Labor Parlamentaria

El señor SOTOMAYOR.-

No comparto ninguno de los procedimientos y principios de este proyecto, ni la forma económica, jurídica ni constitucional en que está sustentado. Aquí se ha reiterado que apunta a un saneamiento financiero de Radio Nacional, con el objeto de proceder a su venta posterior. En ninguna parte aparece esa intención. Más aún, la indicación presentada por los Diputados señores René García, Orpis, Taladriz, Horvath y Longueira, con el fin de fijar un plazo para la enajenación de la radio, fue rechazada en la Comisión.

Por lo tanto, él fundamento argumentado de que se quiere producir un saneamiento económico de la radio para efectuar una venta posterior, es simplemente ilusorio. Existe, clara y definitivamente -por lo demás, así se desprende del tenor de la discusión-, la intención de que el Estado incursioné en una actividad empresarial que, por esencia, pertenece al sector privado.

Yo estaría de acuerdo en que él Estado tuviera una radio si el sector privado no fuera capaz de atender la totalidad del territorio, pero Chile es uno de los países con mejor radiotelefonía, que cubre desde Arica a Magallanes, tanto en frecuencia modulada como en amplitud modulada. En definitiva, nada justifica que el Estado desarrolle una actividad empresarial de radio.

Por otro lado, vemos que la radio, a pesar de haber tenido el auxilio del Presupuesto de la Nación, ha sido incapaz de pagar los impuestos y de cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales, lo que demuestra que ha sido muy mal manejada. No me importa si eso ocurrió en el Gobierno anterior o en el actual; lo concreto es que el Estado nunca ha sido buen administrador empresarial, y esas actividades no son de su competencia.

En un mundo que cada día aleja más al Estado del ámbito empresarial, retrocedemos al permitir que aquél haga un aporte de capital de 587 millones de pesos. Me habría gustado que el Estado investigara el precio de mercado de esta radio en sus condiciones actuales. Tal vez nos llevaríamos una sorpresa. A lo mejor el mercado habría estado dispuesto a hacerse cargo de su pasivo, incluidas sus obligaciones tributarias, y no nos veríamos obligados a estudiar un artículo transitorio para condonar intereses y multas, con la agravante de que el proyecto no menciona la cuantía de esos intereses y multas. Es decir, el Ejecutivo ha enviado una iniciativa que ni siquiera detalla estas cifras. Así, el Congreso Nacional no puede legislar seriamente.

En concreto, en lugar de este proyecto -lo que creo que es plenamente compartido por el resto de los Diputados de mi bancada-, habría sido mejor uno que autorizara la enajenación de Radio Nacional en el estado económico y técnico en que se encuentra.

Por las razones expuestas, votaré negativamente.