Labor Parlamentaria

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente , se ha dicho que no existen sino dos formas para hacer posible el gobierno de los pueblos. Una de ellas sería “cortar cabezas”, es decir, usar la fuerza, recurrir al totalitarismo; la otra es “contar cabezas”, atenerse a la voluntad de la mayoría de la gente, o sea, utilizar el sufragio universal, creer en la democracia.

¡Qué duda cabe que esta segunda opción es la éticamente correcta! Nos preguntamos por qué esta necesidad de contar voluntades, como origen del poder.

El notable constitucionalista Norberto Bobbio lo expresa en términos particularmente simples. Dice: “Todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo, que puedan ser así aceptadas como una decisión colectiva”.

Agrega que respecto de estas decisiones “el principio fundamental es el respeto de la mayoría”, o sea, que se consideran decisiones colectivas y, por lo tanto, obligatorias para todos aquellas aprobadas por la mayoría.

Añade que en este sistema “cada individuo cuenta como uno”, y es la justicia del procedimiento la que da legitimidad al elegido, más allá de que pueda no ser el mejor, puesto que en todo caso su elección brota de un consenso no impuesto desde arriba, sino de la aceptación colectiva del grupo.

La legitimidad que surge del voto popular la conocen todos los miembros de la Cámara, pues ninguno de los que integran esta Corporación ha llegado hasta aquí con una bonificación que pudiera haber recibido por ser médico, empresario, general en retiro o profesor universitario.

Por otra parte, confirmando la legitimación que da el sufragio universal, recientemente han sido elegidas por el pueblo personas que se pudieran considerar confrontacionales por sus cargos o actuaciones del pasado. Sin embargo, su presencia en el Parlamento no ha provocado rechazo ni conflicto.

Pues bien, no obstante este mandato que surge de la inteligencia humana y de nuestra propia historia, hoy nuestra sociedad se encuentra abocada a un problema político y ético realmente sorprendente para nuestro pueblo.

A todos los chilenos se les ha usurpado parte importante de su soberanía, concretamente un 20,83 por ciento de su poder real de decisión, el que ha sido entregado por la Constitución de 1980 a senadores no elegidos por el pueblo.

En esta forma, los chilenos no son hoy titulares, sino simples comuneros de su soberanía. Pero hay algo más grave todavía. A través de la propia influencia de estos extraños senadores y de la distorsión que ellos producen en la configuración de las mayorías, agregados los altos quórum exigidos por la ley para modificar la Constitución, el resultado es que, de hecho, la institución aberrante es prácticamente inmodificable.

En esta forma, con el sistema vigente no sólo se atenta contra la dignidad del pueblo declarado en interdicción y sujeto a senadores tutores, sino, además, se le engaña inescrupulosamente al crearse resquicios que hacen imposible la derogación de leyes aberrantes. Esta última afirmación la comprueban los hechos.

En junio de 1997, el Presidente Frei , elegido por la inmensa mayoría de los chilenos, envió al Parlamento un proyecto para suprimir los senadores designados. En esta Cámara dicho proyecto fue aprobado por el 86 por ciento de los diputados y, posteriormente en el Senado, por el 67,86 por ciento de los senadores elegidos por el pueblo. Sin embargo, el proyecto no se convirtió en ley por la votación adversa de los senadores designados.

En este aspecto, la afirmación que hace en estos días Tomás Moulian en su best seller “Chile actual: anatomía de un mito” es particularmente certera. Expresa que a través de la ley se ha configurado un cerrojo inexpugnable para hacer posible que una minoría no sólo sea protegida de los posibles abusos de la mayoría, sino, más que ello, para hacer posible que la minoría sea transformada en lo que no es. Es decir, que se convierta en mayoría. Ésa es la situación que estamos viviendo.

En este aspecto, el ejemplo que acabo de dar es profundamente revelador. El proyecto presentado por el Presidente Frei -al cual he hecho mención- contó con el apoyo de diputados que representaban el 86 por ciento de la ciudadanía, y de senadores que representaban el 67,86 por ciento. Término medio: el 76 por ciento del apoyo popular. Sin embargo, esa abrumadora mayoría no logró imponer su criterio. Pues bien, los senadores que representan el 32,14 por ciento del pueblo, y diputados que representaban el 14 por ciento, una ínfima minoría representativa, término medio: el 24 por ciento del pueblo, impuso su criterio.

Francamente, es una situación inmoral y escandalosa, porque ¿para qué vota el pueblo si con artimañas legales inmorales y perversas hacen posible que un 24 por ciento valga más que el 76 por ciento? Éste es un trascendental problema ético existente en nuestra sociedad, de la mayor relevancia, y nadie puede negar su existencia. Afrontarlo es un imperativo moral de este Parlamento y de toda la sociedad chilena.

Frente a esta situación, éticamente inaceptable, que hiere la conciencia de millones de chilenos, un grupo de abogados hemos hecho una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -cuya competencia nadie puede desconocer-, que hoy analiza esta Corporación, a fin de conocer el pensamiento y dictamen de las más altas autoridades morales en este continente en materia de derechos humanos. Lo hemos hecho en la certeza de que para superar los traumas del pasado, más que olvidar lo que sucedió, resulta indispensable derogar las normas aberrantes dictadas en aquellos tiempos, justamente bajo el amparo de la represión. Al efecto, creemos firmemente que no se superan los traumas del pasado cuando subsisten los frutos más oscuros y perversos del ayer, puesto que la noche, señores diputados, no termina en el momento en que arbitrariamente lo determinemos los hombres, sino en el momento en que la oscuridad realmente desaparece, y los senadores no elegidos por el pueblo son para millones de chilenos no sólo la oscuridad que recuerda el pasado totalitario, sino, además, el oscurantismo ético, político y cultural.

Borremos, señor Presidente, los frutos perversos del pasado doloroso, y estaremos contribuyendo a superar los traumas propios de ese pasado, y estaremos, también, trabajando efectivamente por la vigencia de la paz.

El artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece categóricamente que todos los ciudadanos tienen derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos en elecciones”, “de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual...”

Establece, igualmente, que todos los ciudadanos pueden “tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país”.

Por su parte, el artículo 24 de esa misma Convención establece que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo cualquier forma de discriminación.

Estos derechos humanos se encuentran claramente conculcados entre nosotros.

En efecto, es evidente que no existe sufragio igual cuando más de tres millones de ciudadanos de la Región Metropolitana eligen cuatro senadores; la misma cantidad que eligen ocho integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, la mitad de ellos uniformados.

Tampoco existe igualdad de acceso a las funciones públicas cuando un senador elegido por el pueblo es eleccionado de entre ocho millones de ciudadanos y, en cambio, el senador designado es eleccionado de entre un grupo reducido de tres, cuatro o diez ex contralores, ex generales o ex ministros de la Corte Suprema.

En este esquema de existencia de senadores designados, tampoco puede hablarse de elecciones auténticas ni de sufragio universal, como lo exige la Convención, pues para que podamos hablar de sufragio universal y de elecciones auténticas es indispensable no sólo que todos los ciudadanos formalmente emitan su voto, sino, además, que el valor de los sufragios emitidos sea real, de tal modo que la mayoría de los sufragantes constituyan realmente la voluntad de la Nación. Esto no sucede cuando senadores no elegidos por el pueblo distorsionan gravemente la voluntad de las mayorías.

Por su parte, como se acredita en la presentación con abundantes antecedentes, gran parte de los redactores de la Constitución de 1980 no creían en el sufragio universal ni en la democracia. El resto adhería a una concepción de “democracia protegida” y “democracia autoritaria”. Este término, “democracia autoritaria”, se emplea reiteradamente por el señor Pinochet y en las actas respectivas. Para hacer posible este criterio, los que redactaron la Constitución, en un afán claramente discriminatorio, idearon un resquicio que consiste en conceder un subsidio a los sectores más conservadores a través de los senadores designados, usurpando al pueblo, al que se le supone ignorante, demagogo e incapaz de decidir -lo dicen las actas- un 20,83 por ciento de su poder de decisión.

Esta forma hipócrita de burlar la voluntad del pueblo constituye una clara violación a los derechos humanos, a la no discriminación y, además, un atentado a la esencia misma de la institucionalidad democrática, con la cual nuestro continente se encuentra comprometido.

No podemos resumir los extensos antecedentes contenidos en la presentación hecha por los abogados señores Roberto Garretón, Jaime Castillo Velasco , Hernán Montealegre , Martita Wörner , Eugenio Velasco , Manuel Sanhueza , Alejandro Hales , Alejandro González , Adolfo Veloso y Jorge Vega , todos distinguidos profesionales largamente comprometidos con la causa de los derechos humanos, y los tres primeros, principales redactores del libelo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , han terminado los primeros quince minutos. Su Señoría comienza a hacer uso del tiempo cedido por su Comité.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Hacemos esta presentación como simples ciudadanos. Los dos diputados firmantes dejaremos nuestros cargos en los próximos días. Lo hemos hecho, porque creemos honestamente que en Chile se han cerrado todas las posibilidades para obtener por consenso la derogación de las normas violatorias de los derechos humanos y, además, porque los senadores no elegidos por el pueblo entorpecen gravemente el necesario camino de complementar el crecimiento económico con más equidad y más solidaridad.

En este aspecto, son categóricos los antecedentes que se dan en la solicitud al mencionarse múltiples proyectos de beneficio social, rechazados justamente con los votos de los senadores designados. Hacemos presente que nuestra solicitud no está dirigida contra el Gobierno de Chile, sino contra toda una legalidad aberrante, impuesta en tiempos de dictadura y que no ha sido posible modificar.

En esta forma, el propósito de la presentación -como se dice en ella- es hacer prevalecer la voluntad democrática del Chile de hoy por sobre la arbitrariedad impuesta en tiempos de terror y de ausencia de libertad. Se trata así de velar por que, de una vez por todas, Chile sea integralmente devuelto a los chilenos, sin el eterno esperar del mañana o del quizás o de las promesas incumplidas que hemos escuchado durante ocho años.

Aquí se ha dicho, como fundamento de la Derecha para no estar presente en esta Sala, que éste sería un “show”. Estamos planteando un problema ético fundamental de nuestra sociedad. ¿Es “show”, acaso, luchar por que el pueblo recupere su soberanía? Pero la Derecha está acostumbrada a llamar “show” todo lo que en definitiva le perjudica, le afecta o compromete grandes intereses morales.

Cuando se habló de los “pinocheques”, se dijo que era “show”; cuando se habló de los mil detenidos desaparecidos en Chile, también se dijo, al igual como hoy lo han hecho el Diputado señor Espina y otros, que éste sería un “show”. No fue “show” el de los detenidos desaparecidos. Ahí está el drama humano de miles y miles de personas. ¡Protesto por esta incapacidad de afrontar un debate serio frente a un problema ético y fundamental para nuestra Nación!

Nuestras naciones, en este aspecto, se encuentran ante el riesgo de que en épocas de totalitarismo se puedan dictar leyes aberrantes y, a la vez, inmodificables por resquicios elaborados por las propias dictaduras. En esta forma, se podría llegar a petrificar la evolución política de los pueblos, congelándola indefinidamente en tiempos de retroceso o desconocimiento de los derechos esenciales de la persona humana. Volviendo a nuestro planteamiento inicial, hubo tiempos en que se cortaron cabezas para poder gobernar y, al mismo tiempo, se dictaron leyes inmodificables que anularon hacia el futuro lo que es la expresión esencial de la cabeza humana: la inteligencia, la creatividad, la capacidad de cuestionar y diseñar situaciones más justas y solidarias para la vida colectiva. Ése es el problema que está planteado en nuestra sociedad.

No podemos dejar de señalar que son las nuevas generaciones las más afectadas por este tipo de conductas, generaciones jóvenes a las cuales, en esta forma, se les puede privar de todo protagonismo histórico, haciendo imposible cualquier sueño o utopía generacional. De esta forma, nuestras sociedades podrían ser conducidas a sistemas políticos sombríos y frustrantes para las grandes masas ciudadanas y, especialmente, para la gente más joven de nuestro país. Tal vez, eso es lo que algunos quieren provocar; pero eso es, precisamente también, lo que deseamos evitar quienes luchamos contra enclaves autoritarios, que procuran suprimir cualquier expresión de diversidad importante orientada hacia el sueño, siempre vigente, de construir una sociedad más justa, humana y solidaria.

Las recientes elecciones, con su saldo de jóvenes no inscritos, votos blancos y nulos, constituyen una alerta de la forma como la gente puede alejarse de la política cuando todo debe conseguirse a través de consensos impuestos por la minoría; donde aun los derechos humanos más esenciales deben conquistarse por consenso, y donde -increí-ble paradoja- ni siquiera por la vía del consenso se consigue restablecer la plena vigencia de la soberanía del pueblo, derecho fundamental consagrado por la conciencia ética de la humanidad y por múltiples cartas y convenciones internacionales.

En este aspecto, políticos pragmáticos, con muchos recursos, pero a veces con escasa visión histórica, hoy hacen alarde de su preocupación por las cosas concretas. Nada hay más concreto para el pueblo que su dignidad, su soberanía y su derecho a ser personas plenas y no medias personas ni tampoco 79 por ciento de personas. Por lo mismo, tenemos la convicción de que cuando se usurpa a un pueblo parte importante de su soberanía, nada ni nadie puede impedir su restablecimiento por la vía de la expresión del conjunto de los ciudadanos, es decir, por la vía del plebiscito o consulta popular.

En este aspecto, Camilo Henríquez reivindicó para cada generación el derecho a ser sujeto de su propia historia, afirmando con vehemencia que ningún grupo humano puede negar a las nuevas generaciones el derecho a dictar sus leyes y a determinar su propia forma de vida. Ése es el mandato ético que recibimos de nuestra historia y cumplirlo constituye un insoslayable imperativo moral para nosotros.

Resulta triste que respecto de lo que era claro en tiempos de nuestra Independencia, de lo que era claro cuando llegué por primera vez a esta Cámara, en 1965, hoy día haya fuerzas tan oscuras, tan negras, tan retrógradas, que se nieguen a reconocer lo que es conciencia ética de la humanidad: el reconocimiento de la plena soberanía del pueblo.

En tal sentido, al recurrir nosotros a la conciencia moral de nuestro continente, a través de sus organismos especializados, hemos dado un paso más en la lucha irrenunciable por rescatar para los hombres y mujeres de nuestro país su derecho a pensar, a crear, a soñar y, desde luego, su derecho a decidir sin ningún tipo de tutelajes aberrantes.

Ése es el sentido más profundo y el contenido ético de la presentación que hoy analizamos.

He dicho.

-Aplausos.