Labor Parlamentaria

El señor ROSSI.- Señor Presidente , desde el año 2011, fundamentalmente, nuestra sociedad ha experimentado un fuerte proceso de movilización social con el objeto de visibilizar una serie de situaciones de injusticia que afectan a la ciudadanía, exigiendo respuestas inmediatas de la autoridad gubernamental.

En ese contexto, un número minoritario de personas efectivamente ha protagonizado incidentes, cometiendo una serie de delitos como desórdenes, robo en lugar habitado, daños, incendios, entre otros, lo que resulta reprochable e intolerable. Y nuestro ordenamiento jurídico contempla desde hace muchos años -como muy bien lo dijo el Senador Patricio Walker - sanciones para todas esas conductas delictivas.

A pesar de que existen claras diferencias entre el ejercicio del derecho a manifestarse y esos crímenes -que todos criticamos-, el Ejecutivo , el Gobierno, de manera constante y deliberada, confunde bajo una sola noción esos diversos fenómenos, no obstante tener características claramente definidas, escondiendo con ello la importancia del conflicto social existente hoy y las posibles respuestas concretas a las demandas planteadas.

Bajo esa premisa, mezclar la protesta social con la delincuencia común resulta un hecho tremendamente grave, que genera una serie de consecuencias negativas para el desarrollo de la democracia, vulnerando por cierto los derechos humanos de las personas que, legítimamente, dan a conocer su opinión; atacando pilares fundamentales como las libertades de expresión y de reunión, so pretexto de terminar con la delincuencia común.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados regula las siguientes materias: delitos de atentado contra la autoridad, delitos de desórdenes públicos, agravantes específicas y delito de encapuchamiento.

Resulta fundamental precisar -y este punto es importante tenerlo en consideración- que el Ejecutivo está presentando una iniciativa para sancionar delitos que ya están considerados y sancionados actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no es idóneo el mecanismo planteado en materia de prevención de la delincuencia; por el contrario, daña seriamente -es lo que provoca este proyecto- el sistema democrático vigente en nuestro país, con todos sus defectos.

Es importante plantear el tema ahora, porque resulta claro y evidente -así lo han manifestado distintos especialistas en la materia- que las conductas que señala el Ministro (condenadas por todos) ya tienen sanción adecuada en nuestro ordenamiento jurídico.

¿Cuál es el problema? Que aquí se mete en un solo saco la protesta social, que es tremendamente legítima; la movilización social, donde vemos a profesores, funcionarios públicos y trabajadores en la calle reclamando sus derechos, a jóvenes que piden una educación pública gratuita y de calidad, a ambientalistas que exigen una Patagonia sin represas, y a una minoría dentro de esos grupos, que efectivamente cometen delitos, desórdenes, y que deseamos sancionar. Respecto de esto último estamos todos de acuerdo.

Sin embargo, cabe preguntarse si es necesaria o inocua esta ley en proyecto. Porque de ser inocua para el Estado de Derecho y para nuestro sistema democrático vigente a lo mejor la votaríamos a favor. Pero estamos convencidos de que no lo es, que daña garantías fundamentales y, además, lesiona derechos humanos esenciales.

Mediante esta reforma se atenta contra una serie de garantías de carácter penal, imprescindibles en todo Estado de Derecho que funciona en democracia.

En concreto, el texto propuesto produce una desproporción de las penas, al ampliarse excesivamente los tipos penales; introduce agravantes que carecen de justificación racional; incluye una categoría única de autor; omite la vulneración a bienes jurídicos concretos; elimina la posibilidad de aplicación de penas alternativas; reduce al mínimo la posibilidad de ponderación de los jueces en el caso concreto; todo ello sumado a una considerable falta de armonía interna en el Código Penal y con otros cuerpos legales, tales como el Código Procesal Penal.

Esa es la opinión que tenemos en la Nueva Mayoría. De hecho, vamos a votar en contra de este proyecto, porque no avanza en materia de seguridad, no contribuye a la paz social, no combate efectivamente la delincuencia, sino que, por el contrario, lesiona gravemente derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, que tienen el legítimo derecho a salir a la calle a plantear sus puntos de vista y también a no ser confundidos con delincuentes.

Eso es lo grave que presenta la iniciativa en estudio.

Por otro lado, después del debate presidencial de anoche, me di cuenta de por qué se encuentra este proyecto acá.

El primer bloque de dicho programa comienza con un tema relativo a seguridad pública, sorprendiéndome profundamente escuchar la línea argumental de la candidata de la Derecha, Evelyn Matthei , porque, al preguntársele si el problema estaba en la fiscalía, que tiene la obligación de la persecución penal del delito; en las policías, por alguna desconexión con los fiscales, en fin; en los jueces, en las leyes, en los programas de reinserción o de rehabilitación, en el sistema carcelario, respondió que "el único problema es que tenemos jueces garantistas".

Es decir, la puerta giratoria de la justicia. Y volvimos al discurso del Presidente Piñera que en su campaña dijo: "Vamos a terminar con la fiesta de la delincuencia". Pero, ¿saben una cosa? El discurso de la puerta giratoria y de los jueces garantistas que dejan libres a los malos no tiene ninguna base ni argumento que lo sustente.

Este es el Gobierno que más ha excarcelado a personas. De hecho, muchos lo apoyamos cuando se habló de otorgar algunos indultos, de resolver numerosos casos de libertades condicionales, de penas alternativas, de reclusiones nocturnas. Una persona con reclusión nocturna no es un riesgo para la sociedad, pues está todo el día libre, pudiendo hacer lo que quiera durante ese lapso.

Además, el uso racional de la privación de libertad también tiene que ver con la seguridad pública. Por ejemplo, hay miles de jóvenes que han sido detenidos por consumir cannabis, quienes, finalmente, terminan siendo sancionados por consumo, no por tráfico o microtráfico.

En verdad, lo relativo a la puerta giratoria -insisto- contrasta con lo realizado, porque el problema se resolvería, de acuerdo a lo que piensan Evelyn Matthei y el Ministro del Interior , que envió este proyecto, metiendo más gente a la cárcel.

¡Chile: país seguro! ¡Bajamos la victimización! ¡Bajamos el temor! ¡Más personas en los recintos penitenciarios! ¿Y saben qué? Tenemos las cárceles atiborradas de gente. Existe un hacinamiento tremendo, que atenta contra la reinserción y la rehabilitación, pilares fundamentales de una política pública eficiente y seria para lograr seguridad en nuestra ciudadanía.

Recientemente hicimos una denuncia con los funcionarios de Gendarmería del penal de Acha, en Arica, porque en lugar de 1.150 internos hoy día hay más de 2.000. Lo mismo pasa en casi todos los complejos penitenciarios.

Chile es el país que, con relación a su número de habitantes, tiene más personas privadas de libertad, siendo solo superado por Estados Unidos.

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿se resuelve el problema metiendo más gente a la cárcel?

Obviamente, después de ver el debate, entiendo que la Derecha tenga ese discurso, en que se señala que el problema son los jueces garantistas. O sea, que serían malos jueces, porque dejan a todo el mundo libre.

Entonces, hay que meter más gente a la cárcel. Así se resuelve este asunto.

¿Y qué dice el Gobierno? "Vamos a criminalizar la protesta social". Y se encarcelará a los jóvenes que protestan por sus derechos y legítimas demandas; a los mapuches que reclaman porque quieren ser reconocidos como pueblo y que se les respeten sus tradiciones.

¡Ahí está la solución del problema!

Esa no es la forma de resolverlo. De hecho, ya no lo fue, porque este Gobierno fracasó en su principal promesa de campaña: terminar con la delincuencia. Y cuál era su discurso: "¡Ley y orden! ¡Tolerancia cero! ¡Fin a la puerta giratoria!".

El mismo Ministro Bulnes se dio cuenta de que era pura demagogia, al presentar el Ejecutivo una iniciativa sobre indulto, porque sabía que la cárcel no resuelve los problemas de seguridad.

Por eso votaré en contra del proyecto en debate, no solo porque es ineficiente, sino también porque es demagógico y atenta contra los derechos humanos.

He dicho.