Labor Parlamentaria

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , creo que la vida política de muchos de nosotros se ha encauzado en torno de los problemas de los pobres, colocando la solidaridad, amor y lealtad social por encima de toda otra consideración. Lo anterior es consecuencia de un gran respeto y admiración por la persona humana. Creemos que el hombre y la familia deben ser el centro de la sociedad, y que los recursos materiales o económicos de un país deben estar al servicio de esa sociedad, para dar al ser humano una vida más buena y justa.

Cada persona es una extraordinaria creación, capaz de pensarse a sí misma y de pensar en el universo; de sentir; de sufrir por principios, valores e ideas; de reír. Nada hay en la naturaleza que se le compare, y por eso nada justifica que seres humanos se encuentren privados de la posibilidad de ser y de realizar sus potencialidades, limitados nutricionalmente, en salud, en educación, en vivienda. Ésta es la igualdad de oportunidades que queremos. Es nuestra deuda social; es la deuda con los más pobres.

Frente a los problemas de miseria, que atenta contra los derechos inalienables de las personas, estimo que la sociedad tiene una obligación prioritaria que debe saber resolver con inteligencia, sin dogmatismos ni recetas integralistas o totalitarias que han fracasado; y, también, sin el cinismo ni las durezas e indiferencias de "mercados" autómatas e impersonales. Así lo señala con certeza y claridad el Papa en su encíclica Centesimus Annus . Así también lo pienso con profunda convicción.

Es ineludible, pues, enfrentar del modo más eficiente y rápido posible los problemas señalados y, para ello, es necesario efectuar gastos: el llamado gasto social, el que requiere de financiamiento y de una política adecuada para allegar recursos que, luego, deberán invertirse en las personas en la forma más fructífera para resolver sus problemas derivados de la pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades. En el modo mejor de hacerlo se diferencian muchas posiciones políticas, recetas buenas y malas, equivocadas o no.

Mientras se opine y se busquen caminos de buena fe, todo esfuerzo merece aplauso, pues revela responsabilidad social. En cambio, deben rechazarse y criticarse duramente las proposiciones demagógicas, proselitistas, electoralmente interesadas, orientadas por el deseo de descalificar a los gobernantes para, mañana, poder ocupar sus puestos.

Es innoble utilizar el sufrimiento humano, ofrecer falsas soluciones, aparentemente obvias y sensatas, que sólo son voladores de luces dotados de apariencia pseudológica y que no resisten análisis.

Ejemplo de lo anterior son "las privatizaciones" que algunos proponen como panacea para procurar recursos destinados al gasto social. Este remedio suicida (como demostraré) sugiere descapitalizar al Estado de Chile; vender las empresas rentables que actualmente le aportan más de 700 millones de dólares anuales. Propone enajenar instrumentos de trabajo útiles que generan ingresos. Como varios ya han dicho, es como si el camionero vendiera su camión, o el industrial su fábrica. A poco andar, consumido el producto de la venta sin generar nuevos recursos, estaría más pobre que antes, pues carecería hasta de su fuente de ingresos.

Así, pues, sólo un Estado demente vendería sus empresas rentables, en las que, además, ha invertido recursos. Es el caso de CODELCO, de ENAP, de ENAMI, de Colbún y otras.

El ejemplo de Colbún es muy ilustrativo. El pasado Gobierno, en sus últimos meses, la quiso vender en el valor de mercado de sus acciones. A poco andar, dichas acciones -como era absolutamente previsible por la situación, recursos y proyecciones de la empresa- subieron su valor al doble. Si el Estado las hubiera vendido, habría hecho una pérdida de, al menos, 150 millones de dólares, perdiéndose también para el gasto social.

¿Qué clase de proposiciones son éstas? ¿Realmente su intención es allegar recursos para el gasto social? ¿No estarán destinadas a ofrecer pingües ganancias y oportunidades de inversión a los financistas de siempre, a los que compraron ENERSIS , CHILECTRA , SOQUIMICH, CAP, etcétera, entre los cuales se repiten y repiten nombres que desplazaron, definitivamente, a los empleados y obreros a quienes, se suponía, iban destinadas las privatizaciones, para que invirtieran conforme al llamado capitalismo popular?

Renovación Nacional sostiene que vender las empresas rentables del Estado no es una pérdida, pues "la transferencia al sector privado trae consigo un incremento de la producción, la cual genera una recaudación tributaria mayor que suple y supera los ingresos que el Estado puede lograr directamente en la producción de bienes y servicios" ("El Mercurio", 6 de junio de 1991, tercera página). ¿Es que ya olvidó Renovación Nacional el desastre económico financiero causado por el sector privado con el uso y abuso del crédito relacionado, la perla más brillante del liberalismo desatado y pragmático?

El crédito relacionado, a modo de sumaria definición, está constituido por los préstamos que las instituciones financieras otorgan a personas vinculadas directa o indirectamente a ellas, sean personas naturales, sociedades reales o "de papel". Este tipo de crédito fue la causa de las crisis bancarias de 1976 y de 1983, y del estado de quiebra virtual y técnica en que hoy se encuentra el Banco Central de Chile, el que, de paso, compromete su propia autonomía.

Es demasiado corta la memoria de quienes sostienen que el sector privado es buen administrador y rinde más recursos. Nuestra experiencia histórica revela que el sector privado chileno, apenas le sueltan la cuerda, se da la gran farra, irresponsablemente, y arrastra en su desastre al Estado, el que subsidiariamente debe acudir a sostenerlo para evitar la quiebra del país entero.

Quiero recordar brevemente la tragedia (que aún vivimos) que es consecuencia directa del actuar destemplado de los grupos económicos que, según algunos, hoy podrían producir, en empresas privatizadas, virtuosa y responsablemente, rindiendo tributos y trabajo para los chilenos.

Cuando a fines de 1973 el Gobierno militar empezó a revertir el sistema bancario, llevándolo desde la estatización acentuada (que tampoco es la panacea) a la privatización y liberalismo extremos, cundió como la mala hierba -porque donde las dan las toman- el crédito relacionado. Este proliferó en las financieras formales e informales, de las cuales hubo una verdadera explosión.

En diciembre de 1974, llegaron a existir 150 financieras registradas, las que, captando recursos del público, los destinaban a inversiones de sus propios dueños a través del resquicio de inventar sociedades de papel o pequeñas sociedades de inversión cuyo único objeto era obtener los créditos para aplicarlos a los fines de los mismos accionistas de las financieras. Lo más grave fue que, además, quedando todo en familia, no se exigían garantías reales ni suficientes.

Este laberinto de sociedades relacionadas pertenecía a pocos dueños: "Los grupos", creación de hecho que sólo en 1987, en la ley N° 18.660, relativa al mercado de valores, viene a ser reconocida como instancia suprapersonas que permite reconducir operaciones financieras hasta su verdadero beneficiario oculto, como dije, tras varias sociedades relacionadas en el terreno accionario o de sus administradores. La Circular 1.808 de la Superintendencia es la primera que se refiere al fenómeno de la concentración del crédito en personas vinculadas a la entidad financiera, y considera presente la relación con los accionistas, asesores, directores y apoderados de la empresa.

Cada financiera tenía su grupo: Javier Vial era FINANZA ; Cruzat-Larraín era Financiera Colocadora Nacional de Valores; Agustín Edwards era Financiera Los Andes , y Fluxá y Yaconi eran Inversiones Décima Región Ltda., financiera informal.

Cada financiera era útil al respectivo grupo en cuanto lo sustancial del crédito de esa institución se destinaba a inversiones del grupo controlador.

Al árbol del pan descubierto por las financieras, se sumaron a poco andar los bancos, finalmente privatizados y libres, los que empezaron a otorgar también créditos relacionados y sin garantías suficientes, eternamente renegociables, a sus dueños, amigos y parientes de carne y hueso o de papel. Tanto es así, que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en 1986, en un informe de su Departamento de Análisis Financiero, señala:

"A principios de 1974 las principales empresas productivas del país, así como también algunos bancos, eran controlados por CORFO. Posteriormente tanto las empresas productivas como los bancos fueron vendidos a particulares dando origen a un empresario que es banquero e industrial a la vez, con una organización inserta en el mercado de capitales que le permite captar dinero del público para apoyar sus empresas o adquirir nuevas".

¿Puede haber algo más claro que este párrafo del informe de la Superintendencia?

Como muestra tenemos a "Fra-Fra" y el Banco Nacional, el que en diciembre de 1987 era la entidad bancaria con el índice más alto de créditos relacionados: 217,8 por ciento del capital y reservas, seguido por el Banco Sudamericano, con 177,1 por ciento del capital y reservas.

Cabe destacar, sí, que ya en 1983 se había frenado y restringido la operación crédito relacionado, con ocasión del colapso de la banca privada, causado por este frívolo, irresponsable y contumaz proceder frente a la ley.

El Senado imaginará cómo fue entre 1974 y 1983. Sólo en 1978, por el decreto ley 2.099, se empezaron a exigir garantías reales; es decir, prendas o hipotecas para aumentar los créditos relacionados. Estas garantías, obviamente, quedaron en la buena intención, pues podían ser muy fácilmente burladas, ya que eran aceptadas y valorizadas por el mismo banco, el que -no lo olvidemos- era juez y parte, prestamista y prestatario a la vez. Fue el caso del Banco Nacional, el que, a pesar de las medidas adoptadas en 1983, continuó, en 1987, con esta misma operación contumaz, burlando la ley.

Lo sucedido a CRAV, en 1981, puso en evidencia, para todos, el peligro de los créditos relacionados y la consecuente concentración del crédito. La Superintendencia de la época, inquieta, comenzó a solicitar antecedentes a los bancos mediante la clasificación de cartera de sus mayores deudores, llegando a la siguiente conclusión: "Resalta el hecho de que en diversas instituciones se daba la existencia de fuertes obligaciones por parte de empresas de propiedad de accionistas controladores de la respectiva entidad, que se caracterizaban por no reunir los requisitos mínimos ni los resguardos necesarios".

Ésta es la eficiencia del sector privado. En realidad, más que eficiencia es "voracidad y prescindencia de toda responsabilidad cívica."

Para acortar este refrescamemorias, cabe señalar que los alegres procedimientos descritos (muy ventajosos, por cierto, para los partícipes de esos créditos privilegiados) llevaron al colapso de la banca, a su insolvencia.

Pero la banca de un país no puede quebrar ni irse para su casa tan fácilmente como una pequeña empresa. Son muchos -inocentes cuentacorrentistas, depositantes, pequeños prestatarios que obtuvieron créditos duros para su casa o taller- los que caen con esa banca. Hasta el taxista endeudado que se afana por las calles, panaderos, oficinistas, agricultores, deudores hipotecarios en UF, etcétera.

Así, ante la crisis del sistema financiero, fue evidente, para los más enconados liberales, la necesidad de un Estado regulador y soporte, del padre que responde por todos, que debe intervenir en el país en defensa de la totalidad de sus habitantes. Es algo parecido al caso de los incrédulos que, al momento de morir, recuerdan a Dios y tardíamente lo invocan.

Los detractores del Estado comprendieron en 1983 que sólo éste podía resolver la situación. Y así fueron intervenidos el Banco Español, el Banco de Talca, el Banco de Fomento de Valparaíso, el Banco de Linares, la Compañía General Financiera, Financiera Cash , Financiera Sur y otras.

Los bancos en dificultades no quisieron o no pudieron cortar los financiamientos a sus propias empresas, y sólo la intervención podía detener el proceso. En 1981, el crédito relacionado total representaba el 13 por ciento de la totalidad de las colocaciones, y 1,2 veces el capital y reservas, mientras que la suma de los deudores relacionados constituía sólo el 1,4 por ciento de los clientes. La concentración del crédito era altísima. En junio de 1982, los créditos relacionados alcanzaban el 44 por ciento de las colocaciones. En el caso del BHIF, llegaban al 28,2 por ciento.

Por lo anterior, el Banco Central anuncia el 12 de julio el programa de venta de la banca privada a la entidad emisora de las carteras vencidas y riesgosas y de las relacionadas con garantías. En la oportunidad, se habló de un plazo máximo de 10 años para la recompra y de medidas de saneamiento que obligaban a los bancos a convenios y a reducir, hasta su extinción, la cartera relacionada. Además, se pidió la renuncia de algunos directivos, señalando el Ministro de Hacienda de la época que un banco "no podía estar presidido por su principal deudor", como era el caso del BHC y su Presidente , Javier Vial .

Gracias a esa operación el Banco Central queda en la situación más desmejorada de su historia.

Las carteras señaladas de la banca privada, compradas por el Banco Central -hoy llamada obligación subordinada de las instituciones financieras que novaron su deuda-, asciende, al 31 de diciembre de 1989, a 930.640 millones de pesos, y se han contabilizado como "activos internos" del Banco Central para encubrir su falencia. Es bastante discutible llamar "activo" a una obligación para con el Banco Central que tiene plazo indefinido y, por lo tanto, inejecutable, que devenga en promedio una tasa del 4 por ciento anual y que se paga con una parte de los excedentes de las bancas salvadas de la quiebra por el organismo emisor. Recordemos, además, que, sin acceso al crédito relacionado, las empresas vinculadas a los bancos quebraron, como COIA, Forestal, CCU y MACO, de Cruzat. Las sociedades "holding" eran accionistas de sociedades productivas que caían con ellas.

En ese desastre, ocasionado por la gestión privada, salieron a la luz verdaderas estafas, que dieron lugar a querellas y encargatorias de reo que afectaron, por ejemplo, a ejecutivos del BHC junto al ex biministro Rolf Lüders, ejecutivo de ese grupo. También fueron encargados reo Javier Vial y el Superintendente de Bancos don Boris Blanco , acusado de cómplice de estafa.

Los bancos resistieron tenazmente los condicionamientos, y hasta la fecha han negociado, obteniendo cada vez condiciones más favorables, las que concluyen, en las postrimerías del Régimen militar, en las facilidades y ventajas escandalosas que se han señalado: pago sin plazo fijo, con cargo sólo a los excedentes; es decir, a parte de las utilidades, deducidos todos los gastos operacionales. No obstante, los administradores de estos bancos virtualmente quebrados ganan 5 ó 6 millones de pesos mensuales, y sus directores, hasta 2 millones de pesos al mes.

Cada pequeño deudor hipotecario de Chile soñaría con tales condiciones. Por ejemplo, el Banco de Chile, con una cartera vencida de 336 mil millones, tiene un capital y reservas de 91.788 millones; es decir, debe 3,7 veces su capital y reservas. El Banco de Santiago cuenta con una cartera vencida -que hoy es subordinada- de 307.416 millones de pesos, con un capital y reservas de 50.122 millones de pesos; debe, en consecuencia, 6,1 veces su capital y reservas. El Banco Concepción tiene una cartera subordinada de 106.107 millones de pesos, con un capital y reservas de 14.044 millones de pesos; o sea, debe 7,5 veces su capital y reservas. Y en situación similar se encuentran el Banco de A. Edwards, que debe 2,3 veces su capital y reservas; el de Crédito e Inversiones, que adeuda 1,5 veces su capital y reservas; el BHIF, que debe 3,1 veces su capital y reservas; el Banco Internacional, que debe 4 veces su capital y reservas; el Banco Osorno, que debe 1,5 veces su capital y reservas, y el Banco Sudamericano, que debe 1,4 veces su capital y reservas.

La cartera vencida -ahora denominada subordinada para mejorar los aspectos contables- está pactada para ser pagada en su equivalente en pesos, traducida en UF, más 4.5 por ciento de interés anual, término medio. Es fácil deducir que esta obligación crece semestralmente, en moneda nacional, en 125 mil millones de pesos, al ritmo actual de inflación. Desde el punto de vista estrictamente financiero, esta deuda es de imposible recuperación. Su solución -si esta expresión pudiera ser valedera- sólo puede comprenderse bajo criterios esencialmente políticos de cambios en la estructura macroeconómica.

El costo social que el pueblo de Chile, en sus clases más necesitadas, ha pagado por esta colosal obligación es prácticamente irrecuperable en sus aspectos de incidencia en los niveles de salud, educación y vivienda.

Otro de los paliativos a la crisis bancaria es el capitalismo popular, destinado a aportar capitales nuevos a los bancos -principalmente a los Bancos de Chile y de Santiago- y a balcanizar la propiedad de los mismos. El Banco de Chile, por ejemplo, eleva así sus accionistas de 17.700 a 39.222, no poseyendo ya nadie realmente la propiedad del banco, el que queda en manos de sus administradores, virtuales nuevos dueños. Este capitalismo popular rindió sólo pérdidas a los nuevos accionistas -en cuanto se hicieron cargo del desastre anterior-, los que vieron irse al suelo sus acciones, sin obtener dividendos.

Después de lo recordado, creo que todos podemos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué garantías de eficiente administración puede ofrecer el sector privado? Me parece que, pruebas al canto, nuestra historia reciente, por el contrario, nos alerta de no dejar nunca más al perro al cuidado de la carnicería. Debemos aprender de los errores y ser consecuentes con la experiencia vivida. La administración por parte de CORFO de una empresa rentable puede constituir más seguro camino para aportar fondos útiles al gasto social. Esto no significa -al respecto quiero ser enfático- que no debe recurrirse a las privatizaciones cuando son oportunas y necesarias. Nadie se opone a licitar problemas, liquidando situaciones gravosas para la nación y transformando cargas en ingresos. Por ejemplo, creo que sería muy conveniente la venta de las carteras vencidas y riesgosas de la banca privada -hoy sobre los hombros del Banco Central- a capitalistas chilenos o extranjeros, que puedan, así, aportar recursos y liberar compromisos de la Hacienda Pública para destinarlos al gasto y a las inversiones que el país requiere con urgencia.

Se trataría simplemente de capitalizar la deuda y vender paquetes accionarios.

En la gran crisis de la banca privada, en 1983, los gobernantes de entonces no dudaron en intervenir como Estado, con criterio que podríamos llamar socialista, considerando que esa situación justificaba un gran gasto social, el más grande que ha efectuado nuestro país. Toda la solidaridad del Estado, todo su amor y lealtad sociales se volcaron a salvar la "metida de pata" de los banqueros. Jamás terremoto, inundación, sequía, marginalidad o pobreza ha desatado tal gasto social. El Banco Central se hizo cargo, junto a todos los contribuyentes y la Hacienda Pública, de las deudas temerariamente contraídas por los que se hacen ricos con un dólar, sin un peso o con unos pocos pollitos heredados.

¿Es aún necesario que el Estado, con los problemas de pobreza pendientes -cuya urgencia conocemos-, siga soportando este peso? ¿Es éste un razonamiento útil, práctico, en la lógica del mercado? Naturalmente, no lo es. Estamos en presencia de un pésimo negocio para el Fisco, que pesa dramáticamente sobre el gasto social.

Los amigos de Renovación Nacional y de la UDI, adalides de esta operación y, hoy, de las privatizaciones en pro del gasto social, deberían proponer la venta de las carteras subordinadas a que nos hemos referido.

Solicito, señor Presidente, que estas observaciones se transcriban al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos y al Ministerio de Hacienda, para considerar la posibilidad de privatizar estos bancos, que dependen de la deuda subordinada y, en definitiva, del Estado.

He dicho.