Labor Parlamentaria

El señor SILVA .-

Señor Presidente , intervengo esta tarde para reflexionar ante el Senado sobre ética, política y servicio público.

Siento que me asiste el deber de hacerlo. Una vida de ya muchos años vinculada al servicio público, casi plenamente dedicada a actividades de control y supervigilancia en la Contraloría, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, como abogado integrante y permanentemente en la cátedra, condujo a que la ética estuviera intensamente inmersa en mi conciencia jurídica y me hicieron captar cuánto se sufre y cómo se daña al país cuando aquel principio valórico tan esencial se quiebra y surge la termita de la corrupción.

Esas vivencias tan extensas me permitieron aprender que el peligro a que aludo ha sido poco frecuente en Chile. Ello, a pesar de la profusión publicitaria que hoy se emplea y que, naturalmente, no existió en el pasado. De allí -por qué no decirlo- la satisfacción íntima que antaño sentía de enseñar a mis alumnos en la cátedra esta materia de la Ética Administrativa.

Me parece justo, sin embargo, complementar esa idea cuando me propongo hablar sobre la ética reiterando algo que he dicho y publicado más de una vez. En mi vida he tratado y alternado con muchos Presidentes democráticos de mi país. Y qué satisfacción profunda siento al afirmar categóricamente: ¡no conocí a ninguno que terminara enriquecido al concluir su mandato! Y esto, como muy bien lo saben los señores Senadores, suele no acontecer en los demás países de América Latina.

Hecha esa introducción, entro en materia.

I. Antecedentes históricos

En primer término, cómo no referirme a hombres que nos dieron vida política independiente e hicieron historia en Chile. Me refiero a O'Higgins, a Freire, a Prieto, a Portales. Porque cada uno de ellos, en su época, fue marcando un rumbo y creando hitos en función del tema que nos interesa.

O'Higgins, prácticamente en el primer Gobierno de la República, da vida en Chile a las instituciones de control ajustadas a nuestro sistema.

Posteriormente, Freire aprueba una normativa -quién sabe si los señores Senadores podrán pensar en ella al conocer denuncias como las realizadas en los últimos días- que prohíbe terminantemente al Estado pagar remuneraciones sin trabajar. Eso se sancionó en 1826. Y, sorprendentemente, hoy se han hecho imputaciones en el sentido de que se habría producido justamente lo inverso.

¿Por qué cito a Prieto? Porque durante su mandato se establecieron, por primera vez en nuestro país, disposiciones sobre el control de legalidad de los actos del Estado -lo que hoy en día se llama "toma de razón"-, que tanto han servido en 170 años de vigencia de la citada normativa para evitar precisamente acciones que implicaron más de una vez transgresiones a la ética o que, por lo menos, permitieron restañar muchas lágrimas a los afectados por preceptos de tal índole.

Me referiré asimismo a Portales.

Sin duda, mis Honorables colegas recordarán la norma dictada en su época que obligó a justificarse con publicidad a todos los agentes públicos criticados por esa misma vía y a dar las explicaciones correspondientes. Ello rige hasta ahora; está plasmado en diversas disposiciones que lo contemplan en mayor o menor medida.

Estoy hablando de cómo se originaron las normas sobre ética en la gestión del Estado, en los albores de nuestra República, las que, a mi manera de ver, siguen subsistiendo hasta el día de hoy.

II. Trascendencia de principios valóricos en la Administración del Estado

Esto implica lo que, a nuestro juicio, entraña la trascendencia de los principios valóricos en la Administración del Estado, que nos lleva a los administrativistas a pensar siempre en Letelier, en Lastarria, en Huneeus, en Prado y en tantos otros que crearon las concepciones que permitieron incorporar gradualmente a nuestra legislación los valores fundamentales de la ética, como la responsabilidad, entre otros.

III. Vinculación de la ética con la política y con el servicio público

En seguida, me parece innegable que la ética está y debe estar relacionada con la política y el servicio público. En efecto, si la ética no es más que la rectitud y honradez en el obrar, y, por su parte, la política y el servicio público se hallan encaminados al bien común, ¿qué duda puede caber de la vinculación que sostengo entre ética y política, y entre ética y servicio público?

Se trata de principios y caminos inseparables. Por tanto, si aquéllos se destruyen o caen en el olvido, de modo inexorable habrá que concluir que se estará abriendo paso, deplorablemente, a la corrupción. Y no puede desconocerse, a mi juicio, que esta eventualidad sería muy grave para la colectividad chilena.

IV. Encuesta sobre corrupción a nivel mundial

Es interesante destacar que esta materia no afecta sólo a Chile. Se divulga, se profesa, se proyecta en América Latina y en el resto del mundo. La preocupación existe, pues, a todo nivel.

De allí que haya entidades internacionales de carácter privado que se preocupan de detectar en qué medida la corrupción, que es la antítesis de la ética, está afectando a los órganos del Estado y a las sociedades en general. Ello es importante porque, fundamentalmente, el asunto que nos interesa se vincula con la globalización y con la relación cada vez más intensa entre los diversos países, singularmente con la cada vez mayor expansión del comercio mundial, con las garantías que ello representa para las inversiones de una nación en otra y con el grado de más confianza o, a la inversa, de desconfianza que para dichos efectos puede significar la mayor extensión de elementos corruptivos en los países.

Para tales fines, diversas entidades, como Transparencia Internacional, valiéndose de diferentes medios, han venido realizando estudios que les permiten elaborar tablas sobre el grado de corrupción que exhiben las naciones analizadas.

Así, en el último tiempo se dio a conocer un estudio de aquella entidad donde Chile aparece en el lugar 17 entre poco más de 100 naciones encuestadas. Tal posición significa que nuestro país es el mejor evaluado en América Latina, muy lejos de las demás naciones del Continente.

Sin embargo, los comentarios elogiosos que a ese respecto se han hecho en sectores públicos y privados no han señalado que hace muy pocos años -tres o cuatro, tal vez-, en la encuesta anterior de la misma entidad, Chile figuraba en el lugar 13. O sea, hemos descendido cuatro posiciones en dicha calificación.

¿Quiere decir lo anterior que hemos comenzado a ser un país corrupto? La respuesta no es fácil, y puede ser diferente según los distintos sectores de donde provenga y los elementos de juicio que concurran al análisis que ella requiere.

Desde un punto de vista esencialmente objetivo, estimo que una conclusión afirmativa categórica no sería rigurosamente exacta.

Sin duda, existen situaciones fácticas muy preocupantes que se originan en sectores tanto públicos como privados de nuestra sociedad.

Hechos producidos y denunciados recientemente en el sector público, tanto civil como militar, y en el privado, tanto empresarial cuanto concerniente al ámbito religioso, nos hacen pensar en la necesidad de intensificar y reforzar en la medida de lo posible el trabajo de todos, como concepción de Estado, en orden a la prevalencia absoluta de los principios morales como elementos de conducta absolutamente imprescindibles.

La reacción inflexible y condenatoria siempre parece ineludible. A mi manera de ver, los perdones, si bien son útiles y concordantes con un indispensable sentido de humildad comprensible, sobre todo tratándose de entidades privadas y religiosas, no pueden llegar hasta estimarse suficientes, por una parte, cuando está presente el eventual daño o perjuicio material para el Estado -que, dentro de este contexto, representa a la sociedad toda-, y por otra, cuando a menudo esos actos contrarios a la ética generan daño físico y moral a personas privadas, casi siempre las más débiles e indefensas de la sociedad.

En todo caso -insisto-, es menester reafirmar que problemas de esta índole están generando una inquietud proyectada, en muchos casos, a extremos inclusive más graves que entre nosotros, lo que en manera alguna debe excusarnos del deber pleno de asignar a este tema la mayor prioridad y la más amplia de nuestras preocupaciones.

En suma, pienso que hemos de estar contestes en que, para la comunidad chilena y para el Estado, nuestro deber reside en cuidar extremadamente, como hombres públicos, nuestra imagen y nuestra conducta; en maximizar nuestro respeto a la ética, nuestra preocupación en tal sentido y nuestra conducta invariablemente acorde con ella. Y, sobre todo, tenemos que contribuir y concurrir a buscar caminos que, en el orden fundamentalmente de la regulación, permitan poner coto a la situación en comento.

V. Factores a que habitualmente se atribuye la lacra de la corrupción

En consonancia con lo anterior, conviene señalar cuáles son los elementos a los que con frecuencia, especialmente en la doctrina, se atribuye la condición de causantes de conductas, actuaciones o gestiones conducentes a la corrupción.

Se mencionan los siguientes:

1. La política y la conducta "del reparto o del botín" (es el nombre que se da en la doctrina). Con frecuencia, particularmente en el campo administrativista, se alude a la tendencia en las fuerzas políticas que acceden al gobierno del Estado a practicar un reparto de cargos públicos entre sus adeptos o a hacer una distribución del botín -como se llama-, estimándose que el sistema es atentatorio contra los factores de mérito, capacidad y rectitud con que deben proveerse las funciones públicas.

Se trata, sin duda, de un sistema justificadamente criticado y que por lo general obsta a una buena administración.

El excesivo número de cargos públicos de confianza del Gobierno de turno puede conducir hacia ello. De ahí la tendencia aconsejable a reducir este tipo de funciones a las de jefatura y de alto nivel que sean condignas a la realización de las políticas gubernativas, y nada más.

2. Se señala como contraria a la ética la política del nepotismo, que con frecuencia suele producirse cuando las autoridades designan a parientes directos para labores vinculadas o no con su específica calidad de funcionarios.

Esa crítica, que es válida, ha aceptado siempre como excepcionalísima la gestión calificada específicamente de misiones de extrema confianza, en las cuales tal situación ha sido mundialmente estimada admisible.

3. En los últimos tiempos se ha señalado que la implantación del neoliberalismo y la extensión de concepciones de libre mercado a la cosa pública han culminado transgrediendo principios esenciales de ética, sobre todo si ellas implican el trasplante de conductas privatistas no siempre a tono con el sentido rigorista que la función pública a menudo requiere.

4. La asignación absoluta de la libertad en manos de quienes detentan el poder económico da origen con frecuencia a que los principios éticos y morales sean dejados de lado.

Más de una vez he citado las palabras de ese eminente hombre público, catedrático, político y académico que fue don Valentín Letelier , quien ya en 1896 -casi 107 años antes de la vida actual-, en un trabajo que tituló "Los pobres", sostuvo categóricamente: "La libertad en manos de los que detentan el poder económico se transforma inevitablemente en la peor lacra en contra de las clases más necesitadas". Y explicitando esta idea, dice: "Esa libertad así utilizada no sirve para curar las enfermedades más graves, para sanar de la pobreza...".

De la misma manera y con idéntico fundamento, los especialistas en el sector Salud mencionan cómo se transgreden los principios éticos en los cobros de honorarios derivados del ejercicio liberal de la medicina, que están sometidos a una total libertad y falta de regulación. Un fenómeno similar se observa en el ejercicio de otras profesiones.

5. Se habla, asimismo, de cómo el individualismo conduce a transformar el dinero en la máxima felicidad de la vida, en términos que las ansias por obtenerlo conducen con frecuencia a olvidar las normas éticas más elementales.

En suma, señores Senadores, cualesquiera que sean las motivaciones de las prácticas en comento y las concepciones ideológicas en que se originen, pensamos que especialmente nosotros, los legisladores, no podemos evadir nuestro deber de contribuir a aportar los medios de regulación (puesto que la legislación es eso) indispensables para evitarlas.

Para ello, a nuestro juicio, es fundamental:

Primero, insistir en la necesidad, con nuestro actuar, de que no se pierda la fe en la política y en los políticos.

La política, conceptualmente, es un arte noble, y quienes la practicamos debemos hacernos merecedores de su espíritu de nobleza.

Segundo, resulta así ineludible ir hacia la gradual formación de una conciencia política y servicial. Si el fin de la primera sólo puede ser el bien común y, como ha dicho el Presidente Lagos , el servicio público ha sido creado para servir y no para servirse, la conciencia por la ética deviene, pues, en irrenunciable.

Creo, en definitiva, que estas reflexiones son de singular trascendencia, sobre todo si las emitimos para la juventud y pensando en ella. No podemos dejar de vincularlas con la concepción de un Estado solidario especialmente regulado en esencia por valores éticos y morales a los que de manera inexorable se deben tanto las gestiones públicas como las privadas.

Permítaseme insistir en el peligro que entraña el abuso de la libertad en cuanto algunos sectores sostienen que ésta debe ser ilimitada y sin controles.

Hace algunos meses intervine en la hora de Incidentes para citar lo acontecido con Enron, en Estados Unidos, cuna del sistema individualista y del imperialismo económico. Ese caso y muchos otros que lo siguieron demostraron los riesgos enormes derivados de la falta de regulación y de la debilidad de las auditorías y controles.

Conclusión: miles de millones de dólares perdidos por pequeños accionistas que hicieron de los papeles de esa empresa la modalidad de sus sistemas jubilatorios; 22 mil empleados perdieron sus puestos; pero, a la par, 12 de los más altos ejecutivos vendieron sus acciones en 1.100 millones de dólares, y varios millones de dólares fueron aportados a las candidaturas de Bush y de más de 200 representantes.

¿Es esa falta de ética la que se quiere para Chile?

Deseo terminar este punto simplemente comentando la encuesta que se hizo en fecha muy reciente en las universidades norteamericanas, en sus ramas de Economía y Formación Empresarial. Consultados los alumnos de alto nivel sobre qué camino decidirían seguir si se les enfrentaba a adoptar, ya como profesionales, una determinación muy riesgosa, por el peligro de su irregularidad y falta de ética, pero que entrañaba grandes ganancias, ¿qué respondieron? ¡El 34 por ciento de los entrevistados se inclinó por el camino de correr el riesgo y recibir esa ganancia!

¿No es eso muy pero muy grave en cuanto a pérdida de principios elementales?

VI. Modernización del Estado

Una cuestión sobremanera importante y, a mi juicio, bastante vinculada a la ética es lo concerniente a la modernización del Estado.

Cuando hablo de esa relación -permítanme hacerlo, Honorables colegas-, digo con frecuencia que la necesidad de dicha modernización se menciona a menudo en las reuniones empresariales.

En primer término, me pregunto: ¿Quién puede discutir la conveniencia de tal modernización? ¿Acaso se olvida que Chile no ha sido ajeno a ella "illo témpore"? Si lo que se persigue con razón es que por tal vía la Administración no sea entorpecedora y burocrática, sostengo categóricamente que eso ha sido política del Estado democrático.

Citaré tan sólo dos gestiones específicas en que tuve el honor de participar: una, siendo Presidente de la República el señor González Videla y don Jorge Alessandri su Ministro de Hacienda , y la otra, siendo Presidente el señor Eduardo Frei Montalva . En la primera comisión fui miembro, nombrado por el señor Alessandri , y en la segunda, su presidente. Los trabajos y conclusiones de ambas comisiones fueron notables (puedo relatarlos en otro momento).

Pero lo que ahora se quiere -y se insiste en ello- es importante: en mi opinión, desestabilizar al Estado y minimizar su acción a pretexto de modernizarlo. Hay quienes desde hace tiempo están trabajando sin sistema jurídico alguno, sólo haciendo predominar una concepción tecnológica que conduce hacia la privatización tecnificada en el caso del Estado.

¿Y es útil eso en el campo de la ética? Permítaseme que lo dude. Y cito un solo ejemplo.

Asistí a una reunión seminarial en el seno de la Comisión presidida por el Senador señor Boeninger y designada a petición del Ejecutivo. Puede testificar lo que digo el Honorable señor Fernández , quien también concurrió.

¿Qué señaló uno de los técnicos expositores? Al pasar con mucha ligereza por la materia, anunció que se pretendía modificar el régimen de toma de razón, disminuyendo su importancia.

¡Y ojo, señores Senadores!: hay en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia un proyecto de ley, originado en el Ministerio de Hacienda, donde eso ya se observa.

Pero, en lo relativo a la toma de razón, ese técnico agregó textualmente y de manera categórica: "Aunque yo soy más bien partidario de suprimirla".

¡He ahí un grave error y una falacia peligrosísima que califico de atentatoria contra el sistema ético y moral! Quiero solamente recordar a ese técnico que -como ya señalé- el régimen de toma de razón ha ayudado al Estado chileno a evitar que se consumen muchos errores y actos en 170 años de vigencia.

Pero esos mismos sectores nada dicen cuando, por iniciativa del propio Senado, se aprueba un proyecto de ley sobre procedimientos administrativos que se esperaba desde la Constitución de 1925 y que, de aprobarse por la Cámara de Diputados, contribuirá realmente a la modernización del Estado que se reclama.

Al respecto, deseo destacar el enorme y generoso esfuerzo que está haciendo el Senador señor Boeninger por salvar una iniciativa que puede ser útil en términos adecuados, pero a la que muy poco se le aporta en función de su éxito, a pesar del tiempo transcurrido.

VII. Planteamiento de grupo de Parlamentarios sobre tema de la ética dentro de la Concertación

Hago presente -y con esto pretendo terminar, si bien la mención que haré será un tanto larga- que muchos Senadores, y Parlamentarios en general, se han abocado a analizar esta materia en el último tiempo; y entre ellos, específicamente el denominado "Grupo de los 15".

Por supuesto, eso no obsta a que muchos sectores, especialmente políticos, estén preocupados de cuestión tan importante, sobre todo frente a la amplia y justificada publicidad de hechos recientes que afectan tanto a lo público como a lo privado.

En efecto, esto ha sido motivo de meditado estudio por el mencionado grupo de Parlamentarios. A continuación reproduciré al menos 17 planteamientos que, por su relevancia, aspiramos a que sean compartidos en plenitud:

1.- Necesidad de que se asuma en Chile la enseñanza de la ética y su importancia como principio nacional, tanto a nivel de enseñanza media como profundizadamente en la educación superior. Muchas jerarquías universitarias participan ya de este criterio, reconociendo su absoluta necesidad.

No deja de ser sorprendente que en la Escuela de Administración Pública y de Gestión de la Universidad de Chile, consultados hace dos días sus alumnos, dijeran que ningún catedrático les había hablado de esta materia.

2.- Necesidad de la formación de conciencia colectiva sobre la ética como política de Estado.

3.- Necesidad de aplicar sanciones que sean implacables, tanto si la ética se traduce en la comisión de delitos como si se comprueba que hay transgresión de políticas o criterios de buena y sana administración pública o privada.

Hago esta advertencia porque muchos Senadores dirán, con fundamento: "Pero si generalmente estos casos se sobreseen por la justicia". Sin embargo, quedan flotando en el ambiente y en la conciencia pública las irregularidades que se hayan podido cometer.

4.- Reconocer la realidad innegable de que la ética o moral debe existir tanto en el sector público como en el privado y que, por lo tanto, su transgresión debe ser igualmente castigada y censurada.

5.- Necesidad de predicar o inculcar valores vinculados con la ética y que, por consiguiente, es deber de quien ejerce poder, autoridad o función pública o privada el llevar una conducta de austeridad y corrección en el ejercicio de tales actividades.

6.- Reiterar que, para todos, la responsabilidad debe ser de la esencia de la democracia y que, en consecuencia, en tal principio no puede haber excepciones.

Puede parecer casi infantil exponer el punto en estos términos; pero los Senadores no olvidamos que más de una vez se nos ha planteado en esta Sala que tales y cuales cargos que pretenden crearse no estarán afectos a responsabilidad. Sostenemos categóricamente que el principio de la responsabilidad es absoluto de capitán a paje y que no pueden hacerse excepciones.

7.- La transparencia o claridad en el ejercicio de toda función pública o privada es un elemento esencial, vinculado fundamentalmente a la buena fe, que está y debe estar inserta en toda gestión como principio de moral primordialísimo. Más de una norma así lo ha reconocido. Anhelamos que sea respetada y comprendida en plenitud.

Lamentablemente, este principio ha sido vulnerado a menudo. Ello puede demostrarse recordando las frecuentes operaciones de transferencia de empresas fiscales al área privada, los traspasos de dineros a distintas ONG y la compra y venta de bienes y servicios. El quién compraba y cuánto compraba sólo vino a saberse con mucha posterioridad a los hechos. Este mero recuerdo constituye una comprobación de cómo se hallan insertos en la moral y ética tanto el principio de transferencia como el de publicidad, de empleo tan profuso hoy día y sin uso alguno en el pasado.

Una vez más se demuestra aquí lo que hemos sostenido tantas veces en el sentido de que estos principios éticos son esencialmente conciliables sólo con el sistema democrático y no con los regímenes dictatoriales.

8.- La publicidad constituye en la actualidad un principio invariablemente reconocido. Sólo por ley expresa y muy justificada podrán admitirse excepciones. Invocando este principio, no debería tener retardo una ley regulatoria de los gastos electorales, así como una regulación razonada de los denominados "gastos reservados" y su control.

9.- La obligación de la denuncia es un principio esencial sobre el cual hay también criterios normativos. Sin embargo, él no puede admitir excepciones de ninguna índole. Tanto cualquier persona como autoridad tienen el deber de formular, sin dilación, denuncia sobre hechos o actos contrarios a la ética de que tomen conocimiento.

10.- El respeto a la ley constituye un principio que garantiza el Estado de Derecho y que, por lo demás, se encuentra reconocido a nivel constitucional. Si bien estamos convencidos de que los valores éticos corresponden más a la sana razón y a la propia conciencia de cada cual, el respeto a la ley es siempre un deber ineludible en toda democracia.

La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado tiene un título sobre probidad pública que no puede olvidarse. Ciertamente, sería útil adaptarlo a criterios más rigurosos. Además, propugnamos la universalidad de sus principios.

Recordamos también que el pronunciamiento sobre varios proyectos de Código de Ética para el Senado está pendiente. Uno de ellos fue redactado por el Senador señor Valdés ; otro, a petición del señor Presidente de esta Alta Corporación, por el Senador señor Parra y el que habla, y fue entregado hace ya más de cuatro años. Estimamos que una decisión sobre esta materia no admite demoras.

11.- La ética y el derecho a la participación. Si bien el artículo 1º, inciso quinto, de la Carta Fundamental reconoce el derecho a la participación, éste resulta ineficaz por falta de regulación y de protección frente a su inexistencia real. Indudablemente, ese derecho está vinculado -y así debería establecerse- con la defensa de la ética y de la moral pública.

12.- Contratos a honorarios. Éstos se han prestado en la práctica a un uso abusivo; a desconocimiento real de la función pública; a la materialización de abusos y actos deshonestos cada vez más reiterados, y a la falta en su gestión de elementales principios de ética, porque con frecuencia se pagan favores, se comprueban servicios inexistentes, se elevan las remuneraciones legalmente establecidas, transgrediéndose así principios no sólo legales sino también morales. A nuestro juicio, deben restringirse a un mínimo muy calificado, si es que no se suprimen lisa y llanamente. Su control a todo nivel -estatal, municipal, de organismos autónomos, etcétera- debe ser estrictamente cumplido y garantizado, lo cual, deplorablemente, hoy no ocurre. En la actualidad, hay aquí una manifiesta transgresión a la ética.

13.- Condición de empleados de confianza. La forma como en la actualidad se ha extendido esta calificación es también inductiva de frecuentes vulneraciones a la ética.

Antaño fue una condición especialísima, calificada expresamente en la Constitución de 1925, que consagraba su aplicación a los Ministros, Subsecretarios, empleados de Subsecretaría, y punto. El Régimen autoritario la extendió peligrosamente, y ello, desgraciadamente, subsiste en gran medida sin justificación racional. Su restricción a los términos del pasado, a nuestro modesto juicio, se impone categóricamente.

14.- Incompatibilidad de funciones públicas y el área privada. Este planteamiento requiere una amplia reflexión. Otrora existieron impedimentos que paulatinamente se relajaron. Hay aspectos claros que precisar sobre este punto. Quien ejerce una función privada no puede decidir en contra del interés del Estado si a la vez ejerce una función o cargo público.

En seguida, quien fue titular de un cargo público vinculado a un área privada específica no puede pasar a ejercer una función privada tan pronto termina sus actividades en aquél, sobre todo cuando hay afinidades de gestión entre el primero y la segunda. La sana razón ética se opone a ello.

Puesto que la materia ha sido objeto de reprochables casos en que tal cuestión ha sido infringida, sin dilaciones se impone la aprobación de normas claras y más restringidas que las actuales.

Dentro de la misma línea de reflexiones, me pregunto: ¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio privado de su profesión para el Parlamentario? ¿Puede aceptarse que a pretexto de aquel ejercicio se transforme en mero gestor de clientes privados, sean éstos reales o supuestos? Existen normas sobre el particular en la Constitución Política del Estado. Y a mi juicio son claras. ¡Quién sabe si las situaciones reales nos podrían llevar a ampliarlas o a precisarlas más!

La sana razón ética, señores Senadores, aconseja precisar disposiciones con sentido ético más que necesario.

15.- El abuso de rentas públicas. Siempre enseñé en la cátedra un principio que era muy bien acogido y que, con mi colega Patricio Aylwin , predicábamos por igual: la función pública impone un sacrificio en bien de la colectividad. Esto se fue rompiendo paulatinamente en la medida en que empezó a prevalecer un criterio privatista deplorablemente compartido. La aplicación cada vez más insistente del Código del Trabajo a funciones públicas empresariales y no empresariales ha distorsionado el problema. ¡Si, como recordarán los señores Senadores, se llegó hasta pretender aplicarlo en la naciente Fiscalía Nacional! En aquella oportunidad hicimos ver la gravedad de ese asunto, y tuvimos éxito.

¿Pero cuál ha sido el resultado de este intento -y de otros- de privatización? El aumento desmedido de las rentas en las empresas públicas; las falencias comparativas con otros sectores del Estado; las recordadas y lamentables indemnizaciones de hace poco, que provinieron precisamente de la aplicación de tales normas; los sueldos muy desmedidos a pretexto de igualarlos con los privados; el abandono, en fin, de esa posición de sacrificio de antaño, todo lo cual implica una indiscutible transgresión a la ética.

He aquí otro campo donde la restricción se impone sin vacilaciones.

16.- El grupo de presión o lobby. El lobby ha sido reconocido a nivel mundial. Con todo, pensamos que debe ser regulado, como otras tantas materias de esta índole, para evitar que a su amparo surjan casos de gestión definidamente incompatibles con la ética.

17.- El monopolio de la información. Finalmente, queremos simplemente apuntar al peligro que aquél entraña para la ética. Ello conduce a que observemos la lucha pertinaz por el termino de toda regulación, por el fin de los controles, por el establecimiento de una libertad total y, en una palabra, por la restricción de las funciones del Estado a un mínimo intolerable.

Señores Senadores, pido excusas porque tal vez me he extendido demasiado en mi intervención. Pero creo sinceramente que la trascendencia del tema lo amerita. Y preciso, en todo caso, que dar a conocer una experiencia vivida a través de tantos años de servicio público -con gran sacrificio, pero con mucho amor, especialmente hacia los más débiles, y sin rencores ni odios de ninguna especie- puede justificar, con modestia, la entrega patriótica de estas reflexiones a Sus Señorías.

He dicho.