Labor Parlamentaria

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Deseo abordar un asunto ya discutido en múltiples oportunidades, y reiterar algo que, junto con el Senador señor Arturo Frei y los Diputados señores Andrés Barrueto , Claudio Huepe y Andrés Palma hemos señalado acerca de una materia que, desde el punto de vista regional y nacional, ha tenido repercusión, como es el de la construcción de la central Pangue y la de eventuales otras en el río Biobío, y su relación con el problema eléctrico en Chile, tema que recién se empieza a arañar.

En verdad, nosotros hicimos una presentación pública, que no tuvo respuesta. Entonces, con el objeto de que pueda tener de alguna manera cierta obligatoriedad por haberla formulado en el Senado, voy a repetir algunos conceptos y preguntas que deseo que se transmitan a la Comisión Nacional de Energía y al señor Ministro que la dirige.

Lo que señalamos fue, en síntesis, lo siguiente:

1. El desarrollo económico pronosticado para el país exige un crecimiento paralelo y suficiente de la energía en los próximos años. Sin embargo, ello jamás puede plantearse como un elemento aislado del concepto de desarrollo sustentable que obliga al pleno respeto por las condiciones del entorno donde se realizan las obras que se construyen. Tampoco puede separarse de los costos adicionales que el país tiene que asumir si acaso no se resguardan estos elementos. En el caso de Pangue, reconocemos -y lo hemos hecho en reiteradas oportunidades en forma pública- el esfuerzo por compatibilizar estas ideas, pero no nos parecen suficientes tal esfuerzo ni las respuestas técnicas dadas a los problemas que se han planteado.

2. Asimismo, y por ello, el costo de la energía eléctrica no puede ser independiente de esta visión. La manera de fijarlo debe conciliar el interés de los consumidores, el derecho a la ganancia legítima de la inversión y del capital privado y la preservación del medio ambiente, como también las necesidades de desarrollo del país. Esto obliga a revisar los procedimientos y leyes de fijación de tarifas eléctricas, como lo hemos señalado reiteradamente en las oportunidades en que el tema se ha discutido aquí.

Esperamos el resultado de los estudios que se están haciendo entre la Comisión Nacional de Energía y el sector privado eléctrico para conocer algunas de las ideas modificatorias en la materia.

3. No tomar en cuenta este aspecto para considerar la transformación al tipo de central a construir y asumirlo simplemente como un hecho irreversible, así como pronosticar un aumento inapelable de las tarifas sin probarlo técnicamente, es a nuestro juicio, el tipo de debate que no debe hacerse en el país en un tema tan relevante como éste.

4. Por esta razón, hemos insistido en algunos puntos que, a nuestro modo de ver, no han sido aclarados en las respuestas dadas a la opinión pública, por mucho que efectivamente se haya cumplido con contestar los requerimientos desde el punto de vista formal. Hoy queremos plantearlos nuevamente en el Senado y transmitirlos al Ministro que dirige la Comisión Nacional de Energía, porque sólo de su respuesta fundamentada y precisa puede lograrse una claridad que evite que sigamos discutiendo sobre temas que no se dilucidan suficientemente o que una y otra vez reabren el debate sin llegar a una definición.

Las preguntas que deseamos que se transmitan en nuestro nombre son las siguientes:

¿Por cuánto tiempo se suprimirá el caudal del río Biobío, según los escenarios previstos y en los modelos que se hallan en estudio?

¿En cuántos meses y en cuántos metros se va a producir ese llamado flujo cero?

¿Cuál será el flujo máximo, mínimo y promedio, en distintas épocas, en los centros urbanos a la vera del Biobío una vez en marcha la central de punta que se construye en Pangue?

¿Cuál es el costo real de la generación eléctrica con el proyecto planteado y su comparación con otras centrales?

¿Cuál es el costo alternativo del costo con una central que no signifique producir la interrupción del río?

¿Cuántas centrales se piensa construir en el alto Biobío y cuáles son los proyectos ya en estudio?

Concretamente, ¿se está trabajando ya en el proyecto de Ralco, como se nos ha señalado?

¿Cuántas solicitudes de derechos de agua se han hecho y en qué lugares?

¿Cuáles son los argumentos comprobados por los que se desestiman los pronósticos de EULA, de la Universidad de Concepción, o de otros organismos, sobre el efecto Pangue en la contaminación del bajo Biobío?

¿Cuál es la política tarifaria diseñada que permita evitar el dilema, o alternativa del diablo, de "bajo costo o daño irreversible"?

¿Cuál es la cifra real de utilidades en la generación, transmisión y distribución de la energía, su ligazón con la propiedad y su concentración en los últimos diez años?

¿Cuál es la definición -pública y privada de Pangue S.A.- para enfrentar las consecuencias en las tres comunas que recibirán el impacto de la construcción de Pangue?

¿Cuál es la real disposición de Pangue a reconocer o aceptar una menor utilidad en el proyecto sin que se nos insinúe un retiro de la inversión en ese u otros proyectos eléctricos?

5. Hemos sostenido reiteradamente que no puede plantearse el debate en la forma en que se ha presentado para forzar la inevitabilidad del proyecto sin hacer cambio alguno en los modelos de la represa y central en construcción. Hemos sido también enfáticos en señalar que el tema debe resolverse en el marco de una política energética que considere lo expuesto y asuma una modificación en la fijación de tarifas.

6. Todo lo anterior hace necesario, una vez más -dijimos en ese momento-, plantear la urgencia del despacho de la ley marco de medio ambiente que ha de fijar las normas previas de todo proyecto, sin los conflictos que significa su análisis posterior.

Hemos señalado también, por último, que es verdad que el debate se extiende a otras áreas, concretamente a la relación entre el costo que para el país tienen estos grandes proyectos, o megaproyectos y las empresas que, siendo privadas, utilizan los recursos naturales. En el fondo, estamos hablando de la posibilidad de cambiar lo que debe hacerse en la materia; no de dejar de hacerlo, sino de modificar la forma de actuar, para evitar los costos en el entorno, pero también los derivados de la inversión pública necesaria aguas abajo, especialmente en las grandes poblaciones de Concepción y Talcahuano, a consecuencia del flujo cero. Y este costo debe compatibilizarse con el criterio de que no se puede disminuir o cambiar el valor de las inversiones o la modalidad de realizarlas porque ello importa una menor utilidad. Lo anterior es algo que nos parece de real importancia señalar, porque la propia empresa y la Comisión Nacional de Energía han reconocido que este proyecto, con una inversión del orden de los 400 millones de dólares, obtendrá una rentabilidad cercana a los 47 millones de dólares anuales. Ello significa que un megaproyecto de tal volumen se pagará prácticamente en ocho o nueve años, lo que es francamente increíble; y más increíble aún es que no se pueda asumir el mayor costo de evitar los daños que se producirán. Y, más todavía, cuando en el sector eléctrico, a través del monopolio privado que eso implica, quienes generan, distribuyen y transmiten esta energía están declarando una utilidad del orden de los 90 mil millones a 100 mil millones de pesos al año.

Por tales consideraciones, he preferido hacer esta exposición en el Senado, con el objeto de que ella sea transmitida a la Comisión Nacional de Energía y de que se obtengan las respuestas que solicitamos.

He dicho.

-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.