Labor Parlamentaria

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quiero complementar de alguna forma la intervención del Diputado señor Andrés Palma, que ahorra muchos comentarios.

En mi opinión, este es un proyecto sobre el cual debemos reflexionar antes de aprobar, porque no hay discusión en que todos somos partidarios de mejorar las remuneraciones de los médicos que trabajan en los servicios de urgencia.

Pero, hoy se señala que ella se hará con la disminución de los ítems que nosotros mismos aprobamos en la ley de Presupuestos del año pasado, los cuales están enumerados uno a uno en el informe de la Comisión de Hacienda. Se reducen 300 millones al hospital de San Felipe; 110 al de Iquique; 405 al de Valdivia, y, finalmente, toda una larga lista, más los hospitales de la Región Metropolitana, Antofagasta, Linares, Copiapó, Los Vilos, etcétera. Cuatro mil millones de pesos que aprobamos en infraestructura y en equipamiento para los servicios de salud a lo largo del país, hoy se nos propone que los eliminemos, los posterguemos por un año para pagarle a los médicos de los servicios de urgencia.

Paralelamente, como si esto fuera poco, 1.162 millones, también aprobados por nosotros en la ley de Presupuestos, serán retirados de la atención primaria; es decir, de los consultorios del país. Y como si todo esto todavía fuera poco, otros 500 millones adicionales también se retirarán del programa de listas de espera.

Además, en la mañana, el señor Ministro señaló en la Comisión de Hacienda que en la partida nacional de 4.000 millones, hay una contrapartida nacional que aportan los gobiernos extranjeros o los organismos como el BID, con los cuales se suscriben convenios para la realización de estos proyectos que asciende a 1.500 millones. Es decir, para financiar un proyecto que otorga beneficios a los médicos de servicios de urgencia, cuyo costo alcanza a 5.500 millones, se deja de invertir en el sector salud la suma de 7.000 millones de pesos. Es una vergüenza, que se presente una iniciativa financiada de esta, forma, cuando en reiteradas ocasiones hemos escuchado que los sectores más pobres no pueden esperar.

Espero que este año no ingrese a la Cámara un proyecto para financiar a los partidos políticos con cargo al Tesoro Público, porque si no hay recursos para esta iniciativa, tampoco deberían existir para proyectos de esa naturaleza.

Por otra parte, varios hospitales, cuya administración es privada, no están contemplados en el proyecto. Por ejemplo, al hospital Parroquial de San Bernardo que opera por un convenio con una fundación del Arzobispado estos beneficios le cuestan, mensualmente, 13.500.000; por lo tanto, al año le significan 162 millones de pesos. Al Ministro le he solicitado que, al menos, el Ejecutivo asuma el compromiso de suplementar el convenio, porque cuando se firman estos instrumentos con el hospital Parroquial de San Bernardo, con el de Puerto Varas o con el J.J. Aguirre, de la Universidad de Chile que también están excluidos se hace en función de tarifados de costo, de atenciones y, en definitiva, no contemplan hechos como éstos, que el Gobierno presente un proyecto, fruto de un conflicto entre los médicos y el sistema, que plantea una mejoría de la envergadura que se señala. Por lo tanto, es evidente que el hospital Parroquial de San Bernardo no podrá solventar sus costos porque es una fundación sin fines de lucro, que acordó un convenio en determinadas condiciones con el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Si no se suplementan los contratos con el hospital Parroquial de San Bernardo, con el de Puerto Varas, con el J.J. Aguirre, tendrán que dejar de invertir cifras importantes en la atención de salud si pagan los beneficios que aquí se establecen.

Para que tengan una idea, el servicio de urgencia del hospital Parroquial de San Bernardo, que cubre la zona sur de la Región Metropolitana, según estadísticas del Ministerio, atendió a 138.892 personas durante 1992; el hospital Barros Luco, a 4 mil menos, o sea, a 134.179; el Exequiel González Cortés, a 135.800; El Pino, también de San Bernardo, a 62.000, y el de Buin, a 58.000.

Es evidente que todos los médicos del hospital Parroquial de San Bernardo, con los cuales me reuní, tendrán que emigrar a otros servicios de urgencia que les den el beneficio que determina este proyecto.

De más está decir que en el presupuesto de este año del hospital Parroquial no contempla los 162 millones que se requiere para pagar estos beneficios a los médicos.

Respecto del proyecto, es muy importante tener presente que somos partidarios de que los médicos que trabajan en estos servicios reciban los incrementos que indica, si las autoridades del sector de salud establecieron que eran justos y correspondía otorgarlos. Pero no estamos de acuerdo en su financiamiento. Es una vergüenza avalar la fórmula planteada: disminuir fondos destinados a infraestructura y equipos de establecimientos que atienden a los sectores más necesitados del país. En el informe está la lista de los efectos de la reducción presupuestaria.,

Además, el servicio de urgencia, que atiende a un mayor número de personas en la zona sur de Santiago, tampoco se incluye en este convenio, porque el señor Ministro ha señalado que es un hospital privado efectivamente es así ya que depende de una fundación del Arzobispado, y más del 70 por ciento de sus ingresos provienen del convenio.

Con la aprobación de este proyecto, no sólo se desfinanciará la inversión en infraestructura y equipos, sino que, además, se generarán distorsiones en un servicio de urgencia tan importante, como es el del hospital Parroquial de San Bernardo; lo que también ocurrirá en el de Puerto Varas y en el José Joaquín Aguirre.

Respecto de este último, que atiende toda la zona norte de Santiago, no se dice que depende de la universidad, que también es privado y que no se suplementará. Pero, sin duda, los médicos que trabajan en su servicio de urgencia, también emigrarán a aquellos que tengan el privilegio concedido por este proyecto.

En consecuencia, es una iniciativa que nos debe hacer reflexionar. De aprobarla, avalamos su impropio financiamiento.

En esta oportunidad, también quiero pedir, formalmente, que en los convenios que se suscriban en un determinado momento del año entre los Ministerio de Salud o con sus servicios respectivos, de acuerdo con la descentralización deberán contemplar en sus cláusulas que si, inadecuadamente, durante el año legislativo se aprueba un mecanismo para mejorar las remuneraciones del personal que atiende los hospitales, en forma automática funcionará un suplemento, para no estar advirtiendo, sistemáticamente, esta situación a las autoridades.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso, señor Diputado; puede continuar en el tiempo del segundo.

El señor LONGUEIRA.-

Por último, reitero que no podemos avalar un financiamiento en los términos propuestos. En los tres años que llevamos legislando, jamás el Ejecutivo había enviado un proyecto financiado en la forma señalada.

Invito a los señores Diputados a leer el informe de la Comisión de Hacienda. En él encontrarán los efectos de la reducción presupuestaria, la lista de la infraestructura y los equipos que se dejan de financiar. En definitiva, no se invertirá en esos fines la suma de 4 mil millones de pesos, por lo que tampoco contaremos con la contrapartida internacional ascendente a 1.500 millones de pesos.

He dicho.