Labor Parlamentaria

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, quiero hacer presente, como Diputado, mi más hondo interés en plantear el tema del síndrome de inmuno deficiencia adquirida, Sida, y las políticas de salud que el Ministerio del ramo debe implementar.

Nuestro país vive una realidad dramática, más allá de las consideraciones de orden moral. En Chile hay 1.016 enfermos de Sida y 1.627 portadores de la enfermedad, de los cuales 1.422 son hombres.

Hace ya mucho tiempo que en el caso del Sida no cabe hablar de grupos de alto riesgo. En esas conductas de riesgo ya no es posible encuadrar a prostitutas, drogadictos intravenosos y homosexuales, sino a toda la población sexualmente activa.

Esto no es una exageración. El 38 por ciento de las mujeres afectadas por la enfermedad son dueñas de casa; el 15 por ciento, profesionales y oficinistas, y sólo el 13 por ciento restante son prostitutas.

Ese solo dato debiera bastar para entender que el Sida es un tema de toda la población. Sin embargo, el Ministerio de Salud no parece entender esta realidad cuando declara que se reestudiarán los conceptos de la campaña contra el Sida y que el uso de preservativos es sólo una opción especialmente para los grupos de alto riesgo.

Asimismo, resulta preocupante que a casi cuatro meses de haber asumido el actual Gobierno se diga que el Ministerio de Salud aún no se ha manifestado públicamente en torno de la campaña contra el Sida, tanto si se ha tomado una decisión en cuanto a bajar el perfil a la recomendación del uso del preservativo, como si aún no hay decisión en lo absoluto. La actitud del Ministerio no resulta aceptable.

Actualmente, no hay campaña oficial contra el Sida en nuestro país. Hay esfuerzos privados aislados y, lo más frecuente, contradictorios. No se trata de realizar una campaña moral, ni de discutir sobre el uso del condón o si es preferible la abstinencia y la promoción de la fidelidad, temas todos muy importantes. Se trata de la necesidad de que se estimule desde el Estado una discusión que afecta a la salud de nuestro país y de toda nuestra población.

La realidad en nuestro país es que más del 50 por ciento de los jóvenes son sexualmente activos antes de los 18 años y que el Sida crece en nuestro país a una estremecedora tasa del 40 por ciento anual. Ya no hay, pues, grupos de riesgo, como sostiene el Ministerio, sino conductas de riesgo.

La población aún no ha logrado entender el riesgo del Sida como algo propio y personal. La última vez que el Ministerio de Salud hizo una encuesta en Chile de carácter sexual fue en 1992, y estableció que existían por lo menos 30 mil prostitutas, que mantenían un mínimo de 20 millones de relaciones sexuales al año.

Esa es la realidad. No se trata entonces de que el tema sólo preocupe a los grupos de riesgo, sino que a las familias completas.

No es una postura extremadamente liberal sostener que el Estado deba hacer campaña en torno al uso del preservativo. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todas las conferencias médicas.

En nuestra Octava Región se centran los focos más grandes del Sida en la comuna de Coronel y en la intercomuna Talcahuano-Concepción. La causa aparente es la existencia de grandes focos de prostitución.

Informes de la Organización Mundial de la Salud señalan que en los países subdesarrollados, como el nuestro, el Sida se convertirá en la razón de muerte más frecuente en los adultos al momento de su edad más productiva, los 30 años.

En Chile no existen estudios de ese tipo, pero ser portador del VIH significa que casi automáticamente se pierde el contrato laboral y los derechos previsionales y de salud.

La campaña contra el Sida del Gobierno anterior tuvo logros evidentes en torno a sensibilizar a la población. Sin embargo, el problema de fondo sigue presente. No basta el conocimiento que tenga la población, sino el convencimiento de que con esta información debe hacerse praxis. Por eso, reanudar a la brevedad la campaña del Sida se hace una decisión inaplazable para nuestro Ministerio de Salud.

Nuestro Congreso ha acogido tres proyectos de ley de origen parlamentario. A éstos no se les ha fijado urgencia y duermen desde agosto de 1991, marzo de 1992 y mayo de 1994. El primero se refiere especialmente a responsabilidades de clínicas y hospitales ante la eventualidad qué se contagie el virus en transfusiones de sangre; el segundo es sobre normas de prevención del Sida, y el tercero, sobre normas de protección a personas infectadas. Todos coinciden en la urgente necesidad de legislar en torno a esta grave enfermedad.

Por ello, en las próximas semanas, espero acordar, en conjunto con diversas instituciones regionales y nacionales, la presentación de un proyecto que recoja íntegramente estas iniciativas y aporte nuevas visiones e ideas sobre el combate a este flagelo.

Nadie está exento de él, y Chile y la humanidad aún no logran percibir su real dimensión. Especialmente la juventud debe conocer a qué se enfrentará en los próximos años, ante una realidad tan ineludible como traumática, y el Gobierno y el Ministerio de Salud tienen aquí plena responsabilidad.

Por ello, solicito que se oficie, en mi nombre, al Ministro de Salud, con el fin de que, en primer lugar, informe sobre la evaluación que se ha realizado sobre las políticas de prevención del Sida, cuantificando su desarrollo en cada región del país, así como la descripción del avance de este mal durante 1994; en segundo lugar, que informe si el Gobierno tiene proyectada alguna iniciativa legal al respecto; en tercer lugar, que señale el monto de los recursos que el Ministerio ha destinado para combatir el flagelo en 1994, y por último, que nos informe si están autorizados los servicios de salud para realizar campañas descentralizadas respecto de este grave problema.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al Ministro de Salud.