Labor Parlamentaria

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, el Senador y compañero Luis Corvalán confirmó en su discurso de ayer la posición del Partido Comunista, ya conocida, con relación al proyecto de reajustes y expuso con amplitud los fundamentos de nuestro voto favorable en este trámite, sin perjuicio de que rechacemos diversas disposiciones lesivas para los intereses de los trabajadores, y sin perjuicio, asimismo, de las indicaciones que a su debido tiempo formularemos, en el caso de que se produzca el trámite de la discusión particular.

El Partido Comunista defiende a los trabajadores.

El discurso del Honorable señor Corvalán, claro, denso, realista, contiene una síntesis de la política del Partido Comunista respecto de las materias de que se trata, y demuestra que la actitud de nuestra colectividad ha estado en esta ocasión, como siempre, inspirada en el propósito superior de defender los derechos y libertades del movimiento obrero y de satisfacer la urgente necesidad de otorgar un reajuste decente a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no puede dilatarse por más tiempo.

Mi propósito es referirme tan sólo a uno de los temas o aspectos más importantes vinculados al problema que estamos tratando en este momento.

El señor Presidente de la República pronunció anteayer un discurso muy extenso ante la Convención Nacional de la Producción y del Comercio, torneo que se realiza en estos instantes en Santiago. En su alocución, el señor Frei se dedicó fundamentalmente a exponer su labor de tres años de Gobierno, de la mitad de su período, y a exaltarla en términos realmente ditirámbicos. Los señores Senadores conocen y han leído el texto de ese discurso no dispongo de suficiente tiempo para referirme a todas las afirmaciones que contiene en su primera parte, pero podría decir que el Jefe del Estado cantó un himno a su obra, describiendo al país en una condición de excepcional progreso y crecimiento. Al leer sus palabras es lícito pensar que parece estar aludiendo a otro país, porque sus expresiones chocan violentamente con la realidad que ve y padece cada chileno y cada chilena.

Resulta increíble que los actuales gobernantes sean incapaces de autocrítica seria y profunda. Dicen que en el pasado los dioses cegaban a quienes querían perder; ahora los privan de su capacidad de autocrítica. Los gobernantes de hoy tienen verdadera predilección por el sensacionalismo y la exageración demagógica, que, evidentemente, no pueden servirles de brújula en medio de una compleja y muy difícil situación económica, política y social por que atraviesa el país.

Es cierto que el señor Frei, aunque débilmente y con reservas implícitas, se refirió también a tal situación, cuando dijo: "Sin embargo," de todo lo anterior, del bello panorama que expuso a la nación "sería vano desconocer que el país vive una grave inquietud y se enfrenta a muy serios problemas de todo orden". Y más adelante confirmó estas palabras en los siguientes términos: "Es claro que este cuadro presenta también graves problemas y sombras amenazantes".

Somos partidarios del desarrollo económico independiente.

El Partido Comunista es fervoroso partidario de impulsar el desarrollo económico de la nación. El desarrollo económico de Chile es una necesidad impuesta por la historia, es una necesidad que requiere solución urgente; es reclamado clamorosamente por la clase obrera, por los campesinos, por las clases medias; es una preocupación nacional y patriótica. Pero, ¿de qué desarrollo se trata? Para que el desarrollo económico cumpla sus funciones es indispensable que se sustente sobre ciertas y determinadas normas, a fin de que sea eficaz. No basta el desarrollo material. Es necesario que el desarrollo se produzca y se realice en toda su integridad: desarrollo material y cultural, democratización de las instituciones y, fundamentalmente, que conduzca al bienestar del pueblo.

La grave inquietud y las sombras amenazantes que reconoce el señor Presidente de la República, que prevalecen en la actualidad, emanan precisamente de que la política del Gobierno en esta materia no tiende a los objetivos que acabo de mencionar, sino que los contraría abiertamente. Me referiré tan sólo a uno de ellos: al bienestar popular.

Las reclamaciones de los trabajadores son justas.

En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a innumerables representantes de organizaciones sindicales y gremiales. ¡Cuántas quejas, cuántas reclamaciones, cuántas protestas escuchamos respecto de la política que ellos están sufriendo y que ha sido impuesta por la Democracia Cristiana! A nuestro juicio, los trabajadores tienen razón. Los sueldos, los salarios y las pensiones han bajado en valores reales, y nadie puede negarlo. La pérdida de su poder adquisitivo es un hecho absolutamente indiscutible. La estructura del presupuesto de millones de familias chilenas ha debido ser modificado en los últimos años, sacrificando consumos indispensables para poder comer apenas. El salario mínimo obrero es de hambre. El sueldo vital no tiene nada de vital. El reajuste que se ofrece mediante este proyecto es mezquino. Además, en las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de escuchar la denuncia que formularon diversos gremios en el sentido de que el Gobierno ha desconocido y pisoteado convenios solemnemente pactados y suscritos por hombres de Gobierno, como en el caso de los maestros, los trabajadores de la Salud, el personal de Correos y Telégrafos y otros.

Pauperización de los trabajadores.

El hecho predominante en la situación actual es, pues, la pauperización de las masas trabajadoras: obreros, campesinos, empleados, pequeños comerciantes o industriales, artesanos y otros sectores de Los clases medias, ¿Qué poder de convicción pueden tener las estadísticas que se exhiben con tanta fruición por los representantes del Gobierno, si el incremento de la producción obtenido durante algunos años se alcanzó mediante el sacrificio de la fuerza productiva por excelencia: los trabajadores? La inquietud y las sombras amenazantes provienen, precisa y necesariamente, de esta situación pavorosa.

El pueblo no puede ni quiere seguir viviendo en las condiciones de creciente deterioro de sus ingresos reales y de una redistribución injusta del ingreso nacional. El paro del 23 de noviembre del año pasado y los combates de los sectores público y privado, que están en pleno auge, demuestran que es más peligroso que lo que se supone seguir por el camino actual. Las medidas de represalia, los procesos, los encarcelamientos, los despidos, las agresiones contra los huelguistas y manifestantes son armas que no hacen sino agravar los actuales conflictos.

En consecuencia, los comunistas acusamos al Gobierno democratacristiano de ser responsable de los materiales explosivos que están acumulándose en la situación social del presente; y ante todo, lo acusamos de ser culpable de la degradación del nivel de vida de los más amplios sectores de la masa trabajadora.

El señor Frei reconoce en el discurso mencionado que el producto bruto ha descendido, lo cual revela que la economía se despeña hacia la agravación de la crisis actual. Expresa que a él le duele dicha rebaja, que ha caído al uno por ciento, o, tal vez, menos. Pero no se condolió de que, por culpa de su Gobierno, el pueblo coma menos en las circunstancias actuales.

La crisis económica: la inflación.

Este estancamiento o recesión se produce precisamente cuando los grandes monopolios nacionales y extranjeros han obtenido las más altas utilidades y los privilegios más exorbitantes, como, por ejemplo, los contenidos en los llamados convenios del cobre y otros. Entretanto, a los trabajadores se les ofrece un reajuste notoriamente insuficiente, y ello a pretexto de que hay que frenar la inflación, tratando de aterrorizar al país con el espectro de ella.

El Honorable señor Aylwin, en su discurso de ayer, dijo:

"La política programada por nuestro Gobierno para detener el proceso inflacionario se ha quebrado porque, en el hecho, los reajustes que han obtenido los trabajadores en este período han sido superiores a los que se habían previsto".

Y más adelante agrega:

"Parece evidente que hemos llegado a un punto en que la redistribución de ingresos hecha en estos tres últimos años a favor de los trabajadores debe tener un alto".

Estas afirmaciones del Honorable señor Aylwin tuvieron me parece una respuesta anticipada en el discurso, que mencioné al comienzo, del Honorable señor Luis Corvalán, Secretario General de nuestro partido, y no voy, naturalmente, a repetirla. Sin embargo, conviene establecer que la famosa teoría del círculo infernal, según la cual el aumento de sueldos y salarios trae inexorablemente la elevación de los precios, hace ya tiempo que está desacreditada y se encuentra caduca, por la sencilla razón de que es apologética y no científica, como lo demuestran tanto la experiencia del mundo capitalista como la nuestra.

La clase obrera no es culpable de la inflación.

En la sesión de ayer, el Honorable señor Corvalán expresó que los trabajadores no son culpables de la influencia, y yo, por mi parte, aprovecho ahora para subrayar esa afirmación como tesis fundamental.

Los precios pueden subir sin que se aumenten los sueldos y salarios. Por el contrario, pueden bajar aun cuando las remuneraciones se mantengan inalterables o se aumenten.

Todas las especulaciones sobre la espiral inflacionista, que responsabiliza a los trabajadores de ese fenómeno, tienden a justificar la aplicación más a fondo de las brutales leyes del capitalismo, a fin de ahondar la explotación y opresión de los asalariados bajando el precio de la fuerza de trabajo.

Negarnos, pues, que el Gobierno democratacristiano haya aplicado realmente una política antifl acionista. El propio proyecto que consideramos en estos momentos lo demuestra, en especial por su financiamiento y por el enorme aumento del impuesto indirecto a las compraventas.

Caída de la producción.

La Democracia Cristiana no niega más bien lo afirma, y esto constituye uno de los planteamientos fundamentales con que trata de defender esta iniciativa, que concita las críticas de los más diversos sectores que desea restringir o, más bien, seguir restringiendo, el consumo de las masas. Pero resulta que la disminución del mercado interno, de la capacidad de compra, ha traído una consecuencia inexorable : la caída de la producción.

Ciertamente, el Gobierno actual no ha sido original en esta materia. Se ha contentado tan sólo con repetir con obcecación la fracasada experiencia de administraciones anteriores, inspiradas, corno todos sabemos, en la receta de la Misión KleinSaks y en las fórmulas del Fondo Monetario Internacional.

El Honorable señor Aylwin reconoció que los Gobiernos de los doce años anteriores a la "era" democratacristiana, en su supuesto afán antinflacionista, otorgaron reajustes inferiores al aumento del índice de precios al consumidor. Pero fracasaron en su gestión y la inflación siguió agravándose.

El proyecto que consideramos, como es fácil comprobarlo, no aumenta los sueldos, ni los salarios ni las pensiones: solamente reajusta esas rentas a la capacidad adquisitiva da 1967. Ello no significa, de manera alguna, que el reajuste mantenga el nivel de vicia de que gozaba la población durante el año anterior.

Son innumerables las razones que abonan este planteamiento. Veamos las principales.

En primer lugar, cuando no se trata de índices parciales de precios al consumidor, sino del nivel de vida de la población, es necesario tomar en cuenta el conjunto de ésta, es decir, a los trabajadores como clase. Debe considerarse, por consiguiente, no sólo a los que trabajan, sino también a los desocupados. Los cesantes, que suman centenares de miles y están absolutamente abandonados por el Estado y los patrones, han sido empujados a un nivel de vida subhumano y su consumo alcanza apenas para sobrevivir.

Asimismo debe tomarse en cuenta otro sector de la clase obrera: al sector pasivo, a los jubilados y, en particular, los pensionados del Servicio de Seguro Social. No dispongo de tiempo para comentar ampliamente este asunto; pero, por lo menos, permítaseme recordar a Sus Señorías que en el texto del informe elaborado por las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, aparecen datos que configuran la magnitud de la injusticia cometida con esa modesta gente. Las pensiones de invalidez y vejez ascienden a 172,99 escudos. Estas rentas deberían subir, de acuerdo con la ley 10.383, que estableció un reajuste de 37%, a 237 escudos. Pero resulta que el proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, aumenta tan sólo en 30% esas pensiones, con lo cual la cifra mencionada disminuye a 224,89 ascudos. Por último, si se aplica la norma del primitivo artículo 110, propuesto por el Gobierno, en 1968 las pensiones por invalidez y vejez ascenderían sólo a 205,44 escudos, en lugar de 237. No hay palabras para condenar esa actitud de desprecio inhumano para con este vasto sector de trescientas mil familias que perciben pensiones del Servicio de Seguro Social.

En tercer lugar, es un hecho que la productividad ha aumentado notoriamente durante los últimos años y que los beneficios de ello han sido acaparados por los capitalistas, en especial por las grandes empresas nacionales y extranjeras.

También abona nuestra afirmación la circunstancia de que el porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor es inferior al de la inflación real, como muchas veces se ha demostrado en esta Sala.

Por último, cabe señalar que el reajuste ofrecido, aunque fuera para todos de 21,9%, es un aumento puramente nominal, pues sufre innumerables descuentos con motivo de impuestos que se reajustan automáticamente todos los años, imposiciones provisionales, etcétera. ¡ Imaginen Sus Señorías qué quedará de este mezquino reajuste si el impuesto a la compraventa sube en porcentaje enorme con relación a las tasas en vigencia! Por término medio, probablemente aumente, de 15%, a 20%, lo cual significa una inmensa exacción para los escuálidos ingresos de los trabajadores, para la gente modesta que constituye las nueve décimas partes de la población y, por consiguiente, consume en esa misma proporción bienes gravados por los impuestos a la compraventa, lo cual viene a significar que aporta las nuevas décimas partes del producido de ese tributo.

A propósito de rendimiento, sabemos que el Gobierno ha calculado en 178 millones de escudos el proveniente del impuesto a la compraventa, en circunstancias de que para completar la provisión de fondos para financiar el reajuste se necesitan poco más de doscientos millones de escudos. Ello demuestra que el proyecto, en esta parte, se financia casi exclusivamente sobre la base del gravamen mencionado. A nuestro juicio, ello es verdaderamente irritante.

El Gobierno está, pues, empeñado en aplicar una política inhumana de creciente pauperización y miseria de la clase trabajadora.

¿Será posible, en tales circunstancias, salir del marasmo e impulsar el incremento de la economía nacional? La rebaja del poder de compra de la población es, precisamente, el ingrediente más eficaz para ahondar la crisis económica que padecemos. Por eso vemos que la inflación se ha desbocado y crea sombrías amenazas, por cuanto el Gobierno enfoca el problema de una manera falsa, pues no ha actuado sobre las verdaderas causas del fenómeno.

A nuestro juicio, es imposible levantar al país de la postración y fomentar el crecimiento de sus fuerzas productivas; si el sistema económico sigue sometido a los intereses de los grandes monopolios nacionales y extranjeros; si el imperialismo impone al país una hemorragia de divisas por las cuantiosas utilidades que le rinden sus empresas e inversiones y por los intereses y amortizaciones de sus empréstitos y créditos; si el valor de nuestra moneda baja aceleradamente, pues el escudo es prisionero del dólar, que se debate en una grave crisis del sistema monetario capitalista; si se sigue tolerando la fuga de capital; si, en fin, se mantiene la selva de franquicias tributarias que favorece a los poderosos y se otorga a éstos nuevos y más irritantes privilegios a expensas del país.

Ninguno de estos: problemas se ha encarado. Por el contrario, la política del Gobierno democratacristiano se ha caracterizado por defender de la inflación a los magnates y arrojar a las llamas de ella a los trabajadores.

El artículo 298 del proyecto en debate otorga el derecho a revalorizar los activos, previo pago de un mísero impuesto, con lo cual se alivia a los poderosos de su carga tributaria y se les permite, al mismo tiempo, burlar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, reconocido por el Código del Trabajo.

En el impuesto sobre la renta mínima presunta, más conocido con el nombre de patrimonial, se rebajó el impuesto de primera categoría, de 20%, a 17%. Al mismo tiempo que, mediante el veto, se rechazó la disposición aprobada por el Senado, según la cual, en lo que respecta a obreros

y empleados, el impuesto se pagaría tan sólo sobre los sueldos y salarios imponibles.

Está claro, pues, que estamos en presencia de una política de clase, de una escalada contra obreros, empleados y pensionados; es decir, ante una ofensiva contra el nivel de vida de los trabajadores chilenos.

Mientras el Gobierno mantenga su política de asociación con el imperialismo como si éste tuviera interés en promover nuestro desarrollo y de conciliación con la Derecha, que trata de imponer ritmo lento a la reforma agraria y a la aplicación de otras disposiciones legales, resultará incapaz de fomentar el verdadero desarrollo independiente y el bienestar del país.