Labor Parlamentaria

El señor WALKER (Presidente).-

El Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-

Proyecto de acuerdo N° 291, de los señores Saffirio, Burgos, Vallespín, Duarte, Meza, Ceroni, Álvarez-Salamanca, Estay, Enríquez-Ominami y Egaña.

“Considerando:

Que la ley N° 19.284, publicada en 1994, establece la forma y condiciones que permiten la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, velando por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución Política de la República y las leyes reconocen a todas las personas;

Que su artículo 3° estatuye que una persona con discapacidad es toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada en, a lo menos, un tercio su capacidad educativa, laboral o de integración social;

Que su artículo 5° determina que ayudas técnicas son todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o la discapacidad, al objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se estiman como ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad, y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad;

Que un estudio realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), en 2004, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que en Chile existía, hasta esa fecha, más de dos millones de personas con algún grado de discapacidad. Doscientas noventa y dos mil setecientas veinte personas sufrían deficiencias auditivas. El 48% de ellas eran mayores de sesenta y cinco años de edad. El 50% no tenía estudios básicos terminados y la gran mayoría no había accedido a rehabilitación. El mismo estudio reveló que quince mil quinientas cincuenta y una personas presentaban trastornos severos en la comunicación, ya sea por su incapacidad de expresarse o ya sea por dificultades para comprender. Es decir, uno de cada cincuenta y cinco chilenos tiene dificultades para escuchar, y uno de cada mil tiene algún otro problema para comunicarse;

Que estas discapacidades inciden gravemente en la calidad de vida de las personas y en las posibilidades de acceder a estudios, trabajo, recreación, servicios y otros más, y

Que, en mayo de 1999, el Comité de Ministros del Área Social aprobaron el documento titulado “Política Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad”, el cual ha significado un importante avance para los discapacitados, al crear programas y sentar las bases para una sociedad más consciente y tolerante con las diferencias. Este documento establece que “le corresponde al Estado dirigir las estrategias orientadas al logro de una mayor igualdad de oportunidades, mediante la implementación de programas sociales”, lo que se ha visto reflejado en importantes cambios a lo largo de estos últimos años: ha aumentado la cobertura para atención en salud, incluyendo prótesis y tratamientos; se ha facilitado la rehabilitación; se ha reglamentado la construcción, la habilitación de accesos a servicios públicos y locomoción; se han creado programas especiales en el área de la educación y la capacitación, etcétera. Sin embargo, aún persisten diferencias en el acceso a la información y a una tramitación más expedita de gestiones cotidianas que deben hacer las personas con discapacidad en reparticiones públicas.