Labor Parlamentaria

El señor DE LA MAZA .-

Señor Presidente , cuando pensamos qué íbamos a decir en esta sesión tuvimos en mente un debate que se está produciendo hoy en el país. Pensamos en ello y finalmente decidimos no meternos en el tema de quién quiere ser el protagonista en materia de política ambiental pública. Tampoco quisimos convertirnos en defensores de las políticas oficiales que sostiene el Gobierno. Simplemente, hemos querido reconocer una gestión ambiental, durante los últimos seis años, de primera magnitud, que se inició en el Gobierno de don Patricio Aylwin y que hoy continúa bajo la presidencia de don Eduardo Frei ; reconocer la enorme inversión hecha por el Estado para mitigar, reparar y resolver los problemas de contaminación que durante los últimos cien años vienen afectando a nuestro país y que redundan gravemente en las áreas agrícolas, pesqueras y, especialmente, en la minería.

Otra opción era esta legislación novedosa, que recién se está aplicando, que está resistiendo los embates de la modernidad, la polémica entre desarrollo y sustentabilidad; entre proteger el medio ambiente y crecer; entre resolver los problemas de la pobreza y de preservar la naturaleza.

Quisimos optar por plantearnos algunas temáticas que, a nuestro juicio, constituyen observaciones a lo obrado y alguna prevención respecto del futuro.

Con frecuencia se señala que la inserción global de la economía chilena representa una oportunidad histórica para lograr un crecimiento sostenido del ingreso y el consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

No siempre se dice con el mismo énfasis que si lo que se busca es un crecimiento ambientalmente sustentable, el camino de la integración de Chile a la economía mundial requiere de esfuerzos que van mucho más allá de los parámetros económicos.

La importancia adquirida por las materias ambientales, no sólo en Chile, sino en las relaciones internacionales, hace impostergable la pronta definición de un perfil ambiental para nuestro país.

Esta tarea implica reconocer, tanto las realidades institucionales y legales del país como el manejo y potencialidad de sus recursos naturales.

Tengo aquí una recopilación hecha en 1992, esfuerzo realizado por un profesor universitario especialista en derecho ambiental, que abarca los últimos 20 años, y que Rafael Asenjo , como presidente de la Conama , transformó en un documento. Contiene 718 leyes y normativas respecto de materias ambientales. ¡Cómo no va ser contradictoria, por lo tanto, la solución a los problemas!

Señor Presidente , por curiosidad tomé una norma. Quiero que la conozcan porque es decidora para reafirmar lo que aquí señalamos. Es un reglamento sobre normas sanitarias mínimas municipales. En su Nº 2, dice: “Autoriza a los municipios para destruir o eliminar la basura por vaciamiento en el mar o en grandes lagos”. Hoy, esta norma está vigente en Chile. Autoriza a los municipios para botar la basura en grandes lagos o en el mar.

Esta frondosa legislación conspira contra las políticas medioambientales; conspira contra la gestión del Gobierno.

Desde el punto de vista internacional, nuestro país está siendo presionado. Los países que ya pagaron el costo del desarrollo hoy les exigen a los que están en desarrollo, la preservación del medio ambiente, lo que no es malo, sino que constituye un desafío. Por ejemplo, participar en la definición de los estándares ISO 14 1000; en la disposición de instrumentos económicos para abordar los problemas ambientales. El “dumping” ecológico, entre otras cosas, pesa sobre Chile y nos ayudará a establecer una legislación armónica y consecuente con estas materias. Por lo mismo, es indispensable que la directriz ambiental chilena adquiera la categoría de política de Estado; es decir, un compromiso nacional que trascienda a los gobiernos. Para que ella sea efectiva, debe integrarse a las políticas económicas y sociales del país, que ya tienen el carácter de políticas de Estado, y la ventaja de ser exitosas.

Durante mucho tiempo se sostuvo que se podía contaminar. La modernidad internacional expresó como norma “el que contaminaba paga”, pero hoy la exigencia del tiempo moderno es señalar que el que no contamina, gana. La tecnología limpia no significa menos productividad; al contrario, los esfuerzos que no se hagan en este sentido llevarán inevitablemente, en diez o veinte años, de políticas exitosas, al fracaso.

Por otra parte, una política que comprometa a todo el país debe responder con sus resultados a todos los sectores involucrados, incluso a aquellos que aún no han sido beneficiados por la inserción global, a los que no gozan del éxito ni del desarrollo. Además, una política de Estado pone su mirada en el largo plazo y no sólo en lo inmediato.

Para ello se sugiere, en primer lugar, revalorizar la idea de planificación, para incorporar en ella el uso de instrumentos de mercado que la hagan más eficiente, flexible y acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país. En segundo lugar, desarrollar una institucionalidad ambiental fuerte, tecnificada, eficiente y activa.

En tercer lugar, vitalizar los gobiernos regionales y locales para una gestión ambiental descentralizada.

Estimamos que es fundamental usar el instrumento de la descentralización y entregar al poder local legitimidad y capacidad de decisión sobre los problemas ambientales que les afectan directamente. Esto significa fortalecer las identidades locales. Por ejemplo, reconocer que la gigantesca obra que se construye en Valdivia con la celulosa, con una inversión de 1.100 millones de dólares, tiene una alternativa para no afectar el santuario del río Cruces: se le exige el tratamiento terciario de las aguas y que a través de un ducto salga por la caleta de Mehuín; eso significa respetar la identidad local.

Entender que allí hay un ecosistema en el cual el mundo pesquero artesanal ha recibido del gobierno cosas fundamentales, como una escuela especializada de tecnólogos pesqueros. Se les ha entregado una fábrica para desarrollar su propia tecnología. Han logrado mantener limpieza absoluta en el río que les circunda y han preferido la fosa séptica a vaciar las aguas de desecho al río, porque quieren mantener su entorno.

¿Qué nos pasa con esta tecnología nueva? ¿Qué van a vaciar en nuestra aguas? ¿Compuestos órganoclorados que probablemente significan la destrucción o muerte de sus fuentes de trabajos? ¿No implica también respetar lo que se ha creado por acción propia de la gente que allí vive?

Esto es lo que plantea como política la bancada democratacristiana: compatibilizar el desarrollo indispensable para superar los niveles de pobreza masiva del país y lograr, al mismo tiempo, la defensa futura del medio ambiente, es decir, una política de preservación. Al entender los esfuerzos que se han hecho, se puede avanzar en ese sentido.

Falta de un perfil ambiental, porque ni siquiera conocemos nuestro territorio. Cuando hablamos del Trillium, por ejemplo del proyecto Río Cóndor, sabemos que no tenemos cartografías de la zona, ignoramos cómo es, cómo se comporta la naturaleza.

Entonces, debemos avanzar en experiencia, sin negarnos a priori a las posibilidades, pero con cuidado, porque lo fundamental y lo que está en juego es el futuro.

En este contexto, la demanda por una cada vez mejor calidad ambiental, tanto de productos como de procesos productivos en los países desarrollados, es una tendencia altamente positiva que nos abre una interesante posibilidad. La exigencia de normas y estándares de calidad internacional en todos los mercados, nos obligará a incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en los negocios si queremos mantener la competitividad. El país se verá cada vez más presionado a contar con una legislación apropiada en este ámbito. Los acuerdos internacionales incluyen explícitamente el tema y hoy es un elemento que está presente en todas las negociaciones.

Después de dos años y algunos meses de gestión en institucionalidad ambiental, creemos necesario fortalecerla y no destruirla; no marcarla, ahora que está empezando, con cuestiones propias de partidos políticos, con luchas internas o posiciones partidistas para sacar ventajas o provecho ante la gente, sino fortalecerla en su dimensión técnica, administrativa, coordinadora y fiscalizadora.

Regionalizar la política ambiental con progresiva y adecuada participación de las autoridades locales, en particular de los municipios. Chile no tiene un modelo de ordenamiento nacional de su territorio y éste, con un potencial maravilloso, está esperando que los chilenos apliquemos inteligencia y futuro a esta tierra nuestra.

Debemos generar un modelo de ordenamiento, consensuar y desarrollar medidas de recuperación, de mitigación y prevención de los efectos que tiene sobre el medio ambiente el desarrollo económico y social del país.

Debemos incorporar la componente ambiental al desarrollo de equidad social en la gestión pública, en el marco del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ya no importa sólo la gráfica, la macroeconomía, la estadística. La calidad de vida tiene mucho que ver con el entorno, con la manera de tratar la basura, con la forma que tiene la plaza, con la necesidad de esparcimiento, con la necesidad de sentirse identificado con un entorno que permita el crecimiento espiritual de las personas.

Debemos fortalecer la gestión de los comités técnicos de las Corema, que hoy están disminuidos, que tienen poca capacidad.

Sin duda, esto pasa por mayores recursos, respecto de los cuales es indispensable pensar y la Cámara tiene la obligación de hacerlo.

También creemos que hay algunas debilidades. Observamos una confusión entre las funciones de los órganos y servicios con competencia ambiental, y una inadecuada coordinación entre los mismos, fruto, probablemente, de la estructura de poder del país. Pero es indispensable hacer un esfuerzo en este sentido.

Creemos que faltan recursos, una adecuada infraestructura administrativa -capaz de resolver las exigencias y los desafíos que imponen los conflictos medioambientales- y, finalmente, una política, un sistema nacional ambiental cuya responsabilidad recae sustantivamente sobre la Conama, que recoja las obligaciones que le impone la ley de bases del Medio Ambiente y, al mismo tiempo, entregue facultades, instrumentos y recursos para lograrlo, ya que nada podemos hacer si no los otorgamos.

Por último, en nombre de mi bancada, quiero hacer especial mención a algo que considero fundamental: la participación ciudadana.

Un país no avanzará hacia su desarrollo integral si no logra una adecuada participación ciudadana, la que no puede constituir sólo un lema ni expresarse llamándola en algún momento para preguntarle su opinión. No se puede esperar a que la ciudadanía, a través de cualquier medio, reclame, grite o se oponga. La participación significa estar en el proceso, en el estudio; posibilitar el desarrollo de la institucionalidad para el mundo ciudadano; que el Estado se preocupe de dotarla de los instrumentos para que la ciudadanía participe en todo el proceso de la gestión ambiental; que se recoja por los tribunales de justicia y por la ley una forma también de participar con recursos destinados al efecto, sin usar la legislación general, pues no sirve para este nuevo desafío ambiental. Estimamos que sin un compromiso de la identidad local, sin la participación real del país incorporado al proceso de cuidado del medio ambiente, que significa preservación del futuro y de la dignidad del país, nada tiene sentido.

Eso es lo que en nombre de mi bancada y del cargo que ostento de presidente de la Comisión, quiero comunicar a mis colegas y a la ciudadanía.

He dicho.