Labor Parlamentaria

Señor Presidente, el marxismo-leninismo sostiene como principio inamovible, al que nunca ha renunciado en doctrina en ninguna parte del mundo, que el establecimiento de la sociedad socialista requiere necesariamente de lo que sus adeptos llaman, con muchas hipocresía, la dictadura del proletariado.

En todas las naciones extranjeras donde los marxistas leninistas han logrado adueñarse del Poder, el dogma a que nos referimos ha sido aplicado con rigor inexorable. En todos esos pueblos han implantado por la fuerza una dictadura integral, que no tiene de proletaria sino el nombre; un régimen tiránico y oligárquico donde pequeñas camarillas políticas, autogeneradas, disponen a su arbitrio, sin limitación ni contrapeso, desde la cuna hasta la tumba, del destino de todos los habitantes del país.

Esa es la experiencia histórica indiscutible que hemos vivido en este siglo. El régimen marxista-leninista tiene ya más de 55 años en Rusia, alrededor de 25 en los países de Europa oriental, sobre 20 en China y otras naciones asiáticas, y cerca de 15 años en Cuba. Y en todos esos pueblos, de muy variadas latitudes y condiciones materiales, de razas, culturas y tradiciones diferentes, de muy distintos grados de desarrollo económico, la tiranía totalitaria sigue rigiendo implacablemente, apoyada en la fuerza y el terror que hacen absolutamente imposible toda acción contra ella.

En algunos de esos países, allí donde existían verdadera opinión pública y Fuerzas Armadas capaces de resistir la tiranía, los marxistas no implantaron su sistema desde el primer momento, sino que se revistieron de un falso ropaje democrático. Tal fue, por ejemplo, el caso de Cuba, donde Fidel Castro hizo su revolución en nombre de las libertades públicas y del restablecimiento pleno de la Constitución, y sólo vino a arrojar la careta, confesándose marxista-leninista, cuando se sintió seguro de haber eliminado toda posibilidad de resistencia. Tales fueron también los casos de Checoslovaquia, Hungría y otros pueblos, donde los comunistas se filtraron en los gobiernos democráticos, aliados con los que ellos mismos llaman los tontos útiles, y fueron adueñándose desde allí de las distintas herramientas del Poder, hasta que estuvieron en condiciones propicias para asestar a la, democracia un golpe de muerte.

Esta es la táctica que el marxismo-leninismo escogió para Chile, tal vez sin que el propio señor Allende y algunos de los dirigentes de los partidos de extrema Izquierda se percataran al principio del círculo infernal en que se metían. La llamada vía chilena para la construcción del socialismo no es en esencia sino un mero trasplante del procedimiento que se empleó en Cuba, en Hungría o en Checoslovaquia. Se están aprovechando el aparato democrático y la ingenua convicción que existe en el extranjero de que éste es un país democrático, para adueñarse de la plenitud del Poder en todos los aspectos de la vida nacional, para destruir científicamente todos los factores que pudieran impedir, el día de mañana, la entronización definitiva de la tiranía marxista.

Ese plan, cuidadosamente preparado por ideólogos y técnicos en parte extranjeros, se puso en marcha, inexorablemente, desde el día mismo en que el señor Allende asumió la Presidencia de la República. Las ilegalidades y los abusos que se han cometido desde los primeros momentos no obedecieron casi nunca a la improvisación ni al capricho. Forman parte de toda una estrategia orientada a debilitar la democracia y a implantar finalmente el totalitarismo marxista.

Es innecesario hacer en esta oportunidad el recuento de la larga serie de ilegalidades sistemáticamente cometidas o amparadas por el actual Gobierno. Son tales su número, su reiteración, su amplitud, que las conocen no sólo los Senadores, sino también todo ciudadano, gobiernista u opositor, que tenga un mínimum de cultura y de capacidad de discernimiento.

Lo que nos interesa destacar ahora es el gravísimo estado en que nos encontramos, la peligrosidad extrema a que ha llegado el proceso a que nos referimos.

Tenemos un Congreso Nacional abierto y, aparentemente, en pleno funcionamiento; pero la verdad es que el Parlamento ya no ejerce sino una parte secundaria del Poder Legislativo que el pueblo le confió. Mientras nosotros, los parlamentarios de mayoría, gastamos nuestro tiempo en estudiar en las Comisiones o en discutir en las Cámaras proyectos de ley sin trascendencia alguna en el proceso que vivimos, el Gobierno toma determinaciones capitales, de la mayor importancia para el presente y el futuro de los chilenos, por decretos de insistencia o meras resoluciones administrativas, apoyándose en los resquicios legales, nombre con que se designa irónicamente a la desviación de poder y al fraude a la ley.

De esa manera, se ha creado, a espaldas del Poder Legislativo, una gigantesca área estatal de la economía, basada en el despojo a los legítimos propietarios y que sólo ha reportado al país pérdidas de capitales, destrucción de planteles industriales, disminución pavorosa de la producción, cruel desabastecimiento, inflación desorbitada y escandaloso mercado negro, pero que satisface plenamente a los cerebros de la Unidad Popular, porque constituye un gigantesco centro de poder para imponer mañana la tiranía marxista. El propio Presidente de la República se jacta en sus discursos de estar realizando un proceso revolucionario rápido, integral y profundo; y sucede que para esa transformación completa de nuestra vida económica, jurídica y social no se ha dictado ley alguna, por la muy sencilla razón de que se realiza contra la voluntad de los representantes legítimos del pueblo, investidos por éste de la potestad de legislar.

Y cuando el Congreso decide ejercer el más alto de sus poderes, el Constituyente, y aprueba una reforma constitucional con estricta sujeción a la Carta, que nos rige, el Presidente de la República pretende anularla con argumentos leguleyos; pierde la causa ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República ; rehúye la convocatoria a un plebiscito que sin duda le sería adverso, y luego se abstiene olímpicamente de promulgar la reforma, violando su obligación constitucional, burlando la voluntad manifestada por la nación por intermedio del Parlamento e incurriendo de ese modo en la demasía sin precedentes de adulterar nada menos que la Constitución Política del Estado.

Tenemos también un Poder Judicial que está funcionando, y podemos sentirnos orgullosos de él porque, afrontando calumnias y presiones de todo género, sigue aplicando honradamente la ley y luchando por la preservación del Estado de Derecho. Pero las autoridades ejecutivas dejan sin cumplimiento los fallos de los tribunales cada vez que ellos son opuestos a los designios marxistas. Y el Presidente de la República, en una carta pública que sería risible si no proviniera del Jefe del Estado, se arroga nada menos que la facultad, que nadie le dio, de hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales, aplicándolos o no aplicándolos según él o sus representantes lo estimen conveniente.

Tenemos, asimismo, una Contraloría General de la República que desempeña su importante cometido dirigida por un digno funcionario que también sabe resistir las amenazas y las calumnias; pero cada vez que el Contralor objeta un decreto o resolución por ser ilegal, sobreviene el decreto de insistencia y la ilegalidad prevalece y se aplica.

Tenemos libertad de difusión; pero los partidos marxistas, amparados por el Ejecutivo y pisoteando groseramente la ley del ramo, han convertido la única red nacional de televisión en instrumento permanente de concientización sectaria, han robado a la Universidad de Chile el canal que le pertenece y han recurrido a procedimientos gangsteriles para impedir por la fuerza que esa Universidad y la Católica de Chile ejerzan, en materia de televisión, derechos que les reconocen la Constitución y las leyes. En cuanto a las radios opositoras, se las persigue con saña en el terreno económico, se les imponen cadenas ilegales de cóncientización y se les aplican medidas de suspensión igualmente ilegales. Los periódicos adversos al marxismo también son cercados económicamente, y en algunos casos han sido suspendidos en contravención a la ley o simplemente usurpados, mientras el Gobierno provoca deliberadamente la quiebra de la Papelera para asumir el monopolio del papel y matar con esta arma a la prensa no marxista.

Podríamos hablar también de cómo se coartan la libertad sindical y el derecho de reunión, o de cómo algunos intendentes ordenan detenciones con meros pretextos y con abierta violación de las garantías constitucionales. Podríamos seguir durante horas refiriéndonos a esté proceso de ilegalidades que cada día se intensifica y que constituye el verdadero camino chileno para la construcción del socialismo. Pero ahora queremos referirnos concretamente a una nueva ofensiva que el marxismo ha desatado en estos días y que tiene la más singular gravedad.

Desde los primeros balbuceos del actual Gobierno, se estableció como sistema habitual el de las tomas ilegales. Grupos movidos por los partidos de la Unidad Popular o por sus socios del MIR se tomaron por la fuerza en poco más de un año, según estadística de la Dirección General de Carabineros remitida al Senado, más de 1.600 predios agrícolas, procediendo generalmente incitados por funcionarios públicos y ante la pasividad casi absoluta de la fuerza policial, impedida por el Ejecutivo para actuar.

Esas tomas parecían destinadas simplemente a hacer una reforma agraria al estilo de Pancho Villa; pero la verdad es que también perseguían el propósito de crear en determinadas zonas del país centros de resistencia armada y focos de guerrilleros.

En los últimos días la Unidad Popular y el MIR, con el amparo de su Gobierno, han desatado un nuevo tipo de tomas: el de las fábricas y empresas industriales. El viernes 6 de julio ya estaban ocupadas en Santiago 49 de las fábricas más importantes, que forman lo que los marxistas llaman el Cordón Cerrillos y el Cordón Vicuña Mackenna; y, por cierto, el número ha aumentado desde ese día hasta hoy.

Las tomas industriales en estos momentos tienen dos características muy definidas y, por supuesto, muy alarmantes para toda la población.

La primera es que no persiguen objetivos directos de carácter económico-social, sino que obedecen al propósito desembozado de crear lo que llaman el Poder Popular; esto es, una organización para-militar dotada de una cadena de fortalezas, bien apertrechadas de armas y explosivos, organizada militarmente y destinada a un enfrentamiento eventual con las legítimas Fuerzas Armadas de la República. En un diario de la capital se publicó el jueves 5 un documento que no ha sido desmentido, en el cual el Comando General del Cordón Industrial Vicuña Mackenna imparte instrucciones minuciosas a los ocupantes de las fábricas de ese sector sobre los preparativos para la lucha armada que deberán hacerse en cada una de esas industrias.

La otra característica de estas tomas es que son amparadas y ¿por qué no decirlo? estimuladas desde las más altas esferas de la Unidad Popular y el Gobierno. Todos o casi todos los partidos de esa combinación, incluido el MIR, han llamado en forma expresa a mantener las tomas ya hechas, y tácitamente, a realizar otras nuevas. En vehículos estatales se reparten armas de alto poderío para consolidar el llamado Poder Popular, como se demostró el domingo último, cuando se accidentó una camioneta de la CORA y se descubrieron, en su interior un cargamento de metralletas y una lista de las personas a las cuales debían ser entregadas. En cuanto al Presidente de la República, quien el viernes 29 prometió armas al pueblo o sea, a los marxistas, sigue en sus discursos haciendo profesión de fe legalista para el consumo extranjero, pero acaba de llevar al Ministerio del Trabajo precisamente al dirigente de la CUT que ha ordenado las tomas.

¿A qué va dirigida esta acción? A un objetivo muy claro, que ya señalé: crear un ejército marxista capaz de contener a las Fuerzas Armadas regulares, para poder proseguir impunemente la carrera hacia la tiranía a que el marxismo aspira.

El Presidente de la República jugó mucho tiempo la carta de halagar a las Fuerzas Armadas, llegando en esa actitud a los mayores extremos de adulación. Bruscamente cambia su conducta y contribuye a que se desarrolle el ejército marxista, ¿A qué obedece este cambio? Tal vez a que la resistencia de las Fuerzas Armadas a participar en el Ministerio, convirtiéndose en un partido más de la Unidad Popular, hizo comprender al señor Allende que a nuestros hombres de armas no se los compra con halagos de salón y que jamás se prestarán a ser de comparsas activas o pasivas para entronizar la tiranía marxista.

La desconfianza que el Gobierno manifiesta en esa forma hacia las Fuerzas Armadas se proyecta también hacia el Cuerpo de Carabineros. Ha habido estos días el propósito de entregar la Jefatura máxima de la institución a un General que ocupa la séptima u octava antigüedad y cuyos antecedentes profesionales no son de los mejores, pero que es reconocidamente adicto al marxismo. De ese modo, se trataba de provocar el retiro de todos los generales más antiguos y aún de otros que no aceptarían servir bajo la dirección del agraciado.

La tentativa de formar, al margen de toda legalidad, un ejército marxista, no es una improvisación de ahora último. Ha sido largamente preparada mediante el amparo a los grupos violentistas armados, la introducción clandestina al país de armamento procedente de Cuba y Checoslovaquia y la práctica de tareas de adiestramiento paramilitar. Lo que ahora sucede es, simplemente, que se está llegando a la cúspide de una tarea de largo desarrollo. El Gobierno pretende conseguir carta blanca para quebrar definitivamente el Estado de derecho, y por eso amenaza al país con una guerra civil, para el caso de que las Fuerzas Armadas pretendan oponerse a ese propósito.

Dentro de este cuadro siniestro hay, afortunadamente, una esperanza: el papel activo que en los últimos días han asumido los institutos armados para investigar algunas denuncias sobre los depósitos de armas que mantienen los marxistas. Sólo esperamos que esa acción se continúe y se intensifique con la debida serenidad, pero también con la necesaria energía.

La Carta Fundamental establece, en su artículo 22, que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que significa prohibir la existencia de cualquier gruño que pueda atribuirse esas funciones. La ley Nº 17.790 entrega a las mismas instituciones facultades suficientes para investigar, desarmar y entregar a la justicia militar a quienes posean ilegalmente armas o explosivos. Dicha ley fue un depósito de confianza que los representantes de la ciudadanía entregamos a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y ha llegado el momento de que sea aplicada con celo especialísimo y hasta las últimas, consecuencias, actuando las instituciones por propia iniciativa y sin esperar denuncias de parlamentarios o vecinos. Si algún sector del país tiene la responsabilidad de concluir con los grupos armados ilegales, ese sector son, sin duda, las Fuerzas Armadas que la Constitución reconoce.

Hay que decirlo de una vez: las Fuerzas Armadas no existen sólo para los conflictos bélicos, muy eventuales en nuestros tiempos. En Chile, como en todo el mundo, ellas tienen también un compromiso superior con la institucionalidad del país, con el orden público fundamental, con la paz social indispensable para que un pueblo labore y progrese. Nosotros pensamos que ha llegado la hora en que nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir sin vacilaciones, como parte del compromiso que han contraído con Chile desde el fondo de su historia, la tarea de concluir con los grupos ilegales que quieren oponérseles. Lo dicho no significa que nosotros, políticos, pretendamos descargar sobre las Fuerzas Armadas todas las responsabilidades. Que los institutos castrenses cumplan sus propios deberes, que son importantísimos; pero cumplamos nosotros los nuestros, que también son trascendentales.

Frente a un Gobierno que ha caído en indiscutible ilegitimidad de ejercicio, los parlamentarios no podemos limitarnos a recoger las migajas de legislación que nos arroja el Ejecutivo, mientras éste resuelve a espaldas nuestras los más graves asuntos que debieran ser materia de ley, y viola cotidianamente las disposiciones constitucionales y legales.

El papel que estamos desempeñando aquí en el Parlamento puede convertirse fácilmente en el de los tontos útiles. Debemos tomar, y pronto, actitudes concordantes con la inmensa responsabilidad histórica que ha caído sobre nuestros hombros.

Hemos escuchado con profundo agrado el emplazamiento que el Presidente del partido Demócrata Cristiano, Senador Aylwin, ha hecho en nombre de su colectividad al Presidente de la República. Se trata de exigencias mínimas: desarme de los grupos armados ilegales; devolución de las industrias usurpadas, promulgación inmediata de la reforma constitucional. Dios quiera que ese emplazamiento sea atendido por el Primer Mandatario. Si así ocurriera, seríamos los primeros en celebrarlo y en aplaudirlo, pero, desgraciadamente, la experiencia de estos años nos hace ser escépticos. Tenemos que temer, y más que temer, que suponer, que el llamado del Presidentedel Partido Demócrata Cristiano no será atendido. En ese caso, los parlamentarios tendremos que enfrentar con todos los medios legítimos a nuestro alcance a un Gobierno que está destruyendo sistemáticamente la democracia para sustituirla por el marxismo totalitario. Tenemos que impedir, también, que se consuma la destrucción de la economía nacional, con perjuicio, quién sabe, para muchas generaciones de chilenos. Si no tomamos a tiempo todas las actitudes que la Constitución y la ley nos franquean, seremos tan culpables como los que impulsan ese proceso.

Cuando los nacionales decimos estas cosas, no pretendemos asumir papeles protagónicos que no nos interesan, y es mucho mayor la satisfacción que experimentamos cuando escuchamos las mismas ideas a personeros de otros partidos.

Las fuerzas democráticas de Chile tienen el deber ineludible de olvidar los agravios recíprocos, de deponer por ahora, sus diferencias y su legítima competencia, para buscar juntas, y recorrerlo unidas, el camino que nos permita frenar el proceso que vivimos, impidiendo que el marxismo suma a Chile en una tiranía sin retorno o lo desangre en una guerra fratricida.