Labor Parlamentaria

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Investigadora pasa a informaros, acerca de los estudios realizados, respecto de las denuncias formuladas por la ex Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la VI Región y de otras regiones del país.

I. ACUERDO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

En la sesión 106ª ordinaria, de la 356ª legislatura, celebrada el jueves 20 de noviembre de 2008, mediante el oficio N° 7.816, la Cámara de Diputados en virtud del artículo 229 del reglamento de la Corporación, aprobó constituir una Comisión Investigadora, que se encargara de estudiar las denuncias formuladas por la ex Seremi de Obras Públicas de la VI Región.

La petición fue patrocinada por los Diputados señores Aedo ; Alinco ; Araya ; Ascencio ; Barros ; Bauer ; Becker ; Bertolino ; Bobadilla ; Cardemil ; Cristi , doña María Angélica ; Chahuán ; Delmastro ; Díaz, don Eduardo ; Dittborn ; Enríquez-Ominami ; Errázuriz ; Escobar ; Forni ; Galilea ; García ; Godoy ; Isasi , doña Marta ; Jarpa ; Jiménez ; Lobos; Lorenzini ; Moreira ; Mulet ; Olivares ; Palma ; Paya ; Pérez , doña Lily ; Recondo ; Rojas ; Rubilar , doña Karla ; Salaberry ; Sepúlveda, don Roberto ; Sepúlveda , doña Alejandra ; Sule ; Turres , doña Marisol ; Uriarte ; Urrutia ; Valcarce , doña Ximena ; Valenzuela ; Vargas ; Verdugo ; Von Mühlenbrock y Ward , quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 Nº 1 letra c), de la Constitución Política de la República, solicitaron la “Creación de una Comisión Investigadora para que investigue las denuncias sobre corrupción, que se habrían producido en la Región de O’Higgins y en otras regiones del país”.

Los patrocinantes de la petición, argumentaron que en la VI Región de O’Higgins, no había por parte del Ministerio de Obras Públicas una reacción a nivel institucional, para aclarar la denuncia hecha por la ex Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, señora Beatriz Valenzuela , de revisar en detalle las políticas de adjudicaciones y la fiscalización de obras, y proceder a investigar en profundidad los procedimientos internos que tenía dicho Ministerio para aclarar las denuncias efectuadas. El interés que tenía la ex Seremi, era que se efectuara una investigación sobre los hechos ocurridos para que el Ministerio entregara una respuesta a nivel institucional en pro de la transparencia y que, en definitiva, se pudieran dilucidar las eventuales responsabilidades políticas de las autoridades correspondientes.

El texto que dispuso la creación de la Comisión Investigadora, para abocarse al estudio de esta materia, es del siguiente tenor:

“Que la denuncia de la ex Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de la Sexta Región , Beatriz Valenzuela , se ha traducido en la detención, por orden de la Fiscalía, de funcionarios, ex funcionarios y representantes de empresas, que implicaría una red de coimas en los contratos de mantención de caminos que sumarían más de cinco mil millones de pesos.

Que los hechos ocurridos son de tal gravedad, ya que se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso GATE y por denuncias similares realizadas en la Región de la Araucanía, que culminaron con funcionarios destituidos por abultar contratos, avalar trabajos no realizados o mal hechos, entre otras malas prácticas.

Que la denuncia de la señora Beatriz Valenzuela , realizada por su coraje, a pesar de las “presiones” que recibió, según sus propias palabras, muestra un sinnúmero de carencias estructurales y falta de respuesta institucional, más allá del apoyo dado por el Ministro Bitrán a su denuncia del año 2007.

a.- La ex Seremi apenas asume su cargo en marzo del año 2006 cuestiona los abultados contratos de ampliación de obras de la empresa Pilén, pero, desde el nivel central, se le ordena visarlos.

b.- No obstante los cuestionamientos al señor Aldo Rossi , visitador técnico y luego nombrado Jefe Nacional de Mantención , éste continuó en el Ministerio. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios superiores sindicados por la ex Seremi, los cuales siguieron en sus cargos.

c.- El Ministerio no ordena detener los contratos de las empresas cuestionadas. No obstante, incluso la ex Seremi recibe amenazas por sus solicitudes de investigación de los hechos. Se recabaron nuevos antecedentes que avalaron la denuncia realizada al Ministerio Público, pero las empresas siguieron en el sistema, por una mal comprendida teoría de que “hay que esperar los veredictos de la justicia”, con lo cual se perdieron dos años de limpieza institucional.

d.- Los cuestionamientos al señor José Miguel Zurita , ex Jefe de Vialidad de O’Higgins , donde ocurrieron las irregularidades, cuya petición de remoción del mismo por parte de la ex Seremi no se traducen en sumarios clarificadores, produciéndose su posterior contratación como asesor en el área de aeropuertos.

e.- El Gobierno no coloca urgencia al proyecto de modernización del Ministerio, incluyendo una Superintendencia que fiscalizara con mayor celo la transparencia y la calidad en las adjudicaciones y obras. Hay una omisión lesiva evidente.

f.- Tampoco se hace auditoría a las ampliaciones de contratos en todas las regiones, ni se generan comités plurales para adjudicar, ni se indaga respecto a las declaraciones de bienes de los funcionarios, ni al origen de las empresas adjudicatarias, entre otras “buenas prácticas” necesarias ante la evidencia de las denuncias y la necesidad de un mayor celo administrativo.

Que la Constitución Política de la República establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, en su artículo 52, N° 1, letra c): “Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.”

Que por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos la creación de una Comisión Investigadora que tenga por objeto principal investigar, en el plazo de sesenta días, las denuncias sobre corrupción en la Región de O’Higgins y otras regiones del país y la falta de reacción institucional del Ministerio de Obras Públicas; cooperar en aclarar los hechos que reviste la denuncia de la ex Seremi Beatriz Valenzuela; revisar en detalle las políticas de adjudicaciones y la fiscalización de obras del Ministerio de Obras Públicas, y proceder a investigar en profundidad los procedimientos internos de dicho ministerio ante denuncias y la adecuada respuesta institucional pro transparencia. Todo ello con el fin de dilucidar las eventuales responsabilidades políticas de las autoridades correspondientes.”

La Cámara de Diputados acordó integrar la Comisión Investigadora, con los siguientes señores Diputados:

Barros Montero, don Ramón

Bauer Jouanne, don Eugenio

Becker Alvear, don Germán

Escobar Rufatt, don Álvaro

Isasi Barbieri , doña Marta

Paredes Fierro, don Iván

Paya Mira, don Darío

Quintana Leal, don Jaime

Sabag Villalobos, don Jorge

Sule Fernández, don Alejandro

Tuma Zedán, don Eugenio

Valcarce Becerra , doña Ximena , y

Venegas Cárdenas, don Mario .

II. LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.

Para el cumplimiento de la tarea encomendada por la H. Corporación, la Comisión abordó su tarea sobre la base de un plan de trabajo propuesto por los Diputados miembros de ella. En virtud del mismo, durante su funcionamiento, citó y escuchó a diversos personeros, quienes la ilustraron sobre aspectos legales, técnicos y administrativos del problema.

Dieron su opinión sobre el tema investigado las siguientes personas:

-La ex Secretaria Ministerial de Obras Públicas de la VI Región , señora Beatriz Valenzuela Van Treek .

-El ex Ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán Colodro .

-El ex Director de Vialidad , señor Vicente Pardo .

-La Auditora del Ministerio de Obras Públicas, señora Carolina Parraguez, y

-El Ministro de Obras Públicas , señor Sergio Bitar Chacra .

III. ANTECEDENTES GENERALES.

A. Antecedentes recopilados del diario “El Rancagüino”.

Según lo señalado en el diario “El Rancagüino, que es un periódico de la VI Región, en la investigación de los hechos, se encuentra involucrado el señor Miguel Vásquez , que era jefe de Conservación Regional del MOP VI Región , quién le ofrecía al dueño de la “Constructora Pilén”, señor Francisco Olave “algunos negocios”, solicitándole a cambio, la “carátula” de la empresa Pilén. En recompensa de esto, el señor Olave le ofrecía el pago del 3% o 4% de las utilidades que dejaría la licitación. Agrega el periodista, señor Ariel Ramos , que en el mes de noviembre del año 2006, el MOP llamó a concurso para ejecutar la obra “Conservación Global de Caminos Pavimentados Sector Central Cachapoal VI Región”, por un monto superior a los mil seiscientos millones de pesos y que a dicho llamado -previo concierto- se presentó la empresa Pilén , representada por el señor Olave . Se indica que debido a la información privilegiada con que contaba la empresa Pilén , se adjudicaba los contratos con ofertas más bajas y que luego aumentaba el precio de las obras.

Se plantea que la empresa Cigda y la empresa Codao , fueron las que ejecutaron las obras. Además se indica, que esto se hizo con el pleno conocimiento del señor Aldo Rossi , quien tenía un alto cargo en el Ministerio de Obras Públicas y que a raíz de ello, el señor Rossi , se constituyó en el nexo que hubo entre el señor Vásquez y el señor Olave .

Agrega el periódico, que en el mes de diciembre de 2006, estas mismas personas se adjudicaron un segundo contrato de Conservación Global de Caminos en Colchagua, Primera Etapa VI Región, por un monto de $1.300 millones de pesos, operando de idéntico modo. Se añade que, con el objeto de ocultar los ilícitos, se reclutó a dos inspectores fiscales: el señor Patricio Agurto Fuentes y un segundo funcionario cuyo nombre no se indica. Se comenta que ambos funcionarios se desempeñaban en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la VI Región de O’Higgins. Además, dichos funcionarios tenían dentro de sus funciones el justificar los contratos y establecer los aumentos de obras de los contratos. Razón por la que llevaron al Fisco, a pagar montos superiores a los $340 millones de pesos por cada contrato y lo más grave de esto, es que los trabajos no se realizaron. También se señala que dichos funcionarios, en conjunto con el ingeniero visitador, señor Rossi , eran los encargados de acreditar que las modificaciones de los contratos contaban con la aprobación de la Dirección de Vialidad Rancagua y de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por otra parte, se plantea en el diario que los señalados funcionarios contaban con otro integrante, abogado, que también era funcionario público y que era la persona encargada de dar el visto bueno, de las operaciones para la realización y materialización de las obras. Se agrega que también reclutaron a una mujer del Departamento de Contratos de la Dirección de Vialidad en Rancagua, cuya función era realizar las coordinaciones básicas entre cada integrante. Ella recibía instrucciones de Aldo Rossi, de Vásquez, de Arroyo y del abogado. Otro factor importante era mantener en la clandestinidad a la organización, según lo estableció la Fiscalía en la formalización de los cargos, labor que era desarrollada por el señor David Arroyo . Éste era el representante de la Constructora Pilén Ltda. ante el Ministerio de Obras Públicas de la VI Región, y además, ejercía el rol de ingeniero residente. También se encargaba esta persona, de concretar las acciones ideadas por el señor Vásquez junto a los inspectores fiscales, sobornando a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, para que realizaran sus trabajos aparentemente normales y con ello, no les dificultaran las obras, ordenándoles incluso que se ausentaran de la fiscalización y de las visitas a éstas. Además, les efectuaba pagos de combustibles con vales y en efectivo. Estos pagos tenían la denominación de “chocolates”.

IV. EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS INVITADAS A LA COMISIÓN.

A. La ex Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la VI Región , señora Beatriz Valenzuela Van Treek .

Inició su exposición señalando que ha concurrido a la invitación que le hizo llegar la Comisión, para ayudar a esclarecer ciertas situaciones que han sido difíciles para el Ministerio de Obras públicas y que, lamentablemente, aún siguen sucediendo.

Explicó que asumió el cargo de Seremi de Obras Públicas de la VI Región, el 5 de abril de 2006, siendo Ministro de Obras Públicas , el señor Eduardo Bitrán y que presentó la renuncia a dicho cargo, el 9 de enero del año 2008, la cual fue aceptada por el actual Ministro , señor Sergio Bitar , el 31 de marzo de ese año. Añadió que su renuncia no estuvo directamente relacionada con los hechos denunciados.

Señaló que cuando asumió la Secretaría Regional Ministerial, lo que primero captó, era que existía un gran desorden administrativo en la Dirección Regional de Vialidad. Captó que algo estaba pagado y no sabía cómo lo habían pagado. Una de las primeras medidas que adoptó, fue recibir en audiencia a los trabajadores de la Dirección Regional de Vialidad y a las agrupaciones de funcionarios públicos. En ese momento, ellos le manifestaron una gran preocupación por el conocimiento que tenían, de una auditoría que se había realizado en el período 2005-2006, en la que se descubrió, que existían muy malas prácticas en la ejecución de compras fragmentadas, situación que permitía evadir las autorizaciones que se debían otorgar. Si uno se pasaba de cierto monto, debía necesariamente acudir a la Dirección Nacional de Vialidad. Además, los funcionarios establecían un abultamiento constante de contratos en ciertas empresas. Este hecho se lo comentó en su oportunidad al ex Ministro Bitrán . Agregó que una de las informaciones que arrojó la investigación de la auditoría que hizo a más de 10 contratos en la región, fue que el contrato global de conservación de caminos se iniciaba con un valor determinado y que a los tres meses, en la mayoría de ellos, había aumentos de obras en un 30 ó 40 por ciento. Era una práctica habitual, y el ex Ministro Bitrán dijo que eso no se podía hacer. Quizá, podría haber un aumento de un 10 ó un 20, pero no de un 48 por ciento. Subrayó no estar haciendo un juicio, sino sólo relatando los hechos.

Cuando asumió el cargo, el Seremi que estaba en calidad de subrogante, que es una persona de carrera en el Ministerio, le manifestó su preocupación respecto a que en la Dirección Regional de Vialidad, habían actuaciones irregulares y que, en el período de subrogación, él debía asumir responsabilidades de ciertas autorizaciones que se daban para realizar trabajos, sobre las cuales tenía muchas dudas, sobre todo con los convenios que se celebraban con los municipios para el mejoramiento de caminos. Agregó que el principal riesgo que había en la Seremi, era respecto de los contratos de conservación de caminos. Consideró que ése es el gran tema, por el que le tocó efectuar una denuncia, específicamente respecto de los contratos globales y por la compra de suministros para la conservación de caminos.

Señaló que le correspondió revisar la modalidad que tenía la Dirección Regional de Vialidad al respecto, y efectivamente constató que había una práctica para estudiar los convenios que no era la adecuada, especialmente en aquellos celebrados con los municipios en la que la Dirección Regional de Vialidad, obligaba a éstos a contratar una de las tres empresas que la Dirección proponía. Al firmar el convenio, en éste estaba incorporado el nombre de tres empresas, lo cual no corresponde, porque un organismo estatal no puede hacer este tipo de recomendaciones y porque los municipios tienen su forma y marco legal para funcionar. Por otro lado, no corresponde promover, ni auspiciar la contratación de una de las tres empresas, que explícitamente se ponían en dichos convenios.

Observó otros problemas que existían en la región. La Dirección Regional de Vialidad tiene un presupuesto año a año, que es fijo y conocido por todos para construir caminos básicos rurales, cuyo promedio de kilómetros anuales era bastante elevado, por lo que el Director Regional de Vialidad debió resolver sobre la gran demanda que se produjo, para construir caminos básicos. Había más de 700 kilómetros de compromisos contraídos, lo que le significó tener un período de tres meses de audiencias, debiendo recibir a comités de pavimentos de caminos rurales, para exigir el cumplimiento de las promesas. Al respecto, le tocó dar muchas explicaciones, en razón que la realidad presupuestaria regional establecía un monto determinado de dinero, con lo que sólo alcanzaba para hacer 100 kilómetros de caminos básicos y no 700 u 800 kilómetros, como era lo que se pretendía.

Lo que se descubrió en la Dirección Regional de Vialidad, es que los comités exigían un pago similar al pago de los pavimentos participativos que efectúa el Minvu; sin embargo, éste no era obligatorio, ni tampoco estaba en ningún reglamento.

Indicó que al respecto, los comités de caminos básicos pedían 1 ó 2 millones. Agregó que, si bien pudo haber buenos propósitos involucrados, el problema observado en la región estableció que las platas las pedían, pero ingresaban directamente a la Dirección Regional de Vialidad, lo cual generaba un desorden porque lo que correspondía era canalizarlo a través de la Dirección de Finanzas del Ministerio. A su vez, esos dineros no se habían ocupado en los caminos que ya se habían construido.

Al respecto, señaló que sobre la reasignación de dineros es el Ministerio de Hacienda el que puede resolverlos, por lo tanto, no es la Dirección Regional de Vialidad la encargada de reasignar fondos, para la conservación de los caminos que ya se han ejecutado. Todo este desorden lo debió solucionar en los tres primeros meses.

Entregó a la Comisión una carpeta con las copias de las respectivas resoluciones sin firmar, que ascienden a un total de 13, de un contrato vigente de conservación de caminos en la región, con la empresa Pilén , que está radicada en la ciudad de Arica.

En relación con el tema, manifestó su interés de entrar al contexto de la denuncia realizada. Al respecto señaló que, cuando tomó conocimiento de éstos contratos, su primera reacción fue cómo regularizarlos, ya que se trataba de obras que se habían pagado sin que el acto administrativo de resolución se hubiese realizado, teniendo en cuenta que todas estas resoluciones eran de un año y medio atrás. Se trataba de obras ejecutadas, en las que no se adoptaron ciertos procedimientos. Se trataba de contratos de conservación de vialidad, los que tienen un inspector fiscal de la Dirección Regional de Vialidad, el que tiene la obligación de ir a terreno por reglamento, para que verifique que el contrato que establece la conservación del camino, se haya ejecutado efectivamente. Por lo tanto, todas estas resoluciones de obras que supuestamente estaban ejecutadas, que eran de un año y medio atrás, que debían estar firmadas por el Seremi, no se habían firmado. Agregó que eran obras de las que no tenía ninguna constancia que estuvieran ejecutadas, pero como Seremi recién asumida, se planteaba por qué debía firmar algo que no le correspondía.

Le hizo ver al Subsecretario de Obras Públicas , señor Eduardo Saldivia , el problema que tenía y le consultó cómo podría solucionarlo. Al respecto, el Subsecretario le señaló lo siguiente: “yo que tú no los firmo”. Sin embargo, reiterada la petición de ayuda, no tuvo solución.

Posteriormente, le hizo saber sus inquietudes al Director Nacional de Vialidad , porque no tenía ninguna constancia que dichas obras se hubieran ejecutado. Además le hizo presente otro tipo de desórdenes de los cuales se había percatado y otros más, que conoció en la Dirección Regional de Vialidad. Agregó que el entonces Director Nacional de Vialidad , señor Vicente Pardo , le respondió con un informe jurídico, que incluía el informe del jefe de la Unidad de Conservación de Caminos de la época, señor Aldo Rossi . La información decía que no había inconvenientes, por cuanto la persona que debía fiscalizar la región, señaló que las obras de conservación se habían realizado en el período anterior. Por lo tanto, esta Seremi debía cursar las firmas de las resoluciones respectivas.

Explicó que en el período que envió las resoluciones a la Dirección Nacional de Vialidad, entre junio y octubre de 2006, recibió un llamado telefónico, el 12 de septiembre de 2006, a las 07.55 horas, por parte de una persona que dijo ser asesor de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , e hizo una cantidad de afirmaciones, por las cuales, notó que tenía pleno conocimiento de los estudios de postgrado, postítulo y doctorado que tenía, es decir, al parecer la conocía bastante bien a ella y a su familia. Dijo llamarse Julio Matus . El asunto es que en ese momento se encontraba con el entonces Intendente de la VI Región, señor Héctor Leiva , le contó lo que le había sucedido, dado que como Seremi, aún no firmaba las resoluciones de la empresa Pilén , y por qué las firmas estaban detenidas. Ella respondió que no le podía dar mayores antecedentes, por cuanto, era la Dirección Nacional de Vialidad, la que estaba encargada de resolver el problema.

Posteriormente, en el mes de octubre de ese año, recibió la respuesta del Director Nacional de Vialidad, a través de un oficio, en el que el Director señalaba que, revisados los antecedentes por parte de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad se concluyó que existieron, por parte de la Dirección Regional de Vialidad atrasos y errores administrativos en la confección de las actas de recepción mensual, los cuales habrían sido subsanados por esa Dirección Regional. A su vez, la Subdirección de Mantenimiento indicó estar elaborando un instructivo a manera de confirmar que sólo se trató de un atraso en la confección de las actas.

Indicó que el Subdirector de Mantenimiento , señor Mario Anguita , quién dependía directamente del Director Nacional de Vialidad de la época, señor Vicente Pardo , encargó que el ingeniero visitador, señor Aldo Rossi , recorriera la totalidad de la red del contrato, con el objeto de verificar que las obras contratadas estuvieran ejecutadas. Se concluye, que las obras se llevaron a cabo y se le solicita, en su calidad de Seremi, sancionar el acto administrativo, es decir, firmar todas las resoluciones. Para resolver esta situación, le pidió al Director Regional de Vialidad que estipulara expresamente que se estaba regularizando una situación determinada y que señalara las razones del atraso. Así se estipuló en la resolución, por lo que definitivamente firmó los respectivos contratos y con ello se regularizaron dichos contratos que estaban pendientes. Posteriormente le informó al ex Ministro Bitrán , de todos lo desórdenes que le tocó conocer, instruyendo al Director de Vialidad Regional , señor José Miguel Zurita , para que ordenara una auditoría interna en la Región respecto de una cantidad de contratos, incluyendo a los de la empresa ALCA, por la conservación de caminos.

Agregó que la auditoría se hizo en el año 2006 y se concluyó en marzo de 2007. Por lo que le solicitó al Director Nacional de Vialidad una copia de dicha auditoría. En ese momento, había asumido la Dirección Nacional de Vialidad el señor Carlos Rubilar y nunca le entregaron el resultado. Motivo por el cual, se consiguió una copia a través de otro medio.

La auditoría determinó que el señor Aldo Rossi estaba vinculado a la empresa Pilén , de Arica, antes de llegar al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad. Añadió, que dicha auditoría, no es la única que se hizo en la región, en la cual se estableció una gran cantidad de irregularidades por escrito. Posteriormente, hizo una denuncia, no por irregularidades, sino por delitos, que están en una declaración que hizo ante el Ministerio Público, por lo que concluyó que se trataba de ilícitos de mayor envergadura. Lamentablemente, no puede explayarse más al respecto, por cuanto, está en la declaración que hizo en la Fiscalía y la causa denunciada se vincula al lavado de dinero. Por lo tanto, el Ministerio Público le ha señalado, que hay hechos que no puede expresar directamente. Agregó que la denuncia se planteó en base a una presunción, que había una red de corrupción de empresas coludidas con funcionarios públicos. La presunción de delito tiene relación con el abultamiento de contratos y otros hechos que reiteró que no puede seguir comentando, porque son parte de las declaraciones hechas en el Ministerio Público.

Explicó que en octubre del año pasado, procesaron a cinco personas, entre ellas, al señor Aldo Rossi , ingeniero visitador, encargado de fiscalizar los contratos de conservación de caminos de la Dirección Regional de Vialidad desde la Dirección Nacional de Vialidad y al señor Miguel Vásquez que era el jefe de Conservación de Caminos de la Dirección Regional de Vialidad. Agregó que, según lo manifestado por el Ministerio Público, los montos involucrados en estos hechos de corrupción alcanzan a alrededor de cinco mil millones de pesos. Ése es el monto revisado, lo que no significa que sea el monto sustraído. En la región hay otros nueve funcionarios involucrados en la red de corrupción.

Planteó que la decisión de denunciar los hechos señalados, fue tomada por el ex Ministro Eduardo Bitrán , por la auditora nacional del Ministerio de Obras Públicas, señorita Carolina Parraguez , y por esta ex Seremi, dada la gravedad de lo ocurrido en el Ministerio de Obras Públicas de la VI Región.

En síntesis, se pudo constatar un gran desorden en la Dirección Regional de Vialidad. Además, la gestión del ex Director Regional de Vialidad , José Miguel Zurita , fue bastante defendida por ciertos parlamentarios de la región. Agregó que, a su juicio, él fue directamente responsable de ese desorden, aunque no le corresponde juzgar si lo fue también de los ilícitos, pues se sabe que los funcionarios y los inspectores fiscales dependen directamente de la Dirección Regional de Vialidad.

Señaló a continuación, que en octubre de 2006, el entonces Director Nacional de Vialidad , don Vicente Pardo , decidió sacar de su cargo al Director Regional de Vialidad , don José Miguel Zurita , quien fue trasladado a Santiago a un área de ingeniería que no está vinculada a contratos, sino más bien a trabajos técnicos. Agregó la ex Seremi, que tuvo conocimiento que el Diputado señor Juan Carlos Latorre , promovió entre los parlamentarios de la región un apoyo escrito a favor del señor Zurita . Además, es del caso recordar, que el señor José Miguel Zurita , fue la persona a quien los funcionarios públicos, a través de sus gremios, sindicaron como el responsable de determinados hechos, como las compras fragmentadas de suministros.

Recordó que cuando la nombraron Seremi, se le solicitó que estudiara una reunión de trabajo, para implementar un plan de Infraestructura para la Competitividad, lo que se estimaba que era de gran importancia para el desarrollo de la región. A raíz de lo cual, realizó varias reuniones con los empresarios de la región, en el Club de Campo Los Lirios, para analizar temas como el desarrollo productivo e inversiones futuras en infraestructura, que era considerado de bastante importancia. Ese plan fue suscrito posteriormente con la Presidenta de la República . La reunión con los empresarios, era de gran importancia, ya que ellos aportan el 80 por ciento del producto interno bruto de la región. Se hicieron mesas de trabajo con los pescadores, con los agricultores y con los trabajadores forestales. A la reunión concurrieron parlamentarios de la zona, el gerente de Buses Lit, el empresario Carlos Cardoen , Ramón Arrau , de Agrosuper, representantes de la Corfo, exportadores de frutas y otros más.

Por otra parte, expresó que provocó un gran impacto en el equipo de trabajo que es el responsable de la conservación de caminos y de las obras de infraestructura de la región, el hecho de que llegara una carta del señor José Miguel Zurita , ex Director Regional de Vialidad , en la que manifestaba su gratitud al Ministerio de Obras Públicas, porque fue nombrado jefe de gabinete de la Directora Nacional de Aeropuertos, después de que fuera sacado de la región. Esta situación, fue tomada con gran malestar por los funcionarios de la región, porque entendieron que el Director removido, fue objeto de un ascenso.

Señaló que a juicio de esta ex Seremi, lo ocurrido con el ex Director Regional de Vialidad , fue una mala decisión, pues se tenía la intención de poner orden en todas las actividades que les tocaba realizar, con un espíritu colaborativo, ético y apegado a la probidad. Sin embargo, todos se enteraron que este señor fue finalmente ascendido. En efecto, en un oficio enviado con copia a todos los Seremis del país, se indicaba que el señor Zurita había sido nombrado jefe de gabinete de la Directora Nacional de Aeropuertos , señora Yazmín Balboa .

Al respecto, le pareció indispensable hacer llegar un correo al ex Ministro Bitrán , con fecha 3 de julio de 2007, en el que le hizo un resumen de lo que a juicio de la ex Seremi, ocurría en la región.

Por lo tanto, le pareció de gran importancia que esta Comisión Investigadora conociera su texto, del siguiente tenor:

“ Ministro Eduardo Bitrán :

No me deja de sorprender cómo en este Ministerio ascienden a personas vinculadas a malas administraciones, con grandes desórdenes administrativos, con sumario reabierto, con cargos en curso. Lo explicito: he sido informada a través de oficio de la directora Nacional de Aeropuertos que el ex director Regional de Vialidad , José Miguel Zurita , ha sido nombrado como su jefe de gabinete.

A saber, es de su responsabilidad:

Desórdenes administrativos en un contrato de conservación de caminos en esta región con la empresa Pilén , con domicilio en Arica, con un contrato con 48 por ciento de aumento en su contratación inicial. En más de un año no se dictó ninguna resolución de recepciones, situación regularizada administrativamente; sin embargo el funcionario que hace el informe que avala la ejecución de estas obras es un ex socio de esa empresa, que actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Vialidad, Aldo Rossi , visitador de esta región. Le he solicitado al director Regional de Vialidad que solicite su cambio. Solicitaré al fiscal evaluar acciones administrativas.

Obras de caminos terminadas sin firmas de convenios con municipios. Se solicitó investigación.

Robo de 26 mil litros de combustible; denuncia en Ministerio Público, sumario terminado.

Robo de pintura de demarcación; denuncia en el Ministerio Público.

Sumario administrativo cursado, donde al funcionario José Miguel Zurita se propone aplicarle la medida disciplinaria de multa de un 15 por ciento de su remuneración mensual, con anotación de demérito de 3 puntos. Este sumario se reabrió y el nuevo fiscal estaría dentro de estos días formulando nuevos cargos. El funcionario declaró en el sumario que estas compras fragmentadas se hicieron ‘en un momento de gran presión social y de compromisos previamente adquiridos con la comunidad local y nacional, como lo es en un período pre-eleccionario’.

Auditoría realizada a 11 contratos de la Dirección Regional de Vialidad, donde se detectó lo siguiente:

‘Del examen realizado, podemos concluir lo siguiente:

1. Deficiencia en la fiscalización de los contratos y en el debido resguardo del interés fiscal por parte de la Inspección Fiscal, por las siguientes razones:

1.1. En el contrato denominado Conservación de Caminos Básicos Varias Comunas, Sectoriales III 2005, provincias de Cachapoal y Colchagua, el ingeniero residente de la constructora cumple funciones paralelas en otro contrato de conservación global.

1.2. En el contrato de Conservación Global de Caminos Pavimentados, III Etapa, Provincia de Cachapoal , sector Central, la Inspección Fiscal y la Comisión de Recepción Única no realiza una eficiente fiscalización de las obras ejecutadas por el Contratista.

1.3. En este mismo contrato se detectó que el ingeniero residente era funcionario municipal hasta el 14 de febrero de 2007, fecha del decreto municipal que acepta la renuncia, lo que implica que desde la fecha en que la resolución de adjudicación fue tramitada -08 de diciembre de 2006-, la entrega de terreno -09 de enero de 2007- y su renuncia no era de dedicación exclusiva para el contrato de Conservación Global como lo estipulan las bases.

1.4. Las Bases Administrativas de la Conservación Global de Caminos, comunas de Pichilemu y Paredones , VII Etapa, Provincia de Cardenal Caro, no exigen al contratista un laboratorio de faenas con sus profesionales respectivos.

2. Los documentos de licitación no establecen motivos fundados para evaluar en un solo acto las ofertas técnicas y económicas.

3. Las modificaciones de obras se realizan sin la revisión y aprobación de una mesa de negociaciones que avale los aumentos y disminuciones de obras.

4. No todos los contratos cuentan con el Acta de Reunión Inicial del Laboratorio de Autocontrol y tampoco se dispone del acta de evaluación de dicho laboratorio elaborada por el Laboratorio Regional de Vialidad, estipulado en las bases.

5. De los antecedentes vistos no se puede establecer si la inspección fiscal exige al contratista en forma rigurosa los certificados de ensaye elaborados por el autocontrol.

6. De acuerdo al análisis realizado, se puede observar que se realizaron operaciones de administración directa en rutas y kilómetros contratados para la conservación global y/o camino básico, lo que permitiría el desvío de recursos fiscales, dejando de atender caminos de la red provincial para realizar operaciones contratadas a empresas.

7. No se informa al Jefe Provincial de los contratos de conservación global en ejecución que se desarrollan en su provincia.

El detalle de las observaciones presentadas y las recomendaciones para subsanar las debilidades de control detectadas se presentan en el informe de auditoría adjunto.

Además, en el presente informe se incluyen algunas de las observaciones detectadas como resultado de la auditoría realizada a la gestión administrativa de los contratos de las Empresas Constructoras ALCA Ltda., Pilén , que fue desarrollado por la auditora, señora Marilyn Bravo Barril , profesional perteneciente a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Sexta Región. En el anexo Nº 9 se adjunta el informe completo con los resultados de esta revisión.

1. Omisión de obra en documento A) propuesta técnica:

En los antecedentes incluidos por el proponente, de acuerdo al RCOP art. 76, letra a), “nómina de la totalidad de las obras ya iniciadas o por iniciarse que tenga contratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de apertura de la licitación”, se omitió la obra adjudicada según resolución Nº 184, de fecha 18 de octubre de 2006, tramitada el 02 de noviembre de 2006.

2. Duplicidad de listado de profesionales que actuaran en la obra a tiempo completo, documento e) propuesta técnica:

Revisados los antecedentes se pudo establecer que en el listado de profesionales presentados por el proponente empresa ALCA Ltda., para las licitaciones “Conservación Global de Caminos Provincia de Colchagua, VII Etapa, Sexta Región” y “Conservación Global de Caminos Comuna de Pichilemu y Paredones, VII Etapa, Provincia de Cardenal Caro, Sexta Región ”, actas de apertura realizadas en un solo acto el día 3 de noviembre de 2006, a las 10 y 11 horas, respectivamente, consideró como profesional de tiempo completo en ambas licitaciones al profesional laboratorista clase “A”, señor Osvaldo Riveros Riveros .

En vista de los hallazgos detectados y considerando el efecto real y/o potencial que generan las debilidades de control detectadas, somos de la opinión de que se instruya iniciar una investigación sumaria y determinar las responsabilidades administrativas en el caso de que corresponda.’.

Promesas realizadas por el ex director a más de 270 comités de caminos rurales básicos de construcción de obras que suman una demanda de más de 700 kilómetros. Hemos tenido que pedir disculpas y buscar solución. Las personas están enojadas con el MOP por falsas promesas. Es un problema que hemos asumido y que le costará al MOP y al GORE financiar estos caminos con 16 mil millones de pesos de inversión (aclaró que en vez de 16 mil millones de pesos de inversión fueron finalmente 23 mil millones de pesos).

Caminos rurales construidos en caminos no públicos o en sectores urbanos. Quejas de caminos que aún no se inauguran y están en mal estado.”

Señaló que en realidad, hay muchas otras cosas que fueron ocurriendo. En el intertanto los amenazaron. Luego de interponer la denuncia, en abril o mayo de 2007, el Ministerio Público les pidió a las tres personas que tenían la información, no hacer comentarios, en virtud de la investigación, a fin de que dicho ministerio trabajara sin problemas. Agregó que a su juicio, lo hizo muy bien. Pero después fueron objeto de acoso. Incluso, hubo daños y destrozos en la casa del padre de la Auditora Nacional del MOP, previo aviso, un mes antes. Entraron a la casa de su padre, que vive en Convento Viejo, en Chimbarongo, en un lugar de difícil acceso; destrozaron la casa y no se llevaron absolutamente nada.

Indicó que si bien no tiene conocimiento con exactitud de las acciones que tomaron, lo que sí tiene claro es que aún no se han adoptado todos los resguardos necesarios. Los contratos de Conservación de Caminos de la Dirección de Vialidad siguen siendo vulnerables a este tipo de red de corrupción.

Señaló que no es posible que la Dirección Regional de Vialidad tenga un auditor, a ser evaluado por su mismo Director. Eso es algo que no puede seguir siendo así, tiene que haber un auditor regional, que no tenga relación ni sea evaluado por las mismas personas que tenga que auditar. Recalcó que debe estar fuera de todo.

También le pidió al Director Regional de Vialidad , que pusiera término y no se renovara el contrato de Miguel Vásquez , el entonces jefe de Conservación de Caminos , uno de los líderes de esta red de corrupción, cuyo jefe director era José Miguel Zurita . A lo cual le hicieron caso, pero todavía sigue trabajando don Claudio De Geyter , inspector fiscal de este desorden. Incluso, lo quisieron ascender a jefe de Conservación de Caminos . Obviamente que se opuso a ello; sin embargo, lo volvieron a contratar, a pesar de que le pedió expresamente a Carlos Rubilar que no le renovara el contrato.

Por otra parte, en el caso de otros funcionarios que estaban involucrados en esta red que abrió el Ministerio Público, el Ministro Bitar decidió sacarlos de las funciones, pero siguen trabajando igualmente en la región. Son nueve funcionarios, entre los que hay inspectores fiscales, que siguen trabajando en el Ministerio de Obras Públicas.

B. El ex Ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán .

Explicó que al poco tiempo de haber asumido el cargo de Ministro de Obras Públicas , constató que en el Ministerio había algunas situaciones que permitían pensar, que habría dificultades en la gestión, en los mecanismos de control y de supervisión no sólo en la VI Región, sino que también en otras regiones del país. De hecho, la primera tarea a la cual se abocó, tenía relación con las irregularidades y eventual corrupción que existía en regiones como la IX, donde se inició un proceso de investigación, que les llevó a confirmar problemas graves, por los que fue necesario suspender a mucha gente en dicha región.

En consecuencia, se entregaron los antecedentes a la justicia, lo que, finalmente, le generó un problema político, porque el presupuesto del año 2006, para esa Región se ejecutó en un porcentaje insuficiente, pues cuando se toman medidas drásticas, se resiente la ejecución presupuestaria.

Señaló que el señor Vicente Pardo , Director Nacional de Vialidad de la época, y este Ministro , estuvieron muy compenetrados en el proceso que llevó adelante y lo dejó muy comprometido para efectuar un mejoramiento de la gestión y de transparencia que debía tener el Ministerio. Para ello, analizó el tema con la señora Carolina Parraguez , en esos momentos auditora de Vialidad, estudiando las conclusiones a las que había arribado una auditoría terminada en febrero de 2006.

Agregó que básicamente se encontró con que había fragmentación de contratos. Esta fragmentación buscaba evitar que en otros niveles del Ministerio, hubiera injerencia en ciertos contratos, con el fin de que existiera una mayor discrecionalidad a los funcionarios involucrados en la administración a nivel regional. Esta situación genera una presunción, de que hay algún propósito y, en particular, no es prueba de nada. A veces, se fragmentan los contratos porque está la creencia que todo se va a desarrollar más rápido o expedito. En todo caso, era una señal de alerta. Al mismo tiempo, algunos Diputados le pidieron que investigara a una empresa llamada ALCA. Además, al percatarse que ocurrían algunos problemas en la VI y IX Región, tomó la decisión en el año 2006, de establecer la figura del auditor ministerial.

Por lo que le pareció que la señora Parraguez podía ejercer muy bien este cargo, ya que era bastante proactiva en la búsqueda de antecedentes. Por esa razón, hubo un concurso público, donde se presentó junto con otras personas y le pareció que ella era la más indicada, ya que, además, había demostrado gran diligencia en la Dirección Nacional de Vialidad.

En consecuencia, la primera medida de gestión era establecer la figura del auditor ministerial, el cual sólo debía responder al ministro y debía ser de confianza en el sentido de que no tenía que pasar por ningún otro filtro, en las decisiones que debía adoptar.

Por consiguiente, se estableció un mecanismo de coordinación entre el auditor ministerial y los auditores de cada servicio y, por primera vez, se celebró una reunión con el ministro , donde estuvieron presentes los auditores de cada servicio y la auditora ministerial, de tal manera que se generara una política de auditorías para todo el ministerio y no que cada servicio tuviera sus propias políticas.

En muchas oportunidades, el rol de los auditores se ve como una molestia para los directores de servicio. Lo consideran así cuando, en realidad, deberían pensar que es una ayuda fundamental al proceso de gestión eficiente y transparente. Con ello, se generan cambios en la política y en la visión sobre los procesos de auditoría.

Esta situación debe generar una fluida información entre el director de cada servicio y el jefe de servicio. Por lo tanto, se genera un proceso de evaluación externa al servicio, si el jefe directo toma las medias pertinentes y correspondientes cuando se detectan hechos que, al menos, son sospechosos. Esto generó un cierto rechazo, porque se pensó que era una especie de intervención, pero al margen de toda consideración parecía que se estaba tomando una decisión importante.

Explicó que cuando le llegó el informe del Diputado Barros , pidiendo investigar a Alca, en noviembre de 2006, determinó extender todo el proceso de investigación. Entonces, la auditora ministerial comenzó a cruzar las distintas fuentes de información. En todo caso, ya se sabía que había un gran desorden administrativo, denunciado por la ex Seremi, señora Valenzuela y eso puede dar sustento a que había irregularidades. Entonces, tomó la decisión junto con Vicente Pardo , de remover al Director Regional de Vialidad , en el mes de septiembre del 2006. A raíz de lo cual, recibió una nota de protesta de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, exigiendo una explicación por haber tomado tal medida. Se cuestionó mucho la decisión de haber removido al Director Regional . Pero existía la sospecha, que pudiera haber una situación de corrupción.

Un tema que era crucial para rectificar este tipo de situaciones, era la creación de una Superintendencia de Obras Públicas. Informó que, lamentablemente, no ha tenido mucho avance en su trámite legislativo.

Señaló que el Ministerio tradicionalmente desarrolla obras, pero notó que no se hacía un esfuerzo por planificar el servicio, su conservación y su mantenimiento. Por lo que era necesario generar una mayor responsabilidad. Se trataba de cambiar el concepto de hacer obras, a otro que fuera entregar servicios y la obligación gradual del Ministerio, de hacer compromisos explícitos de nivel de servicios. Entonces, se pretendía que se estructurara que cada proyecto estableciera un compromiso de nivel de servicio, que se mantuviera en el tiempo. Para hacer creíbles estos compromisos, era necesario establecer un contrapeso al enorme poder que tiene el Ministerio y por eso se hace necesario crear una Superintendencia, que fuera autónoma del Ministerio, que tuviera un Superintendente, que fuera escogido a través del sistema de Alta Dirección Pública y un pequeño consejo de tres miembros, donde los consejeros fueran independientes del Gobierno. Esto se hizo tanto para las concesiones como para las obras públicas.

Indicó que en el caso de las concesiones, se podía resolver dos cosas. El Ministerio había acumulado muchísima información al respecto, como es el caso de las asesorías de inspección fiscal, donde se hacía una evaluación sobre el desempeño de las concesiones, en términos de nivel de servicios, pero a su vez, no se había invertido en cómo fiscalizar el cumplimiento, era necesario hacer cumplir los compromisos que estaban estipulados en los contratos. Parecía extraño que no había multas por incumplimiento de niveles de servicio. En este sentido, había concesiones que tenían unas faltas evidentes en términos de calidad, como por ejemplo, la Ruta 5. Por lo tanto, existía una gran cantidad de estudios, con los cuales no pasaba nada y por otro lado, había una obsesión por construir obras, pero nadie se preocupaba de su conservación, razón por la que se destruían los caminos. Se proyectaba un camino con un diseño para veinte años y ya a los ocho había que reponerlo completo, con un enorme costo.

En mérito de ello se requería un cambio profundo. Es muy necesario legislar para crear la Superintendencia de Obras Públicas, para que exista un ente independiente, que supervise el cumplimiento de los contratos, y de las obras que se ejecutan, como contrapeso para dar una mayor transparencia del sistema. Con dicha organización se puede establecer lo que los economistas llaman “benchmarking” de costos. Con este sistema, explicó, se puede acumular información nacional e internacional sobre estándares de costos. Además, al Ministerio se le asignaba la obligación de llevar la información de los costos efectivos, de inversión y de conservación de las obras, lo que se llama evaluación ex post. Por lo tanto, eso iba a ser público e iba a haber un fiscalizador, lo cual, inmediatamente, dejaría en evidencia cuando, en determinadas áreas, los costos empezaban a dispararse por razones inexplicables.

Todo esto era parte de una estrategia, de una reforma muy profunda, orientada a generar un agente externo que iba a monitorear una total transparencia.

Explicó que Chile tiene un récord en temas de concesiones y es del caso señalar, que en promedio, cada concesión se ha renegociado unas tres veces. Es un triste récord. Por eso, se determina que la Superintendencia debe llevar una contabilidad regulatoria, por lo que en el proyecto de ley se establece un mecanismo para contabilizar las renegociaciones, porque muchas son inevitables, además, son contratos de largo plazo y las cosas muchas veces cambian.

Planteó que en el proyecto de la Superintendencia se establecen dos mecanismos que son importantes.

En fundamental que cualquier obra nueva que se quiera ejecutar, por el sistema de concesión, debe licitarse. Obviamente, que el concesionario no es el constructor. No hay ninguna razón para que él la construya.

También es muy importante que las empresas que liciten cualquier obra, sean supervisadas por la Superintendencia, para evitar que las empresas participen con costos inflados y que éstos sean traspasados a los usuarios, mediante el aumento de las tarifas o de los peajes, o al Fisco y en definitiva, a todos los chilenos. En consecuencia, es una materia que necesita ser corregida.

Adicionalmente, se establece un proceso, al que se denominó de fortalecimiento institucional del Ministerio, que consiste en aplicar la Ley de Bases del Estado.

Al respecto, propuso crear servicios descentralizados, bajo el sistema de alta dirección pública, de tal manera de darles mayor eficiencia y separar el rol de la política de ejecución.

Señaló que lamentablemente esos proyectos quedaron elaborados, pero no alcanzaron a ser enviados al Parlamento, porque dejó el cargo de Ministro.

Sin embargo, había empezado a realizar algunos cambios. Hizo un gran esfuerzo para que los convenios globales de conservación, que era un área peligrosa, desde el punto de vista de la transparencia, establecieran estándares de servicio que fueran conocidos por todos y pudieran ser exigidos. La administración directa tenía niveles de eficiencia muy bajos, por lo que era necesario establecer convenios de desempeño con áreas específicas, con metas de gestión.

Explicó que en la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, fue en la que se puso en práctica un nuevo sistema, para que los Seremis establecieran, con los directores, unas unidades o comités de gestión, que pudieran supervisar ciertas decisiones de gran envergadura y darles un cierto rol, especialmente a los programas de conservación de obras públicas. Agregó que los episodios de la VI Región fueron los que motivaron plantear este esquema, ya que era la manera de reducir los riesgos de corrupción.

Especificó que la ex Seremi Beatriz Valenzuela, fue la primera persona que puso en marcha un comité, con algunas resistencias, en esa región. A raíz de lo cual, se removió al Director Regional de Vialidad , por problemas de gestión. En esa instancia se crearon los comités de gestión y se nombró una auditora ministerial, con un esquema de supervisión de lo que hacían los auditores del servicio.

Por otra parte, en el mes de marzo del año 2007, se enteró que los avances que se habían dispuesto, para investigar los hechos de corrupción, significaron amenazas para la señora Carolina Parraguez . Por tal motivo fue necesario pedir protección policial para ella y su familia, cuya casa fue objeto de destrozos.

A raíz de la investigación realizada, lo llevaron a plantearse que en esa zona, había personeros del Ministerio de Obras Públicas, que estaban involucrados en actividades de lavado de dinero. A esa convicción llegó la investigación, por cuanto, así se tipificó por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UAF, unidad que responde a una ley especial, que tipifica delitos de lavado de dinero. Reiteró que a raíz de lo investigado le asistió la convicción que había una trenza corrupta que, además, estaba involucrada en actividades de lavado de dinero.

Agregó que en este caso, las opciones eran dos. Una era movilizar a todas las fiscalías internas del Ministerio y llevar adelante un proceso similar a varios otros que se habían desarrollado en la historia reciente del MOP y, la otra, era la que le parecía más eficiente, guardar total reserva al interior de la institución y armar un equipo de tarea muy pequeño que conociera la información, conformado por la Jefa de Gabinete, por la señora Carolina Parraguez , y por la entonces Seremi, doña Beatriz Valenzuela , para entregar todos los antecedentes a la Fiscalía Regional de O’Higgins y establecer una línea de colaboración con dicha Fiscalía.

Posteriormente, hubo una serie de notas reservadas entre la Auditora Ministerial, la señora Beatriz Valenzuela y el Fiscal Regional para intercambiar información.

Señaló que este fue un caso ejemplar, porque el Ministerio tomó la iniciativa y actuó en forma proactiva para investigar y descubrir los ilícitos. Asimismo, diseñó una estrategia de investigación en conjunto con la Fiscalía, la cual resultó ser extremadamente efectiva.

Agregó que, cuando ya no era Ministro tuvo conocimiento de las amenazas de muerte, que había recibido Beatriz Valenzuela . A raíz de lo cual, se comunicó con el Fiscal Regional y a pesar de que ya no era Ministro lo atendió en forma muy deferente. El Fiscal otorgó la protección policial por él pedida, para Beatriz Valenzuela y para Carolina Parraguez .

Posteriormente el Fiscal, con quien había establecido una buena relación, le pidió que fuera a ratificar lo que había ocurrido, porque era un antecedente importante para sustentar la acusación que haría en su momento. A esa altura ya tenían pruebas suficientes. Agregó que actualmente hay nueve personas procesadas, y es muy probable que no sean las únicas.

Todo esto demuestra que hay vicios históricos en el Ministerio, que vienen de décadas. Añadió, que esta situación es perfectamente posible extirparla, pero no basta con acciones punitivas. A su juicio, se necesita una reforma institucional profunda.

Finalmente señaló, que a esa convicción llegó, cuando se hizo cargo del Ministerio y, por cierto, que lamentó no haber podido concluir la tarea que había iniciado, así como la incomprensión de varios sectores, muchos de ellos más ligados a la Concertación que a la Oposición.

C. El ex Director de Vialidad , señor Vicente Pardo .

Señaló que haría una breve presentación de la cronología de los hechos que ocurrieron entre el 11 de marzo de 2006 y el 1 de marzo de 2007, período en el que le correspondió ejercer el cargo de Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Al momento de asumir ese cargo, la señora Carolina Parraguez era la Auditora Ministerial . En esa fecha ella dependía de la Dirección de Vialidad, de manera que una de las primeras actuaciones que realizó, fue informarse sobre lo que estaba realizando la Auditoría de Vialidad y los planes que en ese momento estaban en curso.

Explicó que en el mes de diciembre de 2005, se había elaborado un plan de auditoría para toda la Vialidad Nacional, aprobado por el Director anterior. Por lo tanto, cuando asumió su cargo, en marzo de 2006, se informó, a través de la señora Parraguez , sobre cuáles eran los propósitos de ese plan nacional, al cual dio su conformidad para que se siguiera realizando, y que finalizó en abril de 2006.

Indicó que en la auditoría realizada en la VI Región, se detectaron hallazgos que no fueron aclarados por los auditados, por lo que se dio orden de ampliar la auditoría en dicha región, enfocada a las compras de suministros y arriendo de máquinas, componentes que presentaban las mayores dudas. Ésa fue la reacción frente al primer informe, que se generó respecto de la auditoría.

Luego, en el mes de mayo de 2006, la auditoría concluyó que definitivamente había un desorden administrativo, y se estableció la fragmentación de compras y los problemas con suministros y con las horas de las máquinas. Explicitó que la fragmentación de compras es una manera de partir el monto de los contratos, para que quepan dentro de ciertos rangos de autorización.

En consecuencia, en el mes de junio, solicitó a la Fiscalía del Ministerio, instruir un sumario administrativo. En julio, la Fiscalía lo instruyó y asignó como fiscal a don Luis Valenzuela .

Finalmente, la auditoría para las compras y contrataciones de suministros de Vialidad, en la VI Región, concluyó lo siguiente: Hubo desorden administrativo y fragmentación de compras. Las empresas constructoras Camino Nuevo y Alca se adjudicaron los suministros y horas máquinas, las mismas que tenían a cargo contratos de conservación global en la región, y no fue posible determinar el cumplimiento de éste.

Además, se estableció que existían grandes dificultades para que estos contratos fuesen auditados por el hecho de su modalidad, ya sea por ciertas partidas de materiales o de componentes de obras, y no fue fácil establecer, si realmente éstas se realizaron, porque no son prestaciones que se pueda observar a simple vista. No es lo mismo que ir a terreno y comprobar que se haya construido, son en realidad componentes más detallados de insumos para las obras, y que no es posible verificar como obra real. Admitió que no le llamó la atención, por cuanto, es muy difícil controlar la forma cómo estaba estipulado el contrato.

Señaló que en el mes de octubre, ya pasados varios meses del término de la auditoría, se llegó a la conclusión de que aún persistía el desorden administrativo en la VI Región y que no había medidas correctivas que permitieran pensar que estos problemas se resolverían. En mérito de lo cual, tomó las medidas de hacer efectiva la responsabilidad jerárquica y removió al Director Regional , señor José Miguel Zurita , por el gran desorden que había durante su gestión. Además, dispuso la no renovación de los contratos de los señores Miguel Vásquez y Claudio de Geyter. En el fondo, el señor Geyter quedó con contrato hasta marzo de 2007, pero entiende que todavía sigue trabajando en el Ministerio, mientras que el señor Vásquez presentó su renuncia en marzo de ese mismo año 2007.

Indicó que en noviembre de 2006 se cerró el sumario y se propusieron sanciones. Sin embargo, el análisis de los antecedentes indicó que la investigación fue incompleta, puesto que no se refirió a todos los temas detectados. Por esa razón, el ex Ministro Bitrán , ordenó una auditoría integral a los contratos de la empresa Alca, de la VI Región. Por otra parte, la Auditora Ministerial solicitó el apoyo de Vialidad y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, para hacer una auditoría que permitiera chequear los análisis propios de Vialidad, en términos de verificar si realmente se habían realizado los trabajos, solicitudes que fueron otorgadas, para realizar el proceso ordenado por el Ministro .

Agregó que en diciembre de 2006, ordenó la reapertura del sumario y se nombró a un nuevo fiscal, el señor Gonzalo García . A su vez, la ex Seremi de la VI Región, solicitó al Ministro incluir en la auditoría los contratos de la Constructora Pilén, empresa comprometida en esta situación.

Finalmente explicó que en marzo de 2007, dejó el cargo de Director Nacional de Vialidad y asumió el cargo de Director General de Obras Públicas. La información que tiene, es que en abril de 2007 se terminó la auditoría a las Constructoras Alca y Pilén .

Por lo tanto, lo señalado anteriormente está referido a la actuación que le correspondió ejecutar en el plano administrativo, y las medidas tomadas para intentar poner atajo a las dificultades que se estaban observando, en la gestión de los contratos de conservación global en la VI Región.

Por otra parte, explicó que como ingeniero civil de transportes, siempre tuvo la impresión de que había que hacer un esfuerzo importante, para mejorar la gestión. Es demasiada la cantidad de recursos que se invierten en Obras Públicas y el país necesita mejorar los procedimientos para que los contratos se traduzcan oportunamente en mayores beneficios para la comunidad.

En tal virtud, la primera instrucción que dio, fue revisar la manera de contratar el mantenimiento y las obras para proponer mejoras que permitieran aumentar la eficiencia y el control. A todos los subdirectores de Vialidad les pidió que pensaran en esa línea y propusieran las estrategias adecuadas, para mejorar el tipo de contratos, que era donde observaba que estaban las mayores dificultades. En el caso de la conservación, existía una gran dificultad para efectuar un control adecuado, verificar si las obras efectivamente se realizaban y si ello se llevaba a cabo en forma oportuna.

Entonces, con una modificación en la forma de contratar, en la manera de establecer las obligaciones de los prestadores y de los realizadores de la obra, se pensaba que era posible avanzar considerablemente, para poder tener una mayor evidencia que las cosas se estaban haciendo bien.

Una de las medidas adoptadas para contratar los insumos para hacer una obra, es que ésta estuviera predefinida y se dijera exactamente qué se iba a hacer y cuándo. Asimismo, era necesario verificar en terreno si una obra se hizo o no. A su juicio, tampoco es bueno realizar obras debiendo tomar decisiones mes a mes, lo cual hace perder cualquier trazado, respecto de los propósitos originales tenidos en el mantenimiento.

Señaló que era de la idea de tener una programación ajustada, precisa sobre todo lo que había que hacer en cada lugar y -ésta es la segunda acción que realizó- que esa programación fuera transparente para efectos de la comunidad, de manera que los beneficiarios finales, pudieran saber en qué momento les correspondía hacer alguna intervención y que además, hubiera responsables explícitos de las tareas que había que realizar.

Explicó que en este segundo componente, estaba la necesidad de transparentar el compromiso que había que tener hacia la comunidad, para que hubiera una suerte de control colectivo respecto de las obligaciones que estaba adquiriendo la Dirección Nacional de Vialidad por medio de las empresas contratistas.

También se dispuso que se realizaran estudios de reingeniería para la conservación global y la administración directa. Son las formas más habituales de mantenimiento de parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se contratan además los estudios, los cuales finalizan en 2007, para determinar la necesidad de revisar la manera en que se hacen los procesos de conservación, para poder garantizar que los recursos efectivamente se gasten en lo que corresponde y verificar en las actuaciones directas sobre la infraestructura, los beneficios que eso genera.

Se resuelve también iniciar un proceso gradual de cambio para la gestión de Obras Públicas, lo cual involucra mejorar la ingeniería de detalle y reemplazar el sistema de precios unitarios por suma alzada. Se programan 2 contratos de este tipo para el año 2006 y se proyectan 15 para 2007.

Éste es, a su juicio, uno de los elementos más importantes de los adoptados en ese período. Definitivamente, la manera de contratar obras a precio unitario con ingenierías, que a veces no tenían suficiente auditoría, estaba en el origen de las dificultades que había en términos de imprevistos que surgían durante el desarrollo de las obras y que muchas veces llevaron a la necesidad de modificarlas, lo que normalmente encarecía los presupuestos y, de alguna manera, diluía el concepto mismo de diseño de solución que había estado presente en el momento de decidir los recursos y evaluar el proyecto para su ejecución.

Por lo que se planteó iniciar un proceso gradual, en el cual, se debía mejorar la calidad, el detalle y precisar sobre todo los análisis de ingeniería básicos para que, con un estudio de buena definición, se pudieran hacer contratos a suma alzada, es decir, donde el precio es fijo. La ingeniería de detalle permite realizar las estimaciones adecuadas en calidad para el financiamiento de las obras, los detalles de diseño y el costo, de manera que los contratistas puedan formular ofertas confiables también para ellos respecto del precio que van a pedir.

Con esas dos condiciones cumplidas, se entendía que se podía entrar en un proceso de mucho más control de las decisiones de inversiones, en términos de que lo que se construiría finalmente sería lo que se había pensado, lo que se había evaluado y lo que el Ministerio había decidido que se construyera, y se les respetara el margen de las modificaciones de contrato y las arbitrariedades que pudieran surgir en el desarrollo de las mismas obras.

Consideró, por lo tanto, que con una modificación de una herramienta técnica económica, que es el contrato, se estaba blindando el proyecto, que es lo esencial, para que se realizara tal como había sido concebido. Y, para eso, los antecedentes de ingeniería debían ser de buena calidad, con buena prospección del suelo, para que no hubiera sorpresas al momento de autorizar las obras y las consecuentes modificaciones, que son bastante caras, para el presupuesto nacional.

Destacó que también se resuelve iniciar el diseño de contratos de largo plazo, para el mantenimiento de redes mediante estándares, a través de mecanismos de concesiones. Ése es un proyecto que se ha seguido desarrollando.

Finalmente, el Ministerio se encuentra elaborando un proyecto de ley sobre la Superintendencia de Obras Públicas que busca garantizar el cumplimiento de los estándares en las obras públicas y concesionadas. O sea, las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Vialidad y del área de concesiones serán sometidas a un control externo, respecto de los compromisos contraídos en los contratos, definidos en particular como compromisos en términos de estándares de calidad, lo cual tiene que ver con las prestaciones en infraestructura, o sea, con los factores que hacen que el tráfico sea seguro y eficiente, y no solamente con las componentes de obras, que han sido la manera tradicional en que se han comprometido los contratos y sus resultados.

D. La Auditora del Ministerio de Obras Públicas, señora Carolina Parraguez .

Señaló que su profesión es contador auditor y que asumió el cargo de Auditora Ministerial del Ministerio de Obras Públicas, el 1 de noviembre de 2006, previo concurso público, que ganó después de rendir una gran cantidad de pruebas. Aclaró que cuando asumió el señor Vicente Pardo como Director Nacional de Vialidad , ella era la Jefa de la Auditoría Interna de esa repartición.

Agregó que su especialidad es administrativa-financiera y para realizar sus funciones cuenta con un equipo de profesionales especializados, entre los que se incluyen abogados e ingenieros civiles. Además, su especialidad es la auditoría forense, que tiene un carácter más investigativo. Esto dice relación con el tema de la investigación de fraude al Fisco y de lavado de dineros.

En relación con el tema de las auditorías, explicó que cuando se realiza alguna auditoría, se puede tener presunciones de que hubo ciertas irregularidades, pero son los funcionarios a cargo del sumario administrativo y los fiscales del Ministerio Público, los que deben determinar si hay o no responsabilidades. Agregó que es posible presumir que haya funcionarios directivos responsables desde el punto de vista de la gestión del servicio y, por tanto, se puede sospechar ciertas cosas a partir de lo sucedido, como la manera en que fueron diseñados los contratos, la forma en que se ejecutaron y que se siga contratando bajo las mismas condiciones que hace tres años. Por lo anterior, consideró que es muy probable que haya situaciones como las que encontramos en la Sexta Región, pero no le es posible señalar a funcionarios, con nombre y apellido, porque no se han hecho auditorías tan estrictas como la que se realizó en la IX Región.

Al respecto, indicó que los fiscales están haciendo su trabajo, pero desconoce el ámbito en que se encuentra la investigación. Sin embargo, cuando han pedido apoyo de la Auditoría Ministerial, se les ha entregado toda la información que tienen sobre lo sucedido.

En todo caso, hay que recordar que la causa del Ministerio Público no es sólo por fraude al fisco, sino también por lavado de dinero. Por lo tanto, hay mucha protección a la investigación y a las materias que se están indagando, por lo tanto, desconoce los nombres de otros funcionarios que puedan estar siendo investigados.

En relación con el tema de la fragmentación, explicó que la Ley de Compras establece claramente que está prohibida la fragmentación de compras, cuando ella tiene por objetivo distorsionar el objeto de la contratación, especialmente, cuando existe la necesidad de contratar cierta cantidad de suministros de obras, como es el caso, de los áridos y de horas máquinas. Se establecía por ejemplo, la necesidad de contratar dos mil horas máquina y 150 metros cúbicos de áridos, en distintas partes, de manera que calzara para que la toma de decisión de la adquisición, quedara centrada en la región y no tuviera que ir a niveles superiores. Así se vulneraba el sistema de control. Opinó que hecha la regla, hecha la trampa.

En el fondo, los dividían para evitar requerir la firma del Seremi o del Director Nacional del Servicio y quedaba todo en el ámbito local. Además, llamaba mucho la atención que todas las compras de áridos y de horas máquina quedaban radicadas de manera importante en las mismas empresas que tenían a su cargo los contratos de conservación global. Por lo tanto, cuando el ex Ministro Bitrán menciona que se fragmentó la compra, pero que no se pudo determinar si se entregó el servicio, se debe a que no tuvo evidencias al respecto. Esa forma de contrato, no permite obtener que exista evidencia acerca de, si los áridos están puestos en el camino o si se cumplieron las horas máquina determinada. Tampoco es posible determinar si esas horas máquina eran del contrato de conservación global o si correspondían al contrato de suministros. Ésa es la problemática que se vio en la auditoría y, por eso, no es concluyente. Razón por la cual, en la auditoría no se pudo concluir si hubo irregularidades, o si hubo fraude, por lo que solo se pudo señalar que el sistema de control y la forma de contratación, no permiten determinar con exactitud si el contrato se ejecutó.

Respecto a los inspectores fiscales, señaló que ellos nunca le dieron respuesta sobre si la obra se hizo o no. Como no le respondieron, se instruyeron los sumarios administrativos respectivos.

Expuso que, curiosamente, había inspectores fiscales que eran los mismos, que participaban en los contratos de conservación global. Es decir, el inspector fiscal del contrato de conservación global era además, en algunos casos, el inspector fiscal del contrato de suministros. En otros casos, un inspector fiscal que participaba en un contrato de conservación global, además, era inspector fiscal de un contrato de conservación periódica. Por lo tanto, de repente habían instalaciones de faenas en la que se cobraba por ambos contratos, en circunstancias de que, en verdad, sólo existía una instalación de faenas. Parecía increíble que el inspector fiscal no se hubiera percatado, que no estaba la otra instalación de faenas. Todo esto que ocurrió, está en el informe de auditoría que se hizo por estos motivos. En todo caso, el informe de auditoría ya tiene el carácter de público, porque es parte de la audiencia de formalización de cargos. Agregó que algunos de estos inspectores fiscales, ya han sido formalizados y hay otros que se encuentran en la etapa de los sumarios.

Por otra parte, planteó que el ex Ministro Bitrán se impuso que el Ministerio no había respondido un oficio que le remitió esta Cámara de Diputados, solicitando antecedentes sobre la empresa Alca, por lo que él mismo pidió una auditoría integral, para que se analizaran los contratos de la mencionada constructora. Además, la señora Beatriz Valenzuela pidió que se incorporaran los contratos de la Constructora Pilén en dicha auditoría. Los resultados de la auditoría establecieron que el 92 por ciento de la facturación de Alca, que es una empresa de la ciudad de Santiago, corresponde a Vialidad de la Sexta Región. A raíz de lo cual, se efectuó un chequeo de los contratos celebrados desde 1998 a 2006. Alca facturó un promedio de 3 mil millones de pesos anuales exclusivamente para la Dirección de Vialidad de la VI Región, suma que no era menor. Alca era una empresa constructora que no trabajaba en otra región y las facturas no sólo las hacía para la Dirección de Vialidad, sino que también participaba en trabajos para el gobierno regional y para los municipios, o sea todo estaba concentrado en la misma región.

Indicó que respecto de la constructora Pilén , se sabe que es una empresa de la ciudad de Arica que inició trabajos en la Dirección de Vialidad de la VI Región. Lo que básicamente se encontró en la investigación efectuada, dice relación con la regularización administrativa de las obras que realizaba la empresa o sea que las recepciones periódicas no estaban regularizadas administrativamente. Por esta razón, el ex Director de Vialidad , señor Vicente Pardo , le pidió un informe al Subdirector de Mantenimiento , señor Mario Anguita , para que certificara que las obras realizadas por la empresa, estuvieran efectivamente realizadas, de modo que la Seremi pudiera firmar las resoluciones respectivas. A su vez, el Subdirector de Mantenimiento le encargó al señor Aldo Rossi , que le certificara que las obras estaban realizadas. Agregó que en ese momento no se tenía conocimiento que el señor Rossi había sido un ex empleado de la constructora Pilén y que todo el tiempo había sido el visitador de obras por encargo del Subdirector de Mantenimiento. Agregó que cuando se supo esta situación, se produjo un conflicto de intereses, que afectó muchísimo a la ex Seremi, señora Beatriz Valenzuela . Esta situación generó serios problemas, por cuanto hay que recordar que el contrato con la constructora Pilén tenía un nivel de aumento de contratos cercano al 34 por ciento. Por otra parte, se conoció de la relación que tenía el señor Miguel Vásquez , que era el jefe de Conservación de la Región , y con Claudio de Geyter, que era el inspector fiscal de la constructora Pilén . En todo caso, el señor Miguel Vásquez ha sido formalizado, estuvo retenido y actualmente se encuentra con arresto domiciliario y agregó que no tiene conocimiento que el señor Claudio de Geyter , haya sido citado a declarar. El ministro Bitar lo apartó del cargo de inspector fiscal y actualmente, se encuentra en la región desempeñando otro cargo y realiza otras funciones.

Otro punto que se consideró para hacer la denuncia, fue que la constructora Pilén , tenía como ingeniero residente al señor David Arroyo , quien a su vez, era el Inspector de Obras Municipales de la Municipalidad de Coinco. Además, el señor Arroyo tenía jornada completa como Director de Obras de la Municipalidad y como ingeniero residente de la constructora Pilén , lo que evidencia una grave incompatibilidad e infracción al estatuto que rige a los funcionarios municipales. Luego de que el Alcalde corroboró esta situación, le pidió la renuncia de inmediato.

Señaló finalmente que a raíz de toda esta situación que era bastante compleja y presumía un ilícito, determinó como autoridad ministerial, hacer la denuncia al Ministerio Público y no esperar el inicio de un sumario administrativo.

E. El Ministro de Obras Públicas , señor Sergio Bitar Chacra .

Aclaró que los hechos que hoy se investigan en el Ministerio Público, son el resultado de auditorías celebradas por el propio Ministerio de Obras Públicas en el período comprendido entre abril de 2006 y abril de 2007. En tanto, el propio Ministerio, en el caso de Rancagua, formuló la denuncia el 2 de mayo de 2007. Esto ha sido fundamental, pues ha tratado de resguardar la honorabilidad de los funcionarios. Subrayó que el Ministerio tiene alrededor de 8 mil 700 funcionarios y ha sido muy perjudicial la campaña de dudas, que ha recaído sobre la honra de ellos.

Explicó que las investigaciones se hacen a través de auditorías del Ministerio de Obras Públicas, y cuando los hechos son graves, inmediatamente se denuncian al Ministerio Público. Por lo tanto, no ha habido ninguna situación, que sea ajena a la propia labor de auditoría y de investigación del Ministerio.

Las deficiencias detectadas, según los informes de auditoría de la época, son las posibles irregularidades en diversos trabajos realizados por la administración directa del Ministerio -maquinarias y operadores en la Dirección de Vialidad del propio MOP- que se traslapan con obras en las mismas rutas desarrolladas por empresas privadas, contratadas para la conservación global y caminos básicos de cada región. Ésa fue la alerta que detectó auditoría. Lo anterior es, a su juicio, lo que dificultaba la verificación de los trabajos y estándares de calidad, con los que actuaba en las obras las empresas privadas.

Señaló que todos estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que sigue haciendo su investigación, y los tribunales de Justicia, razón por la cual, al igual que los sumarios que están llevándose a cabo, el Ministerio no puede formular opiniones ni comentarios al respecto, sólo puede entregar los antecedentes a los órganos judiciales competentes y colaborar con el curso de la investigación.

Dejó constancia de la actitud resuelta y responsable con que actuaron las señoras Carolina Parraguez y Beatriz Valenzuela , como también de la decisión que demostró su antecesor, el ex Ministro señor Eduardo Bitrán , en cuanto a proceder con firmeza ante los hechos detectados en su momento.

Indicó que cuando asumió el Ministerio de Obras Públicas, en enero del año pasado, recibió a las señoras Valenzuela y Parraguez , quienes le informaron sobre la denuncia que hicieron al Ministerio Público. Sólo en ese momento se percató que esa información no la tenía el Subsecretario ni el Fiscal, de manera que lo primero que hizo fue ponerla a disposición de las autoridades del Ministerio.

Además, en una de las reuniones que tuvo con las señoras Parraguez y Valenzuela , le contaron todo lo que había ocurrido, e incluso que habían sido amenazadas. En el caso de la Auditora, entraron a la casa de su padre para hacer destrozos y, en el caso de la ex Seremi, hubo amenazas físicas.

A raíz de todo lo que estaba pasando, visitó al Fiscal Chahuán para contarle lo ocurrido, además, fue a una reunión con el Contralor General de la República, para analizar las medidas administrativas que se pudiesen adoptar al respecto. También, le solicitó al Subsecretario del Interior que pudiera tomar las medidas necesarias para que las señoras Parraguez y Valenzuela , pudieran contar con vigilancia policial en sus casas y así evitar cualquier acción en contra de ellas.

Recordó que se pusieron a trabajar con la fiscalía para tomar un conjunto de medidas adicionales, reforzar las que ya se habían adoptado y rediseñar los sistemas. En ese momento, le solicitó a la fiscalía que revisara el sumario que se encontraba en curso. Además, se designó una nueva fiscal de Santiago para que continuara con la tramitación del sumario administrativo, sobre los hechos ocurridos en la VI Región.

Posteriormente se reunió con todos los equipos que trabajaban en establecer los hechos ocurridos en la región. En ese momento se había designado un nuevo Seremi y estaba el recién nombrado Director Regional de Vialidad , quienes le merecían mucho respeto.

Señaló que en conjunto con el Director de Vialidad y el Fiscal, conocieron la situación ocurrida en terreno y posteriormente adoptó las decisiones que la ley le permite: trasladó a un grupo de funcionarios, donde había dudas en cuanto a su labor, a otras posiciones a la espera de que el Ministerio Público prosiguiera con la investigación o posteriores formalizaciones y, al mismo tiempo, los sumarios correspondientes. Las que se desempeñaban en la zona, se las dejó en la región, de manera que pudieran estar al alcance también del Ministerio Público.

También solicitó que se revisara el registro de contratistas, que se señalara cuales serían las medidas de sanción a la empresa Pilén , la cual había proporcionado la fachada para que operara otra persona, y la comisión respectiva la suspendió por seis meses del registro.

Respecto de las empresas Alca y Pilén, solicitó que la comisión respectiva, reevaluara al término de esos seis meses, hecho que acaba de ocurrir, la referida suspensión, con la posibilidad de posponerla por otros seis meses, hasta que haya claridad de los hechos. Y lo mismo respecto de la empresa Alca.

Simultáneamente, para abordar el tema en plenitud, mientras avanzaba la investigación del Ministerio Público con un conjunto de instrumentos de que el Ministerio no dispone, como es el hecho de intervenir teléfonos y tomar un conjunto de otras medidas, es decir, ir a una investigación más profunda, empezó el Ministerio a trabajar en una serie de otras medidas.

Posteriormente, en el mes de abril de 2008, se crearon tres instancias.

Primero, se creó el Consejo de Auditoría Ministerial, integrado por el Ministro , el Subsecretario , la Directora General de Obras Públicas y el Fiscal Nacional. La Secretaria del Consejo es la Auditora Ministerial, señora Carolina Parraguez .

El referido organismo tiene por finalidad fijar las políticas y los lineamientos en materia de auditoría interna, para lograr los objetivos perseguidos y controlar permanentemente los riesgos.

Segundo, se creó un Comité de Auditores Internos, integrado por los jefes de las unidades de auditoría interna de todos los servicios dependientes, y presidido por la Auditoría Ministerial, para prestar apoyo al desarrollo de programas de auditoría y a los aspectos vinculados también a la capacitación y perfeccionamiento del personal, que se desempeña en las unidades de auditoría.

Esto parecía importante, porque los servicios operan con bastante autonomía y, de este modo, el auditor de un servicio puede apoyar al de otro, lo cual requiere una coordinación, aspecto que también se mejoró.

Posteriormente, se creó la Unidad de Auditoría Ministerial y su misión principal, es prestar asesoría técnica especializada en materias de auditoría y control interno a las autoridades del Ministerio y al Consejo de Auditoría Ministerial. A esa unidad se le pidió que propusiera medidas sobre políticas, acciones y planes para fortalecer la gestión ministerial, la promoción de la probidad y transparencia pública, y la salvaguarda de los recursos que se le han asignado.

Explicó que durante el año 2008, se realizaron en regiones varias auditorías internas de contratos de conservación global de la Dirección de Vialidad. Ahora para el año 2009, se ha instruido intensificar la realización de auditorías respecto de contratos de conservación global de la Dirección de Vialidad, incluida la administración directa, como también en las otras direcciones operativas del ministerio, por ejemplo, Obras Hidráulicas , Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos.

También se ordenó realizar una auditoría a nivel nacional en la Dirección de Vialidad, tendiente a evaluar el sistema de control interno, la cual se inició a mediados de 2008 y se entregó en marzo de este año. Agregó que sobre la base de esa auditoría se han iniciado varios sumarios. Además, el Consejo y la Unidad de Auditoría Ministerial, han puesto un especial énfasis, en que las observaciones emitidas por los respectivos auditores, cuenten con compromisos tendientes a resolver, dentro de plazos razonables, el fondo de los problemas detectados.

Señaló que el pasado 8 de junio, recibió un primer informe sobre lo investigado y a partir de ese informe, se han dado las instrucciones necesarias para reforzar el sistema. Otro punto importante que ha surgido, es el relacionado con las modificaciones que se hacen de los contratos.

Recordó, que el antiguo reglamento de Obras Públicas, permitía un aumento de hasta el 50 por ciento, de las obras contratadas. En el año 2004, esto se limitó solo al 35 por ciento.

Sin embargo, las modificaciones que se hagan ahora de los contratos, sean aumentos o disminuciones de obra, requieren cumplir un trámite mucho más riguroso. Primero, la aprobación debe efectuarla una comisión tripartita, compuesta por el inspector fiscal y los departamentos de ingeniería y de construcción o puente, según sea el caso. Segundo, debe constituirse una mesa propositiva, a la cual la comisión tripartita le debe entregar la información, la cual, estará compuesta por un representante de los departamentos de ingeniería, de planificación y de finanzas, y por un abogado de la Dirección Jurídica, todos de la Dirección de Vialidad. Tras la proposición, es la autoridad administrativa competente, de acuerdo al decreto N° 1.093, reglamento de los montos de los contratos de obras públicas, la que deberá aceptar y resolver la enmienda respectiva. Las modificaciones de los contratos de conservación, por el hecho de no considerar diseño y comprenderse dentro del concepto de “rutinarios” operan de manera similar a nivel regional, pero sólo con la mesa propositiva ya descrita. Después se autoriza la modificación, conforme al reglamento de montos, por parte de la autoridad pertinente. En todo caso, cabe señalar que sólo hasta cierto monto se toma una decisión, después se debe pasar a otro nivel.

Otra materia que es de preocupación para el Ministerio y que se está modificando, es la relativa a los mecanismos de control de contratistas, para evitar que éstos hagan ofertas bajas y que después pidan una ampliación de la obra, con lo cual, rompen la licitación. En todo caso, no se trata estrictamente de una colusión, pero es una situación que puede crear problemas bastante serios en la calidad de las obras y en las ampliaciones respectivas.

Señaló por otra parte que, para evitar que los contratistas se presenten con ofertas que pueden ser consideradas fuera de mercado, el reglamento establece que la empresa que se adjudica una obra, debe poner una boleta de garantía equivalente al total de la diferencia que se produce, entre el valor que el Ministerio pone como máximo y el precio que la empresa ha ofrecido.

Indicó que también se ha ido avanzando en perfeccionar las bases de licitación, para ello se plantea que exista el menor riesgo posible y que no se produzcan diferencias de criterios.

Luego está el tema de los mecanismos, para fiscalizar los contratos por etapas. Esta es una situación compleja, por lo que se han tomado algunas medidas.

Para ello, se ha sugerido que los proyectos se hagan en la planificación territorial de una sola vez, con el fin de tener un solo criterio de diseño para las obras reservadas, lo observado indica, que a veces se obtienen resultados más bajos.

Planteó que, a veces, es aconsejable construir por etapas. Esta situación ocurre, cuando los montos de inversión que se aprueban son inferiores al proyecto completo. Si eso sucede, un determinado camino de tantos kilómetros se debe hacer por etapas, en función de los recursos que se asignan año a año. Éste es un factor de flexibilidad que si no existiera, se producirían serios problemas, para ajustar el presupuesto con las obras que se están haciendo. Agregó que es un mecanismo conveniente en razón de los plazos, ya que es preferible ir entregando etapas cada año, que hacerlo una vez cada diez años. Además, si no se trabajara por etapas, disminuiría notablemente la competencia entre los oferentes, porque los contratos más chicos, permiten que haya más competencia y que participen empresas de la región respectiva. Si no fuera así, sólo licitarían las grandes empresas de Santiago, ya que no todos los contratistas tienen la capacidad técnica y económica para abordar obras de gran envergadura.

Otro tema importante, es el relativo a los mecanismos que rigen para el control de contratos de suministros. Explicó que los suministros se deben hacer de acuerdo a la ley N° 19.886, sobre compras y contrataciones públicas. En dicha normativa, se establece la prohibición de dividir una compra, para realizarla en varias más chicas y por montos que eximen de la obligación de licitar.

Señaló que los contratos para la adquisición de insumos que celebra el Ministerio de Obras Públicas, están reglados por un procedimiento que se enmarca en lo preceptuado por la señalada ley y su reglamento, lo cual, implica efectuar licitaciones públicas, sujetas al control de organismos autónomos e independientes. Agregó que incluso se requiere un trámite de toma de razón por la Contraloría cuando el monto supera un determinado nivel: 2.500 UTM por trato directo o licitación privada y 5.000 UTM cuando se trata de licitaciones públicas.

Adicionalmente, para prevenir colusiones en las postulaciones, se ha realizado un trabajo de chequeo con la Fiscalía Nacional Económica. A ellos se les entregan los antecedentes para que se investiguen eventuales hechos de colusión entre empresas contratistas. Además, la Fiscalía capacita a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, para que puedan detectar y prevenir la colusión. Incluso, el Ministerio ha contratado un experto en legislación anticolusión, para que estudie lo que se ha hecho en otros países y ayude a determinar cómo se puede reglar esta materia.

Hay otro tema que le preocupa al Ministerio, que es el relativo a las medidas adicionales que se deben considerar para dotar de personal y perfeccionar el sistema de fiscalización.

Manifestó que el Ministerio tiene necesidad de tener una mayor dotación de inspectores fiscales, para lo cual, fue muy importante que se incorporaran 155 cupos nuevos para este año 2009. Agregó, que todos ellos ingresaron mediante un concurso público.

Indicó que antes de esta incorporación de inspectores, el Ministerio tenía 550 inspectores fiscales. Por tanto, con estos nuevos se alcanza a un total de 700. Añadió, que la Dirección de Vialidad tenía 330 y se le asignaron 80 más. En Concesiones también se incrementó el número, al igual que en todos los otros servicios, según sus necesidades. Los recién incorporados, son gente joven a quienes se les revisó el currículum, se les entrevistó personalmente y se sometieron a pruebas sicológicas y técnicas.

Por otra parte, se ha instruido para que ningún cargo nuevo del Ministerio de Obras Públicas, se pueda proveer sin concurso público. Además, esta información se encuentra permanentemente en la página web del Ministerio, de manera que la gente que quiere hacer alguna consulta puede entrar en dicha página y ver la lista de concursos que están por hacerse, el formulario que hay que llenar, la dirección a la cual acudir. Está todo informado ahí, para que no haya problemas.

Explicó que ocurre lo mismo respecto de las licitaciones. Todas se publican en la página web y también la adjudicación, para que se sepa cuál fue la empresa que ganó la licitación, cuál es la dirección de esa empresa y qué trabajo va a realizar. La idea es que todo sea transparente.

Además, ha dado instrucciones a los directores de los servicios para que los inspectores fiscales, directores regionales y directores provinciales, roten o que los cambien de región. Cuando se lleva mucho tiempo en un mismo lugar, se conoce a toda la gente y eso puede resultar peligroso.

Por otra parte, señaló que para el año 2010, solicitará 10 auditores más. El equipo de auditoria del Ministerio de Obras Públicas cuenta con 42 auditores, pero se ha concluido que es necesario reforzar la auditoría y evitar ciertos riesgos, por lo tanto, es necesario contar con10 auditores más, lo cual es una cifra razonable.

También es necesario estudiar el tema relativo a los contratos de conservación. En todo caso, donde hay un mayor riesgo, es en los contratos de conservación global.

Planteó que hay contratos de conservación de redes, que son de conservación global y de conservación global mixtos.

Señaló que es necesario realizar lo siguiente:

Los contratos de conservación global, se rigen por las bases administrativas generales, aprobadas por decreto supremo, que son complementarias a las bases administrativas especiales.

Para agilizar y controlar se han establecido las bases tipo de licitación en construcción, las que se aplican desde el 17 de marzo de 2009. Las bases tipo para conservación, empezaron a aplicarse el 10 de junio de 2009. Las bases tipo contra recepción, que son los casos en que se puede entregar el diseño y la obra en un solo paquete, lo que acorta mucho los plazos de ejecución, están en aplicación desde mayo de 2009. En tanto, las bases tipo para la asesoría de inspección fiscal están en tramitación en la Contraloría.

Señaló que estas cuatro bases tipo, son parte del gran cambio que se está haciendo y que permite agilizar las decisiones, pues, de lo contrario, cada proyecto tendría que ir a toma de razón aparte. La idea de establecer la base tipo fue del propio contralor, que conoce muy bien estas materias, pues trabajó en esta área.

Entre los cambios más significativos, cabe destacar que con esta forma, se regulan de mejor manera las modificaciones de los contratos. Así, las regiones no podrán introducir modificaciones unilaterales y la incorporación o desafectación de un camino en un contrato debe hacerse formalmente, por resolución, y no sólo por una simple nota establecida, en el libro de obras como se hace hasta ahora.

Además, se implementa una nueva modalidad de conservación de redes viales denominada contrato de conservación global mixto. Esto consiste en que los caminos de tierra se mantienen como globales, si se calculan a precios unitarios. Ahora los caminos que tienen capa asfáltica pasan a estándar de servicio. El estándar de servicio significa que el camino tiene que mantenerse en buenas condiciones: con sus líneas demarcatorias, el ancho de las bermas, el número de baches, etcétera. Así es mucho más fácil supervisar los estándares de servicio.

Respecto de los contratos mixtos, señaló que actualmente hay en ejecución cinco y durante el segundo semestre de este año, se va a ampliar esta modalidad a todos los casos de conservación global que se terminan, que son por dos años; los mixtos se hacen por cinco años. Esta modalidad, aparte del contrato por estándar de servicios, permite liberar en parte la inspección fiscal del control, supervisión y medición de cantidades de obras y sólo se controla el cumplimiento de la calidad del servicio. Ambas modalidades de contrato, globales y globales mixtos, están sujetas a recepciones frecuentes, mensuales, bimensuales y anuales de las obras, ejecutadas a través de una comisión encargada de verificar el cumplimiento.

Indicó que está pronta a publicarse la licitación de la concesión de la primera red vial en la Cuarta Región, en Coquimbo. Es un diseño nuevo que si bien sale más caro, entrega, aproximadamente, quinientos kilómetros en una licitación. Con el procedimiento de concesiones, se licita. Además, se contempla la construcción de obras, terceras pistas y conservación de la red completa.

Otro problema crucial es el de la conservación de caminos. En este momento, se está llegando a tener 80 mil kilómetros enrolados y se estima que hay unos 30 ó 40 mil sin enrolar. El problema es que el Ministerio no puede invertir en los caminos no enrolados. Además, sobre los caminos vecinales hubo una larga discusión en la ley de Presupuesto de 2009.

Señaló que al respecto, en la discusión de la ley de Presupuestos, se produjo una larga discusión sobre si se podía invertir en un camino que no es público, pues ya ha sucedido que ciertas personas cierran un camino vecinal. Por eso, no es posible invertir en un camino al que después alguien le coloca un portón. Por lo tanto, más allá de eso, la conservación de 80 mil kilómetros se hace extremadamente difícil si se concesionan redes más grandes. Hay muy pocos países que tienen una proporción centralizada de control de una cantidad tan grande de kilómetros.

También se han aumentado las asesorías de inspección y es así que en cada región, junto con la licitación de los contratos de conservación y el plan de empleo nuevo, se ha incluido una asesoría de inspección que apoye el control de la inspección fiscal, ayudando en las labores deficitarias de control topográfico, de laboratorio y de movilización.

Explicó, que hay otro tema que le preocupa al Ministerio y es el relativo a la fuga de combustibles, el cual está ligado a la conservación por administración directa. Al respecto, se ha diseñado un plan para del mejoramiento de la gestión de administración directa.

Se establece un nuevo perfil y funciones para el jefe de conservación provincial, con dedicación exclusiva. El Ministerio desea que los jefes de conservación tengan un perfil especial.

Se han generado nuevas herramientas de planificación, con las cuales es posible establecer un programa anual de conservación por camino, para evitar la ejecución de obras fuera de programa y así optimizar la utilización de los recursos humanos. También se estableció un comité técnico integrado por el Seremi, el jefe de conservación regional, el jefe de maquinaria regional y los representantes de los colegios profesionales, para que efectúen un mejor resguardo de una posible influencia en la conservación o administración directa.

En tal sentido, se ha instalado un nuevo sistema de gestión de combustibles con el objeto de minimizar las pérdidas. Se han instalado GPS en el ciento por ciento de los bulldozer y en el 15 por ciento de las motoniveladoras, pero en el futuro se les instalará a todas. Se han establecido normas de control de la instrucción de movimiento para cada máquina, los kilómetros que se le instruyó y el consumo de combustible que tendrán, de manera que haya una correlación entre uno y otro. Además, el sistema de monitoreo satelital permite controlar el parque total de las maquinarias.

En cuanto a medidas generales, señaló que se han aumentado las auditorías de control por parte del nivel central de la Dirección de Vialidad y hay un plan respecto de cómo avanzar. El deseo del Ministerio es establecer un nuevo concepto de patrimonio de la infraestructura, del que se viene estudiando desde hace un tiempo, el que se está incorporando al programa de modernización del Ministerio de Obras Públicas. El otro objetivo que estudia el Ministerio, es utilizar el Sistema de Información Geográfica, denominado por la sigla SIG. Agregó que este sistema está en manos de la Dirección General de Obras Públicas y es un proyecto destinado a realizar el catastro, balizado y la materialización de un monolito en el kilómetro cero de cada camino, en coordinación con el subdepartamento de SIG y Cartografía.

Señaló, finalmente, que se encuentra en estudio un proyecto de ley, para reorganizar el Ministerio de Obras Públicas. Se ha realizado un gran trabajo para establecer un plan de modernización en conjunto con el Banco Mundial y se han obtenido resultados interesantes. El borrador del proyecto de reorganización contempla, entre otras cosas, la forma de resolver los problemas de concesiones y la identificación de los niveles de dependencia, proyecto que debe armonizarse con la nueva normativa sobre concesiones, la que se encuentra para su aprobación por el Congreso Nacional.

Agregó que el programa de modernización del Ministerio de Obras Públicas, bajo el patrocinio del Banco Mundial, ha permitido implementar una serie de soluciones tecnológicas nuevas. Al respecto, se está instalando una base computacional mucho más fina, por cuanto, en la anterior, cada dirección tenía la suya y no había comunicación directa, entre ellas. Ahora, habrá un solo sistema, que sea más transparente, más rápido, que permita estar en línea con la ley de transparencia. En el que se puedan llevar las cuentas públicas, el accountability, explicitando los compromisos de gestión y el detalle de las inversiones de las licitaciones.

También se ha dado un gran paso, en materia de un libro de obra digital, que permita al Ministerio conocer en línea, de inmediato, cuál es una situación determinada y no a la semana o al mes si uno detecta alguna situación irregular respecto del inspector fiscal.

Por otra parte, se está instalando un servicio en línea, instalado en la página web del Ministerio, con el fin de que la ciudadanía esté en antecedente de lo que ocurre en los diferentes servicios del Ministerio.

Asimismo, el Ministerio está terminando de formar 400 profesionales de terreno en técnicas modernas de gestión, a lo que internamente se denomina GIP: Gestión Integrada de Proyectos.

V. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS PRODUCIDAS EN LAS POLÍTICAS DE ADJUDICACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS QUE REALIZA DICHO MINISTERIO.

Con motivo de las denuncias efectuadas por la ex Secretaria Regional Ministerial, señora Beatriz Valenzuela Van Treek , sobre los hechos de corrupción ocurridos en la VI Región de O’Higgins, el Ministerio de Obras Públicas, incorporó dentro de sus procedimientos, una serie de modificaciones para efectuar un mejoramiento de la gestión y de la transparencia que debe tener dicho Ministerio.

Se detectaron deficiencias e irregularidades en diversos trabajos realizados por la administración directa del Ministerio, en la conservación global y caminos básicos de la región. Además, existía una gran dificultad en la verificación de los trabajos y estándares de calidad, con los que se actuaba en las obras, por parte de las empresas privadas.

Los hechos ocurridos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que sigue haciendo la investigación correspondiente. Por tal motivo, el Ministerio ha colaborado en la entrega de los antecedentes a los órganos judiciales competentes y sigue colaborando con el curso de la investigación.

El aporte efectuado por la ex Seremi, señora Beatriz Valenzuela , por la Auditora del Ministerio, doña Carolina Parraguez y por el ex Ministro , señor Eduardo Bitrán , ha sido de gran importancia, para detectar e investigar los hechos denunciados.

Los hechos que hoy se investigan por el Ministerio Público, son el resultado de varias auditorías realizadas por el propio Ministerio de Obras Públicas en el período abril 2006 - abril 2007.

Las empresas Pilén de Arica y ALCA de la VI Región, que se dedicaban a realizar trabajos en la región, fueron sancionadas con la medida de suspensión por seis meses del registro de contratistas. Además el Ministro le solicitó a la comisión respectiva, que reevaluara al término de esos seis meses, la referida suspensión, con la posibilidad de prorrogar por otros seis meses, hasta que el Ministerio tenga claridad sobre la actuación de dichas empresas, dado que se daban situaciones, en las que existía un desmesurado aumento de contratos. Dicha situación, se puso en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica a fin de que se determinaran las actuaciones que en derecho correspondieran.

A. Medidas generales de fortalecimiento de la fiscalización de obras y contratos.

1. Robustecimiento del sistema de auditoría.

1.1. En el mes de abril del año 2008, el Ministerio de Obras Públicas determinó crear las siguientes entidades, para potenciar el Sistema de Auditoría Interna:

1°.- Se creó el Consejo de Auditoría Ministerial, integrado por el ministro , el subsecretario, la directora general de Obras Públicas y el fiscal nacional. La secretaria del Consejo es la auditora ministerial, doña Carolina Parraguez .

El referido organismo tiene por finalidad fijar las políticas y los lineamientos en materia de auditoría interna, para lograr los objetivos perseguidos y controlar permanentemente los riesgos.

2°.- Se creó un Comité de Auditores Internos, integrado por los jefes de las unidades de auditoría interna, de todos los servicios dependientes, y presidido por la auditoría ministerial, para prestar apoyo al desarrollo de programas de auditoría y a los aspectos vinculados con la capacitación y perfeccionamiento del personal, que se desempeña en las unidades de auditoría.

Esto puede ser de gran importancia, porque los servicios operan con bastante autonomía. Por lo que, el auditor de un servicio puede perfectamente apoyar al de otro, lo cual requiere de una coordinación, aspecto que también se mejoró.

3°.- Se creó la Unidad de Auditoría Ministerial, la cual tiene como misión principal, prestar asesoría técnica especializada en materias de auditoría y control interno de las autoridades del Ministerio y al Consejo de Auditoría Ministerial, mediante una estrategia preventiva.

Esta unidad debe proponer medidas sobre políticas, acciones y planes para fortalecer la gestión ministerial, la promoción de la probidad y transparencia pública y la salvaguarda de los recursos que se le han asignado.

1.2. Durante el año 2008, en varias regiones se realizaron diversas auditorías internas a contratos de conservación global de la Dirección de Vialidad. Para el año 2009, se ha instruido avanzar en auditorías a otros contratos de conservación, incluida la administración directa, no sólo en la Dirección de Vialidad, sino también en las otras direcciones operativas del ministerio, por ejemplo, Obras Hidráulicas , Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos.

1.3. También, se ordenó una auditoría a nivel nacional en la Dirección de Vialidad, tendiente a evaluar el sistema de control interno. Esto se inició a mediados de 2008 y se entregó en marzo de este año. Sobre la base de esa auditoría, se han iniciado los respectivos sumarios.

1.4. Tanto el Consejo como la Unidad de Auditoría Ministerial, pondrán especial énfasis en que las observaciones emitidas por los respectivos auditores, resuelvan dentro de plazos razonables, los problemas detectados. Por lo tanto, es necesario que el director entregue una respuesta, en razón que todo esto es público. Las medidas que toma el director, se ponen en conocimiento del Comité de Auditoría.

1.5. En el mes de noviembre de 2008, el Ministerio puso en práctica un plan de terreno de auditoría de carácter institucional. Por lo que se ha informado a la auditoría ministerial sobre las irregularidades detectadas que dieron origen a la investigación administrativa. El lunes 8 de junio de 2009, el Ministro recibió un primer informe. A partir del cual se han efectuado reforzamientos al respecto.

2. Mecanismos de control para las modificaciones de contratos.

El antiguo Reglamento de Obras Públicas (RCOP), permitía efectuar hasta el 50 por ciento de aumento de las obras contratadas. En el año 2004, esto se limitó a sólo al 35 por ciento.

Sin embargo, las modificaciones -sean aumentos o disminuciones de obra- requieren cumplir hoy con un trámite mucho más riguroso.

1°.- La aprobación tiene que hacerla una comisión tripartita, compuesta por el inspector fiscal y los departamentos de ingeniería y de construcción o puente, según sea el caso.

2°.- La constitución de una mesa propositiva, a la cual la comisión tripartita le debe entregar la información, estará compuesta por un representante de los departamentos de ingeniería, de planificación y de finanzas, y por un abogado de la Dirección Jurídica, todos de la Dirección de Vialidad.

Tras la proposición, es la autoridad administrativa competente, la que deberá aceptar y resolver la enmienda respectiva, de acuerdo al reglamento sobre montos de contratos de obras públicas, establecido por el decreto Nº 1.093.

Las modificaciones de los contratos de conservación operan de manera similar a nivel regional, pero sólo con la mesa propositiva ya descrita.

Posteriormente se autoriza la modificación, por parte de la autoridad pertinente, conforme al reglamento de montos. Cabe señalar que sólo hasta cierto monto se toma una decisión, después se debe pasar a otro nivel.

3. Mecanismos de control de contratistas que presenten ofertas consideradas “bajas” respecto al presupuesto oficial.

Otra materia que se ha modificado, es lo relativo a los mecanismos de control de contratistas, para evitar que se lancen ofertas bajas y después pidan ampliación, con lo cual rompen la licitación. No se trata de una colusión, pero es un método burdo que puede crear problemas bastante serios, en la calidad de las obras y en las ampliaciones respectivas. Con esto, se busca evitar que los contratistas se presenten con ofertas que pueden ser consideradas fuera de mercado o de las valorizaciones reales, lo cual en el futuro podría representar una seria contingencia. El reglamento establece que la empresa que se adjudica una obra, debe tener una boleta de garantía equivalente al total de la diferencia que se produce, entre el valor que pone el Ministerio como máximo y el precio que ella ha ofrecido.

También el Ministerio ha avanzado en las bases de licitación, perfeccionándolas para que haya el menor riesgo posible, y que no se produzcan diferencias de criterios. A medida que haya una mayor precisión en la bases, disminuyen las posibilidades de objetarlas posteriormente.

4. Mecanismos para fiscalizar los contratos por etapas.

Se han establecido mecanismos para fiscalizar los contratos por etapas y las medidas que se han adoptado, son las siguientes:

Hay oportunidades que es aconsejable construir por etapas, cuando los montos de inversión que se aprueban son inferiores al proyecto completo. Si es así, lo aconsejable, es que se haga por etapas, en función de los recursos que se van asignando, año a año. Es un factor de flexibilidad, sin el cual se producirían problemas bastante serios para ajustar el presupuesto con las obras que se ejecutan. Además, este mecanismo es de gran conveniencia en razón de los plazos, ya que es preferible ir entregando etapas cada año, en vez de hacerlo de una sola vez.

Además, si no se trabajara por etapas, disminuiría notablemente la competencia entre los oferentes, porque los contratos chicos, permiten que haya más competencia y que participen empresas de la región respectiva. Si no fuera así, sólo licitarían las grandes empresas de Santiago, ya que no todos los contratistas tienen la capacidad técnica y económica para abordar obras de gran envergadura.

5. Mecanismos para el control de contratos de suministros.

Los contratos para la adquisición de insumos, que celebra el Ministerio de Obras Públicas, se efectúan de acuerdo a la ley Nº 19.886 de Compras Públicas (ChileCompra) y su reglamento, lo que da mayores garantías para el buen funcionamiento del sistema, pues quedan sujetos al control de organismos independientes del Ministerio de Obras Públicas.

Adicionalmente, se requiere del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, cuando el monto supera determinados niveles (2.500 UTM por tratos directos o licitación privada, o de 5.000 UTM cuando se trate de licitaciones públicas).

6. Mecanismos adicionales para prevenir colusiones.

Para prevenir colusiones en las postulaciones, el Ministerio trabaja en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica. Le entrega los antecedentes para que investigue eventuales hechos de colusión entre empresas contratistas, además, dicha Fiscalía capacita a funcionarios del Ministerio, para que puedan detectar y prevenir ese tipo de conductas.

En relación con este punto, el Ministerio contrató a un experto en legislación anticolusión, para que estudie lo que se ha hecho en otros países y ayude a los funcionarios del Ministerio a regular esta materia.

7. Medidas adicionales para dotar de personal y perfeccionar el sistema de fiscalización.

El Ministerio consiguió aumentar el cupo de inspectores fiscales en un 30 por ciento. Los nuevos inspectores son jóvenes, a quienes se les revisó minuciosamente su currículum, se les entrevistó personalmente y fueron sometidos a estrictas pruebas sicológicas y técnicas.

Además, el Ministerio de Obras Públicas determinó que ningún nuevo cargo se pueda proveer sin concurso público. Este sistema de concursos, junto con las licitaciones y con las adjudicaciones, se encuentra en la página web del Ministerio. Así, se podrá saber el nombre de la empresa que ganó la licitación, su dirección y cuál es el trabajo que va a realizar. La idea es que todo sea transparente.

Otra medida que adoptó el Ministerio, es que se instruya a los directores de los servicios, para que establezcan un sistema rotatorio de los inspectores fiscales, de los directores regionales y de los directores provinciales. La instrucción es que los roten o los cambien de región.

B. Conservación vial.

1. Contratos de conservación.

Existen contratos de conservación de redes, que se subdividen en aquellos de conservación global y de conservación global mixtos, y los contratos tradicionales.

1°.- Los de conservación global se rigen por las bases administrativas generales, aprobadas por decreto supremo, que son complementarias a las bases administrativas especiales.

Se establecieron las siguientes bases tipo:

-Bases tipo de licitación en construcción, en aplicación desde el 17 de marzo de 2009.

-Bases tipo de licitación en conservación, que empezaron a aplicarse a partir del 10 de junio de 2009.

-Bases tipo contra recepción, que son los casos en que se puede entregar el diseño y la obra en un solo paquete, lo que acorta mucho los plazos de ejecución, en aplicación desde mayo de 2009, y

-Bases tipo para la asesoría de inspección fiscal, las que se encuentran en tramitación en la Contraloría General de la República.

Estas cuatro bases tipo, son parte del gran cambio que está haciendo el Ministerio, lo que permite agilizar las decisiones, pues, de lo contrario, cada proyecto tendría que ir a toma de razón aparte. La idea de establecer la base tipo fue del propio Contralor General de la República .

Éste es uno de los cambios más significativos que ha introducido el Ministerio de Obras Públicas, por cuanto, con este sistema se regula de mejor forma las modificaciones de contrato. Con este sistema, en las regiones no podrán introducirse modificaciones unilaterales y la incorporación o desafectación de un camino en un contrato, debe hacerse formalmente, por resolución, y no como se hace hasta ahora, sólo por nota que se establece en el libro de obras.

2°.- Además, se implementa una nueva modalidad de conservación de redes viales denominada contrato de conservación global mixto.

Los caminos de tierra se mantienen como globales, si se calculan a precios unitarios. Los caminos que tienen capa asfáltica pasan a estándar de servicio. Estándar de servicio significa que el camino tiene que mantenerse en buenas condiciones: con sus líneas demarcatorias, el ancho de las bermas, el número de baches, etcétera.

Los contratos mixtos se hacen por cinco años. Con esta modalidad se libera en parte a la inspección fiscal, del control, de la supervisión y de la medición de cantidades de obras, pues sólo se controla el cumplimiento de la calidad del servicio. Ambas modalidades de contrato, globales y globales mixtos, están sujetas a recepciones frecuentes, mensuales, bimensuales y anuales de las obras, ejecutadas a través de una comisión encargada de verificar el cumplimiento.

Otro problema que tiene el Ministerio, es el de la conservación de caminos. Hay 80 mil kilómetros enrolados y hay unos 30 ó 40 mil sin enrolar. Lamentablemente el Ministerio no puede hacer inversiones en los caminos no enrolados.

También el Ministerio aumentó las asesorías de inspección y es así que en cada región, junto con la licitación de los contratos de conservación, se ha incluido una asesoría de inspección que apoye el control de la inspección fiscal, ayudando en las labores deficitarias de control topográfico, laboratorio y de movilización.

2. Conservación por Administración Directa (CAD).

1°.- En la conservación por administración directa se estableció un nuevo perfil y funciones, para el Jefe de Conservación Provincial , con dedicación exclusiva.

2°.- Se han generado nuevas herramientas de planificación, con las cuales es posible establecer un Programa Anual de Conservación por Camino para evitar la ejecución de obras fuera de programa y así optimizar la utilización de los recursos humanos.

3°.- Seguimiento de la gestión: se estableció un comité técnico integrado por el Seremi, el jefe de conservación regional, el jefe de maquinaria regional y los representantes de los colegios profesionales, para que resguarden la conservación o administración directa. Dicho comité deberá sesionar trimestralmente.

El Ministerio ha diseñado a estos efectos un nuevo Sistema de Control de Combustibles con el objeto de minimizar las pérdidas. Se han instalado GPS en la totalidad de los bulldozer y un 15 por ciento en las motoniveladoras. Además, se han establecido normas de control, para conocer los movimientos que hace cada máquina, los kilómetros que se le instruyó y el consumo de combustible, de manera que haya correlación entre uno y otro. El sistema de monitoreo satelital permite controlar el parque de maquinarias.

3. Medidas generales.

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas con el fin de establecer su modernización, ha adoptado las siguientes medidas generales:

-Aumentar las auditorías de control por parte del nivel central de la Dirección de Vialidad.

-Establecer una red oficial única de caminos e implementar así un inventario de caminos que hoy no existe. Con el fin de conocer cuál es el patrimonio de la infraestructura en el país.

-Utilizar el Sistema de Información Geográfica, SIG.

-Estudiar por vía de la Dirección General de Obras Públicas, un catastro, balizado y la materialización de un monolito en el kilómetro cero de cada camino, en coordinación con el subdepartamento de SIG y Cartografía.

VI. CONCLUSIONES.

1.- Se cometieron desórdenes y hechos graves en la adjudicación y fiscalización de obras públicas en la Sexta Región:

a) Que implicarían una red de coimas en los contratos de mantención de caminos, por montos a ser revisados de más de cinco mil millones de pesos.

b) Que se repiten en un Ministerio cuestionado por el caso denominado MOP-GATE y por denuncias similares efectuadas en la Novena Región, que demuestran un sinnúmero de carencias estructurales y falta de respuesta institucional a los hechos siguientes:

i. Cuestionamiento a los abultados contratos de ampliación de las obras de la empresa Pilén.

ii. Cuestionamiento al visitador técnico señor Aldo Rossi , luego nombrado Jefe Nacional de Mantención , al ex Jefe de Vialidad señor José Miguel Zurita , recontratado como asesor en el área de aeropuertos, al ex Jefe de Conservación Regional , señor Miguel Vásquez , y a otros funcionarios que continuaron trabajando en el Ministerio.

iii. Compras fragmentadas para evitar determinados controles, falta de resolución de recepciones de obras, de caminos terminados sin firmas de convenios y robo de pintura de demarcación, entre otras situaciones que no fueron obstáculo para la continuación de los contratos con las empresas cuestionadas.

c) Que derivaron en amenazas inaceptables a la vida de quienes investigaron estos hechos, como la ex Seremi de Obras Públicas, doña Beatriz Valenzuela , y la auditora ministerial, doña Carolina Parraguez , además de sus respectivas familias, atacándose incluso el domicilio de los padres de esta última.

2.- Esta Comisión considera que, pese a que los patrocinantes de la petición de constituirse en investigadora argumentaron que no hubo una reacción institucional inicial por parte del Ministerio de Obras Públicas para aclarar la denuncia de la señora Valenzuela , por cuanto las respuestas del Ministerio se adoptaron posteriormente y fueron las adecuadas, a raíz de lo cual, las personas involucradas fueron formalizadas y hubo numerosos cambios institucionales para implementar una mayor fiscalización. Además, esta Comisión destaca particularmente la labor realizada por la auditora ministerial, doña Carolina Parraguez , en el cargo creado por el ex Ministro de Obras Públicas , señor Eduardo Bitrán . Las demás medidas referidas, en tanto, pueden consultarse en la sección inmediatamente anterior de este mismo informe.

3.- Se proponen las siguientes medidas concretas en orden a mejorar la fiscalización del Ministerio de Obras Públicas:

a) Es indispensable la creación de la Superintendencia de Obras Públicas, debido a que los altos montos de dinero que maneja el Ministerio de Obras Públicas son desproporcionados en relación a la fiscalización que puede realizar dicha cartera. Para ello se debe solicitar al Ejecutivo apurar la tramitación del proyecto de ley en cuestión, con la debida urgencia para el pronto despacho de dicha iniciativa.

Esta iniciativa permitirá mejorar la gestión y fiscalización, por medio de la exigencia de estándares técnicos, con compromisos explícitos vinculados a la calidad de servicio. Se separará así la fiscalización de la ejecución de obras en etapa de construcción, respecto del control de los niveles de servicio en la etapa de explotación, diferenciando los intereses de las unidades ejecutoras, de los concesionarios y de los contratistas. Sobre ellos existirá la Superintendencia, que velará por el cumplimiento de estos niveles de servicio, generando de esta forma un sistema de frenos y contrapesos.

La Superintendencia deberá ser un ente externo, autónomo y especializado, con competencia para actuar tanto sobre los operadores privados como respecto del Ministerio de Obras Públicas, junto con la competencia para proteger los derechos de los usuarios de las obras públicas, de acuerdo a las denuncias, requerimientos y consultas que éstos efectúen. Para ello, se considera que los concesionarios y el Ministerio sean objeto de sanciones por incumplimiento o infracción de las obligaciones establecidas en la ley. Además, se facilita a los usuarios la reparación de daños menores causados como consecuencia del uso de las obras, evitándoles así recurrir a procedimientos largos y engorrosos.

Como parte integral de ese proyecto, la Comisión apoya la exigencia de mayores niveles de transparencia de la información, en concordancia con la Ley de Trasparencia, que faciliten la entrega de información vinculada a los proyectos de ejecución de obras públicas, en particular sobre la gestión y servicio que ofrecen; además de la generación de información técnica especializada e independiente que surja de la misma Superintendencia.

b) Se indague exhaustivamente por parte del Ministerio de Obras Públicas, en las declaraciones de bienes de sus funcionarios y en el origen de las empresas adjudicatarias de los contratos.

c) Se auditen externamente, sin dependencia del Ministerio de Obras Públicas, los contratos de ampliaciones de obras en todas las regiones del país.

d) Se aumenten los recursos en la Ley de Presupuestos para la contratación de personal de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas.

e) Se reordene la dependencia jerárquica de los auditores regionales, para que pasen de los directores regionales de vialidad a responder sólo a la auditoría central.

f) Se concurse a todos los cargos de auditoría por medio del Sistema de Alta Dirección Pública, de modo que no se les contrate como asesores y sean además, elegidos los más capacitados, de acuerdo a una definición previa del perfil del cargo.

-Puestas en votación, las conclusiones fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Barros, Bauer, Tuma y la señora Valcarce.

Designación del Diputado Informante .

Se acordó designar Diputado Informante al señor Ramón Barros Montero .

Sala de la Comisión, a 15 de julio de 2009.

Tratado y acordado, conforme se consigna en las actas de fechas 15 y 30 de abril; 14 de mayo, 4 de junio, y 9 de julio de 2009, con la asistencia de los Diputados señores, Barros Montero, don Ramón ( Presidente ); Bauer Jouanne, don Eugenio ; Escobar Rufatt, don Álvaro ; Isasi Barbieri , doña Marta ; Paredes Fierro, don Iván ; Paya Mira, don Darío ; Sabag Villalobos, don Jorge ; Sule Fernández, don Alejandro ; Tuma Zedán, don Eugenio ; Valcarce Becerra , doña Ximena , y Venegas Cárdenas, don Mario Se hace constar que también asistieron, por la vía del reemplazo temporal, los Diputados Recondo Lavanderos, don Carlos ; y Norambuena Farías, don Iván

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.