Labor Parlamentaria

La Ley 21.076 modificó la Ley General de Servicios Eléctricos en el sentido de establecer que el retiro y reposición de los medidores y empalmes sea íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que dicha inutilización se haya producido por fuerza mayor, como sismo, salida de mar u otra calamidad y que la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe. Ese aspecto constituye el sentido original de la moción presentada en la Cámara de Diputados a la que, sin embargo, se le incorporaron en el Senado normas que cumplen objetivos por completo diferentes.

Estas prescripciones habilitan la aplicación de cobros a los usuarios en razón de modificaciones tecnológicas cuyo costo económico debería corresponder, naturalmente, a las empresas distribuidoras de servicios eléctricos.

El primero de marzo de 2009, el medio electrónico Ciper Chile publicó una investigación sobre las nuevas instalaciones de medidores inteligentes de electricidad[1]. En dicho artículo se señala que el costo de los medidores asciende al monto aproximado de US$1.000 millones, el que sería asumido por los clientes. Además hace mención de la obligatoriedad para los clientes de dicho cambio.

Es importante señalar que, de acuerdo a la misma publicación, actualmente el 70% de los medidores eléctricos, equivalentes a 4,2 millones de equipos aproximadamente, son de propiedad de los clientes, y solo el 30% restante pertenece a las empresas de distribución. Según datos entregados por el director Ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Ignacio Santelices , el valor de los medidores fluctúa entre los $20.000 pesos los antiguos y $300.000 los inteligentes o Smart metering.[2]

Algunas empresas ya han adelantado el cambio de medidores hacia los Smart Metering, bajo el argumento de que así las distribuidoras pueden tener mayor conocimiento de sus redes eléctricas, optimizando su funcionamiento y permitiendo rentabilizar el negocio. Según el diario Pulso, al 6 de marzo de 2019 se ha instalado 500 mil medidores inteligentes, pese a que no existe aún un estándar técnico definido. [3]

Sin perjuicio de los eventuales beneficios que puedan resultar de estos nuevos medidores inteligentes, no queda claro aún cuál será el impacto en las tarifas que deban pagar los usuarios una vez que ya estén en funcionamiento.

Es por ello que el presente proyecto de ley regula tres dimensiones del problema. Por un lado, dispone expresamente que los cambios de empalmes y medidores serán de costo de la empresa concesionaria, como consecuencia lógica de la propiedad de estas instalaciones y; por otro lado, establece que tales cambios serán voluntarios para el usuario. Finalmente, el hecho de que se hayan practicado decenas de miles de cambios de medidores por parte de las empresas con anticipación a la generación de un estándar técnico, hace necesario establecer el derecho de los usuarios a requerir la restitución de los cobros realizados indebidamente.

Es importante considerar que los contratos de servicios eléctricos constituyen contratos de adhesión en donde el cliente se ve imposibilitado de poner condiciones, sumado a la falta de competencia de prestadores en el mercado. Es por ello la necesidad de regular este tipo de contratos y prever cualquier abuso que pueda generarse respecto de los clientes. En este sentido, resulta razonable que el cliente tenga el derecho a decidir si acepta el cambio, consagrando expresamente que voluntad del cliente al respecto. De igual forma, el cliente debe tener el derecho a que la empresa distribuidora proporcione la información necesaria en caso de cambio de medidores, pues los Smart metering registran todos los consumos asociados a perturbaciones en la red.

Por tanto, los diputados y diputadas abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo primero: Reemplácese, en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20018 de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, el artículo 139 bis por el siguiente.

Artículo 139 bis: El empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los costos originados en los cambios de dichas instalaciones serán de cargo de la concesionaria. Asimismo, el cambio del medidor requerirá la aceptación expresa del cliente, que deberá ser informado por la concesionaria de los antecedentes necesarios que justifiquen el cambio.

Artículo segundo: Deróguese el artículo segundo transitorio de la ley 21.076.

Artículo tercero: Los cambios de medidores practicados por las concesionarias con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, darán derecho al usuario a requerir a la concesionaria la restitución de los montos pagados por ese concepto.

Diputados señores Núñez, don Daniel ; Barrera , Gutiérrez , Labra , y Teillier , y de la diputada señora Hertz.