Labor Parlamentaria

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, el 24 de septiembre recién pasado el señor Arzobispo de Santiago Monseñor Carlos Oviedo publicó la Carta Pastoral "Moral, Juventud y Sociedad Permisiva. Invitación a una Vida más Evangélica", que ha despertado gran interés en la opinión pública y también en todas las autoridades nacionales, tanto en el plano político como en los ámbitos social y cultural. En ella se denuncian algunas tendencias moralmente permisivas de la sociedad actual, cuyas consecuencias pueden ser de extraordinaria relevancia para las generaciones presentes, pero, más todavía, para las generaciones futuras de nuestra patria.

Esta es la primera vez que en el contexto de la transición democrática se hacen presentes de manera tan explícita los riesgos morales de la modernización, que en otros países han alterado en forma bastante sustancial el patrimonio cultural acumulado durante generaciones y que ha sido el sustento del moderno Estado de Derecho, conquistado con paciencia, perseverancia y, también, con un alto costo social y humano.

En primer lugar, quisiera manifestar mi extrañeza de que, en la discusión que se ha venido desarrollando sobre la Carta del señor Arzobispo, los mismos sectores que antes no sólo expresaban el reconocimiento del derecho de la Iglesia a intervenir en todos los aspectos de relevancia para la vida de las personas, para su defensa de los poderes sociales y para su integridad física y moral, sino que manifestaban, además, su deseo y hasta la obligatoriedad moral de que lo hiciera, ahora quieren cuestionar ese derecho bajo el pretexto de que hoy vivimos en un régimen democrático.

Como no es difícil de comprender, la preocupación de la Iglesia por la vida humana trasciende completamente las modalidades específicas de la organización político-social, para defender la integridad moral de la persona en su valor absoluto, cualesquiera que sean las circunstancias históricas por las que atraviese.

Las observaciones del señor Arzobispo pueden entenderse en perfecta continuidad con la actitud que la Iglesia tuvo en el pasado reciente del país, cuando luchó sin claudicaciones por la defensa de la dignidad humana. Y quienes deseen ahora cuestionar su derecho a pronunciarse públicamente sobre aquellas materias que, a juicio de ella, atañen a los derechos humanos más fundamentales, deben ser consecuentes con las posiciones que tuvieron en el pasado. De lo contrario corren el riesgo de que se perciba claramente, por parte de la opinión pública, que sus opiniones son interesadas y se apoyan sólo en el interés circunstancial o en la conveniencia temporal.

El ámbito moral no puede reducirse a la vida privada. Del mismo modo como la violación sistemática del derecho a la vida y a la integridad personal mereció una actitud de lucha decidida de un gran número de ciudadanos, otro tanto hay que reconocer tratándose de la manipulación comercial, política o cultural de la inocencia juvenil, de los hábitos sexuales de la población, del derecho a la vida de los no nacidos o de la estabilidad de las familias. La vida libre y democrática sólo puede sostenerse en el desarrollo de la conciencia moral de los ciudadanos, que saben reconocer en la propia existencia y en la de las otras personas una integral e indivisa dignidad, de modo que, por encima de las conveniencias circunstanciales del ejercicio prudencial del poder, se reconozca un criterio de juicio que trascienda los marcos coyunturales, para defender aquello que es debido a las personas en razón de su misma humanidad. La Iglesia faltaría gravemente a su deber y responsabilidad social si callara, por conveniencia, cuando la moral social está seriamente comprometida.

Los problemas que aborda la Carta del señor Arzobispo son todos sociales, aunque tengan su causa o se originen en lo más íntimo de la conciencia moral personal. La degradación moral de los pueblos atañe a todos sus miembros, incluso a aquellos que no se sienten responsables de sus efectos, o a quienes han hecho alguna contribución para que no se produzca. La moral es parte esencial de la cultura de una sociedad, de ese patrimonio altamente delicado que se acumula de una generación a otra y que forma el legado más importante, al que tienen derecho todos los habitantes de un país.

Es por ello que, con justicia, el Santo Padre ha hablado en su última Encíclica de la necesidad de "salvaguardar las condiciones morales de una auténtica "ecología humana".". Precisamente, hablando de los sistemas totalitarios -que se han desvanecido en la Europa del Este-, señala: "El hombre se ha visto obligado a sufrir una concepción de la realidad impuesta por la fuerza, y no conseguida mediante el esfuerzo de la propia razón y el ejercicio de la propia libertad. Hay que invertir los términos de ese principio y reconocer íntegramente los derechos de la conciencia humana, vinculada solamente a la verdad natural y revelada.".

Siguiendo ese mismo espíritu -y contrariamente a lo sostenido por algunos de sus impugnadores-, la Carta del señor Arzobispo de Santiago no intenta imponer a nadie criterios que lleven a impedir el ejercicio libre de la conciencia humana, enfrentada al juicio de la realidad de la vida cotidiana. Por el contrario, invita justamente a realizar ese juicio teniendo en consideración el fundamento mismo de la conciencia moral, la cual no sólo se preocupa por lo que conviene o lo que da ventajas económicas o culturales, sino que busca la verdad de lo humano, su sentido y vocación; aquello que permite hablar de la dignidad de cada individuo, que es anterior y superior a cualquier forma de ordenamiento jurídico e institucional.

Se ha dicho que la Carta de Monseñor Oviedo tendría la "evidente intención de establecerse como pauta general y única de la moral, las costumbres, la conducta social y la educación que debieran existir en nuestro país". Tal imputación no tiene fundamento. Pienso que es muy importante no confundir el pluralismo de la sociedad moderna -que todos aceptamos y fomentamos- y el derecho a la libre expresión de todas las ideas (propio de una sociedad democrática), con la obligación de respetar la dignidad del hombre y los derechos esenciales de las personas. El pluralismo sólo tiene sentido si se realiza sobre la base del respeto a la condición humana y al sentido moral de la vida. De lo contrario se vuelve una irracional lucha de todos contra todos, zanjada por la violencia y la voluntad de poder.

Cualquiera que sea la posición política que se asuma, no basta únicamente con señalar que se está dispuesto a conversar y a lograr los consensos más amplios posibles en torno de la convivencia social, sino que se debe estar presto también a reconocer públicamente -y a dar testimonio con la propia vida- cuáles son los fundamentos de la dignidad, y cuál la responsabilidad social de cada sector político, para hacer que esos fundamentos se preserven y desarrollen, en especial, entre las nuevas generaciones.

Nada hay más constructivo para el debate nacional que el amor a la verdad, y la claridad de ideas y de juicios acerca de los procesos culturales que vivimos. Estamos en presencia de tendencias culturales que no son sólo nacionales, sino que se han manifestado con parecidas características en otros países. Pretender desestimar la discusión de ellas aduciendo que la Iglesia tiene una posición dogmática, prejuiciada o estrecha, es no querer abordar la realidad tal como ella se nos presenta. Por cierto, cualquier ciudadano tiene todo el derecho a discrepar de la posición asumida por la Iglesia. Eso no está en discusión. Lo que verdaderamente se debate es que, frente a un problema ético, debe darse una respuesta también ética, y no ocultar la falta de desarrollo de la conciencia moral con argumentos políticos de oportunidad. Lo que está en juego es la responsabilidad social y cultural de la función pública, no sólo de los políticos, sino de todos aquellos que con su acción ayudan a formar la conciencia de las generaciones actuales y futuras.

La moral de una sociedad no es un asunto privado de cada uno de los ciudadanos. Es, por el contrario, el ámbito de la función pública por excelencia, puesto que implica siempre una responsabilidad social sobre otras personas. Es aquello que se hereda de generación en generación, constituyendo el patrimonio social más valioso que recibirán los jóvenes y las nuevas generaciones.

Por ello, la lucha por la defensa de los derechos humanos es una tarea permanente que trasciende la institucionalidad que en un momento u otro pueda adquirir la convivencia social. Pareciera que nuestra sociedad así lo ha reconocido. Entre tales derechos humanos es fundamental aquél de cada individuo a desarrollar una conciencia recta y verdadera de la condición humana, que no se deja arrastrar por el interés ocasional o por la influencia de los medios de comunicación, sino que se educa en la búsqueda desinteresada de la verdad, y en la valoración de la herencia recibida a través de tantas generaciones de personas que, silenciosamente, van construyendo el país y dándole una calidad de vida.

La Carta del señor Arzobispo de Santiago debe ser entendida como una oportuna señal de alerta y como un llamado a asumir la responsabilidad social y cultural de nuestras acciones. Un desarrollo que olvida la conciencia moral, o que se realiza a espaldas de ella, corre el riesgo de transformarse en una mera ilusión, en una errada apreciación del futuro. Por el contrario: el progreso que se asienta sobre sólidos fundamentos morales será el más grande patrimonio que podremos dejar a nuestros hijos y a sus descendientes.

Es por ello que el señor Arzobispo, antes de dar a conocer la actual Carta Pastoral, había entregado otra a los jóvenes -en marzo de 1991- titulada "Un camino de esperanza", confiando en que ellos sabrán asumir la responsabilidad por el futuro de nuestra sociedad.

La esperanza no nace de los sueños o de las ilusiones, sino de una conciencia ajustada a las características de una vida humana que reconoce en plenitud su dignidad, y que no está dispuesta a dejársela arrebatar por circunstancias históricas particulares.

En una época como la actual, en que se han derribado tantos mitos y utopías, el vacío cultural no será llenado por el pragmatismo o por el solo deseo de supervivencia, sino por propuestas creativas que nazcan de lo más profundo de la conciencia humana y que movilicen las mejores energías de las personas para ser solidarias y responsables con el destino de las nuevas generaciones.

Considero, señor Presidente, que la Carta del señor Arzobispo de Santiago, que he comentado, contribuirá grandemente a desarrollar un debate nacional responsable sobre estas materias, y solicito que se sirva ordenar el envío de copia íntegra de mi intervención a Monseñor Carlos Oviedo Cavada.

He dicho.