Labor Parlamentaria

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, el problema que discutimos en este momento en el Senado dice relación al grave problema de la locomoción colectiva, asunto que, en más de una ocasión, ha dado lugar a prolongados debates en esta Corporación y en la Cámara de Diputados.

Como todos sabemos, el problema viene arrastrándose desde hace mucho tiempo.

Se ha llegado a un estado de verdadera crisis, que reclama solución definitiva.

La locomoción colectiva, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas, tanto en el norte como en el centro o el sur del país, viene afectando en forma muy grave a millones de chilenos, porque es mala, está desorganizada y es cara. Sus tarifas gravitan fuertemente en la economía del hombre modesto y de la clase media. Los microbuses están destartalados, son incómodos, tienen recorridos irracionales y horarios arbitrarios. Todo esto forma un panorama muy desolador, y ha llegado a crear un sistema que constituye verdadera ofensa para un país civilizado.

Son miles y miles los chilenos que usan los medios de locomoción colectiva: empleados y obreros que deben viajar a su trabajo, estudiantes que deben ir a sus escuelas y dueñas de casas que necesitan hacer las compras para el hogar.

Y para ellos todos, los sinsabores del sistema de transporte constituyen verdadero martirio que afecta, incluso, a la salud de muchos e influye en forma notoria en el rendimiento en el trabajo de obreros y empleados.

Todos hemos observado que en las primeras horas de la mañana, cuando hay mayor número de pasajeros, los medios de locomoción, en particular los taxibuses, resultan absolutamente insuficiente para las necesidades de la población. Entre las 21 y las 22, se produce otra desaparición general de los vehículos, pues sus dueños esperan la tarifa nocturna. A media noche no existe otro medio para volver al hogar que no sea el taxi, pues a esa hora los empresarios ya han retirado sus vehículos de la circulación. El motivo es muy simple: no estamos en presencia de un servicio público como debiera ser, sino de un negocio privado que obtiene ganancias generalmente exorbitantes.

Este panorama no ha variado a pesar de las continuas alzas de tarifas y las promesas de solución que en cada oportunidad se han formulado para justificarlas. Frente a la incuestionable realidad de la pésima calidad del servicio de locomoción, ¡as continuas alzas resultan verdaderamente exasperantes. Para autorizarlas, siempre hay argumentos a la mano: el alza de combustibles, de los repuestos, etcétera. Pero siempre hay un solo sector que termina pagando este aumento en el monto de las tarifas: el sufrido público.

No hay que olvidar, además, que para autorizar los mayores precios de los pasajes, los Gobiernos anteriores y el actual han puesto condiciones mínimas, que los empresarios debieron haber cumplido, en procura de mejorar el servicio de locomoción colectiva. Pero todas estas promesas, que sería largo recordar, fueron burladas.

Y esto ocurre porque la locomoción en nuestro país --como es fácil comprobarlo- está en manos de poderosos grupos de empresarios, de grandes capitalistas fuertemente organizados, con ingentes recursos publicitarios e influencias, quién sabe si en muchos casos ilícitas, que les permiten prosperar en sus aspiraciones de aumentar sus ganancias.

Aparte esto, en más de una ocasión se ha denunciado que, a pesar de sus utilidades, muchos empresarios proceden en forma mezquina con sus empleados y obreros; no cumplen las leyes previsiona- les y del trabajo, y mantienen a su personal en condiciones muy precarias y difíciles.

Pocos meses después de haber asumido el poder el actual Gobierno, debió afrontar este problema, sobre todo porque en aquella oportunidad ya afloraba, como en otras ocasiones, la ola de propaganda para imponer las alzas de tarifas. El Gobierno, entonces, afrontó el problema y lo resolvió de la misma manera como lo habían hecho anteriores: accedió a las peticiones de estos empresarios tan bien organizados y autorizó el alza.

Es cierto que, en vista de la experiencia de años anteriores, esta Administración puso una serie de condiciones que dieron la impresión de que en esa oportunidad, el alza habría de conducir, finalmente, a un mejoramiento del servicio.

Como todos sabemos, se establecieron obligaciones relacionadas con un depósito de 6% para renovación de maquinarias, de 1% para seguro de pasajeros, impresión de boletos en la Casa de Moneda y Especies Valoradas, contratación de dos choferes por máquina y confección de uniformes para estos servidores. Ni Cortos ni perezosos, viendo la posibilidad de conseguir alzas de tarifas, los empresarios aceptaron tales condiciones. Han pasado los meses, se han aprovechado de las alzas, pero la locomoción no ha mejorado. Por el contrario, empeora día a día, como lo prueba la experiencia terrible que sufrimos quienes por falta de automóvil debemos viajar en micro, lo que resulta insufrible para muchísimas personas. Este problema es desconocido, por supuesto, por quienes no utilizan este medio de locomoción.

La esperanza de descubrir el misterio de las utilidades, mediante el sencillo procedimiento de imprimir los boletos en la Casa de Moneda, hasta ahora no se ha cumplido. Es, sin embargo, un expedi- diente que nos podría haber permitido dar fundamento indubitable a lo que hemos venido sosteniendo durante tantos años, de que este grupo de empresarios, que trata tan mal a la población de Santiago, por ejemplo, no merece que el Estado le permita incrementar sus utilidades, porque las que percibe ya son suficientes para amasar grandes fortunas como las que en poco tiempo ha acumulado.

Ahora el Gobierno somete el proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, a la consideración del Senado, y estamos en presencia del informe emitido por la Comisión de Hacienda.

Esta iniciativa plantea, según el mensaje del Ejecutivo, un plan de soluciones. Ya estamos de nuevo frente a los planes tantas veces ofrecidos. El que ahora se propone comprende tres etapas: inmediata, intermedia y final; y ya realizado, permitiría a Chile dejar de padecer las consecuencias de la crisis del sistema de transporte motorizado de pasajeros.

Por nuestra parte, la experiencia nos dice que debemos ser escépticos respecto de los frondosos planes con que se está entreteniendo al país, y muy particularmente respecto de este asunto, porque la iniciación del plan inmediato ofrece una visión de lo que será su realización total y da base suficiente para críticas bien fundadas. Estamos de acuerdo en que el problema de la locomoción colectiva debe ser encarado con el fin concreto de mejorar sus servicios en beneficio de la población. Desde luego, no se trata de dar pie a una nueva alza de tarifas, sino de adoptar medidas que pongan término definitivo a esta tremenda vergüenza que nos aflige.

Para mejorar en la etapa inicial el sistema de transportes, el Ejecutivo plantea la necesidad de renovar los vehículos antiguos y en malas condiciones. Para ello auspicia facilitar la internación de chasis para el sector particular. Como es claro, nadie puede oponerse a dotar al país de máquinas nuevas, modernas, que permitan el transporte seguro y cómodo de los pasajeros. Pero es necesario averiguar qué condiciones y modalidades se han elegido para llevar adelante este plan.

Nos preocupa, desde luego, el problema de la selección de los tipos de microbuses y taxibuses que deberán importarse, problema considerable, porque, en primer lugar, sabemos que la iniciativa se financia con un crédito otorgado a Chile por la Agencia Internacional de Desarrollo, la cual pone condiciones muy rigurosas para conceder préstamos. Suponemos que la adquisición de los autobuses de que se nos habla será efectuada en el mercado norteamericano. Entonces, tendremos vehículos de ese origen para incrementar la existencia de ellos en el país, en circunstancias de saber nosotros que no siempre son los mejores, pero sí los más caros. Este hecho nos hace temer que en la selección mencionada se excluirá la posibilidad de adquirir microbuses en países que no sean Estados Unidos, en especial en los del mundo socialista.

El Gobierno actual, que en buena hora reanudó Jas relaciones de Chile con los países socialistas, hasta ahora no ha avanzado en su propósito de llevarlas al terreno del intercambio real, concreto. De ahí que las relaciones comerciales -no así las de otro tipo- se encuentren como si no hubiésemos restablecido nuestros vínculos con ese mundo nuevo. Creemos que éste es el momento de buscar seriamente la manera de adquirir en los países socialistas los vehículos que necesitamos, naturalmente en condiciones de recíproca conveniencia.

El plan del Gobierno consiste en importar 1.500 chasis destinados a la locomoción particular, y esta internación se hace en condiciones extraordinariamente ventajosas para los empresarios de dicho sector. Aun cuando en el último período se han adoptado algunas medidas relativas a la mejor atención de la empresa estatal, nadie ignora que durante muchos años se ha venido aplicando respecto de ella una política que, de no modificarse, podría conducir a su liquidación, anhelo sustentado desde hace largo tiempo por los poderosos magnates de las empresas particulares a que me estoy refiriendo, quienes desean mantener el monopolio absoluto del transporte colectivo.

No nos extraña que en esta iniciativa de ley no se considere a la empresa estatal, porque, como ya lo he dicho, los recursos para realizar el negocio vienen de la Agencia Internacional de Desarrollo.