Labor Parlamentaria

El señor SABAG (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, he tomado conocimiento de varias situaciones muy irregulares que se han venido sucediendo en el Servicio Agrícola y Ganadero y que estarían configurando un turbio y nebuloso cuadro al interior de este importante servicio público, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Se descubrió una negligencia en el cobro de licencias médicas por un monto superior a los 2.000 millones de pesos. Según se me ha informado, hay un nulo cumplimiento por parte de la dirección nacional de lo dictaminado para este caso por la Contraloría General de la República.

En su informe final de 2014, recepcionado en enero de 2015, la Contraloría General de la República ordenó la instrucción de un procedimiento sumarial, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por no haber requerido oportunamente el cobro de los subsidios por incapacidad laboral, considerando el plazo de prescripción y eventual perjuicio que tal actuación puede irrogar al patrimonio del SAG.

Al efecto, se debería haber remitido en el término de quince días hábiles, contados desde el día de la recepción del informe, el acto administrativo que disponga la instrucción de tal proceso y que designe al fiscal. No obstante, según la información que tengo, eso no se ha hecho.

En otro tema mucho más grave, se me ha informado que dirigentes gremiales han abusado de su condición y privilegio para realizar millonarios cobros de horas extraordinarias, imposibles de justificar. A modo de ejemplo, en 2014 el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Afsag) cobró más de 10 millones de pesos por concepto de horas extraordinarias, en circunstancias de que su departamento tenía un presupuesto de 15 millones de pesos para todos los demás funcionarios.

Según el SAG, eso se justifica por haber trabajado 329 horas extraordinarias al 25 por ciento y 768 horas extraordinarias al 50 por ciento. Es decir, trabajó 1.097 horas extraordinarias. La situación es muy rara. En estos cinco años, el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero cobró más de 31.715.000 de pesos por trabajar horas extraordinarias.

Durante ese mismo periodo, el vicepresidente nacional ha cobrado más de 15 millones y medio de pesos, y la tesorera de la asociación, más de 7 millones de pesos por dicho concepto. Además, cambió del estamento técnico al profesional en un proceso muy poco transparente.

Otra situación irregular que quiero plantear es que una funcionaria del SAG concurrió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para plantear que había sido mordida por una araña de rincón, pero lo hizo tres meses después de haberse producido el hecho. La ACHS y el SAG han tenido que cubrir todos los gastos que esto significa. También se me informa que esa persona ha demandado civilmente al SAG por más de 50 millones de pesos, por concepto de daños y perjuicios.

Otro caso serio es que el director nacional del SAG no renovó el contrato de la señora Yulie Valencia del Río, técnico paramédico y exdirigente de la Asociación de Funcionarios. Es decir, cuando termina su fuero sindical, el director nacional despide a una exdirigente. Lo increíble es que esta funcionaria debía atestiguar en favor del SAG en el juicio iniciado a consecuencia de la demanda presentada por la funcionaria que fue mordida por una araña de rincón.

A todas luces, estamos frente a una situación muy irregular, que debe investigarse. Tengo sospechas de que el director nacional del SAG ha permitido que algunos dirigentes nacionales hayan hecho uso y abuso de su condición de privilegio para obtener beneficios personales.

Solicito que la Contraloría General de la República tome cartas en el asunto e inicie un sumario al director nacional del SAG, porque es el responsable de estos hechos y es su autoridad máxima, que debe velar por que las distintas políticas del servicio funcionen de manera adecuada.

Además, pido que se envíe una copia de mi intervención al ministro y al subsecretario de Agricultura, así como a las organizaciones de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de cada una de las regiones del país. Me interesa que el ministro me informe acerca de lo que está ocurriendo en el SAG en cuanto a políticas de personal, porque se han producido problemas muy serios.

En septiembre de 2014, los funcionarios de mi región me hicieron llegar una carta en la que planteaban por qué no querían al señor Eduardo Monreal como director del SAG. Me explicaron que él fue director durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pero que en abril de ese año, cuando ya se había instalado el nuevo gobierno, le pidieron la renuncia -no fue voluntaria y le pagaron una indemnización de más de 7 millones de pesos. No contento con lo anterior, el director del SAG lo contrató en un cargo grado 9, con un sueldo de más de 1 millón y medio de pesos, por sobre otros funcionarios que han estado por años a honorarios en el servicio, quienes también tienen la calidad de profesionales.

Según lo que me informaron, lo pusieron a cargo del Programa de Lobesia Botrana, donde no realizó una buena gestión, porque en mi región la Lobesia botrana no ha sido controlada. Me he informado respecto del programa y entiendo que, a nivel nacional y en la región, la polilla de la uva debería estar absolutamente erradicada; sin embargo, no ha sido así.

Además, me indicaron que nunca tuvo un buen trato con los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero -esto me lo habían comentado en forma privada, pero ahora lo hago público-; incluso, fue denunciado por acoso laboral hacia una funcionaria que hoy está en la Cuarta Región. En resumen, nunca fue un aporte al buen clima laboral del servicio. Lo complejo de la situación es que el director nacional lo ha premiado y lo ubica en un grado de contrata, por sobre una importante cantidad de funcionarios del SAG de la región que están a honorarios desde hace mucho tiempo y que, a mi juicio, tienen los mismos o más méritos para ocupar el cargo en la modalidad de contrata. Esta situación da cuenta de la política de recursos humanos que tiene don Juan Carlos Valencia , director regional (TyP) de Atacama, y el director nacional -porque está avalado por él-, lo que me parece muy serio.

Dejo algunos documentos a disposición de la Secretaría, como una copia de la carta que los funcionarios del SAG me hicieron llegar en su momento, el convenio de prestación de servicios, los informes de las horas extras de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Afsag), la petición de auditoría administrativa y el informe de la Contraloría, para que se realicen los sumarios pertinentes.

Finalmente, solicito que se le haga llegar toda la información al ministro para que responda las inquietudes que le he manifestado respecto de la situación descrita, que me parece extraordinariamente grave.

He dicho.

El señor SABAG (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.