Labor Parlamentaria

El señor SALAS.-

Señor Presidente, distinguidos colegas parlamentarios, con fecha 14 de marzo la Cámara acordó nombrar una Comisión Investigadora por la situación producida en el Industria Lozapenco S.A., de la Octava Región, que se constituyó el día 3 de abril, con la presencia de 14 Diputados provenientes de todas las corrientes políticas representadas en la Cámara. Quiero agradecer a los integrantes de la Comisión la colaboración prestada en esta investigación, ya que esta labor resulta siempre un trabajo adicional al quehacer parlamentario.

Como antecedente de la investigación está la invitación que, en enero o febrero del año pasado, un grupo de trabajadores hacen a parlamentarios, especialmente al que habla, para plantearles una delicada situación que ellos preveían venir en Lozapenco.

El Director del Servicio de Impuestos Internos, con fecha 16 de abril de 1990, recibió un oficio del Director Nacional de Aduanas, donde se le comunicaba que ese Servicio estaba practicando una investigación en las exportaciones declaradas por las firmas Agrícola y Forestal Penco Ltda., Exportadora Industrial Ltda. y Lozapenco S.A., todas ellas domiciliadas en calle Enrique Foster Norte, Las Condes, Santiago, pese a estar radicadas fundamentalmente en Penco y en la Octava Región, cuyo representante, según Declaraciones de Exportaciones, es don Luis Palma Matus, a raíz de que se había observado una importante sobrevaloración de las mercancías exportadas, situación que había sido ya denunciada al Tribunal Aduanero, dando origen a que este organismo iniciara una investigación.

Impuestos Internos y Aduanas, después de una investigación, verifican la existencia de sobrevaloración en las exportaciones, de manera que para poder llegar a una conclusión, que no sería definitiva, que permitiera incoar una denuncia a la justicia, se tomaron en cuenta las siguientes referencias:

1°.- Los precios de exportaciones de terceros de mercancías similares o idénticas;

2°.- Los precios de exportación de mercaderías como las denunciadas en exportaciones hechas por un tercero (sanitarios), y

3°.- El precio de venta, en mercado interno, según cotizaciones de la propia firma denunciada y de un distribuidor suyo. Quiero referirme al caso de los sanitarios, porque muchas personas en el país, y sobre todo parlamentarios, se preguntarán ¿cómo se llegó a un fraude tan cuantioso, que alcanza la suma de 24 mil millones de pesos, que afecta incluso el pago de imposiciones en las AFP y la integración de cotizaciones en las Isapres de los propios trabajadores de la empresa?

Esto ocurría de la siguiente manera. El señor Palma declaraba precios de venta, por ejemplo, de un lavatorio y un pedestal por la suma de 152 dólares FOB, en circunstancias de que terceros, que exportaban estas mismas cosas, tenían precios de 11 dólares y los más caro de 17. Como estas ventas producen la devolución de 10 por ciento por efecto de premios que se otorgan a las exportaciones no tradicionales y, además, la recuperación del IVA de las materias primas ocupadas en la elaboración de estos artefactos exportados, el sobrevalor de estos productos realizados a través de la doble facturación, significaba una mayor devolución de los porcentajes indicados. Este señor también exportaba mangos de pino para herramientas. El precio de venta que colocaba en la factura era de 14 dólares, o sea, unos 2.800 pesos más o menos, en circunstancias de que el de terceras personas que exportaban la misma mercadería era solamente de 55 pesos. Así se fue gestando y creando inquietud no solamente en los trabajadores de Lozapenco, sino que además, en el Gobierno, en los organismos fiscales y en los propios parlamentarios, al punto que la Cámara acordó designar esta Comisión.

En el transcurso de este proceso, se intentó vanamente hacer trabajar la Industria Lozapenco, llegándose a un acuerdo con el propio Gobierno, a través de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de Impuestos Internos y de la Tesorería, para que el Banco del Estado le prestara 2 millones de dólares. Se trataba de evitar su quiebra, estando ya embargados todos sus bienes y habiendo en ella un administrador judicial, nombrado por el Ministro en Visita, señor Domingo Kokisch Mourgues, que sustanciaba el proceso por cuantiosas infracciones tributarias.

Pese a todo este esfuerzo, la empresa siguió funcionando mal porque no tenía contabilidad, había muchos acreedores y, de hecho, con el millón de dólares que se le entregó a Lozapenco como préstamo del Banco del Estado, hubo que cancelar 100 millones de pesos para rescatar un cheque del señor Feliciano Palma e impedir la quiebra de la empresa, cosa que los propios trabajadores querían que ocurriera.

Enseguida, para que la empresa no quebrara, se trató de hacer un convenio entre el Fisco, los acreedores y los propietarios de Lozapenco, representados por doña Margarita Germany, esposa de Feliciano Palma, quien había huido hacia los Estados Unidos. Cuando el Gobierno se comprometió a entregar un millón de dólares, lo que debía hacer también la propietaria, y se planteó que la empresa iba a ser administrada por un representante del Fisco, por uno de los acreedores y por uno de los dueños de la industria en quiebra, en ese momento embargada e investigada por la Justicia, el propio señor Feliciano Palma, a través de su esposa, comunicó al Director de Impuestos Internos y a los organismos fiscales, a la Tesorería y al Consejo de Defensa del Estado, que no aceptaba el convenio por esta imposición de que no podía dirigir su industria. En ese momento se pidió la quiebra de la industria, concedida por el juzgado correspondiente en Santiago, y se nombró síndico a don Pablo Cereceda, reemplazado en el transcurso del tiempo por el señor Germán Sandoval, actualmente en funciones.

La petición de la Comisión Investigadora nació debido a que el Consejo de Defensa del Estado y el síndico don Pablo Cereceda -nombrado en ese momento no interpusieron ninguna querella contra las empresas de don Feliciano Palma, pues se presumía que los dineros provenientes de Lozapenco, de alguna manera se habían traspasado a ellas.

El motivo fundamental que movió a solicitar la Comisión Investigadora se produjo al saberse que no existían acciones precautorias para cautelar el interés de los trabajadores en el momento en que una empresa, al filo de la denuncia del delito tributario, se transformó en la Sociedad de Inversiones Lozapenco S.A., empresa colectiva respecto de la cual solamente el Fisco o a quien le correspondiera -el Consejo de Defensa del Estado o el síndico nombrado-, podían interponer estas medidas precautorias. Para ello sólo había un año de plazo, que vencía a fines de marzo, fecha en que se solicitó a la Cámara nombrar esta Comisión, que cumplió con su objetivo.

Muchos personeros asistieron a proporcionar información: el Director de Impuestos Internos, el Subsecretario del Ministerio del Interior, el Director General de Aduanas, el Fiscal de Quiebras; el abogado de Lozapenco, el administrador judicial, el administrador a cargo de la industria en este momento, señor León, y diversas autoridades que, con sus antecedentes permitieron la elaboración del informe que se encuentra en poder de los señores Diputados.

Como resulta imposible dar lectura a este documento, de 61 páginas, que contiene toda la historia de lo ocurrido en Lozapenco y la investigación realizada por la Comisión, que los señores Diputados tendrán oportunidad de leer con tranquilidad, solicito que se inserte en el acta de esta sesión.

En todo caso, me voy a dar lectura a las conclusiones derivadas de la investigación.

"Dé las declaraciones prestadas por diversas personas que concurrieron a la Comisión y del debate habido en ella, se ha concluido lo siguiente:

"a) Que en la quiebra de la industria Lozapenco S.A., se ha producido el fraude fiscal de mayor magnitud ocurrido en nuestro país.

"b) Que a pesar del daño sufrido por causa de este fraude tanto por el Fisco y los trabajadores como por los acreedores, la fallida ha hecho oposición a que la industria sea sometida al proceso de enajenación como unidad económica, a través de una licitación, aun a sabiendas de que, si la industria es sometida a remate, en la subasta su precio disminuiría notablemente, causando, con ello, aun un mayor daño de las partes afectadas.

"c) Que es necesaria una mayor coordinación entre los diversos organismos del Estado, tendiente a evitar que hechos como los ocurridos se repitan, con las graves consecuencias que esta Comisión ha conocido en este caso particular.

"d) Que los organismos encargados de la protección de los trabajadores, tanto en materia previsonal como de atención de salud, efectúen una fiscalización adecuada y oportuna, que evite la evasión y el incumplimiento de leyes laborales".

Quiero detenerme en este punto. No es posible que conforme a las leyes existentes, los empleadores estén declarando las imposiciones de los trabajadores eternamente; imposiciones descontadas de los sueldos de los trabajadores; por lo tanto, dinero de ellos. En el caso de Lozapenco durante varios años se declararon imposiciones que no se pagaron a los distintos organismos previsionales, cuya suma endeuda a los trabajadores, por la no cotización de las cuotas de previsión y de salud, en cerca de mil millones de pesos. Nos parece extraño que ningún organismo del Estado, como la Dirección del Trabajo o las Isapres, hiciera presente a esta empresa que debía integrar las imposiciones atrasadas.

Por eso, estimamos que debe modificarse la ley respectiva, porque no es posible que esto siga ocurriendo, como tampoco puede aceptarse que cuando se descubre un fraude -en este caso se estima que es el delito tributario más grande en la historia de Chile-, sea la propia persona que lo ha cometido la que defina cómo vende la empresa: si como unidad económica o por partes. Proponemos que esto se modifique en la nueva Ley de Quiebras, al igual que la prelación de los trabajadores, que figura en sexto lugar.

"e) Que estos hechos afectan la credibilidad del sistema de exportaciones, el cual se encuentra basado en la buena fe, que es de vital importancia para el desarrollo del país y que se realiza con el esfuerzo, tanto de empresarios honestos como de sus trabajadores.

"f) Que la Fiscalía Nacional de Quiebras debe ser dotada de mayores atribuciones fiscalizadoras en general, como también debe modificarse la forma de designación de los síndicos y del territorio donde tengan competencia.". Tampoco es aceptable que los síndicos sean nombrados desde Santiago, aunque las quiebras se produzcan en regiones muy distantes.

"g) Que el Servicio de Aduanas necesita contar con el respaldo legal internacional para los fines de pesquisar y obtener los antecedentes fidedignos en los casos en que deba investigar fraudes de carácter aduanero, tributario, etcétera. Por ello, que sería altamente conveniente, según lo expresado en la Comisión por las autoridades de aduanas, que se lograra contar con la colaboración aduanera internacional que se establece en el Tratado de Nairobi, cuyos principios fundamentales se analizaron en el presente informe.

"h) Que el Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras presten su colaboración, con los antecedentes que posean y con las investigaciones que efectúen, haciéndolos llegar a la Contraloría General de la República para el estudio de los hechos y la instrucción de los sumarios a que haya lugar.

"i) Que se lleve a efecto un estudio para modificar la ley Orgánica del Banco Central de Chile y la ley Orgánica del Congreso Nacional, con el objeto de que el Instituto Emisor tenga responsabilidad ante los requerimientos de las Comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de investigar delitos en contra del Estado.".

Se propone esta modificación, porque el Presidente del Banco Central fue citado a la Comisión, pero se escudó en la Constitución para no concurrir, lo que cercena las facultades de esta Cámara.

"Atendidas la gravedad de algunas de las situaciones descritas en el presente informe y la necesidad de adoptar las medidas que permitan, por una parte, establecer las responsabilidades por los daños causados con la quiebra de Lozapenco S. A. y, por la otra, evitar que se vea afectado el sistema de fomento de las exportaciones, así como su credibilidad pública, vuestra Comisión propone a la Honorable Cámara la aprobación de las siguientes conclusiones:

"1.- Oficiar al señor Contralor General de la República, para que, en virtud de las facultades que le confiere la ley N° 10.336, proceda a investigar la participación que habría correspondido a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos y del Banco Central de Chile, en las situaciones detectadas con motivo de la quiebra de la industria Lozapenco S.A., y las empresas vinculadas a la persona de don Feliciano Palma Matus, que dicen relación a los hechos señalados en este informe, en lo referente a las operaciones de exportación realizadas desde el año 1986 a la actualidad, donde se habría incurrido en infracciones a la Ordenanza de Aduanas y en posibles delitos de fraude aduanero; en infracciones y delitos tributarios tipificados en el Código Tributario, por irregularidades cometidas en la obtención indebida de beneficios establecidos en la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, en lo referente a la recuperación del IVA por los exportadores, y respecto de la bonificación establecida en la ley N° 18.4.80, sobre fomento a las exportaciones no tradicionales, y en la presentación de documentos falsos al Banco Central de Chile.

"Asimismo, dicho organismo contralor deberá investigar las actuaciones de funcionarios de la Dirección del Trabajo, y del Instituto de Normalización Previsional, en lo referente al incumplimiento de la industria Lozapenco en materia de remuneraciones y de cotizaciones provisionales adeudadas a sus trabajadores".

Señor Presidente, como no alcanzaré a leer los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de las conclusiones de este informe, pido, a los señores parlamentarios, que los lean; a la Honorable Cámara, que apruebe el informe, y a la Mesa, que lo inserte en el acta, dada la escasez de tiempo que hay para exponer con mayor amplitud esta situación.

He dicho.