Labor Parlamentaria

El señor STARK (Vicepresidente).-

Por encontrarse inscrito y para referirse al proyecto en debate, puede usar de la palabra el señor Maturana, don Fernando.

El señor MATURANA.-

Señor Presidente, este proyecto, como se ha manifestado ya en la Sala, no es un caso aislado, ya que, conjuntamente con otros cuatro de iniciativa parlamentaria,. . .

El señor GUASTAVINO.-

Tres.

El señor MATURANA.-

. ...sí, tres; cuatro con este último; están constituyendo el problema del petróleo y sus derivados.

Estos proyectos, no obstante las diferencias específicas que tienen entre sí, poseen, sin embargo, algunas características comunes. Desde luego, no han sido ni solicitados ni impulsados por los más directamente afectados: ni por los consumidores, ni por los empleados y obreros de las compañías distribuidoras, ni por los revendedores, ni por los fleteros.

Respecto de estos proyectos, quienes hemos podido escuchar las intervenciones de los representantes del Gobierno y de la ENAP, y las que en el pasado tuvo el señor Simián, y el actual Ministro de Minería, señor Hales, tenemos que reconocer que el Gobierno actúa en forma bastante prudente, y, me atrevo a decirlo, en la Comisión da la sensación de que hasta son renuentes a estos proyectos de expropiación. La razón es muy clara: la política energética de un país no puede tratarse con ligereza, ni en forma superficial, ni pretendiendo soluciones de tipo político.

El señor ACEVEDO.-

Ni negándose a tratarlas.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Acevedo, ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor MATURANA.-

El petróleo es la fuente principal de energía del país. Por eso su distribución afecta grandemente a toda la población.

Se han dado diversas razones voy a tratar de analizarlas brevemente para justificar estos proyectos. Desde luego, se ha dicho, con bombo y platillo, que el Estado obtendría grandes y nuevas fuentes de ingreso al procederse a esta nacionalización, al hacerse cargo de la distribución del gas licuado. Voy a referirme a un informe oficial del Estado; no de las compañías. La CORFO hizo un estudio sobre los energéticos de este país en forma muy detallada y demostró que, a la altura del año 1966, las compañías distribuidoras de gas licuado, en general, en el país, tenían un déficit de 5 millones 684 mil escudos.

Cuando se citó a los representantes empresariales a la Comisión, yo les hice presentes las informaciones y los estudios actuariales que teníamos a este respecto, y debieron reconocer que, en el rubro específico del gas licuado, tuvieron pérdidas, entre los años 1964 y 1968, de 404 mil escudos. Naturalmente que en la cifra total del negocio, como ellos venden artefactos y otros productos, los balances daban utilidades; pero, en el rubro específico del gas licuado, estaban trabajando a pérdida. Esto fue respecto a Abastibie.

En cuanto a GASCO, aparece una pérdida de 425 mil escudos, el año 1965; de 806 mil escudos, el año 1966; de 254 mil escudos, el año 1967; y el año 1968, de 1 millón 703 mil 246,38 escudos.

De manera que esta primera afirmación que el Estado, al nacionalizar el gas licuado, se va a hacer de una nueva e importantísima fuente de recursos, está absolutamente demostrado que es falsa, tanto por un organismo de cuya seriedad no es posible dudar, como es la CORFO, como por los propios balances de las empresas, que, por haber estado sujetas a la tuición de Impuestos Internos, de Servicios Eléctricos, y para la fijación de costos, del propio Ministerio de Minería, fuera del Ministerio de Economía, tienen que merecer confianza.

Además, como en estas materias no sólo se hace referencia al gas licuado porque este proyecto habla del gas licuado, pero va a ser tratado junto con los otros, y se va a la expropiación de las compañías, es bueno que la Honorable Cámara sepa cómo se van a dilapidar recursos del Estado para una nacionalización que no está en la línea de las nacionalizaciones y que no corresponde a ninguna necesidad. El capital de la empresa "Copec" alcanza a 140 millones de escudos; el capital de la "Esso", a 116 millones de escudos; y el capital de la "Shell", a 65 millones de escudos. Esto da un capital que habría que expropiar y pagar, si no quieren despojarlas simplemente de 321 millones de escudos.

Pues bien, según los balances de estas firmas, las utilidades por estos 321 millones de escudos, son de 25 millones. Si de estos 25 millones de escudos se deduce la tributación, queda una utilidad de 17 millones de escudos. Esto equivale exactamente a la cifra que da la CORFO: el 6% y mínima fracción de utilidad; el 6% del capital como utilidad.

Ahora, si se determina el porcentaje de utilidad sobre las ventas, ¿cuánto se gana en relación a las ventas? Este porcentaje es sólo del 2% de las ventas. La mitad de este porcentaje va al Estado, en virtud de diversas tributaciones, y el saldo del 1% tiene que repartirse entre reinversiones, indispensables para mantener una empresa, y las utilidades y participaciones de los accionistas. Es decir, que el Estado tendría que destinar 300 millones de escudos a esta expropiación, porque no podría pagarla con las utilidades del negocio, ya que es probable que cualquier crédito le represente, un servicio del 7 y del 8% de este monto. Es decir, que el Estado va a distraer recursos, que los están empleando los particulares y que están rindiéndole utilidades al país, sólo para duplicar una actividad privada, y no para crear una nueva fuente de riqueza.

Ahora, es el caso de preguntarse: ¿logrará el Estado mantener los costos al nivel bajísimo que el propio Estado les ha asignado a las empresas privadas? ¿Podrá, a este bajo costo, con las complicaciones que no es imaginación decir que tiene el Estado, cuando se dedica a administrar empresas, mantener la eficiencia y el dinamismo con que las empresas están sirviendo esto?

El señor AGUILERA.-

¿Me permite?

El señor MATURANA.-

Es necesario tener presente, además, que la ENAP, fundamentalmente, tiene por objeto abastecer al país de petróleo. En sus últimos informes, demuestra que más del 50% del petróleo. . .

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, solicito una interrupción.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¿Me excusa, señor Maturana? El señor Aguilera, don Luis, le solicita una interrupción.

El señor MATURANA.-

Señor Presidente, se ha dicho que el objetivo de esto no es prolongar la discusión. Se ha escuchado a todos los otros sectores de la Cámara. Pareciera que los únicos que estamos en una posición discrepante somos nosotros, y queremos ser escuchados en esta posición discrepante.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¿Su Señoría no desea ser interrumpido?

El señor MATURANA.-

No. Siento mucho hacer esto al señor Aguilera, con quien tengo grandes vínculos de amistad.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Puede continuar, señor Diputado.

El señor MATURANA.-

Respecto al petróleo, más del 50% se está teniendo que importar del extranjero. De manera que es bastante significativo que los recursos del Estado no se traten de orientar hacia un autoabastecimiento de crudos nacionales para obtener la plena producción de petróleo en Chile, sino al rubro distribución.

Cabe hacerse otra pregunta, respecto de algo que se sostiene con mucho énfasis: ¿podría ser más económica la distribución por el Estado del gas licuado y de los productos del petróleo? Creo que la experiencia del país demuestra claramente que no, y no eligiendo las empresas estatales que están más desfinanciadas, las que corrientemente se señalan como arquetipos de mala administración del Estado, sino que eligiendo los mejores ejemplos de administración del Estado. La IANSA, por ejemplo, que es, en general, una industria próspera, ha podido mantenerse y prosperar aumentando incesantemente el precio del azúcar; la IANSA es uno de los grandes factores de encarecimiento del coto del azúcar en Chile. Lo mismo puede decirse respecto a la electricidad y a la ENDESA. En el caso concreto de la misma ENAP, que es una empresa bien administrada, en general, tenemos que una utilidad, declarada por balance, en un hermoso libro que se les ha entregado a todos los señores parlamentarios, da una utilidad de 80 millones de escudos y fracción. Pues bien, la parte final del balance dice que, por aporte fiscal, por devolución de derechos aduaneros, recibió 76 millones de escudos y fracción. Es decir, que si no hubiera existido esta disposición excepcional, si tuviera que trabajar como cualquiera empresa, la ENAP, con 80 millones de escudos de capital, sólo habría tenido una utilidad de 4 millones de escudos.

¿Se podría sostener, en seguida, que sería más eficiente la distribución del Estado, que pasaría a ser un Estado monopolista en materia de petróleo y de gas licuado, que la de las diversas empresas que están compitiendo entre sí y que tienen precios fijados? Hay que considerar que, en consecuencia, no puede la competencia ser relativa al precio; es una competencia relativa a la eficiencia. Porque eso es lo que hace que un comprador elija una firma de gas licuado o la otra; la eficiencia en el servicio, porque el precio es siempre el mismo, y es una competencia que, además, está extremadamente controlada por el Estado. Existe control, y no sólo en los precios. Basta ver el reglamento que rige estas materias para darse cuenta de que hasta los problemas más mínimos están sujetos a la tuición y al control del Estado.

En seguida, todas estas nacionalizaciones tienen una filosofía, respecto a la cual ya la Cámara tiene conciencia; podríamos decir que se ha uniformado criterio. Se dice que una de las funciones básicas de la nacionalización es la recuperación de riquezas básicas. Esto no es posible decirlo ni del petróleo, ni respecto a sus derivados, por la sencilla razón de que el petróleo pertenece al Estado, es un bien del Estado, de manera que no se va a recuperar ninguna cosa.

En seguida, se dice que es lógico que el Estado tenga la tuición de actividades fundamentales para la nación. Resulta que ésta no es una actividad fundamental, sino bastante secundaria.

En seguida, normalmente se habla de que es necesario hacer estas expropiaciones porque las compañías habrían despojado al Estado de algo. Aquí no es posible despojar ni del bien mismo en discusión, porque es bien del Estado. No le han podido hacer daño alguno a ENAP, porque estuvieron funcionando 20 y 30 años antes que ENAP se constituyera. Por lo demás, tienen una clara tradición de progreso en el país, que hace absolutamente imposible dar estas afirmaciones. Ellas tendieron los primeros oleoductos del país; compraron el primer barcocisterna, cuando la marina nacional no tenía barcocisterna. En materia de legislación social, sus trabajadores están mucho más adelantados incluso que los de la ENAP. Tienen que trabajar sectores a pérdida, donde no es negocio, simplemente para mantener el servicio. Y en cuanto al control estatal de que son objeto, se refiere no sólo a la calidad de los productos y a los precios, sino al volumen almacenado, a la publicidad y a la posibilidad de instalar nuevos puestos de venta.

Finalmente, se ha dicho que así lo ordenaría nuestra legislación, que aquí solamente estaríamos desarrollando una exigencia legislativa. Esto es absolutamente especioso. No es efectivo que la ley 9.618 haya ordenado esto. La ley 9.618 se limitó a entregar a la ENAP las funciones y derechos que correspondían al Estado; no creó funciones nuevas. Y como a la dictación de la ley 9.618 no estaba prohibido que empresas particulares participaran ni en la distribución ni en la venta de subproductos del petróleo, no puede, en este momento, ENAP tener más facultades que las que la ley le entregó.

Pero hay una razón mucho más poderosa, y ésta es la fuerza que está impulsando estos proyectos y aglutinando, fundamentalmente, a los partidos de extrema Izquierda con lo que yo diría la ingenuidad de la Democracia Cristiana.

Cuando la fuente de energía que movilizaba al país era el carbón, todas las fuerzas de aquella época, socialistas y comunistas, lucharon por el predominio en el carbón. Por cierto que el Partido Comunista fue mucho más eficiente y llegó a tener, absolutamente, un imperio en la zona del carbón.

¿Qué significaba esto? Que tenían en su mano la posibilidad de parar el país cuando para su política era conveniente establecer una huelga de carácter general. Estas no son especulaciones. Las Fuerzas Armadas tuvieron que ocupar Lota y la zona del carbón para mantener la soberanía del país, porque se había creado un verdadero Estado dentro del Estado.

Pues bien, ahora se ha desplazado el centro energético del carbón al petróleo, y resulta que no pueden parar el país, porque solamente podrían parar la exploración, la producción y extracción misma del petróleo, pero la distribución está entregada a compañías privadas.

El señor ROBLES.-

Está hablando como "momio".

El señor MATURANA.-

El reglamento que rige la distribución hace que cada compañía distribuidora tenga la obligación de mantener un "stock" para 25 días, y es posible, además., que el Estado les exija el 50% más de esa reserva. Esto da entre 28 y 30 días de autonomía de funcionamiento en el país, para sus aviones, para sus barcos, para la inmensa mayoría de sus ferrocarriles, para la totalidad de la tracción automotriz, para la energía termodinámica que se emplea en luz, para la calefacción, para el funcionamiento de la industria y de la agricultura, sin que una huelga en la ENAP pueda paralizar las actividades.

El día en que todo el petróleo esté sometido a una sola mano, va a bastar un solo toque de pito para paralizar este país, para paralizar la LAN, la Fuerza Aérea de Chile, la totalidad del transporte. Ese es el gran secreto, la gran fuerza que está instando a un control único en materia de petróleo, en poder del Estado. No es que se persiga que el Estado controle el petróleo; lo que se persigue es que ciertas fuerzas políticas de este país puedan controlar a los obreros del petróleo en los distintos aspectos de su funcionamiento.

El Partido Nacional está en contra de estos proyectos, porque creemos que la distribución del petróleo y de sus derivados ha sido increíblemente eficiente; creemos que hay una tradición de progreso y de eficiencia en este país. Cualquier particular que va al rincón más apartado de este país encuentra una bomba de bencina donde poder surtir su automóvil. Encuentra una eficiencia sin tramitación y una gran expedición. Se pretende reemplazar todo esto por una gigantesca burocracia en que, incuestionablemente, va a haber que multiplicar funcionarios, inspectores y controles a un costo altísimo, que lo va a pagar, desgraciadamente, todo el país, ni siquiera los usuarios del gas licuado y del petróleo. Como esta industria va a trabajar a pérdida, la alternativa es muy clara: o se suben los precios, a un costo que la empresa privada ha podido mantener hasta este momento, o habrá que bonificar a esta industria, como se han bonificado otras industrias estatales que trabajan a pérdida. Y entonces es el conjunto del país el que se desangra simplemente por una jugarreta de tipo político. Por eso votaremos este proyecto en contra.

Además, hemos hecho las indicaciones que nos parecen adecuadas, para tratar de evitar un mal mayor, y en la Comisión ce Economía haremos todo lo que esté de nuestra parte para evitar que este verdadero desastre se llegue a convertir en una ley en este país que, desgraciadamente, está viendo muchos ejemplos de esta socialización a troche y moche.