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Intervención
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.778, QUE ESTABLECIÓ UN SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS. TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

Autores

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, entre los antecedentes que tenemos para el tratamiento de este proyecto de ley está el hecho indicado aquí por varios colegas: existiendo recursos para otorgar subsidios de agua potable, después de hacer el balance de un período, se llega a la conclusión de que un número importante no ha sido asignado a potenciales beneficiarios.

El Diputado señor Kuschel, utilizando antecedentes que me gustaría conocer, hace una afirmación que me parece muy discutible. Él dice que el monto del subsidio resulta tan poco atractivo que muchas personas han decidido no postular a él.

Sin duda, es una afirmación sin fundamento riguroso, porque -que yo sepa- no ha existido ningún tipo de encuesta que permita establecer que, efectivamente, las personas potenciales beneficiarios de este subsidio hayan expresado en algún momento que no les interesa.

Esa no es la realidad. Más aún, a diferencia de lo que él argumenta, si ha existido una clara responsabilidad de las municipalidades por su poca eficacia y disposición para lograr que este mecanismo de subsidios efectivamente hubiere llegado al máximo de personas. Un mecanismo de este tipo debiera ser impersonal y funcionar, incluso, en forma automática, sin una autoridad administrativa que tuviera que resolver respecto de este sistema. En este sentido, hablo de las municipalidades actuales o futuras.

Lo que debe garantizarse, en primer lugar, es que los montos destinados a subsidios sean, en definitiva, asignados a beneficiarios que, sin duda, contarán con un aporte para pagar las tarifas y, en segundo lugar que se garantice por esa vía que todos estos recursos permitan fortalecer el financiamiento de las obras de agua potable en el país.

No cabe duda de que el problema de fondo de este tema es el de las tarifas de agua potable que, también constituye un legado del régimen anterior. Este sistema tarifario fue concebido pensando en el autofinanciamiento de las empresas de agua potable; fue ideado pensando en garantizarle al sector privado, que, eventualmente, se hiciera cargo de estas empresas, una rentabilidad asegurada, que pudieran obtener utilidades en una tarea que dice relación con un servicio vital para la población, como es la entrega de agua potable.

De los antecedentes que pudimos conocer en la Comisión de Economía en el tratamiento de este proyecto de ley, quedaron en evidencia hechos tan relevantes como los siguientes: El 50 por ciento del agua potable que se produce en nuestro país se pierde; no alcanza a llegar a la red de distribución; no alcanza a pasar por ningún medidor que lo pueda incorporar en un volumen efectivamente utilizado por la población. Sin embargo, el régimen de tarifas establece que la producción total del agua potable debe ser financiada por los usuarios.

En consecuencia, el usuario que tiene recursos como aquél que no los tiene, están obligados a hacer un aporte para garantizar la producción de este líquido vital y, simultáneamente, por esa vía, posibilitar que .otros chilenos que todavía no tienen acceso al agua potable, puedan el día de mañana tenerlo.

Los Diputados que representamos zonas fundamentalmente rurales sabemos el esfuerzo que significa hoy día para una comunidad lograr realmente el acceso al agua potable.

¿Cómo se organizan las comunidades? Hacen un tremendo esfuerzo para colaborar con este financiamiento, y las municipalidades hacen su aporte para posibilitar que estas comunidades puedan completar su financiamiento.

La situación que hoy día discutimos tiene mucha relevancia, porque afecta el financiamiento real que el sistema de agua potable tiene para el futuro en nuestro país.

Señor Presidente, si bien estas reflexiones me parecen procedentes para la historia de la ley, también me parece razonable el argumento de la urgencia respecto de la vigencia de este proyecto de ley.

El Supremo Gobierno y, en su oportunidad, los parlamentarios, debemos legislar sobre la política de tarifas en todo lo que son servicios básicos para nuestra población; de manera de garantizar que en el futuro no haya ningún chileno que, con ayuda de toda la ciudadanía, no tenga acceso a un servicio tan básico como es el agua potable.

He dicho.

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