Labor Parlamentaria

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, uno de los más urgentes desafíos nacionales consiste en mejorar la infraestructura física del país. Así lo ha planteado el Gobierno, y la opinión pública en general está plenamente consciente de ello.

En la Novena Región de la Araucanía se encuentra en estudio y desarrollo un gran proyecto de regadío, denominado "Canal- Victoria-Lautaro-Traiguén", destinado al riego de miles de hectáreas de secano o con graves carencias de agua.

No está suficientemente maduro el tiempo en que los privados financien por sí mismos semejantes obras. En algunas áreas esto es posible mediante el sistema de concesiones, donde capitales privados se están sumando a la tarea de crear o mejorar nuestra infraestructura. Ello no sucede con el proyecto Victoria-Lautaro-Traiguén, el que deberá ser asumido íntegra y fundamentalmente por el Estado. En cualquier caso, resulta indispensable disponer de agua en volúmenes suficientes.

Como es usual en nuestros días, frente a casi todos los proyectos importantes de infraestructura que aborda el país y que necesariamente comprometen recursos naturales, surgen voces, preferentemente desde sectores ecologistas, que los impugnan en nombre de la ecología, dado el impacto ambiental que suponen las iniciativas.

En nuestra región, el Comité de Defensa del río Cautín ha creído necesario ocuparse del proyecto Victoria-Lautaro-Traiguén. Sus impugnaciones no son banales; por el contrario, tienen un profundo contenido y una gran proyección. Pero de seguirse los reparos que ellos formulan, simplemente no habría ningún sistema de riego para la región, como lo pretende el proyecto.

No es que nos opongamos a que cada proyecto sea acompañado del correspondiente estudio de impacto ambiental que garantice la seguridad ecológica, sino que, como las exigencias que se formulan en dicha interpelación son tan desmesuradas, habría sido más directo y sincero que sus autores hubieran dicho que se oponen a todo el proyecto.

En otro orden de cosas y como es sabido, las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público y, por lo mismo, pertenecen a toda la nación. Sin embargo, el Estado constituye derechos de aprovechamiento de aguas en favor de particulares, en las circunstancias y modalidades que indica el Código de Aguas.

El derecho de dominio sobre las aguas terrestres ha ido perfeccionándose a través de diversos mecanismos legales, destinados a garantizar la debida estabilidad y certeza jurídica como elementos indispensables en un Estado de derecho. Por eso mismo, el articulado transitorio del Código de Aguas quiso hacerse cargo de situaciones que afectan a antiguas mercedes o simples derechos de agua no sometidos al actual régimen regular de dominio, para los cuales arbitró un procedimiento regularizatorio de derechos de aprovechamiento.

La ley quiso que tales procedimientos fueran de competencia jurisdiccional, es decir, sometidos al conocimiento de nuestros tribunales de justicia, con carácter de no contenciosos.

Si se examinan bien las correspondientes disposiciones que rigen la materia, se observará que el legislador quiso que en estos procedimientos regularizatorios de derecho de aprovechamiento interviniera la Dirección General de Aguas, que es el órgano público rector de las aguas terrestres de Chile.

Por eso, casi invariablemente, nuestros jueces ordenan traer a la vista un informe previo de la Dirección General de Aguas para resolver con mejor acopio de antecedentes y con conocimiento de causa. Obran de esta manera los jueces de la República, porque la ley lo dispone y porque la prudencia así lo aconseja, en especial tratándose de materias que presentan complejidades específicas, como las hidrológicas.

En el proyecto que nos ocupa, canal Victoria-Lautaro-Traiguén, ha ocurrido una situación muy enojosa que compromete el destino del proyecto.

Un grupo de particulares, creyéndose titulares de muy antiguas mercedes de agua, ha acudido a un tribunal de Temuco para impetrar la regularización de nada menos que 25 metros cúbicos de agua por segundo, los que equivalen a 25 mil litros de agua por segundo; es decir, se trata de un volumen enorme, que puede comprometer la disponibilidad del recurso necesario para el proyecto.

Este megaproyecto es el más importante de la Región de la Araucanía. Significa poder regar 60 mil hectáreas de suelo agrícola, actualmente dedicadas a cultivos tradicionales de baja rentabilidad, que aparecen como los más vulnerables.

Los potenciales beneficiados por esta obra son alrededor de 3.500 propietarios que, en su mayoría, son pequeños y medianos agricultores. También es conveniente destacar que de la superficie total de 60 mil hectáreas a regar, 10 mil corresponden a comunidades indígenas.

Los estudios desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Riego, han arrojado favorables resultados por el evidente impacto económico y social asociado al proyecto. Por ello, han comprometido su apoyo tanto las autoridades máximas del pasado gobierno de don Patricio Aylwin como las actuales.

El proyecto ha debido enfrentar muchos obstáculos. Ahora encara quizás el más importante, pues al permitirse la regularización de derechos por 25 metros cúbicos por segundo de agua del río Cautín, muere definitivamente.

Reitero: 25 metros cúbicos por segundo de agua equivalen a un volumen de 25 mil litros por segundo, una cantidad enorme; es la mitad del cauce del río Cautín en época de estío.

Quienes han solicitado esta regularización son propietarios del canal Sandoval, que nunca ha utilizado más de 2.5 metros cúbicos por segundo; es decir, la décima parte de lo que están solicitando regularizar.

El proyecto de riego Victoria-Lautaro-Traiguén, en su época de mayor demanda considera la utilización de 20 metros cúbicos por segundo.

Quiero destacar que 25 metros cúbicos de agua por segundo es una enorme cantidad, y que en manos de privados, que nunca la han utilizado ni la podrán utilizar, servirá sólo para especular con la venta de sus derechos.

Es bueno agregar que los derechos hoy reclamados por los propietarios del canal Sandoval datan de 1903, cuando originalmente se solicitaron 1.8 metros cúbicos por segundo. En 1917, es decir 78 años atrás, estos derechos, a través de un decreto del Intendente de la provincia de Cautín de la época, fueron transformados en los actuales 25 metros cúbicos por segundo, los cuales nunca fueron regularizados ni los propietarios cumplieron con lo que exigía el Código de Aguas, como era la construcción de las obras propiamente tales.

Errores cometidos por el propio Estado y también por la justicia, hoy ponen en grave riesgo el proyecto. La Dirección General de Aguas ha hecho un minucioso análisis jurídico de la situación y ha presentado un recurso de queja a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

La argumentación que sustenta este recurso ha sido expuesta a los parlamentarios de la Región de la Araucanía por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Aguas. En atención a ello, solicito que se envíe un oficio, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas, manifestándole mi interés en que esa Cartera actúe con el mayor celo y diligencia en las gestiones emprendidas.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio en la forma solicitada, con la adhesión de los Diputados señores Galilea, Villouta, Balbontín y Valcarce.