Labor Parlamentaria

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Hales.

El señor HALES.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero convencer a los señores diputados de que pongamos atención a la protección de los usuarios de los servicios de utilidad pública y resolvamos por unanimidad la posibilidad de reponer la indicación que protege, particularmente en el caso de la telefonía; de lo contrario, aprobaremos un proyecto de ley para defender a las empresas. Dicho de otra manera, debemos procurar que no le roben a nadie. No se trata sólo de proteger a las empresas. No podemos defender a las empresas y dejar desprotegidos a los usuarios. Por eso, presentamos una indicación con el diputado Chauán.

A propósito del planteamiento que formulé en la sesión anterior, debo decir que en esto hay tres actores: primero, los que delinquen, que deben ser castigados con más fuerza, es decir, el que roba y el que comete el delito de receptación, lo que provoca que el cobre robado se venda a vista y paciencia de todos. Segundo, la empresa víctima del robo y, tercero, el usuario del teléfono, al cual se le suspende el servicio por culpa del ladrón, pero ante lo cual la empresa no responde, no repone el cable y dice que prefiere perder al cliente. Pero, además, en el primer tiempo cobra el cargo fijo porque la cuenta está vigente, aunque el cliente no esté usando el teléfono.

Si no le cobraran el cargo fijo, igualmente se debería exigir que la empresa reponga el servicio, porque la dueña de casa que tiene contratado el servicio telefónico, que paga su cuenta, no es culpable. No lo robó ella. ¿Por qué se castiga al usuario? ¿Por qué la empresa no responde como cualquiera otra? Si a alguien le roban el empalme de electricidad y le cortan el cable que se conecta a la red de distribución de su domicilio, estoy casi seguro de que cualquiera empresa de distribución repone el cable del empalme. En el caso de la telefonía, eso no sucede.

Lo que corresponde es que el proyecto vuelva a la Comisión a fin de renovar la indicación, la cual no tiene nada que ver con algo político o partidario, sino que cuenta con un apoyo transversal.

Además, es razonable que se establezca en la normativa legal que el delincuente debe ser tratado con dureza y firmeza, y aplicarle una mayor sanción. Pero también debe existir responsabilidad desde el punto de vista empresarial, ya que la empresa sigue gozando de las platas que el usuario le está pagando por el servicio prestado y que le fue cortado por el robo de cables. En ese caso la empresa debe responder, porque el cable no fue robado desde el interior de la casa del usuario. Distinto sería si a éste le roban el aparato del teléfono desde el interior de su casa, porque ahí habría una responsabilidad directa del usuario; pero el cable la empresa lo instala en la calle, por eso debe responder por su robo.

Además, aquí hay un punto que es muy técnico, y es que las empresas telefónicas utilizan los postes para instalar los cables que conectan a las casas, lo que facilita su robo, porque no le producen ningún daño a la persona que los toma. La única solución sería que las empresas instalaran los cables subterráneamente, ya que de esa forma no estarían a la vista de los ladrones. Pero hay que reconocer que eso les sale más caro, y a las empresas no les conviene, porque les gusta la “ley del embudo”. Por eso, si quieren tener los cables a la vista para que se los roben, deben reponer el servicio a los usuarios cuando ello ocurre.

El diputado Burgos ha dicho muy bien que lo que aquí se necesita es una mayor eficiencia de parte de los servicios policiales y la persecución al delincuente de parte de los fiscales. De lo contrario, vamos a seguir votando proyectos que al final se transforman en leyes de la República, pero su contenido son puras promesas, esperanzas e ilusión, y nada concreto. Las leyes son normas escritas que necesitan que alguien cumpla lo que disponen, y si no hay persecución de parte de los fiscales, eficiencia policial, resguardo a los usuarios y protección a las empresas, vamos a seguir con un papel escrito, con un proyecto que ha sido aprobado por este Congreso con mucho entusiasmo para convertirse en ley de la República. Está nuestro compromiso de representar a la gente en sus demandas, y debemos enfrentarnos al ciudadano que nos interpela porque según él no hacemos nada para endurecer las penas contra el delincuente.

Esta indicación es una forma de endurecimiento contra el delincuente, pero necesitamos policías, fiscales y justicia eficientes. No basta con la actual ley. En ella debe ir incluida la siguiente disposición: “Las empresas de suministro público o domiciliario, tales como de electricidad, gas, agua, alcantarillado telefonía o cualquier otro deberán reponer el servicio al usuario y no podrán cobrar el suministro del respectivo servicio, mientras éste se halle interrumpido por razón de la comisión de este tipo de delitos.”.

Por tanto, pido a la Sala la unanimidad para que el proyecto vuelva a la comisión respectiva a fin de renovar la indicación, lo que permitirá dejar operativo el triángulo equilátero en los tres vértices: dureza contra el delincuente, defensa de la empresa agredida por el delincuente, y defensa y protección del usuario de parte de la empresa, ya que ésta no se puede encoger de hombros, dejando al usuario en el limbo.

Conversé sobre este punto con una autoridad de la empresa telefónica, y le manifesté cómo era posible que nosotros estuviéramos estudiando un proyecto para sancionar a quienes les roban los cables, mientras ellos se encogen de hombro diciendo que prefieren perder al cliente porque les roban una y otra vez los cables. Le dije por qué no los escondían para protegerlos, instalándolos bajo tierra. Es la única forma de evitar su robo. De lo contrario, habrá que establecer en la normativa legal la obligación a la empresa de reponer el servicio al usuario cuando éste sea víctima del robo de cables de algún servicio domiciliario. Eso es lo único que va a generar confianza en la legislación y en el estado de derecho de parte de la ciudadanía.

Por tanto, la solución está en que el proyecto vuelva a la Comisión respectiva con el objeto de que sea repuesta esta indicación.

Aquí no se trata de estigmatizar a las empresas ni de caricaturizarlas con mi intervención. Mi discurso no trata a las empresas de pulpos ni de abusadores. Pero debo aclarar que me sentiría en falta a mi conducta como representante ciudadano si no fuera capaz, por un lado, de proteger a las empresas a las cuales les roban y, por otro, al usuario, pues no lo podemos dejar en la indefensión. Si la empresa hoy no lo defiende, siento la obligación de hacerlo como su representante.

El diputado Delmastro suscribió con nosotros la indicación, pero no lo ha inspirado una decisión partidaria para confundir a los partidos políticos. En esto hay representantes ciudadanos de todos los partidos.

Por eso, invoco que sea esta Sala, en su conjunto, transversalmente, al igual como se firmó la indicación, la que dé la unanimidad para defender realmente a la empresa y al usuario. De lo contrario, cuando el proyecto sea ley de la República, si no contamos con una policía eficiente, le van a robar el cable a una empresa, que puede ser la telefónica; ésta le va a cortar el servicio al usuario afectado, el cual no podrá reclamar porque se le va a contestar que la ley señala que se debe sancionar al ladrón, pero no obliga a la empresa a reponer el servicio al usuario. No quisiera tener que dar explicaciones a ese respecto. Por tanto, debemos establecer la defensa al usuario.

He dicho.