Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Izquierda Cristiana y Partido Humanista votará a favor del proyecto de ley sobre condonación de recargos por impuestos morosos y reestructuración de los Servicios de Impuestos Internos, de Aduanas y de Tesorería.

A nuestro juicio, el proyecto contiene tres aspectos muy importantes; uno, se refiere a los impuestos adeudados, otro dice relación con la modernización de ciertos servicios públicos, y, un tercero que es el que aquí ha provocado mayor debate, busca lograr una equidad en el pago de los impuestos por la vía de reducir la evasión tributaria.

Con relación al primero, la condonación de deudas de impuestos completa la tarea emprendida por el Gobierno democrático en el sentido de saldar las graves deudas acumuladas en distintos sectores y rubros, durante los años pasados.

Es así como esta Cámara ha sido informada de los acuerdos adoptados respecto de los deudores del SERVIU, y hemos debatido un proyecto de ley sobre los deudores hipotecarios en juicio, y cómo se han tomado medidas respecto de las deudas de agua y de luz.

En este caso, nos referimos a la situación de 630 mil deudores de contribuciones de bienes raíces comprendidas en 2 millones 661 mil roles, y de otros 150 mil deudores de impuestos fiscales.

Estas deudas acumuladas, por casi 800 mil contribuyentes de impuestos, no responden a un hecho normal o de funcionamiento lógico de la economía, y por tanto, no comparto el criterio de otros parlamentarios que han dicho que aquí se está ayudando al que no desea pagar, en perjuicio del que paga.

En verdad, estamos frente a un problema de arrastre generado a partir de la crisis económica de 1982 y 1983, con la acumulación progresiva de deudas y dificultades de pago que hace muchas veces, que personas que desean pagar tienen ante sí deudas tan grandes que se ven imposibilitadas, incluso, para cubrir una parte de ellas.

Nos parece que esta situación debe ser saneada para que en el futuro, efectivamente, todos los chilenos paguen sus impuestos oportunamente. Debemos buscar, si fuere necesario, las modificaciones legales que establezcan la dificultad de nuevas condonaciones, salvo que estén asociadas a procesos críticos en la marcha general de la economía.

El proyecto que aprobaremos en general permite una solución total y absoluta para todas las deudas de impuestos que se generaron hasta el 31 de diciembre de 1986. Todos esos chilenos deudores podrán, una vez que el Congreso la apruebe, estar tranquilos; se acabará la amenaza de perder sus propiedades, puesto que el gobierno habrá dado solución a ese problema.

Y para quienes tengan deudas de impuestos de los años 1987,1988 y 1989, hay importantes ventajas que estimula su pago, en la medida -claro está- en que se cumplan ciertas condiciones, como el haber pagado, a lo menos, un tercio de los impuestos adeudados.

Se suprimen intereses y multas y también los reajustes se limitan hasta diciembre de 1989, lo cual significa que no sufrirán el recargo de la inflación de este año. Es decir, hay un beneficio adicional cercano al 30 por ciento de las cantidades adeudadas.

Y para los deudores de bienes raíces, en especial pequeños propietarios y comerciantes, las facilidades, son mayores todavía.

Nos alegramos que el Gobierno escuchara este clamor y dé una respuesta rápida y eficiente para tantos chilenos, y esperamos que las normas establezcan, para la evolución económica futura, un estímulo real al pago de los impuestos.

En segundo lugar, por este proyecto se reorganizan los Servicios de Impuestos Internos, Nacional de Aduanas y la Tesorería General; tarea necesaria para elevar su eficacia, como ha quedado demostrado, entre otras cosas, por la existencia de fraudes de la magnitud del caso de Loza penco, de todos conocidos.

Entre otros aspectos deben modernizarse los servicios de computación de estos entes públicos.

El Servicio Nacional de Aduanas fue creado, principalmente, como un organismo fiscalizador de las importaciones, de control de aquello que se importaba al país; en circunstancias de que hoy lo principal es la dinámica exportadora, y ésta requiere de una reestructuración del Servicio orientada a una función diferente.

La devolución de impuestos, tan importante en el país como el fomento efectivo al exportador que no es doblemente recargado, también requiere de un servicio eficaz. Dentro de este terreno se plantean fórmulas para reducir la evasión tributaria y entre ellas el incentivo a quienes son fiscalizadores.

El debate producido no deja de sorprendemos, porque, en verdad, cuando se discutió la reforma tributaria, parlamentarios de la Derecha hicieron presente que ella no era necesaria por cuanto había una altísima evasión en el país y que lo que el Gobierno debía hacer era enfrentarla. Y resulta que ahora cuando se enfrenta a ella salen con nuevos argumentos para obstaculizan la medida con la cual se busca solucionar un problema que ellos mismos crearon. Es decir, aquí hay "palos porque bogas y palos porque no bogas", lo que demuestra, a mi juicio, una actitud poco comprensiva y realmente, poco rigurosa en relación con los problemas que afrontamos.

El problema de la evasión tributaria es un atentado al funcionamiento normal de una economía de mercado, porque no puede ser que un empresario honesto, tenga un recargo o un impuesto por serlo, respecto de aquél que evade impuestos. Y cuando aquí se plantea el problema de que los funcionarios de aduanas pueden ser demasiado celosos para impedir que se exporten locos en tarros cuyas etiquetas señalan "caracoles", me parece que no es aceptable que se busque proteger a quienes han cometido tantos fraudes en este país. Me interesa que quien está al cuidado de que al recinto de aduanas entre o salga un camión, no gane apenas 30 mil pesos, como ocurre en el día de hoy. Me interesa que los funcionarios tengan un incentivo para terminar con el hecho de que en este país, en forma encubierta, se exporta cocaína o productos como el loco y otros; y no hay ni la planta suficiente ni la estructura adecuada para impedirlo. Y no me parece que porque un funcionario tenga un incentivo para descubrir un delito se alteren las bases de la economía o se transforme anómala la situación. Por el contrario, creo que todo estímulo para enfrentar a quienes son delincuentes son muy bienvenidos. Como muy bien lo dijo la Diputada Matthei , no se trata de que los funcionarios vayan "a comisión de las multas", porque, evidentemente, las multas que se cobren no ingresan al fondo especial de incentivo. Por lo tanto, es una distorsión y un engaño a la opinión pública intentar señalar que los funcionarios tendrán un estímulo para cobrar multas, por cuanto no se suman a lo que se plantea.

La verdadera realidad es que durante años estos servicios públicos fueron abandonados a su suerte; entraron en declivio; sus funcionarios fueron mal pagados porque se consideró que fiscalizar el cobro de impuestos no era realmente una prioridad de parte del Estado. Nos parece sin perseguir a nadie que una condición de sana competencia económica es que exista un sistema adecuado para el de pago de impuestos y para el control de la evasión, y que, especialmente, los delitos aduaneros, que se expresan en la exportación de productos que no deben exportarse, sean fuertemente controlados.

Naturalmente, es discutible la operación misma del mecanismo de incentivo. Por eso, si hay ideas concretas que busquen mejorarlo, con mucho gusto las atenderemos y estudiaremos en la Comisión, en el debate en particular del proyecto.

Señor Presidente, no es posible reclamar de inconstitucional este artículo, por cuanto, en primer lugar, no crea ningún nuevo, tributo no se está creando impuesto de naturaleza alguna, y, en segundo lugar, porque el texto legal solamente señala que la formación del fondo especial de incentivo considerará los montos en que la recaudación tributaria neta, en moneda nacional, creada para ese fin, se adecúe. En ninguna parte establece la ley que se financiará con el producto de los impuestos. Varios señores parlamentarios han cometido un error de lectura sobre el texto. Lo que se plantea, como criterio, es que el Gobierno va a crear, en el Presupuesto, una partida que considerará el monto que exceda la recaudación real esperada, sin que operara el incentivo.

Naturalmente, mi opinión -y quiero dajarla aquí, también, muy claramente- es que si la reducción de la evasión tributaria es suficientemente eficaz, y si el Gobierno logra con esto una captación importante de nuevos recursos adicionales, soy partidario de una rebaja en las tasas de impuestos, a fin de mantener la carga tributaria hoy día existente en términos relativamente parejos y estables. Esto es, podríamos seguir mejorando el mecanismo para que el incentivo por el correcto pago de impuestos no sea sólo para los funcionarios sino que también opere en favor del comerciante honesto, en el sentido de que si se pagan bien los impuestos, disminuyan las tasas que se aplican.

Por último, quiero destacar que el artículo 12 del proyecto introduce por primera vez una reparación moral, que espero sea efectiva para miles de funcionarios de carrera, que han sido exonerados arbitrariamente de sus servicios. Por eso, hemos planteado que en el caso de que existan plantas vacantes o que las haya que proveer, se considere a aquellos funcionarios de carrera que entraron mediante concurso a la Administración Pública, que tuvieron calificaciones correctas y de primer grado, y altamente positivas en todo su desempeño, con una determinada preferencia; que se les reconozca su capacidad personal y experiencia ya demostrada en estos servicios.

Han transcurridos años desde cuando fueron echados miles de funcionarios sin explicación alguna, tronchándoles una carrera funcionaría leal y abnegada, sólo por el motivo de haber sido militantes del Partido Socialista o de alguna otra colectividad opositora al régimen militar. En modo alguno puede ser aceptable que, sólo por ese motivo, como una manera de discriminar en la Administración Pública, fueran echados repito miles de funcionarios.

Es cierto que no es posible recontratarlos a todos porque no hay recursos para ello; pero, al menos, este proyecto les hace justicia, en cuanto va a considerar experiencia y capacidad cuando haya que proveer nuevas vacantes.

Esto no constituye una solución al problema de los exonerados, que requiere más bien una atención previsional, dado los años que han pasado, pero al menos, el hecho de que en este proyecto quede esta disposición, representa una reparación que, aunque moral, espero que sea efectiva, para miles de estas personas que sufrieron este problema.

Quiero añadir que ojalá la redacción de este artículo sea mejorada, en el sentido de eliminar la referencia expresa a los bandos que pudieran provocar, a lo mejor, un sentimiento contrario en la votación, y destacar que si bien no fue aprobado por mayoría, por decisión unánime, al menos, en la Comisión de Hacienda ha habido comprensión sobre la existencia de un problema pendiente con los funcionarios exonerados, y que habrá que buscar el modo de enfrentarlo. Lo que ofrecemos puede ser un paliativo; y si no, estamos dispuestos a buscar, con los otros señores parlamentarios, la mejor fórmula que dé satisfacción a una necesidad moral, ética y funcionaría.

He dicho.