Labor Parlamentaria

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Yo solo quiero plantear que este es el Senado de la República, donde existen distintas opiniones.

A mí no me molesta tener diferencias de opinión con mis colegas, de eso se trata la democracia, pero no me parece que al interior del Senado, en la sala, se aplauda a unos y se fune a otros.

No estamos acostumbrados a eso. Podemos tener diferencias de opiniones, pero aquí siempre se han respetado.

No se lo estoy diciendo a las personas, se lo estoy diciendo a la Mesa, porque creo que hay cosas que hay que respetar, y sobre todo la opinión. Cuando hay dictaduras, se funa al que piensa distinto. Por suerte, vivimos en democracia.

Primero, quiero plantear que es muy importante el título de este proyecto. Dice: "crea un Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro social en el pilar contributivo", etcétera.

Al final, quizás si partiéramos por el título, entenderíamos que esto efectivamente, no es para todos, pero al menos para mí y para el Partido Republicano es un sistema mixto que incluye reparto y también cotización individual.

En ese contexto, se entiende que el Senado, en su mayoría, se incline una vez más -porque hemos tenido otras ocasiones- por plantearle al país un objetivo que, en mi opinión, es refundacional, entendiendo que la Convención hace poco tiempo planteó justamente algo parecido y el rechazo de la ciudadanía fue mayoritario en torno a la importancia que tiene la cotización individual.

Eso no quiere decir -y con eso quiero anticiparme-, que no crea que efectivamente las pensiones son bajas y que, en cuanto a la solidaridad, en mi opinión, no hubo mejor reforma que la que hizo el Presidente Piñera con la PGU. Fue extraordinario. Y creo que...

(Manifestaciones de rechazo en las tribunas).

Ese es el problema cuando tenemos tribunas que no respetan las opiniones de las personas que piensan diferente.

El señor GARCÍA (Presidente).-

Ruego a los asistentes en las tribunas no manifestarse.

Senadora Carmen Gloria, usted tiene la palabra.

La señora ARAVENA.-

En este contexto, en mi opinión, este proyecto descansa en algunas situaciones que no están muy claras.

Para mí esto es obviamente un préstamo forzoso a la cuenta nocional que, de alguna manera, nos puede hacer creer que no es deuda del Estado, pero que sí lo es: un bono que no es un bono, una garantía fiscal que al final es una promesa de pago con un "vale por".

Usted lo ha dicho: hay situaciones en que el Estado ha pagado, y eso está muy bien, pero siempre va a depender de cómo estén las cuentas fiscales.

Con eso creo que este proyecto de ley sin duda les pide a todos los trabajadores que se metan la mano al bolsillo y aporten por muchos meses parte de su sueldo al Estado, al Gobierno de turno -que no necesariamente va a ser este ni otro, sino los que sigan-, para que, financiando con este dinero el sistema de pensiones, pueda destinar una suma equivalente al gasto público, remuneraciones incluidas, en circunstancias de que conocemos bien lo ineficiente que es el Estado. Solo doy el ejemplo de Codelco y TVN.

Nada dice esta reforma de la realidad del mercado del trabajo, caracterizada por una altísima informalidad, y amenazando sucesivas reformas, como la ley Karin, por ejemplo, y las situaciones actuales de baja inversión y la proyección de crecimiento de nuestro país, que es una de las más bajas de la OCDE.

No menciona tampoco la crisis en los sistemas de reparto: siempre se inician con escenarios como los que afronta Chile, un país con baja tasa de natalidad y mayor expectativa de vida, de manera que habrá cada vez menos trabajadores entrando a la fuerza laboral y más personas jubilándose, y por más tiempo.

Así, futuros gobiernos se verán tentados a aumentar el monto del préstamo, o a no devolverlo a los trabajadores, para postergar la inevitable quiebra del reparto que este proyecto propone.

Esta es mi opinión; solamente estoy proyectando un escenario, quizá un poco negativo.

Es posible que en dos o tres años nuevamente estén discutiendo otros, o nosotros, el aumento del préstamo forzoso que, convenientemente, el proyecto evita mencionar, pero es un préstamo y aumentará la tasa del mismo en diez o quince años, a lo mucho. Se anunciará, como todo en Chile, por los temas de proyección que hoy día tiene el país en materia fiscal.

La reforma tiene importantes efectos en el mercado del trabajo: al menos costará -lo han dicho los expertos- 100.000 empleos; y las estimaciones a largo plazo hablan de 600.000 empleos.

Las gradualidades no ayudan a mitigar el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, que no podrán hacer frente al alza de cotizaciones si no se atacan los problemas de fondo del mercado del trabajo y el estancamiento de la economía.

Como advertimos hace un tiempo, la reforma tiene un impacto enorme en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Al final de este Gobierno, la deuda pública quizá supere el 45 por ciento del PIB; hoy día es del 42 por ciento.

Ya no hay holguras para nuevos gastos. Lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Y no es posible aumentar los impuestos que están claramente asfixiando a todas las empresas.

Por tanto, no podemos financiar un nuevo gasto público, por lo que es evidente que había que pedir un préstamo a todos los trabajadores de Chile para poder cumplir con el aumento de las cotizaciones de las personas que hoy día están con menos ingresos.

Hoy el Estado está tomando dinero de los trabajadores chilenos a cambio de una promesa de devolución futura.

El mayor gasto fiscal va a superar en menos de diez años, antes de 2034, los 4 mil millones de dólares al año por este proyecto. Este monto considera el mayor gasto del Estado como empleador, los aportes del fondo previsional, el aumento de la PGU, entre otros.

Quizás lo más importante de la discusión sea el destino e inversión de los fondos previsionales.

Los republicanos creemos firmemente en que todos los descuentos que mes a mes se realizan en la remuneración de los trabajadores deben ir íntegramente a las cuentas de capitalización individual, esto es, a mejorar las pensiones del trabajador; son sus ahorros y ni el Estado ni nadie tiene derecho a quitarle esos recursos.

Es casi seguro, además, que dado lo endeudado que está el Estado actualmente, no sea posible devolver toda esta cantidad de dinero, a lo que hay que sumar la mayor recaudación por el aumento de cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia.

La reforma le está quitando, en mi opinión, parte de los ahorros a los trabajadores, que no irán a cuentas individuales, sino a un préstamo al Estado para financiar la garantía por años cotizados y una parte derechamente a solidaridad o reparto, por el aumento de la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Se crea un sistema de reparto, ya que no toda la cotización irá a las cuentas individuales de propiedad del afiliado sino a pagar beneficios previsionales a actuales pensionados. Esos recursos para "solidaridad", en mi opinión, se deberían reunir con cargo a los impuestos generales.

Además, para administrar estos fondos y las nuevas prestaciones del seguro social, se contratarán decenas de funcionarios públicos con el propósito de apoyar el Fondo Autónomo de Protección Previsional y se va a reforzar el IPS, entregándole la facultad de administrar cuentas. Y el Gobierno anunció también en marzo la creación de una AFP estatal.

Pese al carácter autónomo del fondo, en la práctica este cuenta con garantía del Estado. Es difícil sostener, entonces, que las agencias clasificadoras de riesgo y los mercados no lo van a considerar deuda del Fisco, especialmente cuando se emitan bonos.

El préstamo se trata de una cuenta nocional. Los intereses del bono serán, en definitiva, ajustados unilateralmente por el Consejo Directivo del Fondo Previsional y la Superintendencia de Pensiones, y serán claramente menores que si este instrumento se hubiera invertido directamente en el mercado.

El tránsito de los actuales multifondos a los fondos generacionales implica también limitar la libertad del afiliado de elegir en qué instrumentos quiere invertir sus ahorros, sobre la base de su propia preferencia de riesgo. En lo sucesivo, serán clasificados según su edad en fondo generacional.

El Consejo Fiscal Autónomo observó once puntos, principalmente vinculados a la estabilidad financiera actual y futura del Estado, y el riesgo de cumplimiento con lo que plantea este nuevo sistema.

A pesar de las prevenciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo, creo que es muy poco probable que se logre subsanar en esta etapa de la discusión lo relacionado -y aquí me quiero detener un minuto- con la edad de jubilación.

Nunca se me hubiera ocurrido que un proyecto de reforma de pensiones no incluya la edad de jubilación.

Es absolutamente imposible tener mejores pensiones sin aumentar la edad de jubilación, aunque no sea políticamente correcto. ¡No es posible eso! Y de alguna manera aquí lo estamos obviando. ¿Por qué? ¿Porque hay elecciones en un año más? ¿Ese es el tema? No lo logro comprender.

De alguna manera, por las incomodidades de discutir temas que son muy relevantes para aumentar pensiones, estamos metiéndole la mano al bolsillo con un 1,5 por ciento de las imposiciones.

Y le pido un minuto más, Secretario , por favor, porque tuve que pedir que me dejaran hablar.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

Es bien breve.

En mi opinión, la edad de jubilación debe ser mejorada, considerando la esperanza de vida de los chilenos, que en el caso de las mujeres es de casi 83 años. Incluso, estudios de la superintendencia lo han planteado hace mucho tiempo. Y en este proyecto de reforma de pensiones o en cualquier otro eso es un pilar estructural de un buen sistema.

Una reforma de esta envergadura requiere un análisis serio de los datos; debe contener información respecto a la sostenibilidad del fondo que se crea y los efectos que se pueden producir en el monto de las pensiones y en el mercado laboral.

Por todos los antecedentes que ya he mencionado, que no voy a exponer en detalle -y entiendo que han hecho un esfuerzo enorme mis colegas; entiendo que en las graderías hay personas que tienen sus posiciones, pero también entiendo que vivimos en democracia y no tenemos por qué pensar igual-, me resulta imposible votar a favor de este proyecto.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

Mi responsabilidad es con la ciudadanía, en especial con las generaciones presentes y futuras, y sobre todo con nuestro compromiso de salvaguardar el mandato que los chilenos nos dieron a través de las urnas: las cotizaciones previsionales son de los trabajadores y de nadie más.

Señor Presidente, voto en contra de este proyecto.

Muchas gracias.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).