Labor Parlamentaria

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , creo que el proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Hacienda -no pertenezco a ella-, es bastante interesante, por cuanto contempla objetivos que a todos nos motivan, como es modernizar y fomentar la competencia del sistema financiero.

Sin embargo, quiero plantear dos puntos. Uno de ellos -tema que he conversado largamente con los diputados Rincón y Latorre- tiene que ver justamente con la cobertura de los seguros. Nos parece bien que esto signifique, probablemente, contratar en mejores condiciones de precio los seguros, mediante licitación. Efectivamente, hoy existe un abuso o cobros a precios altísimos en los seguros de incendios, de gravamen o de siniestros, que se usan para cubrir los inmuebles o deudas de créditos hipotecarios. De alguna forma, esos aspectos se abordan de buena manera en el proyecto. Es decir, se busca mejor competencia, mejor transparencia, más información, etcétera.

No obstante, hay un punto que no queda bien resuelto, que tiene que ver precisamente con la cobertura de los seguros. El artículo 40 señala: “Los bancos, cooperativas, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, cajas de compensación de asignación familiar y cualquier otra entidad que tenga dentro de su giro otorgar créditos hipotecarios, en adelante entidades crediticias, que en virtud de operaciones hipotecarias con personas naturales deban contratar seguros por cuenta y cargo de sus clientes, con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o el pago de la deuda frente a determinados eventos que afecten al deudor, deberán cumplir con lo siguiente:”.

Es decir, se da la alternativa de que los seguros puedan cobrar el bien -es decir, el inmueble, la propiedad- o el pago. Por lo tanto, continúa existiendo en la ley la opción de que los bancos aseguren sólo el monto de la deuda. Por lo tanto, perfectamente se puede volver a repetir la situación que se vivió el año pasado, a raíz del terremoto del 27 de febrero, en la cual muchos deudores hipotecarios perdieron sus casas y departamentos, pero como estaban confiados de que tenían contratado un seguro, cuando llegó el momento de cobrarlo les dijeron: usted sólo tiene asegurado el crédito, no le debe nada al banco, porque éste se pagó de la deuda, pero usted no tiene casa y queda en la calle. Por lo tanto, aquí está latente un tema social muy importante.

Cuando en un país los ciudadanos toman decisiones, a veces libremente, otras inducidas, cortoplacistas, y les dicen que en tal o cual lugar pueden contratar un seguro que es un poco más barato y, por lo tanto, la cuota a pagar será mucho más baja, no necesariamente les están dando toda la información para que efectivamente sepa qué es lo que realmente va a cubrir ese seguro. ¿Cubre la deuda y la propiedad o sólo la deuda? La idea es que de aquí en adelante se informe al cliente como corresponde.

Ahora bien, aprovechando la presencia del señor ministro , creo que esto no debiese quedar en las bases de licitación de la Superintendencia de Valores y Seguros o en el ámbito reglamentario, sino que debiéramos garantizar por ley que la cobertura del seguro sea para pagar la deuda y el bien dado en garantía hipotecaria.

Como ahora no podemos presentar indicaciones, debido a que el proyecto fue calificado de suma urgencia, vamos a trabajar para que en el Senado podamos conseguir el patrocinio de una indicación que nos permita resolver el problema, pues se trata de un asunto social importante.

Cuando una persona toma la decisión de contratar un seguro y sólo se fija en la cuota que debe pagar y no en que esa cobertura cubra también su vivienda, se está generando una irresponsabilidad importante. Al menos en los seguros licitados debe estar contemplada esta cobertura. Además, se permite al consumidor el derecho de contratar en forma individual el seguro que estime más conveniente; es decir, tiene la alternativa de optar por los seguros licitados en las condiciones establecidas o por negociar individualmente un seguro distinto. Por lo tanto, siempre tendrá el derecho de opción. Ahora, no lo podemos obligar a que contrate un seguro con cobertura sobre el bien inmueble, pero al menos en aquellos seguros licitados, debiéramos garantizar esa cobertura.

Por ello, quiero solicitar al señor ministro que se abra a la posibilidad de incorporar esa norma.

Por las razones expuestas, y para discutir de mejor manera el tema en el Senado, anuncio que votaré en contra del artículo 40 y sus numerales.

Asimismo, pido votación separada de todos los numerales del artículo 40, que, repito, votaré en contra, justamente para tener un debate como corresponde en el Senado, porque no se está dando una solución a un problema, que no es económico, sino social, que quedó de manifiesto con ocasión del terremoto que sufrió nuestro país el año pasado.

El segundo punto al que me referiré tiene relación con otra idea del proyecto: mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, tema muy significativo.

Hoy, en Chile, las AFP tienen más de 100 mil millones de dólares. Por cierto, debemos estar preocupados de mejorar su rentabilidad, porque los cotizantes, que trabajan y ahorran durante toda su vida para obtener una jubilación, se alegran cuando las empresas en que están invertidas sus acciones obtienen buenos resultados, pero, cuando éstos son adversos, los únicos perjudicados son los trabajadores y no los ejecutivos de dichas empresas. Por lo tanto, el riesgo es del trabajador que cotiza, sin mencionar el hecho de que recibirán pensiones miserables.

Justamente ayer, con motivo de la sesión especial que celebró la Cámara acerca de los créditos de consumo, mostré una lámina que representaba el flujo del dinero, en que parte del sueldo de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores, de los cotizantes, era depositado en su AFP para su futura jubilación, y esos fondos se prestan a los bancos mediante emisión de bonos de estos últimos, a una tasa de 6 por ciento anual -una bajísima rentabilidad-, y después los bancos se lo prestan a esos mismos trabajadores, mediante créditos de consumo, tarjetas de crédito o líneas de crédito, con un recargo de hasta 45 por ciento. Es decir, los trabajadores le prestan a los bancos a 6 por ciento de interés y éstos, a su vez, les prestan a los trabajadores a 45 por ciento.

Si realmente queremos mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, debemos incorporar en el proyecto la posibilidad de que los trabajadores puedan prestarse una parte -por ejemplo, un 5 por ciento- de sus ahorros previsionales, con reglas claras, límites de edad, a un interés superior al 6 por ciento, es decir, autocobrándose más de lo que le cobran a los bancos con nuestros ahorros y, por supuesto, a una tasa inferior a la que les pagamos a los bancos, que puede ser superior al 45 por ciento.

¿Qué garantizamos con ello? Condiciones de créditos más justas para las personas y mayor rentabilidad de los fondos de pensiones. Se cumplirían dos objetivos con una norma de esta naturaleza, como la que hoy existe en otras economías, que miramos mucho, pero de las cuales copiamos sólo una parte y no las que van en beneficio de los trabajadores. Como dije ayer, en Singapur existe esa posibilidad.

¿Por qué no debatimos en serio el tema? Así podríamos incorporar una norma que mejora la rentabilidad de los fondos de pensiones y la posibilidad de que los trabajadores, los cotizantes chilenos puedan obtener una mejor jubilación y, por otra parte, si están en el sector activo, puedan acceder a créditos en condiciones más favorables y no como el sistema que tenemos hoy, en que los que realmente ganan son las instituciones financieras y los que pierden son los trabajadores.

Ojalá que el ministro se abra a debatir el tema, a fin de que podamos incorporarlo en este proyecto en el Senado y así dar un paso creativo y audaz que, por lo demás, fue lo que prometió este Gobierno cuando habló de una nueva forma de gobernar. Sin embargo, hemos visto poca creatividad y escasa innovación en aspectos tan importantes como éstos. Podríamos hablar de un proyecto que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero y que, a la vez, protege adecuadamente a los consumidores y garantiza herramientas más eficaces para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones.

He dicho.