Labor Parlamentaria

El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-

El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, aunque es de conocimiento público, creo necesario reiterar hoy en la Sala una grave situación.

Como Diputado de la República, en conjunto con otros señores parlamentarios, hace un par de meses solicitamos a la Contraloría General de la República investigar las irregularidades detectadas en la Empresa Nacional del Carbón, Sociedad Anónima.

A propósito del informe que emitió hace algunos días, debo señalar lo siguiente:

Con fecha 7 de septiembre de 1994, a las 11.30 de la mañana, recibí el informe de la Contraloría, dado a conocer por el Intendente de la Octava Región el 6 de septiembre de 1994.

Al respecto, se ha generado una situación que es del caso destacar. No me parece procedente que dicho informe esté a disposición de los Diputados que solicitamos la intervención de la Contraloría, 48 horas después de ser difundido por la prensa.

Es más, lo anterior determinó que las personas que aparecen nombradas o implicadas, como los señores Ítalo Zunino y Juan Hugo Zapata, informe en mano, dieran paso a sus descargos antes de que los Diputados tuviéramos el más mínimo antecedente respecto de la situación.

La gravedad de los hechos está a la vista, y resulta chocante y dolorosa la comprobación del detalle de las irregularidades que establece el informe de la Contraloría.

Así, los gastos improcedentes por pagos en fletes, indemnizaciones, restoranes, viáticos, almuerzos de cumpleaños, regalos a ex directores y cursos de capacitación que no se realizaron, en conjunto superan los 85 millones de pesos.

Por otra parte, los pagos en exceso por compra de madera, las pérdidas por no explotación de bosques pertenecientes a Enacar, los créditos no aprovechados y la mantención de edificios en desuso, suman más de 106 millones de pesos y representan un deterioro patrimonial inexcusable.

Junto a todo lo anterior, respecto de lo cual cualquiera justificación es insostenible, deben sumarse los anticipos de sueldos que iban a depósitos bancarios para generar intereses, los contratos a profesionales por 15 UF por días, es decir, más de 160 mil pesos diarios, y los contratos por 25 UF por hora, o sea, más de 260 mil pesos diarios, ya que las facturaciones se realizaban por turnos de 10 horas diarias. Todo esto resulta inexplicable y ofende la situación de crisis que vive la zona del carbón; más aún, si consideramos que la exploración, investigación y estudio de la mina La Chulita, de Curanilahue, que tuvieron un costo de 385 millones de pesos, no obstante ser descontados como “castigo contable” por Enacar, jamás se llevaron a cabo.

En atención a la gravedad de las irregularidades que he detallado, queda claro que debe existir una profunda preocupación por las expectativas que ha generado el informe de Contraloría, dado que su lectura preliminar permite establecer que existen serias deficiencias administrativas y falta de controles internos. Lamentablemente, tal como ocurrió con Codelco la Cámara lo sabe muy bien, no es posible precisar en forma nítida actitudes dolosas que pudieran configurar el establecimiento de un delito. Hay una sola observación, identificada por la propia Contraloría, como "presunto fraude en contra de Enacar", cuyo monto alcanza a un millón de pesos. Es la única situación definida como fraude por la Contraloría, y no es en absoluto representativa del monto total involucrado.

Al ser Enacar una sociedad anónima con personalidad jurídica y patrimonio propio, cabe preguntarse si sus funcionarios son empleados públicos o particulares. En el caso de Codelco, la Corte Suprema determinó que los funcionarios de esa empresa del cobre eran empleados particulares. Así, la figura de fraude al Fisco no existió y sólo podrían haber eventuales responsabilidades civiles, lo que es una estafa residual y muy general que no conlleva pena aflictiva. Con todo, nadie está pagando las pérdidas de Codelco y nadie ha ido a la cárcel por esa circunstancia. Enfáticamente, quiero señalar que ello no puede suceder en Enacar.

Lo importante, por lo tanto, es determinar las responsabilidades y sancionar, jurídica y moralmente, a quienes resulten culpables; además, es necesario tomar de inmediato y con urgencia todas las medidas para que esto no vuelva a suceder en ninguna otra empresa del estado.

Para el Diputado que habla está claro que aquí se buscó sistemáticamente liquidar a la Empresa Nacional del Carbón durante el gobierno militar, situación que continuó en el de Patricio Aylwin. El valor de sus activos aún sigue siendo atractivo para el sector privado. Esperamos que, con agilidad y diligencia, se establezcan las sanciones que correspondan, sean quienes fueran los culpables.

Queda, entonces, manifiesta y clara la importancia de contar en cada empresa estatal con directores idóneos, responsables, designados técnica y no políticamente, ya que el "karma" que debió soportar Enacar por muchos años fue ser la amante que pagó por décadas los favores políticos del gobierno de turno.

La situación de Enacar debe servimos de gran lección, porque si no somos capaces de aprenderla, habrán tenido razón quienes pregonan la privatización como única opción adecuada para administrar las empresas públicas, es decir, las empresas de todos los chilenos.

Por ello, solicitaré la formación de una Comisión Especial investigadora, para la cual espero contar con la unanimidad de las bancadas, ya que existe el ánimo de hacerlo, como lo hemos conversado con los Comités de todos los partidos políticos, con el objeto de que estos lamentables hechos ocurridos en Enacar no sigan haciendo perder la credibilidad de la gente que aún estima posible llevar adelante el desarrollo del Estado con las empresas que pertenecen a todos los chilenos.

He dicho.