Labor Parlamentaria

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente , mantengo mi escepticismo frente al lobby.

Me lo confirma la certera definición del Diccionario de la Real Academia Española, donde se señala que este anglicismo significa: "Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses.".

El término "lobbycracia" se ha usado para denominar el enorme poder ejercido por conglomerados y grupos de interés en centros de decisión como Washington y Bruselas.

Hay toda una variedad de cosas difíciles de considerar con el verbo "influir".

¿Qué pasa si una persona que ejerce lobby se encuentra en un evento social (misas, cocteles, desfiles, etcétera) con diversas autoridades? No existe manera de regular ahí tal mecanismo.

En verdad, la iniciativa en estudio no democratiza el uso de la gestión de intereses; no avanza en el sentido de que esta no sea realizada solo por poderosos grupos de interés económico, que serán los únicos que, ahora ya por una vía legalizada, podrán ejercer a la luz todo lo que desarrollaban entre sombras.

Un ejemplo de lo anterior lo hallamos en la Ley del Consumidor. El primer texto que salió resultó muy diferente del propuesto por el Ejecutivo debido a que en esa oportunidad ejerció un fuerte lobby la Cámara de Comercio de Santiago. Al final, se obtuvo una ley inocua, que no servía para nada a los usuarios. Estos últimos poco pudieron aportar en el transcurso de la discusión de dicha normativa.

Hubo que tramitar una segunda ley, en la cual se logró incorporar ciertos avances. ¿Qué ocurrió ahí? En ese momento la Cámara de Comercio de Santiago volvió a ejercer el lobby sin que hubiera una contraparte en la defensa de intereses distintos.

Resultado: se estipuló que las organizaciones de consumidores solo podían acceder a fondos concursables para financiarse, con lo cual quedaron reducidas a una presencia virtual en el escenario que no redundará en algún tipo de acción práctica y efectiva.

Entonces, ¿qué es exactamente el lobby? No otra cosa que llevar a cabo gestiones a favor de intereses propios o ajenos con los cuales se tengan vínculos.

Esta iniciativa abre paso a erradicar de un ambiente de sombras ciertos ilícitos legales o morales. Es una forma de proxenetismo pero en los negocios. Se trata de seducir a los supuestos guardianes del bien común con intereses privados que no pocas veces colisionan con este. Y para ello, se necesita una seducción especial.

El gran problema en esta materia es que hoy en día quienes se encuentran más huérfanos de apoyo en la defensa de sus intereses son los ciudadanos comunes y corrientes. La futura ley de poco servirá a esas personas, pues no se les otorga la posibilidad de organizarse adecuadamente y, sobre todo, de conseguir financiamiento para que puedan dedicarse de forma razonable a la defensa de sus legítimos derechos.

El proyecto abre espacio para que los mismos de siempre, ahora plenamente amparados por disposiciones legales, sigan haciendo todas las gestiones que habitualmente desarrollaban en los pasillos de las diversas instituciones públicas o en los centros donde ejercen su poder y sus vínculos con las instancias oficiales.

El que nos ocupa es un nuevo injerto que incorporamos a nuestra legislación, el cual sucederá a la reforma procesal penal. Hasta ahora no resulta apropiado hacer un balance objetivo de lo que ha significado esta transformación tan notable y profunda en nuestra justicia. Hay muchos puntos de vista encontrados a este respecto.

Con todo, en lo relativo al lobby, yo soy muy escéptico en cuanto a creer que estamos haciendo una contribución efectiva a la transparencia. Más aún, dudo que la iniciativa esté dotando a la ciudadanía de un instrumento eficaz para defender sus intereses y sus legítimos derechos.

En consecuencia, no me convence para nada todo lo dicho sobre el proyecto. En mi opinión, una vez más saldrá del Congreso de la Nación un cuerpo legal que contribuirá a fortalecer lo que tenemos, pero que no va a ayudar en modo alguno a quienes tenemos la obligación de proteger.