Labor Parlamentaria

El señor MAURAS (Presidente accidental).

Tiene la palabra el Honorable señor Contreras Labarca.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, intervengo en este debate conmovido profundamente por las impresiones recogidas en el escenario mismo de los trágicos sucesos del 9 de marzo en Puerto Montt.

Me trasladé a esa ciudad horas después de tener noticias de la masacre y permanecí allá durante toda la semana. Tomé contacto con muchas personas e instituciones y principalmente, por cierto, con los pobladores. Concurrí a los funerales de las víctimas y asistí a las innumerables reuniones celebradas en la Intendencia, servida hoy por el Coronel Espinace.

Conversé con el Fiscal Militar, señor Meehrsohn; con el director del hospital, doctor Leoncio Leiva, y con otros médicos. Visité a los heridos, muchos de los cuales aún permanecen internados. La dirección regional de mi partido y su secretario, el compañero Enrique Figueroa, por su parte, me proporcionaron valiosos antecedentes.

Todas estas informaciones, y muchas otras, me autorizan para sostener ante el Senado que soy portador de un vasto conjunto de datos que me han permitido formarme un juicio completo y objetivo de los hechos.

Ante todo, debo confesar a la Corporación que todavía no puedo reponerme del golpe emocional que sufrí al tomar contacto con los pobladores, con los hombres, mujeres y niños que habían vivido las horas dramáticas del ataque de que fueron víctimas en Pampa Irigoin.

Al escuchar las sencillas palabras con que los pobladores me narraban los hechos y al mirar el semblante de esos hombres curtidos por el trabajo, de esas mujeres modestas que han vivido una existencia de privaciones y sufrimientos y de esos niños que eran y son el reflejo de las consecuencias espantosas de un régimen que agota a la infancia de este país, espontáneamente llegué a la conclusión de que esos hombres, mujeres y niños no podían ser culpables de los crímenes que les ha imputado el Gobierno, al señalarlos como responsables de esos hechos...

El señor MAURAS (Presidente accidental).

Señor Senador, ¿me permite una interrupción?

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Sí, señor Presidente.

El señor MAURAS (Presidente accidental).

El Honorable señor Altamirano me ha solicitado plantear ahora, cuando hay número en la Sala, la publicación "in extenso" del discurso pronunciado por el Honorable señor Allende.

Solicito el asentimiento del Senado para proceder en esa forma.

El señor ALTAMIRANO.-

Y el debate en general.

El señor MAURAS (Presidente accidental).

Lo relativo al debate será resuelto cuando proceda.

El señor ALTAMIRANO.-

Pero también formulo petición en ese sentido, para que no se cree confusión.

El señor MAURAS (Presidente accidental).-

Ahora someto al pronunciamiento de la Sala la publicación del discurso del Honorable señor Allende. En otro momento planteará la Mesa la del resto del debate.

Si le parece al Senado, se publicará "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Allende.

Acordado.

Muchas gracias, señor Senador. Puede continuar Su Señoría.

Palpando la verdad de los hechos.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, continuando con mis palabras iniciales, puedo decir, además, que, cuando se recogen en la ciudad, en los diversos círculos de Puerto Montt, informaciones fidedignas acerca de los hechos, se llega inevitablemente a la conclusión de que las afirmaciones del Gobierno y en particular las del Ministro del Interior, señor Pérez Zujovic, son absolutamente falsas.

En aquella ciudad no se encuentra ningún antecedente que pudiera dar siquiera la apariencia de justificación a las medidas represivas e insólitas impuestas en Puerto Montt por el señor Pérez Zujovic por medio del Intendente subrogante Pérez Sánchez y del Cuerpo de Carabineros.

De todas partes, como en el seno de las organizaciones populares, no sólo surgen voces de dolor y de congoja, lo que es humanamente comprensible, sino también expresiones de la más terrible condenación para los autores de esos sangrientos acontecimientos.

Basta examinar, en términos generales si se quiere, todo el caudal de informaciones que es posible presentar ante el Senado, y que en parte ya lo ha sido, para comprender que la actitud del Gobierno no tiene justificación y que los trabajadores la Central Unica de Trabajadores de Puerto Montt, sus organizaciones de base e innumerables otras entidades de obreros, campesinos, empleados, etcétera recogen un sentimiento público de profunda condenación. Tanto dolor, ha creado en algunos sectores de los trabajadores una actitud de congoja; yo diría más, de asombro, porque es difícil para aquellos ciudadanos humildes comprender que haya habido en Chile, en el Gobierno de esta República, alguien con el coraje de dar órdenes para asesinar a seres humanos.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar ante el Senado el homenaje sentido, sincero y emocionado del Partido Comunista de Chile hacia los muertos, heridos y demás víctimas que cayeron en la Pampa Irigoin de Puerto Montt. No hay duda de que quedará escrito en la historia de las luchas sociales de este país que un Gobierno que prometió una revolución en libertad no sólo no ha efectuado cambio alguno que modifique a fondo la estructura de la actual sociedad, sino que, por lo contrario, ha perpetrado contra el pueblo y la clase obrera las persecuciones y los crímenes más implacables, que han culminado con la espantosa matanza del 9 de marzo en curso, de la cual es culpable directo el Ministro del Interior señor Pérez Zujovic, cuya salida del cargo que desempeña es exigida perentoriamente por todo el país.

Condenación general del crimen.

Yo podría presentar ante el Senado innumerables declaraciones de entidades, tanto de la Izquierda como de otros sectores, con relación a estos sucesos, y también algunas emanadas de los propios círculos del partido de Gobierno. Pero como muchas de ellas son conocidas, quiero tan sólo referirme a la que hace pocas horas se ha publicado a este respecto, emanada de una organización popular dirigida por militantes del Partido. Demócrata Cristiano: la Confederación de Trabajadores Agrícolas "El Triunfo Campesino", que hace pocos días realizó un gran congreso, en que estuvieron representadas diecisiete federaciones provinciales, desde Atacama a Osorno.

En parte, esa declaración dice lo que los señores Senadores van a escuchar:

"La ocupación de sitios de Puerto Montt se debió a la necesidad de muchas familias de contar con un sitio donde vivir, porque en esa ciudad no ha existido de parte de las autoridades preocupación por solucionar el problema habitacional de los trabajadores.

"Rechazamos firmemente la actuación de Carabineros que hizo uso de armas de fuego dejando nueve personas muertas y varios heridos a bala y golpes contundentes. Los campesinos conocemos el comportamiento de Carabineros en otras oportunidades, sabemos cómo se comportan cuando protegen la propiedad privada de los patrones y cómo se comportaron con los latifundistas...

"Protestamos por la actuación del Ministerio del Interior en estos sucesos, especialmente por la del señor Edmundo Pérez Zujovic. La mano dura del señor Edmundo Pérez ha ido siempre contra los campesinos, los obreros, los estudiantes y ahora los pobladores. ¿Dónde está la mano dura cuando los patrones balean campesinos, los echan a los caminos, persiguen los dirigentes o desconocen las actas de avenimiento?

"Pedimos al Supremo Gobierno que saque al señor Pérez Zujovic del Ministerio del Interior y ponga en su lugar una persona que sepa conversar con el pueblo y respete el derecho a la vida de todos los ciudadanos, porque no queremos ver en el futuro a campesinos muertos por luchar en defensa de sus intereses legítimos y sagrados."

Agrega el documento:

"Atentar contra la vida a nombre de la propiedad privada y el orden constituido es poner al hombre por debajo de las cosas. Los campesinos le recordamos al Presidente que votamos por un Gobierno Popular que respetara los derechos de la persona humana. Si cayeron nueve vidas que deseaban un techo donde vivir, en el Gobierno de la Revolución en Libertad, pedimos al Presidente Frei que castigue a los funcionarios responsables de la angustia de los pobladores, que no supieron darle una solución a sus problemas, y que cambie al Ministro del Interior y ponga en su lugar alguien que sepa hablar y escuchar al pueblo."

Y termina así:

"Queremos que la tierra de Chile sea regada con el agua de sus ríos para hacerla producir en beneficio de todos. No queremos que nuestra tierra sea regada con sangre de su pueblo".

A pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde las esferas oficiales y por algunos diarios, no se ha podido mantener en pie la desvergonzada patraña de la prensa reaccionaria que propaló la especie de que se trataba, en Puerto Montt, de una "insurrección marxista" o de "una asonada revolucionaria". Tampoco se ha logrado convencer a nadie de que el Gobierno estaba obligado a hacer respetar las leyes y el principio de autoridad ante el delito de usurpación de terrenos de propiedad particular que habría sido perpetrado por los pobladores.

La dramática realidad social de Llanquihue.

En su reciente discurso por cadena radial, al afirmar que desde enero de 1968 hasta marzo de 1969 hubo en Puerto Montt numerosos actos de toma de terrenos, el señor Pérez Zujovic no hace más que reconocer la existencia en aquella ciudad de un gravísimo problema que las autoridades tenían la obligación de atender y resolver con medidas adecuadas. Sin embargo, lo que reconoce el señor Pérez Zujovic es sólo una parte de la verdad. En Puerto Montt, así como en toda la extensa provincia de Llanquihue en Puerto Varas, Estación Llanquihue, Fresia, Calbuco y otras partes, este problema está vivo y candente desde hace largo tiempo y se agravó como resultado de los sismos de 1960, principalmente por la increíble negligencia en que han incurrido tanto el Gobierno del señor Alessandri como el del señor Frei, al no adoptar medidas urgentes, inmediatas y de fondo para afrontar y resolver la crisis que afectó y sigue afectando a las provincias del sur.

A este respecto, debería recordar que los Senadores de la antigua Novena Agrupación, después de visitar Valdivia, tomamos la iniciativa para encontrar el mejor camino, luego de consultar a los interesados, a fin de encarar esa crítica situación y evitar, por lo tanto, el desencadenamiento de acontecimientos que, sin duda, estaban en la conciencia de todos los ciudadanos, como consecuencia de la crisis. Elaboramos un proyecto tendiente a la creación del Instituto CORFO Austral, el cual fue presentado a tramitación con la 'firma de los cinco Senadores de la zona. También debemos dejar constancia de que el Gobierno y el partido que lo sustenta sepultaron esa iniciativa legal en la Cámara de Diputados y no le han dado hasta el momento tramitación alguna.

La carencia de habitaciones, no sólo en

las ciudades, sino también en los campos, se ha venido transformando en verdadera catástrofe, que ha creado una situación de desempleo que afecta a miles y miles de familias que no tienen pan y se encuentran en situación realmente desesperada. Es efectivo que el Gobierno ha contraído allí pero con una lentitud extrema algunas poblaciones. En todo caso, son del todo insuficientes para satisfacer las necesidades, aparte de que muchas de ellas son de pésima calidad y ni siquiera cuentan con los servicios más indispensables, como agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y otros. Es cierto también que a raíz de los sismos el Gobierno del señor Alessandri construyó los llamados "barracones", construcciones primitivas, elementales, que imponen a sus habitantes una condición de vida infrahumana. Ellos fueron levantados para un período breve, de algunos meses, y todavía existen, como lo puede ver cualquier persona, en la parte alta de la ciudad de Puerto Montt, donde numerosas familias de la más humilde condición están sufriendo, desde hace nueve años, esas terribles formas de vida, a la espera de que se cumpla el compromiso que contrajo el Gobierno de hacer desaparecer tales barracones, porque constituyen una vergüenza para las ciudades. No sólo en Puerto Montt existen esas construcciones, sino también en otros puntos del país.

Las informaciones del Gobierno, interesado en confundir a la opinión pública, dan a entender que la ocupación de terrenos en Pampa Irigoin, ocurrida el 9 de marzo último, era un hecho insólito, que había causado alarma. ¡Señor, esto es una falsedad! La toma de terrenos no es ni en Puerto Montt ni en otras partes, ni siquiera en Santiago, un hecho nuevo, insólito o aislado.

Las circunstancias que todos los Senadores conocemos demuestran que, como resultado inevitable de la carencia de viviendas, porque las personas tienen necesidad de disponer de un hogar elemental para albergar a sus mujeres e hijos, se han visto obligadas, ante la indiferencia de las autoridades y de los burócratas democratacristianos, a buscar una solución por sí mismas.

Por otro lado, la ocupación de terrenos en Pampa Irigoin venía operándose desde días antes del 9 de marzo, en forma paulatina y progresiva. Ello ocurría a la luz del día y, además, con el conocimiento y tolerancia del dueño de los terrenos. Por último, era un hecho del todo conocido tanto por las autoridades de Puerto Montt como por las de Santiago.

Problema social, no policial.

Frente a una situación de esa naturaleza, ¿qué actitud corresponde a la autoridad? Si en el Gobierno prevalecen como se comprueba cada día más claramente las opiniones y los juicios de la reacción; si sobre los círculos superiores del Ejecutivo predominan las normas que emanan del diario ultrarreacionario de Santiago, "El Mercurio", es evidente que, ante la noticia de la ocupación de Pampa Iriogin, estaban en presencia de un hecho simplemente policial. Es lo que dice precisamente un editorial de "El Mercurio": "Se trata de un hecho policial". ¡Pero, señor! Un Gobierno que se dice propulsor de ideas modernas para hacer de Chile un Estado moderno, como lo pregonan los propagandistas democratacristianos, ¿puede atenerse a semejante juicio, que revela una concepción arcaica y pasada de moda, muy propia de otros tiempos, cuando prevalecía, sin contrapeso, la oligarquía en el Poder?

Los hechos que hemos conocido demuestran que la ocupación de Pampa Irigoin fue un fenómeno social. Y ante un fenómeno de esta naturaleza, ¿qué actitud corresponde a un Gobierno que se dice verdaderamente popular? ¿Mandar carabineros, 250 funcionarios policiales equipados con armas ultramodernas y automáticas y, además, con orden de matar? ¿No era más lógico suponer que en las esferas oficiales se pensaría que, tratándose de enfrentar un problema social, debían enviarse las personas que el Estado y los contribuyentes pagan para resolver tales problemas? ¿No hay una serie de entidades de un Ministerio encargadas, precisamente, no sólo de intervenir, sino aun de prever hechos que corresponden a la naturaleza de las funciones que, por ley, están obligadas a cumplir ?¿ Por qué se enviaron policías ante un suceso que caía perfecta, necesaria y obligatoriamente dentro del ámbito de acción de funcionarios del orden civil?

Me veo obligado, una vez más, a citar a "El Mercurio". Precisamente en su editorial de ayer, ese rotativo hizo alusión a la actitud de negligencia de los funcionarios encargados de los problemas de la vivienda. Reprochó a los democratacristianos que son burócratas insensibles y no cumplen con sus deberes ni con la ley. Y es un diario que, como todos sabemos, a cada momento acude en defensa del Gobierno del señor Frei, porque cada día más se comprueba que representa los intereses fundamentales de la clase que ese periódico ha defendido y sigue defendiendo en este país.

Uno se podría preguntar: ¿acaso esos funcionarios no actuaron por carecer de sitios? Señores Senadores, tengan la bondad de leer el discurso pronunciado por cadena radial por el Ministro señor Pérez Zujovic. Allí encontrarán la declaración abismante de que en Puerto Montt existían antes de la masacre y todavía siguen existiendo 745 sitios listos para ser destinados a la radicación de otras tantas familias que claman día y noche por que les den un pedazo de terreno para construir su vivienda. Mis informaciones señalan que los sitios existentes en Puerto Montt alcanzan a 875. Por otro lado, con mis propios ojos vi en la Población

Mirasol que él Intendente subrogante y Jefe de la Plaza, en pocas horas, envió funcionarios para demarcar sitios de una superficie de 10 metros por 20, destinados precisamente a las 91 familias a las que tocó presenciar los acontecimientos de Pampa Irigoin.

También se podría pensar que el Gobierno no tiene dinero; no está en condiciones de ubicar a esa gente, porque piden tanto, piden casa, calles, agua potable. Pero apenas se supo que las 91 familias estaban siendo trasladadas a Pampa Mirasol, el Jefe de la Plaza dispuso, en virtud de sus facultades, la compra de madera, cinc, clavos y otros elementos, a fin de entregarlos a los pobladores para que construyeran sus casas. Es decir, ha ocurrido un hecho sensacional: a consecuencia de los sucesos, los carabineros arrebataron a esas personas sus herramientas de trabajo, como martillos, serruchos, palas, chuzos, etcétera, y las enviaron al fiscal militar, pues las calificaron de armas empleadas en el supuesto ataque a las fuerzas policiales. Entonces el Coronel Espinace ordenó comprar de inmediato en el comercio todas esas herramientas para ponerlas a disposición de los pobladores.

Morir para conquistar una vivienda.

Parece increíble que todo esto ocurra en un país, no digo civilizado, sino medianamente organizado. ¿Cómo es posible haber esperado asesinar a nueve personas para que en seguida la Intendencia adoptara resolución en el sentido de entregar nueve sitios a sus viudas? ¿Cómo es posible haber llegado a la hecatombe de Puerto Montt para que las autoridades hayan descubierto la Pampa Mirasol, la hayan delimitado y dado facilidades a fin de que esas 91 familias construyan allí sus humildes chozas? ¡En este país una persona debe morir para que sus descendientes tengan derecho a un hogar!

Todos estos antecedentes demuestran de manera absolutamente irredargüible que el asalto a Pampa Irigoin por los carabineros era totalmente innecesario, improcedente e injustificado, además de ser ilegal y, en el hecho, un' crimen.

Lo sucedido en Puerto Montt presenta otros aspectos que no es posible dejar de subrayar. Es perfectamente legítimo sostener que en la conciencia del IntendentePérez Sánchez, al ordenar cumplir la orden de desalojo, previendo que los incidentes podrían alcanzar a los extremos que realmente alcanzaron, pesara un propósito de venganza personal contra el regidor y Diputado electo, compañero Espinoza, que, como se ha recordado aquí, denunció en el momento oportuno, al igual que el diario "El Siglo", que un pariente de aquel personaje siniestro era responsable de un homicidio.

El Gobierno pudo resolver el problema.

En verdad, los hechos demuestran que el Gobierno no tenía ningún interés en resolver el problema planteado en Pampa Irigoin. Como he indicado, había otros caminos y otros métodos, como era ordenar a los funcionarios de CORVI y CORHABIT de Puerto Montt realizar este tipo de faenas, que, por lo demás, están dentro de sus obligaciones. Indudablemente, el objetivo del Gobierno no era superar la dificultad. Perseguía otros propósitos siniestros e inconfesables que, evidentemente, el país deberá analizar y poner al descubierto ampliamente, no sólo por lo que acabo de expresar, sino, además, porque uno de los rasgos característicos de la posición del MinistroPérez Zujovic es hacer una explotación indigna, de tipo político, contra los partidos de Izquierda en el planteamiento de estos asuntos. Es él quien pretende sacar provecho político de estos sucesos que nosotros lamentamos profundamente.

El Ministro afirma también que, de acuerdo con las funciones que le compe

ten, estaba obligado a reprimir un supuesto delito de usurpación de terrenos ajenos por parte de los pobladores, y que él no podía dejar de respetar la ley o las normas que rigen un Estado de Derecho, como acaba de recordar el Honorable señor Allende. Si ello fuera cierto, ¿cómo explica el señor Pérez Zujovic y el Gobierno que el día sábado en la mañana fuera enviado a Pampa Irigoin el Mayor Rodríguez? Y este oficial, seguramente obedeciendo órdenes en ese sentido, no fue solo: se dirigió al hogar del Diputado electo, compañero Espinoza, para rogarle que juntos fueran a visitar a los ocupantes del predio señalado. Comprendo que Rodríguez llevara en secreto un plan que, ciertamente, no reveló a Espinoza, aunque sabía el alcance que ante los pobladores tendría la gestión amistosa. Dicho oficial, como se sabe, realizó un empadronamiento de los vecinos, enumeró las familias, detalló sus hijos por sexos y hasta recomendó, con una sonrisa en los labios, que no olvidaran construir calles derechas y qué sus chozas estuvieran bien ubicadas, dando la certidumbre de que podían continuar la construcción de sus viviendas sin que los amenazara ningún riesgo de parte de las autoridades.

Verdadera trampa contra los pobladores.

Lo que ocurrió después revela que la misión encomendada al Comisario Rodríguez fue una trampa infame tendida a los pobladores: les dio a entender que no estaban expuestos a riesgos ni peligros, cuando, en realidad, aquel proceder tenía por objeto hacer una inspección previa y, además, sorprenderlos desprevenidos con el ataque que seguramente ya se había planeado en todos sus detalles.

Por otra parte, a esa hora ya se había acordado adoptar la medida de detener al regidor y Diputado electo Espinoza. Con seguridad, los documentos respectivos ya se habían elaborado. Por ello, la referida detención se produjo horas antes del asalto, a medianoche o en la madrugada del domingo siguiente. El apresamiento, como todos sabemos, fue un nuevo acto arbitrario y abusivo, ya que, llevado ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, Espinoza fue puesto de inmediato en libertad por no existir siquiera apariencia de delito.

Cuando se insiste en la comisión del delito de usurpación de terrenos por parte de los pobladores, es conveniente dejar constancia de que ninguno de los integrantes de las 91 familias está preso o sometido a proceso. Respecto de ninguno de ellos el fiscal militar ha señalado cargo alguno. Después de declarar ante esa autoridad judicial, todos han quedado en plena libertad, sin que sean sindicados con acusación alguna.

Además, ninguna persona, aun las que ignoran los principios de la ciencia jurídica, podría creer que hay delito ante un hecho como el que se ha narrado tantas veces en esta Sala, ya que fue un acto abierto, no oculto; pacífico, pues la ocupación se realizó sin violencia; no se hizo en un instante, sino que se efectuó gradualmente, durante varios días. Más aún, lo conoció el dueño del terreno, además de Carabineros y la Intendencia. Por otra parte, cuando estuvo en el lugar el Comisario Rodríguez, jamás habló de desalojo o de quebrantamiento de la ley por parte de los pobladores. Por eso resulta sencillamente absurdo pretender engañar a la opinión pública tratando de hacerle creer que los pobladores podrían ser objeto de cargos por comisión de algún delito. En cambio, está a la vista que el Ministro del Interior, el Intendente de la provincia y las autoridades policiales han quebrantado la ley, pues en este país no se puede matar sin razón a la gente y, además, porque no siendo delito la ocupación del terreno, las autoridades sólo tenían la facultad legal de acudir a la justicia para denunciar los hechos, a fin de que ella resolviera. En Chile, a pesar de los tintes despóticos que está adoptando el Gobierno de la Democracia Cristiana, aún existe el Poder Judicial, y es a éste a quien corresponde la facultad, que no pertenece al Ejecutivo ni a sus subordinados, de resolver conflictos de esa índole, con mayor razón si se trata de un asunto que, según algunos jurisconsultos, ni siquiera es de orden criminal, sino civil. Por consiguiente, los pobladores han sido víctimas de un atropello a la ley y a la Constitución del país por parte del actual Gobierno. Y la responsabilidad debe perseguirse hasta sus últimas consecuencias, porque es necesario poner fin a la degeneración que se está produciendo en materia de facultades, particularmente de orden represivo, que el Ejecutivo viene usurpando desde hace largo tiempo, en perjuicio de los derechos sagrados y las libertades democráticas que el pueblo de Chile ha conquistado para sí.

Los pobladores ocuparon Pampa Irigoin y empezaron a construir sus casas. ¡Imaginen los señores Senadores cuál sería la sorpresa, la indignación de esa gente al verse súbitamente cercada en la mañana del domingo por una masa tensa, por un escuadrón de carabineros provistos, como he dicho, de armas automáticas, y después, cuando cayó sobre ellos el azote brutal de la represión!

Acción de guerra: incendio y balas.

Llegaron los carabineros. ¿Green los señores Senadores que hubo intimidación? No, señor Presidente. Entró la policía a la pampa para desalojar a los pobladores, e inmediatamente empezaron a incendiar las casas con la bencina que portaban. Se comprende que la gente haya reaccionado. Efectivamente, los propios pobladores me lo han dicho a mí, como seguramente lo habrán confesado al fiscal militar, que su impulso natural y humano fue proteger sus chozas, los incipientes hogares que estaban construyendo, y se defendieron con palos y piedras. Pero es evidente que la agresión y la violencia partieron del Cuerpo de Carabineros. La afirmación de que las viviendas fueron quemadas por los propios pobladores sólo revela cinismo y desvergüenza, porque es totalmente absurdo pensar que gente que se sacrificó tanto para levantar esas pequeñas chozas pudiera incendiarlas con sus propias manos; precisamente, estaban amparándolas con sus pechos frente a las armas de los carabineros.

Luego vino lo terrible: la lluvia de fuego que cayó sobre Pampa Irigoin. El sumario durará meses y meses, pero no hay dudas de que los disparos fueron innumerables y que barrieron las primeras filas de los pobladores; y no sólo a los de esa población, sino también a los de otras cercanas. En efecto, son muchos los heridos, y aun los muertos, entre personas que se encontraban a cierta distancia de Pampa Irigoin. Salieron a ver de qué se trataba cuando oyeron los disparos, y también hubo víctimas entre ellos.

Disparar a matar no es un medio racional.

Se ha dicho que los carabineros, al disparar sus armas, emplearon un medio racional para repeler la agresión de los pobladores. Es difícil concebir que haya gente capaz de sostener tal cosa: que se puede fusilar impunemente a la gente por el hecho de haber levantado una choza con la tolerancia de las autoridades. ¿Se puede matar impunemente? Pero veamos los hechos.

Respecto del problema de las armas, el Gobierno y el MinistroPérez Zujovic afirman que los pobladores dispararon sobre los carabineros. Tengo a la vista el texto de la declaración oficial del Intendente subrogante señor Pérez Sánchez, redactada a mediodía del domingo, o sea pocas horas después de ocurridos los hechos. No tengo tiempo para leerla, pero los señores Senadores pueden hacerlo. Y si bien es cierto que en ese documento se afirma que los pobladores tenían piedras, palos, hachas, armas de fuego y otros elementos contundentes, en ninguna parte de esa declaración, elaborada cuando la sangre estaba todavía fresca, se dice que los pobladores hubieran disparado o hubiesen caído heridos algunos carabineros. Se comprende que el Intendente, cuya personalidad conocemos, y que redactó el documento después de haber conocido directamente lo acontecido, no habría olvidado mencionar en él que los pobladores habían disparado sobre las fuerzas policía les. La afirmación de que aquéllos se defendieron a tiros es una mentira inventada en el Ministerio del Interior, en Santiago, y está desmentida por ese documento oficial del IntendentePérez Sánchez.

Pobladores no poseían una sola arma.

Pero, además, ¿acaso se encontró una sola arma en manos de los pobladores? No, señor Presidente. Las "armas" que se señalan en el sumario militar son, como he dicho, serruchos, martillos, chuzos, palas; y hasta ahora nadie ha podido exhibir una sola arma, propiamente tal, que hubiese estado en poder de los pobladores. Por lo demás, se trata de gente desocupada. ¡Imaginen Sus Señorías si dispondrían de recursos para comprar armas de fuego! A ello se agrega, además, que no se ha probado debidamente que algún carabinero esté herido de bala. ¡Ninguno! Es efectivo que José Rodrigo Henríquez López, sargento de Carabineros, tiene una herida en la pulpa del dedo índice de la mano izquierda, que le volaron un pedazo de pulpa. Como no soy médico, he consultado a los expertos en la materia, y me han asegurado que esa pequeña herida puede haber sido provocada por una bala. Es posible que los propios carabineros, en la locura, en el frenesí que los dominaba por disparar en todas direcciones, hayan herido a sus compañeros; pero estiman, también, que puede haber sido producida por otros instrumentos. Es decir, no hay certeza de que la herida a que me refiero fuera hecha por una bala y ella hubiese sido disparada por los pobladores.

Por otro lado, ninguno de los carabineros que se encuentran en el hospital de Puerto Montt, excepto el que he mencionado, está herido de gravedad. Permítame, señor Presidente, dar a conocer rápidamente este documento, en el cual aparecen los nombres de los carabineros heridos. Ellos son los siguientes: Viceprimero de Carabineros Mario Díaz Cárcamo, treinta y siete años, fractura pómulo izquierdo tal vez, éste es el más grave; Rubén Albornoz Maldonado, herida contusa en el cuero cabelludo, Juan Mansilla Sánchez, contusiones de labio, brazo y pierna; Luis Barrientes Villarroel, herida contusa en la mano, luxación de un dedo; Rigoberto Sáez Loncomilla, contusión en la mano derecha; Leonardo Oyarzún, contusiones de ambas piernas; José Bustamante Lillo, contusión del brazo izquierdo; Eleazar Olea Santander, contusión en la región cervical izquierda; Rolando Rodríguez, hematoma del codo derecho; Luis Gómez Cabrera, contusión del codo izquierdo.

Todos estos datos se refieren a los carabineros. Como los señores Senadores observan, se trata de contusiones, de heridas leves o menos graves; pero en ningún caso tales lesiones pueden considerarse un antecedente sólido para justificar que, en defensa de sí mismos, los carabineros hayan tenido necesidad racional de disparar al cuerpo sobre los pobladores desarmados.

Si hiciéramos un balance general de los antecedentes que me he permitido destacar y de muchos otros que han aportado los señores Senadores, tanto en la sesión de hoy como en la celebrada el jueves pasado, en especial la Honorable señora Julieta Campusano, que habló con extensión sobre este asunto, después de haber permanecido en Puerto Montt precisamente la tarde del domingo, o sea, pocas horas después de los incidentes, odríamos apreciar con absoluta claridad que la tentativa del Gobierno y del" señor Pérez Zujovic de eximirse de responsabilidad' por los sucesos mencionados carece por completo de fundamentos.

Debemos recordar una vez más que los trabajadores afectados venían reclamando con insistencia el cumplimiento de las promesas, tantas veces reiteradas por el Presidente Frei desde que lanzó aquella consigna que los pobladores muy bien recuerdan de "casas para todos", la cual, finalmente, ha resultado un sarcasmo.

Es útil observar también, aunque sea de paso, una circunstancia que preocupa a los obreros de Puerto Montt en forma especial. Se aproxima el invierno y, como es natural, quienes carecen de vivienda buscan en forma desesperada donde cobijarse, ante de sufrir las consecuencias de la inclemencia del tiempo que prevalece en el sur del país.

En consecuencia, es perfectamente comprensible el estado de ánimo de esos trabajadores, que se han visto traicionados en los compromisos contraídos solemnemente en 1964. Pero no se trata sólo del incumplimiento de las promesas que se formularon a esos ciudadanos. También otros sectores del país se encuentran en la misma situación, sobre todo cuando observamos que el Gobierno se desliza, cada día más abiertamente, hacia una posición netamente antipopular y reaccionaria. No puede dejar de recordarse que el Ejecutivo, en lugar de resolver los problemas, dispara las balas de Carabineros sobre Los trabajadores. Así ocurrió en el mineral El Salvador, de propiedad de empresas norteamericanas, cuando los mineros luchaban contra los Convenios del Cobre, tan lesivos al interés nacional; así ocurrió el 23 de noviembre de 1967, cuando los trabajadores bregaban contra la política profundamente perjudicial para obreros, empleados y jubilados, impuesta por el

PresidenteFrei, sobre reajustes de sueldos, salarios y pensiones; así ocurrió también el año pasado en Arica, donde fue muerto un poblador que pedía una vivienda.

22 muertos injustamente en 4 años.

En cuatro años de Gobierno democratacristiano, han caído, víctimas de esas balas, 22 trabajadores y ha habido más de un centenar de heridos. Además, no debemos olvidar los desmanes sangrientos del Grupo Móvil contra huelguistas, estudiantes, universitarios y campesinos. Y si a todo ello se agrega que esa misma política abruma a millones de chilenos, por los estragos de la carestía, la especulación, la cesantía, los tributos agobiadores, las arbitrariedades de jefes democratacristianos en oficinas y empresas, se tiene un cuadro de la situación real en que vive el país, bajo el mando despótico de un Gobierno y de la directiva de un partido que se ha entregado, en cuerpo y alma, a la oligarquía y a los amos del dólar y que marcha en forma notoria hacia el neofascismo.

Las masacres, persecuciones, arbitrariedades y abusos del Gobierno y de sus autoridades, demuestran muy claramente que la misión que se ha impuesto el régimen actual nada tiene que ver con la realización de la revolución en libertad ni con revolución de ningún género, sino con la mantención del sistema actual, del orden capitalista, la explotación del hombre por el hombre, el amparar a las viejas clases dirigentes, que mantienen en sus manos los resortes fundamentales de la economía y los privilegios de los amos del dólar.

Absueltos por la derecha.

Tan cierto es lo que decimos que, ante el crimen del 9 de marzo, los señores Frei, Pérez Zujovic y demás han sido definitivamente absueltos y amnistiados por la oligarquía, que se ha expresado claramente por medio del diario "El Mercurio" y las declaraciones del Partido Nacional. En efecto, tras críticas insustanciales e hipócritas, ese periódico y esta colectividad política les dan la absolución.

Una vez más, los hechos están demostrando que los "momios" viejos y los "momios" nuevos coinciden plenamente en dar patente de legalidad a sucesos tan sangrientos e injustificables como los de Puerto Montt, así como los ocurridos en otras partes.

Me asiste la plena seguridad de que el pueblo de Chile logrará liberarse del actual Ministro del Interior señor Pérez Zujovic, pues su permanencia en ese cargo es evidentemente insostenible y deberá ser eliminado totalmente de funciones gubernativas responsables. Sin embargo, a nuestro juicio, ello no basta. No es suficiente que se aleje ese Secretario de Estado. Lo que el país reclama fundamentalmente es un cambio a fondo en la política del Gobierno, pues, de seguir por el actual camino, este régimen marcha derechamente al despeñadero.

El crimen no debe quedar impune.

¿Quedarán impunes los asesinos? ¿Se pretende mantener y reforzar a] siniestro Grupo Móvil y azuzar al Cuerpo de Carabineros en la represión contra el pueblo, como ha ocurrido en Puerto Montt? ¿Se dejarán sin solución los problemas planteados por los pobladores de esa ciudad y de otros lugares del país, dejando el germen de futuros choques y de acontecimientos trágicos como los que estamos comentando? ¿Se intenta agravar la crisis económica y financiera, según se desprende de las declaraciones formuladas por los Ministros Zaldívar y Krauss, ambos muy contentos del resultado de sus gestiones y dispuestos a continuar hundiendo al país en la crisis en que se debate?

El sacrificio de nuestros hermanos caídos exige que se imponga un cambio de verdad y a fondo en la insostenible situación a que ha sido conducido el país por un Gobierno inepto y antipopular. Frente a esta situación, nuestro partido ha adoptado resoluciones que la opinión pública ya conoce, publicadas por nuestra Comisión Política el 10 de marzo de 1969 y cuyo texto ruego al señor Presidente incorporar en la versión de mi discurso. Dicha declaración dice lo siguiente, en su parte final: "El Partido Comunista llama, a todos los trabajadores chilenos, a las organizaciones de pobladores, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, a la más activa movilización en solidaridad con los pobladores sin casa de Puerto Montt, con las demás víctimas de la represión. Igualmente, el Partido Comunista reitera una vez más que para derrotar la política de las balas de este régimen, y la ofensiva de los reaccionarios de dentro y fuera del Gobierno, corresponde más que nunca reforzar la unidad en las organizaciones que agrupan a los trabajadores, y en general de todas las fuerzas populares".

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para incorporar en la versión oficial del discurso del Honorable señor Contreras Labarca la declaración a que se ha referido.

Acordado.

El documento cuya inserción se acuerda, es el siguiente:

"En la mañana de hoy domingo, una vez más se ha derramado la sangre de trabajadores chilenos que necesitaban con apremio un terreno donde poder vivir".

"En la ciudad de Puerto Montt, se ha respondido con balas y represión que dejaron ocho muertos y decenas de heridos, a la lucha de 91 familias sin casa que desde hace meses eran tramitadas por las autoridades del Ministerio de la Vivienda. Decenas de personas han sido detenidas, entre ellas el regidor del Partido Socialista y diputado electo por la provincia de Llanquihue, camarada Espinoza Villalobos, quien fue apresado horas antes del desalojo policial, siendo acusado por el Gobierno ante la justicia en base a la Ley de Seguridad Interior del Estado".

"Los graves acontecimientos ocurridos en Puerto Montt, demuestran que el Gobierno no desea reconocer lo que indicaron las elecciones del domingo 2 recién pasado. Los hechos demuestran que hay fuerzas reaccionarias que se niegan tozudamente a solucionar los apremiantes problemas del pueblo como son los de vivienda, educación, abastecimiento alimenticio y de trabajo. A las necesidades populares se responde con la represión, los palos, las balas y el encarcelamiento".

"La responsabilidad de este nuevo crimen recae sobre el Gobierno y especialmente sobre el Ministerio del Interior y su titular Edmundo Pérez Zujovic, y también sobre todos los organismos dependientes de él que han tenido participación en la dictación de las órdenes y en la ejecución de esta masacre".

"El Partido Comunista denuncia con toda energía el uso de estos procedimientos bestiales, para enfrentar poblemas que pueden tener solución satisfactoria sin acciones represivas, como quedó demostrado en los recientes sucesos de la Población Violeta Parra de Barrancas, en Santiago".

"Ante estos gravísimos hechos, el Partido Comunista estima que debe entregarse a los pobladores de Puerto Montt, sin más dilación, los terrenos que vienen reclamando, en lugar de establecerse de hecho un virtual estado de sitio en esa zona. El Partido Comunista exige, además, el establecimiento de las responsabilidades que corresponden a quienes ordenaron y ejecutaron esta masacre, aplicándose debido castigo a los culpables de este crimen".

"El Partido Comunista llama a todos los trabajadores chilenos, a las organizaciones, de pobladores, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, a la más activa movilización en solidaridad con los pobladores sin casa de Puerto Montt, con las demás víctimas de la represión. Igualmente, el Partido Comunista reitera una vez más que para derrotar la política de las balas de esté régimen, y la ofensiva de los reaccionarios de dentro y fuera del Gobierno, corresponde más que nunca reforzar la unidad en las organizaciones que agrupan a los trabajadores, y en general de todas las fuerzas populares".