Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, no tenemos la unanimidad.

En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 76 del Reglamento de la Corporación, que corresponde al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, ¿por qué estamos aquí?

Nosotros, los diputados de la Región de La Araucanía y de la provincia de Arauco, estamos aquí en representación de los agricultores, de los parceleros, de los contratistas forestales y de sus trabajadores, de los transportistas y de sus choferes, de los comerciantes, de los empresarios turísticos y de las víctimas abandonadas después de que el fuego se ha apagado cuando se queman sus bienes.

Ellos han sufrido amenazas de muerte, de robos, de atentados incendiarios, de extorsiones, de secuestros, y muchas otras agresiones que los mantienen completamente aterrorizados y abandonados, principalmente en las zonas rurales de la Región de La Araucanía, pero también de las regiones del Biobío, de Los Ríos y de Los Lagos.

Uno de ellos es don Juan Navarrete y su familia. Él, con mucho esfuerzo, logró adquirir maquinarias y dar empleo a vecinos de la comuna de Collipulli. Ayer y hoy los trabajadores de esa ciudad marcharon y protestaron, tomándose el puente de Collipulli. Hoy marcharon por las calles de la misma comuna pidiendo trabajar en paz. ¡No pidieron bonos, pidieron trabajar en paz y que no existiera más el terrorismo! Ellos han sido víctimas sistemáticas del terrorismo en la Araucanía. Hay trabajadores que fueron baleados por la espalda y que en estos momentos están en la clínica. Uno de esos trabajadores tenía que ocuparse de su esposa minusválida; a otro trabajador casi le quiebran los brazos por defender su máquina, que era su sustento de trabajo.

Por lo tanto, ministro, esto se salió de los contextos normales, porque, según decían los trabajadores que ayer se encontraban en una protesta en el puente viaducto del Malleco, este gobierno no ha logrado darles la seguridad y la paz que necesitan para desarrollarse.

Ministro, sinceramente, esto ya no da para más. Es hora de que comience a mirar nuevamente a la Araucanía, con esa mirada que puso al principio de este gobierno, pero que se perdió. El testimonio de la familia Navarrete representa a cientos de víctimas que han perdido la confianza en este gobierno y en sus autoridades.

A diario, como parlamentario de la Araucanía, recibo llamadas desesperadas de auxilio de personas que son amedrentadas y atacadas en la zona sur del país. Hay quejas duras contra el gobierno, contra usted, ministro, y las policías. Y es que cuando los ataques aumentan de manera desmedida en la zona, las víctimas se preguntan, con mucha impotencia, qué están haciendo realmente las autoridades para detener esta ola de violencia. Las autoridades regionales, como intendentes y gobernadores, hacen el mejor esfuerzo -me consta, porque también fui gobernador por esa zona-; sin embargo, ellos no tienen las facultades para tomar decisiones relacionadas con inteligencia e inversiones, como sí las tiene el nivel central, que hoy implica una macrozona. La responsabilidad es del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Con el respeto que me merece, ministro, pero en honor a la verdad, y también por respeto al dolor de las víctimas, da la sensación de que es poco lo que se está haciendo al colocar un coordinador para la macrozona sur, que más bien parece un coordinador fantasma y que ocupa ese cargo solo por tener cercanía y amistad con usted. Al leer su currículum -aquí lo tengo me doy cuenta de que, en general, es bastante disminuido y, en lo específico, no tiene las competencias para abordar, por sobre los intendentes y los gobernadores, la gran responsabilidad que implica coordinar esta tarea. A todas luces, no ha sido capaz de aquello, porque no tiene la necesaria expertise para diseñar o implementar medidas efectivas, salvo jactarse de que es amigo del ministro y haber compartido unas piscolas con Héctor Llaitul .

Señor ministro, ¿por qué no crea un comité de crisis, al estilo del comité covid-19, que realmente sepa lo que pasa en las regiones, con personas expertas en el tema? En la Araucanía existen muchas personas con conocimiento de la zona y saben cómo actúan esos grupos. Un ejemplo de ello es el ex fiscal Francisco Ljubetic , una persona de experiencia que podría ser un aporte; súmele expertos internacionales y gente que conozca lo que pasa en la zona, para avanzar definitivamente en esto; de lo contrario, no avanzaremos en esta materia.

En el sur del país la gente está desesperada, molesta y cansada. Uno de esas personas, de la cual no se sabe mucho, porque no aparece en los medios, es don José Seitz , un agricultor de la comuna de Ercilla, al que desde 2014 constantemente lo vienen asediando con amenazas. Es un agricultor de 82 años al que en 2018 le quemaron su vivienda. Sin embargo, no se va a ir de su campo sino muerto. Ya no está viviendo en su casa; está viviendo en un container, y todos los días sufre asedio constante.

Otro caso -quizás lo conoce, ministro es el del señor Olave , que cuando venía de regreso del Congreso, a sus siete trabajadores los bajaron y les robaron sus vehículos a punta de pistolas, con la excusa de cometer delitos, amenazándolos con consignas mapuches, según lo que ellos decían.

¿El robo de camionetas tiene relación con la recuperación territorial? ¡Ninguna! ¡Absolutamente ninguna! Después de eso, ¿quién sigue creyendo que no hay terrorismo en la Araucanía? Lo invito a revisar la prensa del 25 de junio pasado, en que se informaba que un grupo de encapuchados interceptó en Pidima un bus que transportaba trabajadores de un packing frutícola. Los obligaron a bajarse, amenazados a punta de armas y pistolas, para luego incendiar el bus. La mayoría de los trabajadores eran mujeres. Hoy, al menos diez de ellas se mantienen con licencia médica debido al temor que sienten al transitar por esas rutas de la región.

Además, gran parte de esos trabajadores son de origen mapuche y declaran que los atacantes no sabían hablar mapudungún, a pesar de que gritaban consignas mapuches, pero lo hacían en español. Raro, ¿no?

¿Cuál ha sido el saldo? Cientos de víctimas del terrorismo, amenazadas, empobrecidas, aterrorizadas e, incluso, asesinadas. El sistema productivo decae y las oportunidades de desarrollo para los habitantes se estancan.

En lo que va del año, hemos contabilizado 71 atentados o ataques incendiarios en la macrozona. Solo en el mes de junio, y en pleno estado de excepción, se cuentan 25 ataques incendiarios en el Biobío, la Araucanía y los Ríos. Es más, entre la madrugada del 18 y el 20 de junio -es decir, en menos de 36 horas-, una decena de ataques incendiarios destruyeron camiones, maquinaria forestal, buses, vehículos menores, escuelas, viviendas, galpones, antenas de telecomunicaciones y una caseta de la Conaf en el acceso al monumento natural Contulmo .

Frente a esto, ministro, es insostenible seguir diciendo que se está trabajando, que pronto se tendrán resultados, que se presentará una nueva querella o que se condenan los hechos. El discurso ya no sirve, porque se requieren resultados urgentes y concretos. No podemos tapar el sol con un dedo ni evadir la realidad.

Si en menos de 36 horas tenemos una decena de ataques incendiarios, eso da cuenta de que no se está haciendo el trabajo o que la estrategia que se está usando fracasó. Esto no resiste más análisis.

Señor ministro, uno de estos diez atentados se registró en el viaducto del Malleco, donde los atacantes no solo las emprendieron contra los vehículos, incendiándolos, sino que además dispararon contra las personas que a esa hora transitaban por la principal ruta del país. Todo esto pasa en la Araucanía y en Arauco, en plena democracia y en el marco del estado de excepción, que se supone que nos otorga mayor seguridad.

Si esto sucede en la concurrida ruta 5, que cuenta con vigilancia de Carabineros y del Ejército, imagínense ustedes lo que sucede en el campo, en las rutas interiores o en las zonas más apartadas. Ahí cientos de familias viven completamente aterrorizadas por esos delincuentes, que les roban sus animales, incendian sus casas o galpones, atacan infraestructura crítica con explosivos; ellas son amenazadas de muerte a diario, y sus campos son usurpados. En definitiva, esos delincuentes se ríen en la cara de las autoridades y de todos los poderes del Estado, haciendo una demostración de fuerza, intentando sembrar el terror. Muestra de ello son las declaraciones que, hace algunos días, entregó el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, don Héctor Llaitul , quien, ante la pregunta de un medio de comunicación sobre si ellos estaban dispuestos a un enfrentamiento, contestó: “Sí, estamos dispuestos. Ya llevamos dos décadas de lucha territorial y política; hay una experiencia en la autodefensa y la resistencia. De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado. (…) Hoy contamos con capacidad militar…”.

Insisto, ministro, ¿qué entiende usted al leer esto? ¿Qué están esperando para actuar?

¿Acaso esto no es una amenaza directa y explícita al Estado de derecho? Esto es una declaración de guerra, donde nos dicen que están armados y organizados, que tienen experiencia, preparación y entrenamiento militar. Lanzan amenazas públicas, desafiando el Estado de derecho. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Alguna vez la Fiscalía ha citado al señor Llaitul a declarar? ¡Nunca! ¿Tendremos resultados para desarticular esta organización terrorista? Así como vamos, no lo creo.

Hace algunos días dos de estas organizaciones, la CAM y la Weichan Auka Mapu , esta última conocida por incendiar iglesias, llamaron a todos sus seguidores a perpetrar ataques en la macrozona. En muchos de estos ataques se lanzan panfletos y se despliegan lienzos que reivindican y justifican los atentados, pidiendo la libertad de los que ellos llaman presos políticos mapuches, etiqueta que han inventado para crear una verdadera estrategia de marketing que les permite restar responsabilidades a personas condenadas y lograr apoyo para esa suerte de mártires de la causa. ¡Por favor!

La realidad es que esas personas que están en las cárceles y que quieren llevar la etiqueta de presos políticos están detenidas por robos de vehículos, narcotráfico, incendio e, incluso, asesinato. Ese es el caso de Celestino Córdova , quien actualmente cumple condena por el cruel asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Reconozco que tienen mucho talento para diseñar esta estrategia de marketing, porque les ha permitido comunicar de manera efectiva esta farsa, incluso en el extranjero, donde consiguieron financiamiento y donde tienen apoyo de activistas muy comprometidos, como lo pudo constatar hace poco la ex-Presidenta Michelle Bachelet , en Ginebra. Ustedes lo vieron.

Los famosos presos políticos mapuches son personas acusadas de delitos por robo con violencia calificado, en prisión preventiva por delitos de robo con intimidación, con condenas entre 21 y 24 años de cárcel por delitos de robo con violencia calificado con porte de armas, o en prisión preventiva, como ocurre con los autores del delito consumado de homicidio contra los hermanos Jorge Marimán y Matías Coniqueo ; en prisión preventiva por homicidio frustrado contra carabineros, por incendios, etcétera. Esos son los que se denominan “presos políticos”.

También hay que entender que el combate contra el terrorismo no es un tema de un gobierno, sino un tema de Estado, y la batalla en contra del terrorismo es un tema de decisión y voluntad.

No solo han perdido casas, cosechas o maquinarias, sino también hermanos, hijos, madres y padres. ¿De quién hablo? De Osvaldo Zapata, de Víctor Neira , de Sonia Margarita González, de José Retamal Medina, de Héctor Gallardo Aillapán , de Vivianne Mackay, de Werner Luchsinger , de Jorge Maulén , de Eleodoro Reiman, de Elodia Aguayo, de Osvaldo Antilef, de los carabineros Hugo Albornoz , Claudio Godoy y Alex Gutiérrez , y de Juan Barrios, quien falleció en marzo pasado luego de resultar herido, con graves quemaduras en su cuerpo, cuando incendiaron un camión.

En tan solo siete años, los contratistas forestales han tenido 190 ataques incendiarios, los que se traducen en 610 equipos de trabajo incendiados y destruidos. Es decir, se han perdido dos mil puestos de trabajo producto de la violencia.

También hay temor: los propios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) no se atreven a entrar a ciertos lugares.

Aquí hay un tema importante, porque los poderes del Estado también tienen que hacer lo suyo; la fiscalía tiene que hacer lo suyo. Hay más de doscientas causas en el último año, de las cuales ciento cincuenta están en tramitación y cincuenta causas estarían terminadas, pero solo diez tendrían una condena y cerca de cuarenta se cerraron por orden de no perseverar. Las cifras respecto de las querellas son aproximadas, pues el Ministerio del Interior y la fiscalía guardan el dato bajo siete llaves.

El Ministerio Público también requiere otras herramientas para investigar junto con las policías. En ese sentido, los parlamentarios tenemos la responsabilidad de apoyar las modificaciones para que las policías puedan investigar los delitos con herramientas, como, por ejemplo, para investigar las redes de narcotráfico. Estoy seguro de que varios parlamentarios estamos dispuestos a apoyar esas modificaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que las urgencias de las iniciativas las califica el Ejecutivo.

Por lo tanto, llamo al Ejecutivo a calificar con urgencia estas iniciativas, así como también el proyecto de ley de usurpaciones, para que se discuta en forma inmediata la modificación al Código Penal respecto de las penalidades a la usurpación, ya que actualmente se sanciona solo como una falta.

Ministro y estimados parlamentarios -por su intermedio, señor Presidente-, lo más importante es hacer todos los esfuerzos para devolver la paz, la dignidad y la seguridad a la Región de La Araucanía -sabemos que sin seguridad no hay desarrollo posible-, pero, asimismo, debemos regresar la armonía y el descanso a los habitantes de nuestra golpeada región.

No olvidemos que quienes llevan años resistiendo la violencia son personas que sienten y sufren, que han perdido no solo una vida de esfuerzo, sino también la esperanza y la confianza en el gobierno y en el Estado de Chile. El gobierno no puede permitir que los ciudadanos queden en el abandono.

Había una agenda indígena para avanzar en conjunto en los temas de los pueblos indígenas, pero está detenida desde que se fue el ministro Alfredo Moreno . También debemos avanzar en todo lo que significa el Consejo de Pueblos y en todo lo comprometido al inicio por el gobierno, que lo estaba haciendo bien, pero insisto en que esa agenda indígena ahora está completamente detenida; llevamos más de un año y medio sin avanzar absolutamente nada.

Por lo tanto, llamo al gobierno, a la fiscalía y al Congreso a trabajar en un camino de solución para poder tener realmente la paz que necesitamos en las provincias de la macrozona sur del país.

He dicho.