Labor Parlamentaria

El señor HALES.-

Señor Presidente, sin duda, debe votarse a favor del proyecto, cuya finalidad es resolver en derecho lo que se ha solucionado de hecho.

En la práctica, como, de acuerdo con las reglas generales, nadie ha sido dueño de los terrenos cedidos para equipamiento, han pasado a ser, de hecho, de dominio de los municipios, pero no de derecho.

En la mayoría de los casos, los terrenos cedidos para equipamiento, en beneficio del conjunto de los pobladores -de la Villa Ríos, de la población Juan Antonio Ríos , de la población Santa Mónica , etcétera-, han sido utilizados, sobre todo en las construcciones colectivas, para una serie de cosas de las cuales nadie es responsable.

Por la vía del decreto ley Nº 2.695, de manera incorrecta, muchos -otros no- municipios lograron regularizar su dominio sobre esos terrenos.

Incluso, en las poblaciones que nombré, los propios vecinos han construido áreas verdes frente a los departamentos de primer piso. Si tenían un ventanal, lo han ampliado y utilizado el terreno destinado a áreas verdes o a equipamiento para todos. En algunos casos, dos o tres vecinos se han puesto de acuerdo y han hecho una placita.

Los vecinos más entusiastas y con sentido de propiedad individual han plantado arbustos que impiden pasar; otros han puesto rejas, cercos o muros, y unos pocos han agregado hasta una construcción.

Vecinos -de primer piso- me han solicitado ayuda para regularizar las piezas que han levantado en terrenos destinados a bienes comunes.

Las autoridades de los municipios han terminado aceptando esta realidad, porque, como eran áreas abandonadas, han considerado que los vecinos han hecho un bien al “colonizar” terrenos con su propia plata y construir, en ciertos casos, algo bueno y beneficioso para todos.

En verdad, los terrenos destinados a equipamiento no eran para los vecinos de los primeros pisos. Pero nadie se los va a quitar, porque han utilizado la parte que en el plano, en su oportunidad, el arquitecto denominó “área verde” y la transformaron en “área café”, lo que significó mejorar un lugar abandonado.

En algunas partes, en virtud del decreto que he mencionado, los municipios han terminado haciéndose propietarios de esos bienes.

Por eso, en derecho, esos terrenos no han sido propiedad de los municipios. Por lo tanto, asumo una frase de uno de los asesores de bancada: el proyecto transformará lo que hoy es de hecho, en de derecho.

Espero -y éste es el sentido de mi intervención- que los municipios, luego de que se promulgue la ley y se les entregue el dominio de tales terrenos, sean capaces de hacer un buen diseño urbano, con el respectivo equipamiento, en todas las ciudades de Chile. Puse como ejemplo mi distrito; pero la ley futura será para todo el país.

En todos los lugares en que haya edificios rodeados de terrenos destinados a equipamiento y áreas verdes, que serán de derecho de dominio de los municipios, ojalá que éstos sean capaces de cumplir con su labor. De lo contrario, deben ser castigados, ya que tienen recursos, profesionales, capacidad de contratación mediante concursos, etcétera.

El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha destinado millones de pesos para que haya fondos en todas las regiones. Los municipios podrían concursar a ellos y aprovechar de transformar las “áreas cafés” en áreas verdes, en lugares de esparcimiento.

Tengo un pequeño trabajo sobre espacio público y delincuencia. Es claro que si bien la arquitectura y el espacio público no disminuyen los delitos, mientras más abandonados están los espacios públicos, más facilidades hay para la comisión de delitos.

Por tanto, este proyecto, que en apariencia únicamente tiene por objeto poner en orden el dominio jurídico de los espacios públicos, tiene un especial significado más allá de la arquitectura, el diseño urbano y el ordenamiento de las ciudades. Le dará sentido a la vida en la ciudad, combatirá la delincuencia, contribuirá a la seguridad y el ordenamiento.

Algunos especialistas han descubierto, incluso, que determinados loteos -trabajamos en esto con Margarita Green, profesora de la Universidad Católica, en el caso de Recoleta, y con Macarena Rau, presidenta del Cpted., a propósito de la prevención del delito-, hacen más fácil el delito.

Hemos descubierto que lugares más habitados hacen más difícil el delito. Si la gente sale de sus casas y ocupa los espacios públicos, es más difícil que ellos sean bolsones de inseguridad.

Por eso, ojalá que los municipios, luego de tener el dominio jurídico de esos terrenos, asuman realmente -y en términos objetivos, no sólo en el estado de ánimo-, el cumplimiento de la tarea, de manera que honren y hagan suya la futura ley. Así, no habría excusas para tener espacios públicos abandonados.

Los alcaldes no podrán argumentar que no pueden hacer más en esos espacios abandonados. Por lo tanto, el proyecto es una contribución para una ciudad mejor, con buen urbanismo, con buenas condiciones de vida.

He dicho.