Labor Parlamentaria

El señor FAIVOVICH (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GOMEZ.-

Señor Presidente, se ha dicho en algunos medios que actué en las deliberaciones de las Comisiones unidas del Senado en forma lesiva para los intereses del norte. Eso ha sido dicho sin respeto alguno para mi larga trayectoria al servicio del desierto nortino, y sus hombres.

La verdad es muy distinta. Fluye de los hechos tal cual ocurrieron y que están consignados en dos documentos. El primero, del señor secretario de las Comisiones unidas, que dice:

"Pedro Correa Opazo, Secretario de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, certifica, a petición del Honorable Senador señor Jonás Gómez miembro de estas Comisiones, que estudiaron el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado, lo siguiente:

Que el Honorable Senador señor Humberto Enríquez presentó a la consideración de las Comisiones la siguiente indicación :

"Por exigirlo el interés nacional suspéndense por el plazo de cinco años las exenciones tributarias de cualquier tipo, clasificación o naturaleza establecidas en la legislación vigente.

Sin embargo, esta exención se mantendrá a título excepcional, para las siguientes:

Las establecidas en favor de Corporaciones, Fundaciones, Instituciones o Establecimientos cuyo único fin sea la La beneficencia, la asistencia social, la salubridad pública y la difusión de la instrucción y la cultura en el país, y siempre que no persigan fines de lucro.

Las que, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, declare vigentes el Presidente de la República por razones de fomento o promoción económica y social.

El Presidente de la República podrá, en uso de esta autorización, reducir el monto de la exención total o parcial y fijar sus condiciones.

El decreto que dicte el Presidente de la República en uso de la atribución que le otorga este número será siempre fundado; deberá llevar, además de la del Ministro de Hacienda, la firma de los Ministros de Justicia y de Economía, y copia del mismo deberá ser enviada a la Cámara de Diputados dentro de los treinta días siguientes a su dictación.

La supresión de las exenciones regirá, para los afectados, ciento ochenta días después de la publicación de esta ley."

Que en el debate que se promovió con posterioridad, el Honorable Senador señor Gómez hizo presente que la indicación transcrita afectaba gravemente la situación económica y el desarrollo de las provincias que representa en este Honorable Senado y que, frente a una mayoría que encontraba necesaria buscar financiamiento al proyecto de ley en discusión, no sería obstáculo para aprobar una indicación que eliminara las franquicias tributarias siempre que ella se modificara para incluir las siguientes ideas:

1.- Eliminación total y absoluta de las franquicias y exenciones tributarias de toda índole, sea que digan relación con sustitución de impuestos, disminución de tasas, facilidades paira llevar contabilidades o permitir contabilizar los asientos en monedas extranjeras.

2.- Que la indicación debía incluir la supresión de las franquicias tributarias conferidas en contratos celebrados con la autoridad.

3.- Que el plazo de vigencia de esta eliminación debía empezar a regir el 1º de enero de 1966, y

4.- Que por motivo alguno debían otorgarse facultades al Presidente de la República para legislar sobre esta materia.

La indicación del señor Enríquez fue aprobada finalmente, en los siguientes términos:

"Por exigirlo el interés nacional déjanse sin efecto, a contar desde el 1º de enero de 1966, las exenciones y franquicias tributarias de cualquier tipo, clasificación o naturaleza establecidas en la legislación vigente."

Esta redacción fue dada por la Mesa, pues el señor Presidente sometió dos ideas a votación: 1) Supresión total de todas las franquicias y exenciones tributarias, y 2) Fecha de vigencia a partir del 1º de enero de 1966.

La primera indicación fue. aprobada con los votos a favor de los señores Pablo, Corbalán (don Salomón), Quinteros, Contreras (don Víctor), Wachholtz y Gómez.

La segunda indicación fue aprobada con los votos de los señores Larraín, Letelier, Ibáñez, von Mühlenbrock, Pablo y Gómez.

En la redacción dada por la Mesa al artículo referido se incluyen todas las ideas expuestas del señor Gómez a excepción de la que consiste en eliminar también los regímenes sustitutivos de impuestos, pues éstos no constituyen franquicias ni exenciones tributarias.

Santiago, 22 de febrero de 1965."

Otra, suscrita por el presidente y el secretario del Partido Radical, que dice:

"Luis Alberto Cuevas, Presidente, y Manuel Duran Rubio, Secretario General, dejan constancia a petición del Senador señor Jonás Gómez G., en relación con la supresión de franquicias y exenciones tributarias, acordada en la discusión del proyecto de reajustes de sueldos y salarios, por las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda del Senado, de lo siguiente:

1°) Que fueron consultados por el Senador Gómez, cuando se discutía la indicación del Senador Enríquez, acerca de cuál sería el criterio de la Mesa Directiva sobre la materia, habiéndole manifestado que tenía opinión favorable a la indicación del Senador Enríquez y le asistía el convencimiento de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido daría orden para votarla favorablemente en la Sala.

2º) En respuesta, además, a su pregunta de si se daría orden de partido en el caso de que fuera renovada la indicación en la Sala, por no haber prosperado en las Comisiones, le expresaron que tenían el convencimiento de que así ocurriría por tratarse de una materia de doctrina en la que el partido se hallaba empeñado desde hacía años y que había propuesto al Gobierno del señor Alessan-dri, oportunidad en que no pudo prosperar por falta de cooperación parlamentaria de otros partidos.

Santiago, 22 de febrero de 1965."

Voté como lo hice, en actitud deferente para con las directivas de mi partido, dando tiempo para una revisión y discusión ulterior de la materia, y oportunidad al país para hacerse presente en el gran debate.

El Partido Radical daría orden de votar la indicación del Senador Enríquez, prosperara o no en las Comisiones unidas. Ese era el hecho. ¿No era acaso más eficaz para los intereses de las provincias que represento modificar la indicación del Senador Enríquez, como lo hice, y despojarla de las facultades que pretendía otorgar al Presidente de la República para que el Ejecutivo pudiera discriminar sobre las franquicias total o parcialmente, en favor de quienes éste quisiera?

¿No era acaso más eficaz para los intereses del norte entregar la reposición de franquicias a la discusión parlamentaria, en lugar de dejarla en manos del Ejecutivo?

¿No era acaso mucho más justo y eficaz para los intereses del norte y el país aplazar la vigencia de la supresión hasta el 1º de enero de 1966?

¿No era mucho más justo y honesto solicitar que la medida abarcara todas las franquicias y exenciones, sea que hubieren de ninguna especie?

Así fue como presenté indicación para que la medida comprendiera todas las franquicias y exenciones, sea que hubieren sido otorgadas por contrato o no, sea que emanaran simplemente de la ley o hubieren sido conferidas por decreto del Poder Ejecutivo. Así fue como hice indicación, además, para que la medida se extendiera también a los regímenes sustitutivos de impuestos

Obré de esa manera porque en el seno de las Comisiones se hizo distingos, por algunos señores Senadores, entre las franquicias establecidas simplemente en la ley y aquellas otras consignadas en un documento celebrado con la autoridad, cual es el caso de los inversionistas extranjeros y las construcciones amparadas por el decreto con fuerza de ley número 2. Se dijo que estaba en juego la fe pública, la confianza en los acuerdos del Estado.

Para llegar cuanto antes a una solución definitiva respecto de las exenciones y franquicias que deben ser mantenidas, por exigirlo el interés nacional, era menester que en esta supresión de ahora no hubiese excepciones.

Así procedí y así entendí defender con eficacia y sin estridencia el interés de las provincias, cuya defensa me fue confiada por el electorado.

De haber sido aprobada la indicación del Honorable señor Enríquez, como pudo ocurrir; de haber sido aprobada la delegación de facultades en el Ejecutivo propuesta por el señor Senador, el colapso en las provincias del norte podría haber sido irremediable, fatal. ¡Qué tremendo poder hubiéramos depositado en manos del Poder Ejecutivo! ¡Qué tremendas presiones de todo orden hubieran podido ejercerse ante los funcionarios públicos, en la "pecha" más brutal y tremenda de la historia de Chile, no sólo por obtener privilegios, sino simplemente por restablecer la justicia y la equidad de algunas disposiciones actuales!

Monstruoso hubiera sido, a mi juicio, el haber delegado facultades en el Ejecutivo sobre esta materia. Habría significado dejar entregada toda la vida económica de la nación en manos de unos pocos hombres. ¡Ese sí que habría sido un privilegio descomunal en manos de unos pocos!

Al oponerme a eso, ¿actué contra el norte? ¿Actué contra el país? ¿Actué contra lo justo?

Tan injusta y descomedida como la indicación del Senador Enríquez, fue la actitud del señor Ministro de Hacienda, que acogió gustoso la proposición que se le hacía y que ponía en manos del Gobierno un poder desusado, impropio de una democracia. Cuando la indicación fue modificada, ya no fue tanto el gozo del señor Ministro y fue modificando su actitud hasta llegar a decir aquí, en la Sala, que ya no tenía seguridades sobre la significación tributaria de la disposición respecto del erario. ¿Cómo es esto? Cuando se trataba de una facultad para ser usada sin cortapisa por el Ejecutivo, la indicación era interesante y rendidora. Pero cuando se trataba de la supresión total, lisa y llana, entonces el rendimiento pasó a ser incierto.

La verdad, señor Presidente, es que todo este proceso, toda la tramitación de esta indicación, ha estado investida de hechos insólitos. Insólito que el Honorable señor Enríquez propusiera delegar facultades en Su Excelencia el Presidente de la República para que resolviera sobre la vida económica de la nación. Insólito que el señor Ministro de Hacienda dudara de la seriedad del señor Secretario de las Comisiones unidas. Insólito que en el seno de las Comisiones se mostrara satisfecho de los rendimientos de la disposición y aquí en la Sala dijera cosa distinta.

Como se dice en un documento que consigné denantes, degraciadamente la disposición aprobada no comprende los regímenes sustitutivos de impuestos, y esto sí que es grave, pues deja fuertes intereses al margen de la disposición aprobada. Es decir,, hay industrias y actividades que quedarán en situación privilegiada, como es el caso de la minería del hierro. Puestas las Comisiones, puesto mi partido y puesto el país a suprimir franquicias y exenciones, yo propuse que no se quedara nadie al margen de la disposición. Por eso, debo deplorar la forma como salió la indicación de las Comisiones. Esto debía haber hecho meditar a quienes tienen responsabilidades públicas en este país, e instarlos a buscar soluciones justas.

Debo deplorar también que la indicación, como salió aprobada -pues desgraciadamente sobre casos de tanta entidad, las Comisiones se vieron impelidas a votar ideas y no textos debidamente redactados, conocidos y estudiados por los señores Senadores-, haya dejado aprisionados a vastos sectores modestísimos, que están exentos del impuesto complementario sobre el mínimo de un sueldo vital.

Lo aprobado es evidentemente injusto y lesivo para los más grandes y necesitados sectores nacionales.

Ha quedado constancia en las Comisiones unidas de mi preocupación por las provincias del norte, de mi preocupación por los alcances de esta medida sobre su vida más profunda y popular. El Senador Enríquez dijo ayer que a los ricos "a más de exenciones, se les entrega una copia feliz del edén". Yo quisiera decir al Honorable Senado que muchos trozos de territorio nortino, grandes retazos del desierto eran hasta hace poco una copia feliz del infierno, un infierno de hombres piojosos durmiendo en zanjas abiertas en los arenales, un infierno de hombres heridos en su dignidad, haciendo colas frente a las ollas de los regimientos -¡las ollas del pobre!-, para recibir unos porotos con que afrontar el hambre. Quisiera decirle que, gracias a unas leyes de excepción, esas mismas regiones no son precisamente copia feliz del edén, sino más bien una copia del purgatorio. Pero con eso están contentos los nortinos, porque ello ha significado la instalación de industrias y faenas, mediante las cuales se ha logrado re-flotar pueblos enteros y devolver al trabajo y a la vida a enormes contingentes de chilenos lanzados a la ruina por el vendaval salitrero.

Recuerdo el derrumbe del salitre. Me tocó ver partir la caravana humana que salía de Humberstone. Salía por el desierto, mientras las chimeneas de Santa Laura, al frente, lanzaban las últimas bocanadas. Las viejecitas embalaban los enseres y el pueblo salía rumbo a otras ciudades. Presencié la llegada de esa inmensa caravana a Arica y la vi situarse en las poblaciones "callampas", "arrancharse" en rucas de tablas.

¡ Cómo no iba a tener presente todo esto cuando voté en las Comisiones! Tan presente lo tenía que olvidé mi posición personal para ser sólo eficaz y nada más que eficaz frente a la indicación del Honorable señor Enríquez. Votarla en contra me hubiera bastado para resguardar mi posición personal. Pero no hubiera resguardado así al pueblo nortino de regresar de nuevo a sus terribles y recientes sufrimientos. Preferí amortiguar los efectos de la indicación propuesta y dar lugar a la reacción nacional que se ha producido y de la cual todavía espero una rectificación lo más adecuada posible al interés nacional.

Se habla de franquicias. Se habla mucho de exenciones y privilegios, y el lenguaje agrada a vastos sectores que no saben de los rigores del desierto nortino y los hielos del sur.

La región norte sólo ha podido levantarse gracias a disposiciones especiales. Toda la minería chilena trabaja merced a franquicias. No podría hacerlo de otra manera. Y todavía son incompletas esas facilidades, pues el mismo Presidente de la República habló en Copiapó de dar nuevas franquicias para las importaciones, para acelerar todo el proceso de la minería en el norte.

Se llama "franquicias" a las exenciones concedidas a la minería, pero no son tales. Son simplemente una compensación por las dificultades del trabajo. No es lo mismo laborar aquí, en Santiago, que hacerlo en las sinuosidades de la montaña. Son las franquicias nada más que una compensación por el desnivel geográfico, por las dificultades físicas. La ley compensa esa diferencia. La igualdad no consiste en aplicar la identidad, como lo desean algunos. La igualdad consiste en dar trato desigual a los desiguales. Entonces, no hay privilegio cuando al que está en situación desigual, como es el caso del minero, se le dan leyes especiales para que pueda trabajar y desarrollar las faenas.

Este es un país que vive y ha vivido de la minería. Ella lo provee de las divisas necesarias para mantener su balanza de pagos e importar los elementos indispensables. Esta actividad contribuye al desarrollo del país, y lo hace con grandes tributos, por vía indirecta, porque los dólares producen impuestos de aduana y derechos adicionales de importación. Largo tiempo, esta industria nacional ha estado gravada con un tipo de cambio artificialmente bajo: ésa ha sido una contribución extra al desarrollo del país.

Existen más de mil cien franquicias, como se ha dicho, que benefician más bien a Santiago que al norte. Pero cuando se habla de franquicias se piensa exclusivamente en los extremos del país y se olvida que en la capital las hay numerosas, que han permitido levantar muchas fortunas. Sin embargo, de ellas no se habla.

Sería interesante que la Mesa ordenara publicar la lista completa de las franquicias existentes en el territorio, para que la opinión pública se forme una idea acerca de su cuantía y de los beneficiarios.

¿Es acaso el camino más adecuado el llevar la zozobra y el desaliento a quienes trabajan en las regiones desérticas y difíciles? La racionalización es el camino: tomar el conjunto y resolverlo; tomar todas las leyes relativas a la zona nortina y dictar un estatuto para el norte. Eso es. lo racional, ésa es labor de estadistas, y no destruir todo lo que se ha hecho: tomar todas las leyes especiales y refundirlas; hacer un estatuto en el cual se revise toda la situación del norte; dictar un estatuto para el sur; fijar en cuerpos orgánicos de normas los derechos de las regiones; asignarles cierta autonomía e independencia para el manejo de sus recursos, y permitirles mantener en la región una parte de lo que producen, para su desarrollo. Porque el problema de las provincias no sólo se relaciona con las franquicias. Existe también el problema de la exacción de que son víctimas por parte del Estado, en el sentido de que las riquezas regionales van al erario. Nuestros pueblos y ciudades han vivido permanentemente como algas, en el sube y baja de la cotización mineral; han sido fuente y muerte de riquezas, sin que quedaran en ellas más que las migajas, porque el Estado se ha llevado siempre todo. También debemos revisar esta situación.

Se habla de que al norte se le están dando continuamente ventajas excepcionales. Pero el norte ha mantenido en pie al país; el norte es un acreedor de este país, acreedor despojado, pero acreedor al fin. No necesitaríamos de ninguna franquicia si .al norte se le permitiera conservar lo que produce. Esto sería suficiente para su desarrollo, y constituiríamos una de las regiones de más alto ingreso "per capita" en el mundo.

Pero se habla de franquicias, de excepciones, de trato preferencial. Eso es injusto, señor Presidente. Al discutirse el estatuto del norte, deberá ser analizada toda su situación en conjunto. Todo el complejo tributario, todo el problema de la producción y toda la vida regional deben ser considerados concienzudamente, en un diálogo abierto entre el Ejecutivo y los representantes de esa región. Ese es el camino para racionalizar.

Todo eso no se hace en dos días. Tampoco sobre los escombros del afán creador y la fe en las leyes. Todo eso no puede hacerse sobre las arenas movedizas de leyes que se discuten largamente en el Congreso y a poco, andar se deshacen a virtud de los tajos de un sable que cree ser el de un nuevo Alejandro (en este caso el Senador Enríquez) aconsejado -mal aconsejado tal vez- por el brujo de no sé qué sueños imperiales.

Toda la renovación que se desea hacer tendrá un grave escollo: la quiebra de la confianza pública, la quiebra en el concepto de la validez de las leyes.

La primera gran reforma debe consistir en devolver a la ley su solidez. Habrá que pensar en leyes orgánicas sobre las líales descanse la vida de la nación y que no puedan modificarse por mayorías ocasionales, mediante simples indicaciones. Se hacen necesarias leyes para cuya reforma o modificación no rijan las normas usuales para disposiciones de menor importancia, sino quórum especiales y formalidades extraordinarias. Es indispensable dictar leyes que no puedan ser alteradas sin más ni más, a fin de que el país pueda edificar sobre ellas y éstas no constituyan un terreno movedizo en el cual resulte imposible construir el futuro de la nación.

Sólo así la ley podrá tener vigencia y validez y será digna de que se deposite sobre ella la confianza pública.

Por esas consideraciones, estimo inconveniente la aprobación de esta indicación. Al fundamentar el voto, daré otras razones.