Labor Parlamentaria

El señor PUGH.-

Muchas gracias, Presidente.

Solo quisiera recordar que estamos legislando sobre un subsistema de un sistema que no existe.

Por veinte años, el sistema de inteligencia del Estado ha mantenido en su artículo 15 una limitación en la planta de la Agencia Nacional de Inteligencia, que podríamos calificar de severa, que ha impedido al país desarrollar inteligencia de Estado.

Y estamos ahora generando un subsistema de inteligencia dentro de un sistema que, tal como lo he señalado en intervenciones anteriores, tiene equivocado su nombre.

Lo que se persigue son las finanzas ilícitas. Por eso contamos con una Unidad de Análisis Financiero y existen grupos de trabajo para buscar lavado de activos, lavado de dinero; pero son equipos de coordinación de finanzas, no se trata de inteligencia económica, la cual se aboca a otra cosa. Entonces, debemos partir por cambiar el nombre.

Además, y tal como he señalado anteriormente, existe diferencia entre el trabajo que hace la inteligencia y la labor del Ministerio Público.

Señor Presidente, el crimen organizado, como su nombre lo indica, está organizado; y el Estado de Chile, no.

Al crimen organizado hay que enfrentarlo de la manera más contundente, con todos los medios del Estado, pero con dirección. Y esa dirección viene del sistema de inteligencia, que posee normas claras, con medidas que ha de autorizar un ministro de la Corte de Apelaciones , según como se regula para que el sistema de inteligencia cuente con controles.

Y el Ministerio Público tiene los jueces de garantía.

Son medidas para asegurar que se están cumpliendo todos los estándares y existe una persecución penal.

No hay forma de encontrar a estas organizaciones criminales si no es integrando información.

Dado que se han mencionado los casos europeos, señalo en el modelo español el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), entidad que incluso resuelve problemas de las diferentes inteligencias policiales o nacionales; por ejemplo, cuando mediante medidas intrusivas todos quieren intervenir el mismo teléfono. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, no pueden estar todos operando al mismo tiempo, y ellos encontraron esa solución.

Y soluciones similares son las que debemos incorporar en nuestra legislación, porque necesitamos conducción para enfrentar al crimen organizado.

El nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que parte ahora el 1° de abril -esperamos conocer luego el nombre del ministro -, va a permitir ayudar a coordinar las acciones efectivas del Estado. Pero si no desarrollamos sistemas y subsistemas que conversen con las mismas reglas, se van a presentar problemas.

Se cita a los países europeos. Todos ellos tienen identidades digitales robustas, cuentan con interoperabilidad, con certeza jurídica, con trazabilidad y con integridad de la información. Y las informaciones secretas no se filtran, como lo vemos en Chile todos los días.

Tenemos que perseguir las filtraciones y contar con medidas efectivas para que lo que es secreto se mantenga secreto. Porque no sirve de nada una información que va a ser conocida por el crimen organizado.

Hoy el crimen organizado se informa de lo que estamos haciendo mediante el diario y por las noticias, porque todo se está filtrando.

Y las medidas para ver quiénes filtran y hacen receptación de información sustraída de sistemas del Estado es parte de la contrainteligencia, porque hay redes que se dedican, precisamente, a perforar al Estado e intimidar a los servidores públicos para obtener esa información que debiera ser custodiada.

Creo que la propuesta que hay es clara y permite diferenciar los dos sistemas. Además, va a posibilitarnos, cuando tengamos la ley del Sistema de Inteligencia del Estado con una Agencia Nacional de Inteligencia potente, coordinar las acciones de inteligencia.

No siempre se va a perseguir un delito cuyo origen sean finanzas ilícitas, porque eso puede ser parte de una investigación de inteligencia para desarticular una red que probablemente opere desde otro lugar.

Y si eso se denunciara, y pasara al Ministerio Público y explotara la información de que se dispone, podría generar problemas.

Esos son los argumentos, Presidente, por los cuales considero conveniente mantener el procedimiento bajo las mismas normas del sistema de inteligencia y del Ministerio Público, donde se requieren las autorizaciones judiciales.

He dicho, señor Presidente.

Gracias.