Labor Parlamentaria

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , Honorable Senado:

Deseo referirme a una materia que en los últimos días ha ocupado la atención política del país. Se trata del conjunto de posibles reformas constitucionales que el Excelentísimo señor Presidente de la República propondría al Congreso Nacional el próximo 21 de mayo.

En atención a que las informaciones hasta ahora conocidas son documentos internos de trabajo del Ejecutivo y de la coalición gubernamental, no es mi intención referirme en detalle a contenidos específicos que aún ignoramos si serán o no planteados, en definitiva, al Poder Legislativo.

Mis palabras, por tanto, son una reflexión acerca de la necesidad, conveniencia y oportunidad de reformas constitucionales en las circunstancias que actualmente vive el país.

La Carta Fundamental que nos rige es fruto de un profundo y extenso estudio de las causas de la crisis del régimen constitucional de 1925, manifestadas en la progresiva desintegración política, económica y social que el país vivió hasta 1973. Se trató de configurar un sistema institucional que en el futuro evitara la repetición de tales causas y de los problemas que originaron. Por ello, en su preparación por destacados juristas, se puso especial atención a dos materias claves. Por una parte, la doctrina clásica de la libertad y del bien común como fundamentos de la democracia. Por otra, el régimen de organización y funciones del poder público conforme a nuestra tradición republicana; a las experiencias de los Presidentes Carlos Ibáñez , Jorge Alessandri y Eduardo Frei en la aplicación del sistema presidencial anterior, y a las urgentes necesidades de eficacia y eficiencia que los tiempos modernos exigen al régimen político. En este aspecto, se innovó profundamente en materia de la indispensable integración de las Fuerzas Armadas y de Orden a la vida nacional. Al mismo tiempo, se definió con precisión su estatuto general en función de sus finalidades de defensa de la patria y garantías de la seguridad nacional y del orden institucional de la República.

La Constitución Política es nuestra norma fundamental. Establece los principios, valores e instituciones que regulan el acceso y ejercicio del poder público, compatibilizando la libertad de las personas y de la sociedad con la autoridad de los órganos del Estado. Constituye, pues, el marco jurídico de la organización de nuestra sociedad a base de la naturaleza social del hombre de la protección de la libertad de todos y de la división y equilibrio de los poderes en su justo límite. Es la mayor expresión del Estado de Derecho, en el que es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Es el fundamento de nuestro sistema republicano y democrático, que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes.

Por estas razones, más allá de toda contingencia, la estabilidad de la Constitución en el tiempo es una necesidad de la vida política, económica y social de Chile. Su reforma, por lo mismo, debe ser excepcional y cuando, conforme a la experiencia comprobada de su aplicación, corresponda a requerimientos objetivos y a tendencias permanentes del país. No puede depender de mayorías electorales transitorias y ocasionales.

La Carta Fundamental vigente fue aprobada y reformada plebiscitariamente, en 1980 y 1989, respectivamente, en forma mayoritaria por la ciudadanía. Se ha aplicado cumpliendo un itinerario preestablecido de transición que ha convertido a Chile, durante su decurso, en un modelo de desarrollo general e institucional. Soy testigo personal del solemne compromiso de las Fuerzas Armadas y de Orden, a partir de 1973, para restaurar la institucionalidad democrática y sentar las bases jurídicas del desarrollo integral de Chile. Su proceso de institucionalización se ha caracterizado por la creciente participación de la ciudadanía, hasta llegar a la plenitud de los actos electorales del 5 de octubre de 1988 y del 14 de diciembre de 1989 y a la ejemplar transmisión de mando del 11 de marzo de 1990. Igualmente, ha estado marcado por la total abstracción de cualquier consideración subjetiva, personal o electoral, que pudiera reducir o desvirtuar en la Constitución Política su carácter de norma fundamental y permanente de la vida política de nuestra nación.

Todos los chilenos, al margen de nuestros puntos de vista acerca de los acontecimientos de las últimas décadas, hemos aportado al esfuerzo general de poner en práctica nuestra Carta Fundamental. Ha sido así porque nuestra historia constitucional y nuestra cultura política nos indican que, por razones de bien común, las normas constitucionales deben ser aplicadas por tiempo suficiente para probar en la práctica sus virtudes y defectos. Es la experiencia de la aplicación de las Constituciones Políticas de 1833 y 1925. Cuando no se cumplió este esencial criterio de prudencia, nuestro país padeció la anarquía y la guerra civil hasta el restablecimiento, con muchos sacrificios, del orden y del derecho.

Señor Presidente , por primera vez en muchas décadas, Chile se ha convertido en los últimos años en un modelo de desarrollo político, económico y social. Ello es fruto del trabajo de toda la nación y, en distintas medidas, de las gestiones del pasado Gobierno y de la actual Administración. Pero sería un enorme error, además de una injusticia, desconocer que ese desarrollo también es consecuencia del marco jurídico con que la Constitución Política de 1980 da fundamento a las diversas manifestaciones de la actividad nacional. Sin la seguridad ni la certeza de la protección a la libertad, en sus múltiples connotaciones de derechos y garantías, y del servicio del Estado a la persona humana en el cumplimiento del bien común, no habrían tenido lugar la creciente integración armónica de todos los sectores de la nación y el evidente progreso que hemos alcanzado. Es una realidad la mayor participación de cada chileno con igualdad de oportunidades en la vida nacional y en los beneficios de su desenvolvimiento político, económico y social.

En consecuencia, pretender reformar la Constitución Política cuando apenas ha cumplido un año de plena vigencia y cuando resulta evidente que es la base jurídica de la estabilidad institucional y del desarrollo general que nos atraen la atención y la confianza internacionales, no parece una decisión acertada, especialmente si de cualquier modo se retrotrae el marco constitucional a las formas vigentes hasta 1973.

El país, que tiene otras inquietudes y preocupaciones, no podría entender una virtual desarticulación del régimen constitucional, base de su progreso efectivo. Sinceramente, no creo que la ciudadanía experimente en la actualidad un impulso irresistible a modificar la Constitución Política en términos que, de no hacerlo, se pueda provocar una infalible crisis de convivencia nacional. Es más, pienso que como nunca Chile necesita de la certeza de estabilidad de un claro y seguro marco constitucional para el desenvolvimiento normal de las actividades de nuestro pueblo.

Por ello, señor Presidente , con la mejor y constante disposición a colaborar en todo lo que nos aproxime al bien general, formulo desde el Senado -la más alta tribuna del país- un llamado al Excelentísimo señor Presidente de la República para ponderar con la mayor prudencia la auténtica necesidad y efectiva conveniencia de proponer reformas constitucionales al Congreso Nacional. Es imprescindible que el actual Gobierno no emita en esta materia tan trascendental para Chile señales confusas y equívocas que puedan transformarse en daño al bien común, disminución de las posibilidades de progreso nacional y deterioro de nuestro prestigio internacional.

He dicho, señor Presidente.