Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, con fecha 16 de marzo de 2019, al interior de la Escuela de Caballería Blindada del Ejército, en Iquique, un soldado conscripto de 18 años de edad disparó y dio muerte a un sargento segundo y a un cabo, para posteriormente suicidarse. Esa noticia, que enlutó a Iquique y a toda la Región de Tarapacá a inicios del año recién pasado, así referida, resulta dura, incompleta y aparentemente carente de motivos, ya que este dramático hecho está precedido de una antesala invisibilizada ante los ojos de la opinión pública o circunscrita única y exclusivamente a la mirada de los medios que la dan a conocer.

Entonces, cabe preguntarse qué motivó una conducta de tal entidad, en qué circunstancias se encontraba ese joven, cuál era su realidad física y emocional en ese momento, cómo ingresó al servicio, si era apto, qué evaluaciones se le realizaron, cómo se le incentivó para seguir en ese camino, si fue escuchado, por qué lo hizo, cómo se le protegió, y si los procedimientos, protocolos o herramientas destinados a canalizar esas denuncias fueron eficaces.

Como padre, hechos como este causan un profundo dolor, impactan y conmocionan.

Como parlamentario por la Región de Tarapacá, me veo en la necesidad y en el deber de promover un camino eficaz para la canalización de denuncias sobre maltrato o eventual hostigamiento de quienes decidan optar por el servicio militar y hacer carrera, o derechamente acuñar una carrera en las filas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, a través de herramientas que apunten al perfeccionamiento de los procedimientos destinados a la prevención del maltrato, a la protección de las víctimas y a la aplicación de las sanciones de quienes resulten responsables.

Los procedimientos, de acuerdo con las conclusiones que arroja el presente informe, ya existirían en el Ejército. Por eso hablo de apuntar a su revisión y perfeccionamiento con miras a su eficacia, para que hechos como el ocurrido en Iquique y en otros lugares del país no vuelvan a ocurrir.

Es así como durante el trabajo de la comisión investigadora tuvimos la asistencia de una gran cantidad de representantes de instituciones como el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y del alto mando del Ejército, a fin de imponernos de los procesos de selección, los exámenes y requerimientos técnicos para analizar el perfil de las y los jóvenes que ingresan al servicio militar, de los protocolos y la normativa vigente que rigen la canalización de las denuncias en caso de maltrato u hostigamiento y, por cierto, a mi juicio, del grado de burocracia y falta de respuesta oportuna que ello ha implicado en la práctica. Lo más estremecedor, por cierto, fue el relato que nos hicieron la madre y el hermano del conscripto.

En Chile, el servicio militar es obligatorio para el ciento por ciento de las personas de sexo masculino que cumplen 18 años de edad. De ellos, los estudiantes no voluntarios sorteados -escolares en su último año, de institutos técnicos y universitarios, y alumnos en práctica pueden realizarlo en tres modalidades: conscripción ordinaria, prestación de servicios y Curso Especial de Instrucción Militar.

Así, en nuestro país los soldados y/o marineros conscriptos ascienden a 10.836, correspondientes a 9.399 hombres y 1.437 mujeres.

La voluntariedad del servicio militar femenino se inició en 2007 en el Ejército; sin embargo, solo a partir de 2016 en la FACh y desde 2017 en la Armada. En el caso del Ejército, la voluntariedad femenina ha ido disminuyendo, sin perjuicio de lo cual la conscripción se ha visto aumentada. Además, existe una brecha entre las que quieren hacer el servicio militar y los cupos disponibles para ello.

Cabe destacar que en el proceso de admisión en Chile para el servicio militar existen exclusiones, destacando dentro de ellas la imposibilidad física o psíquica, lo que lleva a las Fuerzas Armadas a realizar exámenes de rigor previos.

Pero también era muy importante conocer la situación general. Por eso tuvimos a la vista los datos que nos proporcionó la Subsecretaría de Salud para conocer los casos de suicidios en la población de nuestro país. En verdad, el problema es igual de preocupante que los hechos que motivaron esta investigación, por cuanto actualmente se producen 10,2 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Entre los 15 y 19 años, al 2016, la tasa es de 6,8 muertes por suicidio por cada 100.000 jóvenes. Si analizamos específicamente los casos de suicidio en el personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la información que se nos proporcionó, tanto de los intentos como de los casos, entre 2013 y 2019 en el Ejército de Chile se registraron 111 intentos de suicidio; cuatro jóvenes se han suicidado. En la Armada hubo un intento de suicidio durante 2015, y en la Fuerza Aérea de Chile se produjo un suicidio durante 2014 y, lamentablemente, otro en 2017.

Respecto del maltrato, existe normativa legal y reglamentaria, la que se encuentra vigente desde hace más de cuarenta años, que por supuesto no permite el maltrato y el abuso hacia los soldados conscriptos, siendo sancionados quienes incurran en estas faltas y/o delitos con sanciones administrativas y penales. Así lo establece el Código de Justicia Militar como también una gran cantidad de normativa interna del Ejército que se nos tuvo a la vista.

La instrucción que reciben los conscriptos durante el servicio militar implica para cualquier persona un sometimiento a altos niveles de estrés físico y mental. Para controlar de mejor manera sus efectos, se requiere la implementación de mecanismos que, durante el proceso de instrucción y respetando la doctrina militar, permitan un adecuado nivel de protección de los derechos de los conscriptos.

Al final, nos damos cuenta de que en los tristes hechos que motivaron esta investigación se aplicaron los procedimientos preestablecidos, pero, lamentablemente, no fueron efectivos y no aseguraron un rol preventivo en esta materia.

Así, habiéndose abordado desde un punto de vista activo la materia sometida a nuestro conocimiento, la comisión arribó a una serie de conclusiones desde una perspectiva preventiva y sancionatoria, dentro de las cuales se establece la conveniencia de que las Fuerzas Armadas realicen una evaluación preventiva y permanente con el propósito de aplicar mediciones psicológicas u otras de salud mental, como parte de los requisitos de selección previos al ingreso y durante el acuartelamiento del contingente seleccionado a través de test periódicos y aleatorios; instar a las instituciones de las Fuerzas Armadas a que mantengan permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar, lo cual debería ser imperativo a corto plazo, y mejorar los canales de denuncia y los procedimientos de información relativos a situaciones de acoso laboral o sexual durante el servicio militar.

Con dicha finalidad, se sugirió que el Ministerio de Defensa Nacional instruya a las Fuerzas Armadas para que establezcan mecanismos suficientes que aseguren la adecuada difusión y conocimiento del protocolo conjunto para las Fuerzas Armadas por parte del personal de las instituciones, como medidas de protección y de resguardo para las víctimas, así como plazos muy breves y perentorios para la notificación al denunciado del inicio de una investigación sumaria en su contra, y, por supuesto, poner, cuando corresponda, los antecedentes en manos del Ministerio Público, para lo cual también se propone una serie de plazos muy acotados.

A su vez, un apoyo médico, psicosocial, espiritual, social, jurídico y administrativo, como a su vez propender a que las instituciones armadas fortalezcan las medidas destinadas a incentivar el ingreso de soldados conscriptos a sus escuelas matrices, tanto de oficiales como de suboficiales o gente de mar, una vez que hayan finalizado su servicio militar.

En cuanto a la denuncia, a la protección del denunciante y a las sanciones a quienes resulten responsables, se propone consagrar como deber militar la obligación de denunciar situaciones de maltrato o de abusos de cualquier índole, y contemplar mecanismos adecuados de denuncia que resguarden de manera integral al denunciante, es decir, un análisis muy detallado sobre los hechos tan lamentables que ocurrieron en Iquique, con medidas muy concretas para que tales situaciones no se repitan en ninguna fuerza armada, se fortalezcan los procedimientos ya aplicados y, por supuesto, se hagan los cambios necesarios para que nunca más sea noticia una situación de esa naturaleza en algunos de nuestros cuarteles.

Por lo tanto, vamos a aprobar el informe de la presente Comisión Especial Investigadora.

He dicho.