Labor Parlamentaria

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señora Presidenta, el otorgamiento de indultos particulares es una facultad que tiene el Presidente de la República, que está consagrada en la Constitución actual, que tanto defienden algunos sectores políticos presentes en este hemiciclo. Es más, la misma Constitución establece la facultad de este Congreso de otorgar indultos generales a un grupo de condenados, como ocurrió en 1978, en plena dictadura cívico militar encabezada por el genocida Augusto Pinochet . El país se encontraba bajo estado de sitio y al momento de entrar en vigencia la ley de amnistía, por medio de la cual se otorgó un indulto general en abril de 1978, gran parte de los tribunales se declararon incompetentes, trasladando los casos de derechos humanos a la justicia militar.

Hasta la ley de amnistía ha sido uno de los principales obstáculos para la investigación de hechos relacionados con violación a los derechos humanos, como torturas, ejecuciones, desapariciones, entre otros, cometidos durante la dictadura.

Esto no es jugar al empate, pero el negacionismo de algunos parlamentarios y parlamentarias es sumamente grave para los avances que queremos para nuestro país y para construir en conjunto un verdadero Estado de derecho y una república democrática. Precisamente, en esa línea no logro comprender el discurso prodefensa de la democracia de la derecha, la que luego se resta de la mesa de seguridad, de la cual también formo parte, en representación de Acción Humanista, mi partido. Uno de los ejes principales de dicho espacio es trabajar en conjunto y en forma transversal para dar soluciones concretas a la población y al problema de seguridad. Sin embargo, ello no puede ser motivo para perpetuar situaciones de injusticia y de criminalización respecto de la protesta social y del derecho legítimo a reunirse y manifestarse públicamente, derecho consagrado en la actual Constitución.

No podemos olvidar que el estadillo social se generó como consecuencia de la injusticia y la desigualdad generada por años en contra del pueblo de Chile. En 2020, el 78,27 por ciento de los ciudadanos que votaron en el plebiscito aprobaron iniciar el proceso de redacción de una nueva Constitución. El órgano encargado de hacerlo sería la Convención Constitucional, que se impuso a la opción de Convención Mixta con un 78,99 por ciento.

Quienes quieren desconocer aquello no solo niegan la realidad de nuestro país, sino que niegan su propia existencia a la luz de quienes votan por ellos y les permiten estar aquí, pronunciando discursos de odio. Los sesgos ideológicos por los cuales la derecha ac usa a los sectores más progresistas chocan de frente con los sesgos sociales y con la discrimin ación que practican quienes están en la vereda de enfrente, porque claramente las personas indultadas no están dentro de la élite que realiza clases de ética.

Como Comité Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista e Independientes, celebramos la decisión del Presidente Boric , así como celebramos el respeto irrestricto a los derechos humanos, entre ellos el debido proceso, con fundamentos y pruebas que no generen dudas, con intervenciones objetivas y neutrales y con ejecución de medidas cautelares y penas acordes con la magnitud del delito cometido.

En cuanto al listado de personas indultadas, solo quiero señalar que los beneficiados son de Santiago y también de regiones, de ciudades como Iquique, Antofagasta , Copiapó , San Antonio , Curicó y Puerto Montt, cuyas defensas apuntaron desde un principio a las falencias del proceso y a la falta de pruebas, como ocurrió en el caso de Jordano Santander Riquelme, condenado a siete años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones. Ese hecho se conoce como el caso PDI de San Antonio. La sentencia condenatoria incluía expresiones como “miró con ánimo homicida”. Lo mismo ocurría en el caso de Cristián Cayupán.

Las facultades del indulto presidencial…