Labor Parlamentaria

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, con fecha 2 de mayo pasado, la Honorable Cámara despachó un proyecto de acuerdo mediante el cual se solicitaba al Presidente de la República estudiar un proyecto de ley que permita al Estado comprar terrenos situados en Quinquén, comuna de Lonquimay, Novena Región, con el objeto de permitir, por esta vía, solucionar el problema que viven las familias pehuenches instaladas en el valle, propiedad de la comunidad Galletué.

También se solicitaba que el Valle de Quinquén fuera declarado parque nacional y transformado en santuario de la naturaleza, con el fin de permitir que coexistan en armonía flora y fauna autóctonas con las tradiciones culturales del pueblo mapuche que habita en el valle.

Según el acuerdo adoptado, se entiende que para declarar parque nacional a esas tierras es necesario que el Fisco, previamente, las adquiera. Para ello, según el estado de las negociaciones entre el Gobierno y los dueños, es necesario llegar a un precio. Ninguno de estos requisitos se han cumplido a la fecha por cuanto, por el momento, no hay acuerdo respecto del precio.

Sin embargo, el 27 de mayo recién pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 56 del Ministerio de Agricultura, que crea la reserva nacional Lago Galletué, situado en la comuna de Lonquimay, exactamente el lugar del conflicto; pero el decreto la extiende a una superficie total aproximada de 107.540 hectáreas, todas de propiedad de particulares.

Estamos frente a un hecho de la mayor gravedad, por cuanto este decreto, de dudosa constitucionalidad -por lo demás, nuestro partido se reserva la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional- en forma velada vulnera el derecho de propiedad. El Gobierno no puede pretender solucionar un problema a través de medidas administrativas, que generan nuevas dificultades y sientan funestos precedentes.

Se pretende favorecer a los habitantes del Valle de Quinquén, pero se afecta seriamente a muchas otras familias pehuenches que tienen sus predios dentro de las 107 mil y tantas hectárea, hoy reserva nacional. Ya se les perjudicó en una ocasión, con el decreto que prohíbe la explotación de la araucaria, de dudoso efecto práctico para la protección de la especie. Hoy, de nuevo, se les involucra en una situación delicada, que configura un obscuro futuro para todos los pehuenches.

El Gobierno cree que en Lonquimay todos los propietarios son grandes hacendados y poderosos empresarios. Se equivoca irremediablemente. La ineptitud para resolver el asunto de las familias del Valle de Quinquén está llevando a toda la comuna a una situación que desembocará en un problema social insospechado.

Podría extenderme y analizar las situaciones de orden jurídico del decreto y .revisar la forma en que afecta a cientos de propietarios, grandes y pequeños, de diferentes sectores de la comuna.

Baste decir que de 380 mil hectáreas que tiene Lonquimay, un 30 por ciento se decretó reserva nacional.

En los últimos días, cientos de propietarios afectados por esta medida, de lugares como Cruzaco, Pedregoso, Icalma, Huallen Mapu, Marimenuco y otros, que ostentan títulos de dominio y que son ganaderos pobres y con enormes dificultades sociales, me han manifestado su desesperación e incomprensión ante esta arbitraria medida.

Por lo expuesto, en mi nombre y en el de mi bancada, solicito se oficie al señor Ministro de Agricultura para que informe acerca de los antecedentes técnicos y jurídicos que motivaron y justificaron la dictación del decreto N° 56, del 27 de mayo pasado.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio en la forma indicada.