Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, por su intermedio, debo señalarle al ministro que, para ser honesta, este es un proyecto que me pone en una situación difícil. Soy de aquellas que piensa, y que ha sostenido en este hemiciclo, que ampliar las hipótesis de aplicación de la prisión preventiva es un error, principalmente porque en nuestro país existe un uso indiscriminado de esta medida cautelar que aumenta el contacto criminológico y el hacinamiento carcelario.

El uso excesivo de esta medida se refleja en cifras. Según informó la Defensoría Penal Pública en su cuenta pública participativa de 2023, el 30 por ciento del total de la población penal nacional corresponde a personas que están en prisión preventiva y solamente el 11 por ciento de esas personas privadas de libertad bajo esa medida cautelar llega a ser acusada. Es decir, en torno del 90 por ciento de las prisiones preventivas se declaran sobre personas que luego no son condenadas a penas de cárcel, ya sea porque son absueltas, sobreseídas o condenadas a penas sustitutivas distintas a las penas privativas de libertad.

Estamos lejísimos de los estándares internacionales que proponen las organizaciones de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de los Estados Americanos plantean que esta medida cautelar debiera aplicarse a entre el 10 y el 15 por ciento de la población carcelaria total; nosotros doblamos esa cifra.

Por lo mismo, en general, estoy en contra de proyectos de ley que, invocando el discurso del miedo y el populismo penal, buscan extender aun más los límites de aplicación de esta medida. Se ha instalado un uso excesivo e indiscriminado de esta medida cautelar, la que deja en situación desmejorada a quienes ya se encuentran en posición de mayor vulnerabilidad. Mujeres, pueblos originarios, migrantes, personas pobres son a los que más se aplica la prisión preventiva.

Ahora bien, también creo que el uso de armas de fuego en la comisión de delitos es algo que debemos combatir con urgencia. Resulta un elemento gravitante para calificar la situación actual de seguridad en Chile como una crisis de seguridad. Por ello, creo que desincentivar el porte y uso de armas es indispensable para combatir la crisis de seguridad.

Nuestros derechos no están protegidos si cualquiera persona tiene acceso a armas de fuego. Si de verdad queremos poner un alto a la violencia, detener el aumento de la tasa de homicidios y contribuir a desarticular el crimen organizado, debemos reducir significativamente la cantidad de armas de fuego en circulación; este proyecto apunta justamente a eso.

Por eso, a pesar de estar en una posición difícil, hoy voy a concurrir con mi voto favorable a aprobar este proyecto de ley y las modificaciones que aprobó el Senado.

He dicho.