Labor Parlamentaria

El señor MORENO.-

Señor Presidente , se ha dicho en esta Sala que nuestras relaciones con la hermana República deben ser profundizadas y que en esa perspectiva se inscribe la proposición que está hoy frente a nosotros.

No tengo discrepancia alguna con ese propósito. Me he congratulado con lo que al respecto se ha hecho desde 1984 hacia adelante, donde un nuevo ambiente de paz, concordia y armonía ha prevalecido en nuestras relaciones con Argentina; y muy en especial, con lo realizado por los Presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, quienes con gran visión, en los diez años que cubrieron sus mandatos, lograron reducir los puntos potenciales de conflictos fronterizos con nuestros vecinos argentinos.

Aún más -excúsenme por esta reflexión personal-, si desde mi punto de vista se trata, tengo motivos fundados para agradecer a la República Argentina por los apoyos que me brindó cuando en 1993 el Gobierno de Chile, en el plan de reinsertar internacionalmente a nuestro país en el marco de Regímenes elegidos democráticamente, me postuló como candidato a la Dirección General de la FAO en Roma. No tuvimos éxito en esa elección, pero el respaldo de Argentina y de todos los países de América Latina y del Caribe, más naciones europeas y de otros continentes, mostró que la vecina República había desempeñado un papel relevante en ese esfuerzo de solidaridad con Chile.

Pero hoy, como Senador de la República , debo pronunciarme, no sobre la base de mis sentimientos o intereses personales, sino mirando el bienestar y el futuro de mi patria.

El nuevo Tratado y la política minera

Desde hace largo tiempo se ha venido discutiendo la política minera de nuestro país. Diversos Senadores han vuelto a reiterar sus puntos de vista críticos a distintos aspectos de ella, muy en particular sobre tres elementos que requieren una pronta rectificación.

En primer término, la ausencia de una política tributaria respecto de las explotaciones mineras de las grandes empresas transnacionales, que hoy controlan y operan más del 65 por ciento de la extracción de nuestros minerales, y que producto de estatutos jurídicos que incentivaron sus inversiones, hemos terminado desnacionalizando nuestra riqueza minera, sin exigirles que contribuyan con impuestos justos y adecuados al bienestar de los ciudadanos que viven en el país donde se extraen los recursos y generan sus utilidades.

Es sorprendente constatar -ha quedado claramente establecido en este debate, casi por unanimidad- que existe un "forado" tributario en esta materia que es necesario rectificar de inmediato.

Si CODELCO, nuestra principal empresa productora y exportadora de cobre, debe competir mundialmente, entregando por vía de impuestos y de otras obligaciones una parte importante de los ingresos generados al Fisco chileno para así apoyar el desarrollo nacional, no resulta aceptable el hecho de que empresas privadas, a través de inteligentes subterfugios -tales como declarar pérdidas debido a su subcapitalización, producto de endeudamientos muy altos con empresas extranjeras creadas por ellas mismas-, eludan los tributos y sólo terminen pagando -como se halla consignado en el informe entregado por las Comisiones unidas que examinaron el proyecto de Tratado con Argentina que nos ocupa- 4 por ciento como impuesto adicional, mientras que si declararan y exportaran utilidades pagarían 35 por ciento. En este punto, hago mías las observaciones que el Senador señor Lavandero ha formulado tanto en este debate como en otras oportunidades.

El segundo aspecto es el que tiene relación con la capacidad de control ejercida sobre los productos exportados por la gran minería chilena. Se ha reconocido también que las declaraciones formuladas por compañías transnacionales no están sometidas a un control verdaderamente efectivo, tanto en el contenido mismo del material extraído y exportado como concentrado, en el que se mezcla una diversidad de minerales, que bajo la denominación de "concentrado de cobre", disfrazan otros minerales de alto valor, y ellos no son detectados ni en los manifiestos del Banco Central ni en las revisiones que hace el sistema aduanero. A esto se une el hecho de que en nuestro país no se cobra la regalía minera, o lo que en nuestro lenguaje común denominamos el "derecho a puerta", que reduce aún más la capacidad de recaudación de impuestos o tributos por la extracción de recursos naturales que no serán jamás recuperados por nuestro país.

Es indispensable que en la consideración de un nuevo tratado se rectifiquen esos aspectos, ya que de otra manera habremos reiterado en forma casi indefinida los errores u omisiones sobre los que hoy emerge consenso para modificarlos.

Señor Presidente, pido extender el tiempo de mi intervención con cargo al que me corresponde en el segundo discurso.

El tercer aspecto, y no por ello de menor envergadura, es la política de la pequeña minería. Queda claro en este debate que la conducta seguida en el curso de los últimos años ha provocado un grave deterioro en los pequeños y medianos mineros. Ellos han sido gravemente castigados por las medidas que en el pasado reciente implementó la ENAMI. Al respecto, suscribo y apoyo lo manifestado por el Senador señor Adolfo Zaldívar , tanto en este debate como en otras ocasiones en esta misma Sala.

Hechas estas consideraciones, paso a referirme a algunos aspectos específicos del Tratado que se nos propone.

Se nos indica que la aplicación del mismo podrá realizarse dentro de los espacios físicos comprendidos en coordenadas geográficas, que en su sumatoria incorporan a más de cuarenta por ciento del territorio nacional, mientras que nuestros vecinos dejan incluidos en el área potencial del Tratado una proporción sensiblemente menor de su territorio.

Se pretende argumentar que nuestra configuración geográfica nos obligaría a incorporar vastas áreas de nuestros valles centrales y zonas cubiertas por bosques, dejando fuera de los perímetros de aplicación los lagos y bordes costeros, para no permitir el aprovechamiento de esos recursos por parte de nuestros vecinos.

He estudiado el mapa y los argumentos utilizados, y debo decir, con absoluta franqueza, que si se trata de proyectos mineros situados en las zonas mineras fronterizas, el ámbito de aplicación del Tratado debe circunscribirse básicamente a dichas ubicaciones, con la única posibilidad de ampliarse a la localidad más cercana donde se le pueda proveer de otros apoyos, siempre que éstos no estén ubicados en los riscos más altos de la cordillera. Pero no encuentro explicación alguna para que en Melipilla o en zonas agrícolas se instalen enclaves, con el carácter de áreas libres, que den apoyo a proyectos que se hallan ubicados en las altas cumbres de la cordillera.

Son tan evidentes los riesgos que con ello adquiriríamos que no compensa de modo alguno el autorizar esos enclaves, más aún cuando el ingreso de productos que pudiesen ser portadores de gérmenes de fiebre aftosa o mosca de la fruta -por citar sólo a dos de las plagas más importantes- dañarían nuestras producciones, a sabiendas de que Chile, a través de generaciones, ha invertido cientos de millones de dólares en limpiar su territorio de esas plagas e infecciones, para mantenerse, mediante estrictos controles, libre de esos males.

¿Quién garantizará que productos alimenticios u otros elementos importados a dichas áreas específicas o enclaves no nos acarreen tales perjuicios?

Al respecto, no me referiré a las características de lo que significaría autorizar la existencia en distintos lugares del territorio nacional de espacios aduaneros e impositivos especiales cubiertos por la operación futura de este Tratado.

Aún resuenan en mis oídos las palabras de las autoridades económicas de nuestro país que en este mismo Senado rechazaron las franquicias o garantías especiales que se otorgarían a chilenos que viven en determinadas áreas o regiones. Éstos, precisamente, habían solicitado que se les concediera tal beneficio. No quiero creer -porque no es el propósito- que a nuestros connacionales habría que decir: "Búsquense socios extranjeros de explotaciones mineras para lograr regímenes o tratamientos especiales, ya que sólo por esa vía podrán acceder a ello.".

No es mi intención caricaturizar lo que se nos propone, pero me parece indispensable clarificar, más allá de cualquier duda, aspectos como los que aquí he señalado. Por ello, espero una detallada explicación de las autoridades de Gobierno sobre esta materia.

Un segundo aspecto que preocupa es el que se refiere a los derechos de aprovechamiento de aguas. Otros señores Senadores lo han planteado, y, por la brevedad del tiempo de que dispongo, no abundaré en él.

El tercer elemento es la política medioambiental que deberá ser observada por ambos países. Llamo la atención del Senado y de las autoridades de Gobierno sobre lo consignado en el informe de las Comisiones unidas, en el que se afirma que un tema no abordado es el referente al depósito de desechos y los futuros cierres de las faenas que operarán bajo las normas del Tratado. Este punto tiene especial relevancia, dado que en este mismo momento la Comisión de Medio Ambiente del Senado aborda precisamente un proyecto que restringe de manera clara el ingreso o tránsito de desechos o sustancias consideradas como peligrosas.

Un cuarto aspecto es el referente a la negociación con Argentina acerca del grado de avance por parte de la nación transandina en los caminos y obras de infraestructura para habilitar y mejorar las vías de comunicación entre ambos países. Represento una Región de Chile donde este punto no es un tema menor, ya que desde hace largo tiempo se discute la posibilidad de habilitar un túnel alternativo de uso permanente en la localidad de Las Leñas y un paso estacional en la Región frente a San Fernando , denominado "Paso de las Damas".

Solicito se informe al Senado sobre cuál es el efectivo avance de esas obras comprometidas por el Gobierno argentino y acerca de cuál es la intencionalidad de éste respecto de las obras específicamente aquí mencionadas.

Finalmente, no puedo silenciar un sentimiento que me embarga, cual es el de haber escuchado en el seno del lugar más representativo de la democracia de nuestro país -el Parlamento- que un Tratado entre dos naciones soberanas está dirigido principalmente, y sobre todo en su etapa de los primeros 30 años -por los argumentos que aquí se han dado y que quedarán consignados en la historia de nuestro país-, a beneficiar a dos empresas transnacionales cuyos intereses, por muy legítimos que ellos fueren, no son necesariamente los de Chile.

No quiero con esto atribuir intenciones a persona alguna, ni discutir el patriotismo de nadie en esta Sala. No tengo derecho a ello; sería una injuria gratuita. Pero concédanme al menos que quienes estudiarán lo que aquí hemos dicho y la forma como votaremos se sorprenderán por el entusiasmo y énfasis con que algunos han argumentado, creando la errónea impresión de que el desarrollo futuro de Chile pasa por el éxito de esas transnacionales. Dejo claramente establecido que ésa no es mi opinión, ni la visión que tengo del futuro de mi patria.