Labor Parlamentaria

El señor GARCIA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Salomón Corbalán.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Señor Presidente, participo en este concurrido recinto. . .

El señor GUMUCIO.-

-Selecto, Honorable colega.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Así es, señor Senador. Dejo oportuno testimonio de ello.

Participo en un debate que suponíamos que preocuparía, en forma muy especial, no sólo al Congreso, sino a la opinión pública de Chile. Se está discutiendo nada menos que el proyecto de reforma agraria, o sea, una idea que ha estado presente durante los últimos veinte o treinta años, en forma permanente, en la política nacional, en el debate público, en las confrontaciones electorales y en todo lo que dice relación al ejercicio de le democracia.

Ya tuvimos un debate similar con motivo del estudio de la iniciativa que dio origen a ,1a ley 15.020, sobre reforma agraria, dictada en el Gobierno del Excelentísimo señor Jorge Alessandri. En aquella ocasión se expusieron gran cantidad de argumentos para explicar, más bien para justificar, la necesidad de efectuar una reforma de esta índole. Todos, esos argumentos concluían en un objetivo concreto: la reforma agraria era un imperativo histórico.

Toda aquella reforma y el debate suscitado en torno de ella estaba recubierto y algo confundido con una situación que en esa época tuvo gran vigencia: la decisión del Departamento de Estado Norteamericano de responder al desafío que significa la revolución cubana para América Latina y para las oligarquías aquí existentes. El Departamento de Estado dio como respuesta la Alianza para el Progreso y ofreció dinero a quienes hicieran la reforma agraria, pero exigió llevar a cabo tal reforma para tener acceso a los beneficios de la Alianza.

No otro fue el motivo por el cual el hábil hombre de negocios que era el Presidente de la época vio de inmediato la necesidad de hacer esta operación comercial: despachar un proyecto de reforma agraria y pedir inmediatamente el dinero prestado a la Alianza para el Progreso, con cargo a esa reforma. No interesaban el fondo de la reforma, ni su carácter ni su intención. Por eso, con justa razón, el pueblo de Chile calificó aquella reforma como "reforma de macetero".

Y la mejor prueba de ello es que fue muy poco lo que se hizo en cuanto a la reforma misma. No se tocaron los intereses particulares, pues ella se hizo sobre tierras fiscales o de organizaciones del Estado. Cuando se logró tocar a algún particular, sólo fue para comprarle al contado, y a precios más que comerciales, las tierras que se le expropiaban. Tal es el caso del latifundista don Jaime Larraín,' quien era propietario del fundo "Esmeralda", ubicado frente a Rosario, en la carretera panamericana, comuna de Rengo.

¡De esta manera fue despachada y puesta en práctica aquella ley!

Sin embargo, el fantasma de la reforma agraria continuó presente. Los campesinos se sintieron frustrados, engañados, burlados, y expresaron en forma activa y combativa su decisión de exigir una verdadera reforma agraria.

Fue así como se dio la campaña presidencial. En ella, los dos candidatos, el triunfante, señor Frei, y el candidato popular, Senador Allende, que obtuvo una alta votación, ofrecieron la reforma agraria. En consecuencia, el pueblo respaldó la idea de llevarla a cabo.

Pasó un tiempo, y el Gobierno, a pesar de haber anunciado que tenía elaborado todo su programa antes de la elección, mediante grupos técnicos y de estudio, demoró prácticamente más de un año en enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa que ahora discutimos. Y ahí comenzó el debate en torno de la reforma agraria.

No quiero entrar esta tarde en detalles de orden técnico, minuciosos, que justifiquen la necesidad de una reforma de esta índole. Este es un problema ya basante discutido: El informe de las Comisiones unidas es muy completo. Existe mucho material al respecto. Por ejemplo, el Informe sobre Tenencia de la Tierra y Desarrollo Económico del Sector Agrícola en Chile, elaborado por el CIDA, que es muy interesante y completo, y demuestra la necesidad de realizar la reforma agraria; hay mucha documentación de organismos del Estado y documentación privada; existe un libro, bastante interesante, llamado "El desarrollo de América Latina y la reforma agraria", escrito por el señor Jacques Chonchol, etcétera.

En general, se cuenta con material suficiente al respecto, y el Congreso tiene la obligación de estar debida y cabalmente informado, porque ésta es una materia que se discute desde hace mucho tiempo.

Sobre el particular, nuestro partido ha entregado amplias declaraciones y documentos. En el congreso de Los Andes, efectuado en 1961, el Partido Socialista entregó toda una tesis sobre reforma agraria. Muchas de las materias del diagnóstico que incluía esa tesis están en la fundamentación del proyecto. Por último, el Diputado y compañero Andrés Arave-na dio en la Cámara de Diputados fundamentos de orden técnico, económico, social e histórico en cuanto a la necesidad de hacer la reforma agraria de acuerdo con nuestros puntos de vista.

Por lo tanto, haré un intento con el que espero allegar una especie de contribución a un diálogo que aquí no se ha practicado: trataré de centrar el debate y de llevarlo a algunos asuntos polémicos, a ciertos aspectos que es necesario esclarecer. Sobre todo, nos interesa la opinión del partido de Gobierno, y particularmente del Gobierno, mediante su Ministro de Agricultura, aquí presente.

Empezaré por dejar sentadas, desde nuestro punto de vista, algunas premisas que nos parecen esenciales.

Para nosotros, la reforma agraria es una necesidad histórica, una urgencia de carácter económico social, un imperativo de naturaleza política. Pero, a nuestro juicio, la reforma agraria, para ser tal, debe ser revolucionaria. Y quiero explicar por qué.

En primer lugar, es interesante tener claro que hay tres grandes enfoques -llamémoslos así- respecto del problema de la reforma agraria. El primero lo hemos escuchado por centésima o milésima vez, durante toda la historia de nuestro país, y ha sido expresado esta mañana por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor Senador, en nombre del Partido Nacional, expresó su punto de vista respecto de la reforma agraria. Ese es el enfoque tradicional. Si pudiéramos decirlo, es el enfoque ya del pasado, una apreciación totalmente desahuciada, absoleta. Nada tiene que ver con la situación actual. Ellos se limitan a insistir en que la reforma agraria debe consistir en mayor apoyo del Estado para los agricultores; mejores precios remunerativos; mayor crédito; abaratamiento de los insumos; mejor comercialización de los productos, etcétera. En consecuencia no gastaré mi tiempo en referirme siquiera a ese punto de vista, porque corresponde, como digo, a lo tradicional, a lo que ya está totalmente dejado de mano.

Hay, en seguida, otra postura que es de sumo interés analizar, al menos por ahora. Es la de quienes piensan que la reforma agraria no es más que eso: una reforma; vale decir, una serie de medidas con intenciones de orden económico, social o incluso político, bastante trascendentes, pero enmarcadas dentro del sistema tradicional, dentro de la actual estructura política, económica y social. Se-feún ellos, la reforma es sólo eso: consiste en hacer algunos cambios por aquí, otros por allá," crear cien mil nuevos propietarios --más propietarios que los que había antes-, para aumentar la base de sustentación del sistema de propiedad. En definitiva, para apuntalar un sistema que está en crisis, para apuntalar el sistema capitalista de producción, la estructura tradicional, lo que constituye toda esta civilización llamada, así, tan genéricamente, "occidental y cristiana".

Ese punto de vista, que analizaré más adelante con mayor detalle, es el que compromete -no cabe la menor duda de ello, como lo voy a demostrar- al Gobierno, al Partido de Gobierno y a otros reformistas que sostienen la necesidad de limitarse sólo a esa estrecha perspectiva.

Y está, a continuación, la tercera perspectiva, la que nosotros sustentamos: la de que la reforma agraria debe ser revolucionaria en cuanto cambie radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra; revolucionaria en cuanto establezca el reparto del producto de la tierra con relación al esfuerzo entregado para producir; revolucionaria en cuanto termine con la explotación de la mano de obra asalariada en el campo; revolucionaria en cuanto signifique realmente incorporar al pueblo, a la comunidad, a todo el sistema productor basado en la producción agrícola y pecuaria.

Decimos que la reforma agraria debe ser revolucionaria por varios factores. Refirámonos a algunos de ellos.

No cabe la menor duda de que, en el orden económico, el país está sufriendo una crisis, en la cual mucho tiene que ver la situación de la agricultura nacional.

El señor Ministro expuso ayer -también lo hizo en las Comisiones- una serie de datos que demuestran que la agricultura nacional se ha ido transformando poco a poco en un verdadero freno, en un lastre del desarrollo económico integrado nacional; como el crecimiento de la población es mayor que el de la producción agropecuaria; que la importación y el gasto de moneda extranjera para traer bienes de consumo que podrían producirse en el país van en ascenso y, en consecuencia, llevan fatalmente a una crisis a nuestra balanza de pagos y a las posibilidades del desarrollo industrial, que necesita recursos, no sólo para materias primas, sino para internar equipos, maquinarias, etcétera.

Tengo a la mano el informe de CIDA -no deseo usar ninguna información que no sea oficial-, que en su página 17 expresa :

"En los últimos catorce años (1950-1968)" -por eso anotaba ayer al señor Ministro que los datos no coincidían- "la economía chilena ha experimentado un coeficiente anual de aumento en el Ingreso Geográfico Neto de 3,4% y un promedio anual de aumento en el ingreso "per ca-pita" de 0,8'%.

"Este aumento absoluto no muestra variación significativa con el de la década anterior (1940-49), cuando el crecimiento anual fue del 3,3%, pero debido a cambios demográficos, es menor que el aumento "per capita", el que fue de 1,5% anual en dicha década".

O sea, comparando ambas décadas, prácticamente no ha habido progreso, sino, por lo contrario, más bien se vislumbra retroceso.

En otra parte del informe se dice:

"Pero donde se observó con mayor claridad el estancamiento relativo de la agricultura, es en su participación al Ingreso Geográfico, al que en 1950 contribuía con el 14%, mientras que en 1963 su participación descendió a 9,4 por ciento".

En la página 22 del informe se dan datos sobre la producción, y sé expresa:

"La producción agropecuaria chilena presenta un crecimiento inferior al de la población. En efecto, durante un período de 15 años (1945-1959) se cuantificó una tasa acumulativa anual de sólo el 1,83%, mientras que el crecimiento demográfico señalaba un 2,2% anual". "En los últimos años el modelo no ha cambiado significativamente".

Para no cansar a los señores Senadores, no daré mayores detalles, pero todos los datos coinciden con los del señor Ministro. Puede haber variaciones en los guarismos, pero no cabe la menor duda de que, desde el punto de vista económico, la agricultura, no sólo se ha transformado en un problema, sino que en lastre o freno. Y ése es un asunto que debemos resolver.

Desde nuestro punto de vista, la solución tampoco es fácil. No se piense que con unos incentivos por aquí, con una. redistribución y haciendo mayores minifundios por allá, se logrará resolver el problema. Coincido con el señor Chonchol y con el Departamento Campesino de la Democracia Cristiana en que la reforma agraria debe ser rápida, drástica y masiva; y, sin duda, no es dable pensar que puedan conseguirse esos tres aspectos con los métodos que se anuncian.

En seguida, el mismo informe de CIDA demuestra cómo es de injusto el actual sistema de tenencia de la tierra. Veamos qué dice al respecto en su página 38:

"Quizás sea más importante anotar, además el estancamiento de la producción, que los bajos ingresos de las masas campesinas originan formas miserables de vida y obstaculizan una creciente demanda del sector para los productos manufacturados, dando así pocos estímulos a la in-dustrializacin.

"Por lo tanto, se puede afirmar como hipótesis tentativa de trabajo, que...estas rigideces del sistema socio-económico en la agricultura, especialmente definidas en la práctica por los sistemas de tenencia de tierras, son causales de una incapacidad básica de la economía y de la sociedad para enfrentar la situación actual.

"Una respuesta más adecuada implicaría, por lo menos, el alcanzar tres objetivos fundamentales: mejorar el funcionamiento económico, mayor igualdad social, y consecuentemente, una redistribución del poder político".

Más adelante agrega el informe:

"Una reforma inteligente de los actuales sistemas de tenencia, destinada a redistribuir los derechos y beneficios de la propiedad de la tierra se traduciría en un factor dinámico esencial para el progreso del país".

Cuando proporciona datos respecto de la forma como actualmente está distribuida la tierra, expresa lo siguiente:

"De acuerdo al número de explotaciones y la población agrícola activa censada, y a la población en comunidades, se ha estimado que en 1955, había cerca de 345.000 familias conectadas directamente con la actividad agrícola.

"En ese universo, había 10.300 familias propietarias u operadores bajo otra forma de tenencia de explotaciones multifamilia-res grandes, es decir, con extensiones tales de tierra, que implican la necesidad de contratar mano de obra. Esta fuerza de trabajo, a su vez, podría provenir de 244 mil familias que engloban a productores de explotaciones subfamiliares, inquilinos, medieros, comuneros, indígenas y trabajadores sin tierra a ningún título".

En otros términos, en 1955, prácticamente había 250 mil familias que vivían de la tierra, y, sin embargo, no la tenían o la tenían en cantidad insignificante, inferior a la unidad familiar. En consecuencia, eran menos que minifundistas.

En la página 42 del informe aparece un cuadro -me gustaría que más tarde, cuando lo tengan a mano, los señores Senadores lo analicen- que señala la distribución de la población agrícola según su "status" ocupacional y forma de tenencia. Según dicho cuadro, los productores de explotaciones multifamiliares grandes alcanzan a 2,4% ; los productores de explotaciones multifamiliares medianas, a 5,8'% ; los administradores y empleados técnicos, administradores de predios multifamiliares, empleados técnicos y profesionales, a 1,2% ; los productores de explotaciones familiares, a 19% ; los pequeños productores en comunidades agropecuarias (comuneros indígenas y comuneros sucesoriales), a 17,4%. Esos ya son minifundistas. Los productores de explotaciones subfamilia-res, o sea, minifundistas, llegan a 7,8%, y operadores de unidades en subtenencias y trabajadores, como medieros, capataces y obreros especializados, inquilinos e inquilinos medieros y trabajadores sin tierra, a 46,5'%'.

En esta forma está distribuida la población. Esta es la situación social del estrato dedicado a la agricultura. El mismo informe sigue diciendo: "Las explotaciones más pequeñas, las subfamiliares, comprenden alrededor de la tercera parte del total, y, sin embargo, poseen poco más del 1 por ciento de la tierra arable, mientras que, en el otro extremo, las multifamiliares grandes, el 6,9 por ciento del total, ocupan dos terceras parte de dicha categoría de tierra. Estas simples relaciones dan una idea general sobre la magnitud de la concentración de este recurso, lo que se tratará de particularizar cuando se analicen los sistemas de tenencia al nivel regional. En todo caso, como preámbulo a lo insinuado, puede señalarse que las explotaciones multifamiliares grandes tienen especial importancia en Chile Central, donde poseen el 44 por ciento de la superficie arable y el 76 por ciento de la regada, aspecto trascendental en esa región."

Los datos que señalo, que no los he elaborado yo, demuestran que los problemas de orden económico, por una parte, y el de la tenencia de la propiedad de la tierra y la distribución de ella, por la otra, son más críticos y más graves: son problemas que pasan más allá de todo límite y, en consecuencia, están en una situación que constituye la causa fundamental del atraso agrícola y de todo el aparato productor nacional, como asimismo de la crisis económica del país.

¡Para qué mencionar la situación de orden social en que se hallan los campesinos!

El informe de la CIDA consigna diversos datos al respecto. No los daré a conocer en esta oportunirdad para no cansar a los señores Senadores; pero Sus Señorías pueden examinarlos y comprobarán cuál es el grado de atraso en que se encuentran los sectores campesinos ,tanto en orden cultural, educativo y social como en sus ingresos económicos y condiciones de vida. Prácticamente, son marginados sociales, como los definen más de algún economista extranjero o técnico que han analizado la situación agrícola del país.

Además, hay otro problema de suyo importante y respecto del cual, en la actualidad, existe alarma mundial: el relativo al aumento de la población.

Los datos que he analizado son de 1955; o sea, el informe de la CIDA contiene información basada en el censo de ese año. Hasta 1965, han transcurrido diez años, lo cual significa que si la situación era grave en esa época, hoy día, sencillamente, es super grave, extraordinariamente crítica.

Tengo a mano algunos informes referentes al problema que afecta en este instante al mundo en materia de crecimiento de la población en todo el orbe y en determinadas regiones. El problema que, en especial, no sólo preocupa a los países atrasados, cuya población crece a tasas inferiores a las de ¡os propios pueblos capitalistas, sino también a éstos. Sin perjuicio de lo anterior, es fácil apreciar que en aquellas zonas el problema se agravará hasta transformarse en algo explosivo.

Desde el año 1 de nuestra era hasta 1650 -o sea, en 1650 años-, se duplicó la población en el mundo. Desde esta fecha hasta 1850, es decir, en 200 años, se volvió a duplicar. Desde 1850 hasta 1965, que comprende un período de 115 años, se volvió a duplicar. Y desde 1965 al año 2.000, es decir, en 35 años más, de nuevo se duplicará la población del mundo. ¡Es ya más que en progresión geométrica que ha ido creciendo la población o ha aumentado la densidad de ella, por razones que no entraré a analizar! Naturalmente, tal aumento se debe a los progresos científicos y técnicos, a la disminución de la mortalidad infantil, etcétera.

Veamos lo que ha sucedido en Chile. En 1960, la población de nuestro país ascendía a 7,6 millones de habitantes, cifra equivalente al doble de la de 1920. De cumplirse ciertos supuestos implícitos en la proyección, se espera que en 1975 la población aumente a 10,9 millones de habitantes. Estos hechos demuestran que si bien transcurrieron años para que se duplicara la población del país, al firme ritmo actual de crecimiento, en tan sólo 30 años se duplicará de nuevo.

Menciono estos datos, porque confieso -que cuando los tuve a mano me produjeron más que pánico.

No podemos decir que la situación de Chile sea demostrativa de la existente en América Latina. En el continente es peor: el crecimiento de la tasa de población de América Latina es superior al promedio chileno, de manera que debe suponerse que de aquí a 25 años se duplicará la población latinoamericana. Y resulta que no hay ninguna relación entre ese aumento de población de los países de América Latina y el ritmo de crecimiento de su producción agropecuaria, ni tampoco la del mundo y particularmente de Chile.

Este resumen diagnóstico, que no es nuevo -estoy citando cifras de órganos oficiales, del Ministerio de Agricultura, etcétera-, nos hace pensar que la terapéutica, las medidas que deben aplicarse, no consisten en cataplasmas, calmantes ni medidas transitorias; no son ninguna clase de medicina fácil que pudiera amortiguar un poco el dolor, sin ir a la raíz misma del mal. Es' indispensable una transformación profunda, de orden revolucionario. Otra alternativa no es sino un paso intermedio y nada más que una actitud reformista; un paso destinado a dar la sensación de que el cambio se está produciendo. Es decir, colocar calmantes al enfermo, pero ,en definitiva, sólo postergar el deceso, que sobrevendrá si no se aplica la medicina correcta.

¿Cuáles son los objetivos que, a nuestro juicio, deben cumplir esos cambios revolucionarios en materia agrícola? Desde el punto de vista económico, incorporar rápidamente a su máxima productividad a todas las tierras.- Cubrir los déficit. Crear márgenes de exportación, y, paulatinamente, aprovechar todas las disponibilidades de la tierra, sacándole el máximo de rendimiento y mejorando a su vez la productividad de ella, mediante la implantación de nuevas técnicas y métodos científicos que aumenten los rindes.

En seguida, es necesario elevar el nivel socio-cultural de los campesinos, incorporándolos a la civilización; abrir perpecti-vas para sus hijos, sacándolos de esa situación de marginados sociales en que vive el campesinado chileno. Para ellos ya no sólo es inaccesible la escuela -¡qué decir de la universidad!-; también le son inalcanzables los bienes de la civilización y la cultura, no obstante que en el último tiempo han tenido acceso a ellos mediante la radio u otros instrumentos modernos que llegan al campo y le significaron despertar e imponerse de lo que sucede en la ciudad, de lo que pasa en el mundo y tomar conciencia de las muchas necesidades y cambios revolucionarios; sobre todo, conocer la forma en que luchan sus camaradas proletarios en otros frentes de la actividad nacional.

Otro de los objetivos es crear una fuente importante de consumo de los productos industriales. O sea, al levantar el nivel de vida del campesino e incorporarlo al consumo, estaríamos aumentando la posibilidad del mercado interno; fomentando la posibilidad para que las fábricas de zapatos, ropas y algodón, produzcan más, para satisfacer la mayor demanda. Asimismo, estaríamos aumentando la base para la industrializción y el desarrollo.

Se requiere también terminar con los estratos sociales en el campo, colocar a todos en condiciones similares de expectativas, acabar con la lucha de clases y llevar igualdad de condiciones y posibilidades económicas a todos para luchar por el progreso y el desarrollo.

Para lograr tales objetivos, es necesario, desde nuestro punto de vista, que primeramente la tierra pertenezca a quienes la trabajen. Esta no es sólo una frase, aunque se usa muy a menudo e incluso es empleada por los funcionarios de Gobierno. Después veremos cómo no es tan claro que las cosas se estén realizando con ese sentido.

¡La tierra para los que la trabajan! No para los que la trabajan intelectualmente, no para los que desde su gabinete ordenan que vayan a arar el suelo! ¡La tierra debe ser para los que efectivamente laboran en ella! ¡Para los que están en el surco, para los que siembran la semilla y recogen el producto! ¡La tierra para los que la trabajan! ¡Terminar con la mano de obra del asalariado en el campo!

A nuestro modo de ver, una reforma revolucionaria debe terminar con la explotación del hombre por el hombre en el campo; tiene que acabar con la apropiación de la plusvalía del trabajo realizado en la agricultura, por el solo hecho de ser poseedor de un pedazo de tierra o propietario de ella.

Nos parece también que, para lograr estos objetivos, es menester establecer otras formas de trabajo en el campo que, conforme a las características de los suelos de la zona, permitan cumplir esas aspiraciones. Otras formas de trabajo. No se trata aquí de ponernos anteojeras. Por lo tanto, no quiero que cuando alguien replique estas observaciones use el argumento de que estamos sosteniendo que sólo hay una forma de propiedad, lo que, a nuestro juicio, sería correcto. No venimos a aplicar recetas de ninguna especie. Queremos hacer nuestra propia experiencia; pero para realizarla debemos partir de ciertas premisas fundamentales: la tierra para los que la trabajan; no más mano de obra asalariada en el campo, y que todas las formas de propiedad sean compatibles con estas premisas fundamentales. Todas las formas de trabajo deben ser tales que incorporen al campesino a la gestión de la empresa de la cual es cooperado, copropitario o mantiene una comunidad e trabajo. La autogestión debe caracterizar el trabajo en común. Todo el sistema, que debe ser amplio y ágil, siempre dispuesto a su perfeccionamiento, debe también estar basado en que cada uno reciba de acuerdo con el trabajo que ha entregado. Fundado en el principio socialista de que cada cual reciba en proporción al esfuerzo que entrega, de acuerdo con la cantidad de trabajo, el sistema permitirá al más eficaz, al que alcanza mayor rendimiento, recibir más. En esta forma, habrá emulación, típica dentro de la etapa de desarrollo socialista.

Se ha hablado de mantener la propiedad individual solamente basada en el trabajo del grupo familiar, con prescindencia de mano de obra ajena. Tal idea se ha enunciado en el proyecto en la parte concerniente a la unidad familiar y así lo entendemos nosotros por lo que dijeron los funcionarios y el propio señor Ministro. Vale decir, se trata de la unidad agrícola familiar que pueden trabajar el jefe de hogar y los miembros de su familia, sin contratar mano de obra asalariada. Si es así, es lo correcto. Sólo aceptamos esa forma de propiedad individual. Asimismo, estimamos que para cumplir los objetivos que he planteado, esa reforma revolucionaria -entiéndanme bien mis Honorables colegas -debe mantener empresas agrícolas eficientes, modernas, industrializadas como propiedad de todo el pueblo, como propiedad social. Es ilógico pretender que una reforma agraria debe tener por finalidad esencial la división o redistribución de nuestro país en cuadritos, en parcelas. Ello, aparte constituir un absurdo, es un disparate técnico. En la mayoría de los países, se tiende actualmente a la concentración de la propiedad, a fin de utilizar en mayor grado la técnica, aprovechar mejor el suelo, aplicar a su explotación los medios científicos y, en suma, obtener una producción más eficiente.

Insistimos en que la reforma, entre otras finalidades, debe tender a la supresión de la mano de obra del asalariado y a la supresión del empresario que vive a expensas del trabajo que realizan sus obreros en el campo. Como dije, debe formarse con estas empresas una forma de propiedad social que lo sea de todo el pueblo. Y debo agregar que ello no debe hacerse sobre la base burocrática consistente en reemplazar al antiguo patrón por el director del Estado, sino por medio de la autogestión de todos los obreros y trabajadores de la empresa, de modo que ellos puedan dirigirla, conducirla, orientarla y, al mismo tiempo, distribuir el producto de la empresa.

Los puntos de vista enunciados, que estimamos indispensables para lograr las finalidades revolucionarias que debe contener una reforma agraria, necesitan también de otras medidas anexas. Una de ellas consiste en estatizar la comercialización de los productos agropecuarios y la distribución de los insumos en la agricultura, tales como la maquinaria agrícola, los pesticidas, abonos y herbicidas.

En el primer informe del proyecto, logramos incorporar una disposición que establece el estanco por el Estado de la maquinaria agrícola y de los pestícidas, herbicidas y demás productos similares. Nos parece fundamental consignar esa norma entre las disposiciones del proyecto. Si la reforma entraña un verdadero despojo, al decir de tantos sectores que se quejan del proyecto en debate, ese despojo sería inmoral si, mientras se autoriza la expropiación de los latifundios y se concede plazo de quince a treinta años para cancelar la indemnización correspondiente, se deja al margen de la reforma, intocado y favorecido, al comerciante en maquinaria agrícola, herbicidas, abonos y otros insumos. De igual modo, sería inmoral exigir sacrificios al sector constituido por los terratenientes y dejar intocados a quienes retiran el producto del campo, a los comprobadores de productos de la tierra que, al actuar como intermediarios en la comercialización de esos bienes, hacen utilidades que son un verdadero escándalo.

Por las razones enunciadas, nos parece también indispensable, en la concepción de una reforma agraria revolucionaria, adoptar las medidas que señalo sobre todos aquellos aspectos accesorios.

Ahora bien, ¿por qué votaremos a favor del proyecto de ley en debate? ¿Acaso, señor Ministro, por tener el convencimiento de que el Gobierno hará lo que yo he estado sosteniendo? No creemos que el Gobierno lo vaya a hacer, pues las medidas que he señalado deben formar parte de una concepción revolucionaria de todo el sistema productor nacional. El proyecto no pasa de ser una mera autorización concedida al Gobierno, al Ministro de Agricultura, para hacer la reforma agraria.

Con todo, reconocemos que tiene la virtud de formular un diagnóstico absolutamente correcto: es el que hace el Presidente de la República en el mensaje con que acompañó la iniciativa de ley en discusión. Coincidimos con dicho diagnóstico, pero discrepamos de la terapéutica, de las medidas concretas que se propone aplicar. En este sentido, pensamos que solamente una reforma agraria revolucionaria podrá surtir los efectos que el país requiere y producir el impacto de orden económico, social y político necesario para detener el proceso de crisis.

El Gobierno tendrá la ley de reforma agraria. Ya tiene la que modifica el artículo 10, número 10 de la Constitución Política del Estado, a cuyo despacho por el Congreso nosotros colaboramos efectivamente. Ahora todo depende de lo que el Gobierno quiera hacer. ¿Lo hará el Gobierno? Estimo que no lo hará. Y lo sostengo por una razón muy sencilla: por la composición social del partido de Gobierno, por las contradicciones de clase que se advierten tanto en el Gobierno como en dicha colectividad política, por las contradicciones internas de ese partido a causa de la diversidad de los sectores sociales que efectivamente representa y por su configuración de orden socio económico.

Lo digo, además, porque una cosa es el proyecto, señor Ministro, y otra son las intenciones del Ejecutivo, expresadas por medio del Presidente de la República, de sus Ministros de Estado y de sus funcionarios. No creemos que exista intención sincera y efectivamente revolucionaria en el cambio. Hay intención reformista; vale decir, propósito de aplicar una serie de medidas tendientes a fortalecer el sistema imperante, a no transformarlo en forma revolucionaria, sino a defenderlo y apuntalarlo. Así se desprende de las declaraciones hechas tanto por el Presidente de la. República como por el Ministro de Agricultura cuando han declarado que se trata de convertir en nuevos propietarios a cien mil chilenos. En tal declaración se encierra la filosofía del Ejecutivo: hacer cien mil nuevos propietarios en el plazo de seis años. Tal fue lo que se afirmó al comienzo, pero luego se ha reducido ese número a cincuenta mil; los demás quedarán para después.

En la revista "Mensaje", publicación de los jesuítas, grandes inspiradores de la Democracia Cristiana, se decía, hace algún tiempo, que multiplicar el número de propietarios constituía la mejor forma de defender el derecho de propiedad. La misma revista aseguró que estaban equivocados los impugnadores de la reforma al artículo 10, número 10 de nuestra Carta Fundamental, pues, al apoyar esta reforma, el Gobierno no hacía otra cosa que defender el derecho de propiedad, porque extendía ese derecho; o sea, aumentaba el número de propietarios. Y tiene razón el articulista, pues hacer cien mil nuevos propietarios agrícolas representa extraer de la masa campesina -que está en actitud revolucionaria de conquista de la tierra- a esas cien mil personas y traspasarlas al sector de los propietarios y defensores del sistema capitalista y de la empresa privada. ¿Es acaso éste un cambio revolucionario?