Labor Parlamentaria

Moción de los diputados señores Girardi, Bustos, Escobar, Farías, Lobos, Núñez, Quintana, Sepúlveda, don Roberto; Tuma, y de la diputada señora Pascal, doña Denise.

Referido a la extracción y protección de la tierra de hoja. (boletín N° 5570-12)

“Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

Considerando:

1° Que el suelo es sin lugar a dudas unos de los bienes de la naturaleza que presenta mayores grados de deterioro en nuestro país, alcanzado niveles tales que es difícil encontrar suelos sin manifestaciones de degradación. El 78%, de la superficie según Ciren, correspondiente a los suelos productivos del país, presenta grados de erosión que van desde moderado a muy grave. Por otro lado, estudios recientes realizados por Conaf indican que un 62% del territorio nacional enfrenta en la actualidad procesos de desertificación.

Este fenómeno es, además, provocado por la fuerte presión que ejerce el avance de la ciudad, especialmente Santiago, sobre las mejores tierras cultivables que tiene el país.

2° Que se estima que cada año se extraen unos 60 mil metros cúbicos de tierra de hoja, lo que ha dado lugar a un proceso de erosión y desertificación que poco a poco avanza más y más hacia regiones de la zona central del país que están pasando de verdes y fértiles valles a regiones semi desérticas.

Esta situación también incide en diversos otros ámbitos como el escurrimiento de aguas lluvias y las defensas fluviales naturales que presentaban gran parte de nuestros ríos hoy perdidas por la incapacidad de los suelos de infiltrar y retener agua.

El Cajón del Maipo, Curacavi, Melipilla, Colina, Río Clarillo, cuesta Zapata y Quebrada Picho (Alhué) son zonas ya altamente erosionadas en la zona central del país.

Esta situación ha llevado al Consejo de Defensa del Esta-do a anunciar acciones bajo la figura del daño ambiental contemplada en la ley Nº 19.300, de Medio Ambiente, o perseguir sancionar a los infractores con multas de hasta 1.000 UTM (alrededor de 28 millones de pesos) y la obligación de recuperar la zona intervenida.

3° Que desde el punto de vista regulatorio, el tema de la extracción de tierra de hoja está ausente de la legislación ambiental y forestal chilena, que más bien se ocupan de la protec-ción de los bosques y su aprovechamiento, olvidando casi por completo la existencia del suelo. De hecho, desde la propia promulgación de la ley Nº 19.300, en 1994, esta pendiente una regulación legal sobre suelos que el Gobierno y las autoridades ambientales han dejado de lado.

4° Que si se intenta indagar en alguna referencia sobre la tierra de hoja en nuestro ordenamiento jurídico, tal vez no se encuentre más que una referencia casual en alguna resolución aislada como acontece con el SAG que mediante su Resolución Nº 2104, de 2003, que declara área libre de Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Thecaphora solani (Angíosorus solani) y Ralstonia solanacearum (raza 3, biovar 2), al área comprendida por la Provincia de Arauco, VIII Región y la IX, X y XI Regiones, y en la que se define, en su art. 1, “Tierra de hojas” como “Todo aquel material vegetal proveniente principalmente de bosque nativo y colectado desde la capa superior del suelo, formado por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta, en el que aún se podría identificar su origen biológico.”

5° Que, por aplicación de los principios generales del derecho y siguiendo los criterios y directrices de Conaf respecto de la tierra de hoja es necesario distinguir la condición o cali-dad del terreno del cual se pretenda ex-traer la tierra de hoja, en función de lo cual habrá que atender a si el suelo es de dominio público o privado.

6° Que, tratándose de un predio particular, al propieta-rio lo ampara el derecho de propiedad, regulación contenida fundamentalmente en el Código Civil. En virtud de ella, ningún tercero ajeno puede extraer tierra de hoja a ningún elemento material del terreno sin la expresa autorización del titular del dominio, y éste a su vez, podrá hacer uso, goce y disposición del suelo a su arbitrio, respetando desde luego las regulaciones legales.

7° Que, tratándose de los predios fiscales, se debe con-tar con permiso del Ministerio de Bienes Nacionales en su calidad de propietario de estos predios. En tanto, tratándose de bienes públicos bajo administración municipal corresponderá a este organismo otorgar el referido permiso.

La extracción de tierra de hoja en estos terrenos, podría generar responsabilidad civil y penal sobre el sujeto involucrado por su eventual responsabilidad extracontractual y por los delitos de usurpación o daños.

En el caso de un área protegida, entregada a la tuición de Conaf u otro organismo, las normas que regulan la extracción de elementos adheridos al suelo deberían estar contenidas en el respectivo plan de manejo de la unidad en cuyo caso habrá que estar a lo que ese ins-trumento indique. En estos casos, se deberá consultar el estatuto del área establecido en la ley, o en el reglamento respectivo, si existen, y lo establecido indicativamente por la ley Nº 18.362, que si bien no se encuentra actualmente vigente, refleja la política del Estado en esta materia. Al efecto, dentro de las prohibiciones dispuestas por el artículo 25 en dicho cuerpo legal, figura la de “Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra”.

8° Que, la materia, hemos dicho, sigue sin regulación. Se ha propuesto modificar la ley orgánica del SAG, por ejem-plo, para entregarle a ellos competencias en la extracción de tierra de hojas; por otra parte, el tema estaba abordado en la propuesta de ley de Conservación de Suelos, en el grupo de trabajo coordinado por Conama, iniciativa que no prosperó.

9° Que, mediante el presente proyecto de ley no se aspira a más que regular, de manera muy directa y simple, las extracciones abusivas de tierra de hoja, sancionando a todo tipo de personas, naturales, jurídicas o comunidades, inclusive si han tolerado que el hecho ilícito se comenta, esperando que en un futuro no muy lejano se regule in extenso la conservación de los suelos y de los recursos naturales no maderables.

Por lo tanto,

Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente

PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO 1. Es deber del Estado proteger los suelos del territorio nacional, la tierra de hoja y sus diversos elementos naturales constituyentes, y asegurar su adecuada y racional utilización.

Tierra de hoja, es todo aquel material vegetal proveniente, principalmente, de bosque nativo y colectado desde la capa superior del suelo, formado por la hojarasca no descompuesta o incipientemente descompuesta, en el que aún se pueda identificar su origen biológico.

ARTÍCULO 2. No podrá efectuarse extracción o aprovechamiento de tierra de hoja sin que previamente se haya obtenido la aprobación de un plan de manejo.

ARTÍCULO 3. Cuando la extracción o aprovechamiento de tierra de hoja se efectúe en suelos frágiles, de alto valor natural o paisajístico o por proyectos o actividades de dimensiones industriales de acuerdo a la ley Nº 19.300, se deberá someter la actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental.

ARTÍCULO 4. Las personas naturales, jurídicas, comunidades o asociaciones de cualquier naturaleza, que extraigan, aprovechen o comercialicen tierra de hoja deberán estar debidamente registradas y autorizadas por la autoridad competente.

ARTÍCULO 5. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas por los juzgados de Policía Local con multa de 10 a 1000 UTM, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Los dueños de predios en los que se extraiga suelos o tierra de hoja deberán contar con las autorizaciones que establece esta ley y exigirla respecto de todo aquel que ejecute este tipo de actividades, so pena de incurrir y aplicárseles por este hecho las mismas sanciones que correspondan a los autores de la infracción.

ARTÍCULO 6. Se concede acción popular para la denuncia de las infracciones a la presente Ley.