Labor Parlamentaria

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, antes de entrar en el fondo de mi intervención, quiero señalar que estoy sorprendido con el debate habido en esta sesión, pues en la Comisión de Hacienda se nos señaló sistemáticamente que todos los artículos y prácticamente el ciento por ciento del proyecto era fruto de un acuerdo íntegro entre el Gobierno y el Comando Nacional de Exonerados, pero aquí ha quedado absolutamente claro, por las manifestaciones de las tribunas, que no es así. Por lo tanto, no se pueden presentar a nuestra Corporación proyectos supuestamente sustentados por acuerdos o convenios entre organizaciones y el Gobierno, cuando eso no es la verdad, como ha quedado de manifiesto en esta sesión.

Este proyecto, respecto del que ya hemos escuchado tres informes -de la Comisión de Trabajo, de la de Derechos Humanos y de la de Hacienda- tiene, sin lugar a dudas, un sentido social, ya que trata de reparar, según sus fundamentos, eventuales injusticias ocurridas en el pasado.

Es muy importante analizar cuál es el costo de esta iniciativa, cuántos son sus beneficiarios y qué podríamos hacer, también desde el punto de vista de la justicia social, con estos recursos.

El proyecto de ley tiene un costo anual de 25.485 millones de pesos durante los tres primeros años y, a partir del cuarto, de 18.178 millones de pesos.

Cabe recordar, por ejemplo, que los beneficios otorgados por el Estatuto Docente no fueron recibidos en forma automática o de una sola vez por los 140 mil profesores. Se estableció una tabla de entrega: en 1991, 10.595 millones de pesos; en 1992, 15.776 millones de pesos; en 1993, 24.850 millones de pesos y, a partir de 1994, 29.920 millones de pesos, según lo informado durante la discusión de ese cuerpo legal. Es decir, si uno analiza los beneficios aprobados por esta Corporación a los 140 mil profesores de Chile, son inferiores a los que se le conceden en este proyecto de ley a los supuestos exonerados políticos, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo, de 1990.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO .-

Se murieron de hambre durante los diecisiete años.

El señor LONGUEIRA .-

Frente a lo señalado por el Gobierno, en su oportunidad, en cuanto a que no podía adelantar esos beneficios a los profesores de Chile, porque no había recursos tuvo que incluir varios artículos transitorios para otorgárselos parceladamente, no podemos dejar de mencionar que nos parece curioso que en un proyecto de ley que favorecerá, según los informes, a 56.000 personas, se entreguen 25.485 millones de pesos, es decir, 15.000 más de lo que se le otorgó a todos los profesores de Chile.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¡Señores Diputados, ruego no interrumpir y respetar al señor Diputado que está haciendo uso de palabra!

El señor LONGUEIRA .-

Es muy conveniente discutir cómo un gobierno va perdiendo el concepto de focalización del gasto. Ayer, los parlamentarios de regiones y los de la Región Metropolitana tuvimos un largo debate sobre los criterios para asignar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Con el financiamiento de esta iniciativa podría aumentarse en un 73 por ciento dicho Fondo para 1992, según la Ley de Presupuestos, que es todo lo que gasta el país en las comunas de Chile para infraestructura de caminos, colegios, hospitales y urbanización básica. Por eso, si tuviésemos la capacidad de aumentar o incrementar ese Fondo en un 73 por ciento, rápidamente nos pondríamos de acuerdo en los criterios para distribuirlo. También es necesario analizar otras variables para saber cómo asignamos los recursos del Fisco para que haya mayor justicia social. En Chile hay 300 mil personas que reciben pensiones asistenciales. Si el costo de este proyecto lo distribuyéramos entre ellas, las incrementaríamos en un 56 por ciento o bien podríamos aumentar la cobertura de este beneficio, ya que todos sabemos que hay muchos chilenos que no tienen jubilación, ni siquiera este subsidio del Estado que son las pensiones asistenciales. A todos nos consta cómo en nuestros distritos nos solicitan a diario el acceso a estas pensiones asistenciales, que muchos no reciben porque no habría recursos fiscales para aumentarlas.

Otro parámetro de comparación -cuando uno va dar el voto en un proyecto de esta naturaleza es importante determinar si se considera justa la distribución y seguir postergando a otros sectores, que no tengo la menor duda, han sufrido más que aquellos que se quiere beneficiar con este proyecto de ley- se refiere al aspecto habitacional. El Estado de Chile podría construir 14 mil viviendas básicas adicionales a los programas anuales.

Manifestaciones en las tribunas.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, pido que solicite respeto por mi intervención.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ya lo he solicitado.

Reitero a los asistentes a las tribunas que no deben hacer manifestaciones. Si continúan, aplicaremos el Reglamento. Hago presente que el desalojo, si se dispone, puede ser parcial, porque desde hace rato observamos que hay un sector que interrumpe, mientras el otro escucha como corresponde.

Puede continuar, señor Longueira .

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, para terminar, quiero señalar otra variable en la que podrían usarse los cuantiosos fondos asignados a este proyecto de ley. El subsidio único familiar, SUF, tiene actualmente un monto de 1.550 pesos. Con estos recursos, se podría más que duplicar. Se aumentaría a 3 mil 670 pesos.

Está de más decir que podría incrementarse la cobertura de este beneficio, porque a todos nos consta cómo en nuestros respectivos distritos la gente más pobre nos pide acceso a este subsidio.

En definitiva, en esta primera parte de la intervención quiero hacer presente que este proyecto es la mejor demostración de cómo se posterga a miles de chilenos que no tienen voz, que no tienen organización, que no tienen medios de presión y que no pueden proponer una iniciativa como ésta, para que el Estado les otorgue el beneficio que les debería dar para surgir.

No tengo ninguna duda de que son muchos más de 56.000 los chilenos -los más pobres y que llevan décadas esperando que el Estado les otorgue esta oportunidad- que a lo largo del país piden que aumentemos la cobertura del SUF, de las pensiones asistenciales y la posibilidad de obtener viviendas.

Para entrar al análisis del proyecto en sí mismo, tomaré las palabras de un Diputado que me antecedió: "Vayamos a la historia y a las raíces."

Aquí lo único que hemos escuchado es lo atroz de la dictadura del Gobierno militar, como si las Fuerzas Armadas hubiesen actuado porque en este país no pasaba absolutamente nada.

Intervinieron a petición de la inmensa mayoría de los chilenos, incluidos los partidos de algunos Diputados, que obviamente hoy no lo reconocen, pero que antes del 11 de septiembre de 1973 recurrieron a las Fuerzas Armadas porque Chile no tenía otro camino para salvarse de una dictadura sin retorno y mucho más atroz que la que ellos dicen que vivieron en nuestro país.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA .-

La verdad -aunque no le guste al señor Palestro , que no se ha renovado- es que el país, durante ese período, estuvo expuesto a una eventual guerra civil y la historia de este país no comienza con el Gobierno militar, y las raíces de este proyecto de ley están, precisamente, en el Gobierno de la Unidad Popular, que usó y abusó del servicio fiscal, de la Administración Pública. En su programa de gobierno indicó que iba a expropiar 91 empresas. Sin embarga, en tan sólo tres años expropiaron más de 550.

Y ahora, este proyecto otorga beneficios a aquellas personas que trabajaron en esas más de 500 empresas robadas por el Gobierno de la Unidad Popular.

Manifestaciones en tribunas.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA .-

Tanto fue así que la Cámara, en ese tiempo, con parlamentarios que, incluso, hoy lo son, formó una Comisión Especial Investigadora, la que, según una inserción de quien era su presidente en ese momento, don Luis Pareto González -que no está de más decir que hoy no es de la Oposición-, estaría encargada de "analizar y conocer las arbitrariedades de toda índole, que se han cometido en las instituciones y empresas estatizadas o intervenidas." Y ahora se nos propone conceder beneficios a más de 30 mil personas de esas mismas empresas. Esta propia Corporación tuvo que crear una Comisión Especial Investigadora, que no pudo determinar en su informe las irregularidades cometidas, porque -aunque la Constitución era mucho más parlamentaria que la del 80-, según lo que decía el señor Pareto , los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y Previsión Social de la época, durante tres meses, nunca se presentaron a la Comisión y ninguna autoridad respondió sus oficios. Esto llama la atención después de haber escuchado los escándalos que se han armado cuando algunas personas no han querido participar en Comisiones que la Cámara ha constituido durante este período.

Sin embargo, en el gobierno pasado, ni los Ministros de Economía ni del Trabajo, ni sus Subsecretarios se presentaron a esa Comisión. Como consecuencia de ello, al no contar con el respaldo de las autoridades de esa época, no pudo elaborarse un informe adecuado.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar, señor Longueira .

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, tengo muchos recortes de prensa de lo que señalaban destacados personeros de la Democracia Cristiana en aquella época, pero no perderé el tiempo en leerlos en esta exposición. En verdad, hoy parece insólito que se nos presente un proyecto de ley para beneficiar a 30 mil personas que trabajaron en las empresas expropiadas por el gobierno pasado, y, tal como dije, finalmente robadas.

Es muy importante señalar que en ese período hubo cientos de miles de trabajadores que cumplían a cabalidad con sus obligaciones y deberes, pero, como debido a la crisis del gobierno de la Unidad Popular sus empresas -cientos de ellas- tuvieron que cerrar, fueron exonerados o despedidos. Para ellos, sin embargo, no hay ningún proyecto de ley y no lo va a haber, porque aquí sólo se presenta un proyecto para exonerados políticos.

Más aún, este proyecto da por establecido, de derecho, que por la sola circunstancia de que un trabajador no se haya presentado finalmente a su lugar de trabajo o haya sido exonerado durante el período del 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de ese mismo año, es un exonerado político.

Aquí se ha hablado de la justicia de este proyecto de ley y han sido curiosamente excluidos de él los exonerados de las Fuerzas Armadas o de las instituciones de seguridad pública. No ha habido ninguna respuesta lógica que justifique algo de esa naturaleza. Nada. Un parlamentario lo mencionó.

También hay una gran distorsión y discriminación entre aquellos que optaron por el antiguo y por el nuevo sistema. Según el proyecto, aquellos exonerados que se mantuvieron en el antiguo sistema recibirán su jubilación durante 36 meses y con efecto retroactivo, en la medida en que se acojan a esta ley y dicha jubilación se establezca en los artículos 1° y 2°. Pero aquellos que optaron por el nuevo sistema están excluidos de ese reconocimiento y sólo recibirán la reactualización o un bono compensatorio para ser incorporados al bono de reconocimiento que tuvieron con anterioridad.

Por todas estas razones, y por muchas otras que voy a mencionar en el transcurso de la discusión, está de más decir que vamos a rechazar este proyecto porque esta clase de iniciativas nos permite comprobar que existen los recursos fiscales para lo que este Gobierno quiera aprobar. A pesar de las innumerables veces que se nos ha señalado que no las hay para aumentar, por ejemplo, la cobertura del SUF, las pensiones asistenciales o para mejorar o adelantar el Estatuto Docente, aquí aparecen 25 mil 500 millones de pesos para un proyecto de clara connotación política, cuyas raíces no provienen del gobierno pasado, sino precisamente, de un gobierno como el de la Unidad Popular que usó y abusó de la Administración Pública, y, finalmente, exoneró, porque persiguió durante tres años, a todos los trabajadores que no compartían su programa de gobierno. Podrá haber exoneraciones por decreto, por bando o por muchas otras formas, pero hay una especie de exoneración que hasta hoy se aplica, puesto que una cantidad innumerable de personas partidarias del gobierno pasado, como se lo señalan a uno diariamente, son perseguidas en la Administración Pública. No las exoneran, pero las ponen en 'el baño, debajo de la escalera o en la oficina de partes, y, finalmente, les hacen tan indigna su forma de trabajo, que silenciosa y voluntariamente tienen que renunciar. Cientos son los exonerados que hoy existen en el país porque les ha sido indigno seguir trabajando debido a la persecución en algunas reparticiones públicas.

Por lo tanto, si de justicia vamos a hablar, que sea una justicia completa. Por eso, por todas las razones que he señalado, la UDI va a rechazar, en general, este proyecto de ley. He dicho.