y las deudas previsionales.

Paralelamente, Lozapenco tenía una deuda de arrastre previsional desde 1984 y otra con el Banco BHIF, que correspondía a un compromiso que se había arrastrado de las antiguas financieras Davens y Mediterráneo y que había comprado el ex Banco Nacional. A la fecha de la quiebra, los mayores acreedores eran el Instituto de Normalización Previsional y las Administradoras de Fondos de Pensiones, con un total de 1.465 millones de pesos; los trabajadores de Lozapenco, con 2.512 millones de pesos entre sueldos atrasados y finiquitos; el Banco Hipotecario de Fomento, con 2.100 millones, y el Banco del Estado, con 780 millones. Las deudas de la quebrada empresa del señor Palma eran tan grandes que ni aun con la venta de la misma y todos sus bienes se alcanzaba a cubrir. El Fisco dejó de perder 300 millones de pesos al mes, que era lo que se cobraba en forma fraudulenta, y 128 millones de pesos por los gastos de la quiebra.

Ahora que se ha puesto en boga en nuestro país el tema de la probidad administrativa, hay que decir, junto a todos los pencones y a los trabajadores de Lozapenco, que la corrupción del sector privado también afecta gravemente a la comunidad. En este sentido, la discusión que se ha llevado adelante en la Cámara y a nivel nacional, debe tender a hacer praxis dichos resultados.

Llamo la atención de la Cámara sobre estos hechos porque es necesario tomar medidas que alivien, al menos parcialmente, la situación en que han quedado los trabajadores. Para los de Lozapenco las posibilidades de recuperación de estas deudas eran mínimas, por cuanto la venta de la empresa fue sucesivamente postergada ocho veces por los abogados del señor Palma y por una baja de su valor, desde 12 millones a 6 millones de dólares en que finalmente se vendió. Ese fue el precio en el cual fue rematada en octubre de 1993.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, lamentablemente ha ter-minado el tiempo del Comité del Partido Socialista. Su Señoría podría solicitarle algún tiempo al Partido por la Democracia para terminar.

El señor NAVARRO.-

Termino en un minuto, señor Presidente.

El señor CERONI.-

Le podemos otorgar un minuto del tiempo de nuestro Comité.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Con cargo al tiempo del Comité del Partido por la Democracia, Su Señoría tiene un minuto adicional.

El señor NAVARRO.-

Los trabajadores han recibido a la fecha, por concepto de quiebra fraudulenta, sólo 269 millones de pesos, y el valor de la venta de la empresa alcanza para pagar parcialmente los sueldos atrasados y las deudas previsionales. Para los trabajadores, la Ley de Quiebras es inaceptable, ya que quedan relegados al quinto lugar de preferencia, por lo que debe ser modificada para cautelar realmente sus intereses.

Debido a la grave situación que afecta a los trabajadores de Lozapenco y a la comuna de Penco, pido que se oficie al Síndico Nacional de Quiebras, para que nos informe sobre el estado de tramitación de los pagos previsionales pendientes; al Instituto de Normalización Previsional, a fin de que nos informe respecto de las tramitaciones pendientes de aquellos trabajadores que están en condiciones de jubilar y que fueron despedidos de Lozapenco; al Ministerio del Trabajo, sobre las medidas adoptadas sobre la capacitación de los trabajadores despedidos, que fue pactada entre el gobierno regional y dicho Ministerio. Pido que se nos informe, además, en cuanto a la fiscalización que esa Secretaría de Estado ejerce á través de la Inspección del Trabajo en el pago de las cotizaciones previsionales -que ha sido el máximo daño causado-, detallando cada una de las empresas que han sido motivo de investigación por no cumplimiento de esta obligación.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios en la forma solicitada, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente, de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en forma especial, en nombre del Diputado señor Edmundo Salas.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Se hará como lo pide Su Señoría.