Labor Parlamentaria

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Primero quiero saludar, obviamente, al ex Ministro del Interior y ex Senador Víctor Pérez , a su defensa, a los Diputados acusadores.

Esta acusación constitucional se fundamenta en tres capítulos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir al fondo y al mérito de ella, y de votar en conciencia, independiente de su renuncia al cargo de Ministro del Interior en el Gobierno. Nos toca esa responsabilidad: actuar como jurado político.

Por mi parte, simplemente, daré algunos argumentos y hechos presentados de manera sintética para fundamentar mi votación respecto de cada capítulo.

El primer capítulo es haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público. Esto se ha fundamentado en algunos hechos que se han desarrollado acá, de manera reiterada.

La madrugada del jueves 27 de agosto comenzó la movilización de los camioneros, promovida por parte de ese gremio y coordinada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga, cuyo fin era presionar para obtener la aprobación de una agenda de trece proyectos de ley, ocho de ellos presentados por el Presidente Sebastián Piñera , dando un plazo de 48 horas para su despacho, en una amenaza inédita, y apelando a problemas de seguridad.

El Presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán , señaló que el paro sería de brazos caídos a nivel nacional: "y eso significa que no trasladamos ni un kilo de azúcar, ni un kilo de arroz". Así lo decía públicamente.

Algunos sectores del gremio de transportes se opusieron al bloqueo de rutas, como es el caso del Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones , Juan Araya , quien calificó la acción de sus pares como "terrorismo".

Esta movilización bloqueó las principales rutas del país bajo estado de excepción constitucional y en medio de una pandemia y de una crisis social y económica. El bloqueo afectó a camiones con alimentos, combustibles, ambulancias, vehículos con insumos médicos, camiones recolectores de residuos domiciliarios, transportes de alimentos (la Junaeb), y fue un obstáculo para llegar a los puentes de San Vicente, San Antonio , Coronel, donde quedaron 290 mil toneladas de grano para consumo animal y humano en el terminal de Puerto Panul sin poder descargar, lo que afectó a las regiones de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía. El combustible fue uno de los primeros insumos que comenzó a hacer falta como consecuencia del paro, registrándose aglomeraciones en las bencineras.

Fue el propio Ministro de Salud , Enrique Paris , quien expuso públicamente su preocupación por el bloqueo a las ambulancias, señalando que estos vehículos tuvieron que desviarse de su ruta, lo que produjo problemas en el traslado de los pacientes. Agregó que recibió información de atrasos en la llegada de funcionarios de salud y de médicos que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo. Así también fue informado por las distintas asociaciones gremiales de trabajadores de la salud, el Colegio Médico, etcétera.

Los camioneros que participaron cometieron infracción al toque de queda y a las resoluciones de la autoridad sanitaria al provocar desabastecimiento de productos básicos en el sur del país, en medio de esta pandemia.

Se denunciaron amenazas a conductores que no estaban plegados a las movilizaciones y agresiones a las propias personas, junto a la inacción de funcionarios policiales para intervenir, los que solo miraron, custodiaron y acompañaron dicha movilización, actuando con una excesiva prudencia, celo, sin intervenir, sin reprimir. Pareciera ser que había complicidad ahí, política y policial.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación contra el Intendente Regional , Jorge Martínez , y el Jefe de la Defensa Nacional, el Contraalmirante Yerko Marcic, por el delito de omisión de denuncia, en el contexto del paro de camioneros; por incumplimiento de la obligación de denunciar los delitos cometidos por un grupo de empresarios camioneros que mandaron a los choferes a bloquear la ruta.

El Ministro en ese entonces, Víctor Pérez , no se querelló ni envió a reprimir esa movilización, a mi juicio, temeraria, prepotente de los camioneros en medio de una pandemia, ya que decía que se trataba de un movimiento pacífico.

Qué diferencia y qué desigualdad de trato con otras movilizaciones en los mismos días, como fue el caso de las protestas de los y las trabajadoras de la salud, que fueron fuertemente reprimidas en Santiago. Pareciera existir una complicidad entre este Gobierno de Derecha y los empresarios camioneros. Nada nuevo en la historia reciente de Chile.

Un segundo capítulo lo acusa de infringir la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

Recién asumido en su cargo, el Ministro del Interior define como una de sus prioridades de la agenda pública el problema de La Araucanía, buscando contribuir a la resolución de un conflicto. Pero ahí la pregunta es si, con sus declaraciones, su primera visita a La Araucanía generó un escenario de resolución del conflicto o más bien lo incrementó y profundizó, afectando la paz social en dicha región.

Durante los días previos a las tomas de algunos municipios, en un contexto de protesta de comuneros mapuche, la Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA) publicó en su cuenta de redes sociales, tras una reunión que sostuvieron el Alcalde de la comuna de Freire, José Bravo , el Ministro Víctor Pérez y el Subsecretario del Interior , Juan Francisco Galli , que se acordaba el desalojo de los municipios en toma.

Luego de eso, la dirigenta de APRA Gloria Naveillán señaló en un audio que circuló en diversos medios de comunicación, abro comillas: "Nos juntamos a las 12 en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas, hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse, pero la muni la tenemos que recuperar hoy día". Cierro comillas.

A la fecha, este audio no ha sido desmentido. Cabe destacar que ninguno de los que concurrieron concertados previamente al desalojo violento de los municipios, con gritos racistas contra comuneros mapuche, resultó detenido.

Al respecto, hay imágenes difundidas por los medios de comunicación en las que es posible identificar a funcionarios de Carabineros presentes en el mismo lugar de concentración de los civiles armados con distintos elementos, pero no existe información sobre alguna investigación que se haya realizado respecto a estos hechos. Y pareciera ser que ahí hubo una complicidad nuevamente con estos grupos civiles desde el Gobierno, la autoridad central, autoridades locales, grupos de civiles, grupos racistas y la policía.

En tercer lugar, se lo acusa por infringir la Constitución y las leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia. Esto, en el contexto de la caída de un adolescente, empujado por un carabinero, desde el puente Pío Nono al río Mapocho , en medio de una manifestación, y de la posterior omisión de auxilio y el encubrimiento por parte de un piquete de la institución policial.

Carabineros de Chile tuvo contradictorias versiones, entregadas por diversas autoridades; declaraciones confusas, contradictorias en aquellos mismos días. Y, de acuerdo con la investigación de la fiscal Ximena Chong , el adolescente no cayó, ni se lanzó de manera voluntaria al lecho del río Mapocho, y ni siquiera podría argumentarse que el peso de la mochila que llevaba haya producido la caída.

La misma fiscal, luego de estudiar los antecedentes, identifica al carabinero Sebastián Zamora como el responsable de la caída del adolescente. Y, además, señaló que Carabineros de Chile no asistió a la persona herida en el río, siguió reprimiendo la manifestación, se fueron del lugar y, más aún, generaron dinámicas de encubrimiento de aquella situación.

Debido a los hechos conocidos por la fiscal Chong y las contradicciones de las versiones de los funcionarios de Carabineros, el domingo 4 de octubre se realizó la formalización del efectivo Sebastián Zamora , que terminó con dicho funcionario en prisión preventiva.

Además, se develó por parte de la Fiscalía la ampliación de la investigación hacia otros funcionarios de la institución por entorpecer la investigación.

Obviamente, no es achacable la responsabilidad directa de esa situación, del lanzamiento de este adolescente al río, al ex Ministro Víctor Pérez , pero hay una responsabilidad política, por cuanto incurrió en infracción de la Constitución y las leyes debido a que Carabineros ha actuado reiteradamente con violencia innecesaria y desproporcionada, de lo que se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente el derecho a la vida e integridad física, consagrado en el artículo 19, N° 1°, de la Constitución.

Adicionalmente, ha omitido sus deberes de gestión en la institución encargada del resguardo del orden público al no adoptar las medidas necesarias para el ejercicio de acciones preventivas en el seno de la organización que impidan la realización de hechos ilícitos y violación a los derechos humanos, infringiendo la ley N° 20.502.

El Ministro del Interior es la única autoridad política que puede responder por las responsabilidades de Carabineros y la PDI. Solo es posible acusarlo a él por la comisión de delitos en la organización, como es la violación a los derechos humanos que se verifican en las órbitas de su competencia.

Llama la atención que siga en su cargo el General Rozas después de estos graves hechos, y después de un año del contexto del estallido social, con masivas violaciones a los derechos humanos. Salen los Ministros del Interior , permanece el general Rozas . Yo no sé qué hay detrás de aquello.

Pero me parece que hay fundamento en esta acusación constitucional...

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Un minuto, Senador.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Concluyo.

Me parece que hay fundamento en esta acusación constitucional, que es un deber de los Diputados, una facultad que ellos tienen para fiscalizar. Me parece que todavía estamos en un grave contexto de violación a los derechos humanos, donde el Estado de Chile tiene deudas pendientes con las víctimas: reparación integral, garantías de no repetición. Y ahí existe una responsabilidad política, que hay que asumir cuando se registran graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Es un rol que también cabe al Senado, desde la Oposición política.

En conciencia, votaré a favor de la acusación constitucional.

Gracias, Presidenta .