Labor Parlamentaria

Ustedes fueron partido único; no podía haber participación.

Podría estar equivocado; pero la mía es una intervención honesta, porque tengo el deber para con el país de plantear lo que siento y pienso, y de cumplir la misión que se me ha encargado. Para eso estamos en el Congreso Nacional y hemos sido elegidos por el pueblo. No para pensar como quisieran otros grupos políticos. Tenemos derecho a expresarnos cada uno con libertad. Creo estar actuando con objetividad, a fin de dar nuestra visión de lo que está aconteciendo.

De manera clara se está excluyendo a más del 70% de los chilenos del proyecto de nuevo Chile. Normalmente, sólo se recurre a los políticos de la Unidad Popular y de plano se rechaza la colaboración de cualquier otra persona, técnico o especialista, aunque carezca de filiación partidista. Como ejemplo dentro de la Administración Pública, sólo citaré un caso: en la ENDESA, empresa esencialmente técnica, grupos de ingenieros y otros personales especializados están siendo reemplazados, con criterio político, por otros servidores que no reúnen los requisitos o carecen de las condiciones de idoneidad para el cargo, sólo por su condición de pertenecer a la Unidad Popular.

En la reforma agraria, en la reforma constitucional para nacionalizar el cobre y en la estatización bancaria, no se ha consultado a los trabajadores - el país lo sabe- y sólo se ha pedido su opinión privadamente a las directivas de la Unidad Popular. Esa es la norma general.

Me llamó la atención la actitud que en las Comisiones unidas mantuvieron los dirigentes de la Confederación de Empleados Particulares de Chile. Durante muchos años, en el pasado, plantearon la necesidad de mantener el reajuste de la asignación familiar para grandes sectores de la Administración Pública, empleados particulares y todos los obreros de las cajas de compensación, más allá del ciento por ciento del alza del costo de la vida. Sin embargo, en esta oportunidad vinieron a postular con el Gobierno la necesidad de congelar la asignación familiar en el porcentaje de reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida. Antes se repartían los excedentes, que significaban un reajuste adicional.

A esos mismos dirigentes les preguntamos dónde había quedado su aspiración en cuanto a que el sueldo vital fuera "vital para ellos" alguna vez. El sueldo vital siempre tuvo una definición en dinero para ellos: era dos veces y media o tres veces el valor del sueldo vital actual. Pero esta vez aceptaban la política del Gobierno en cuanto a reajustarlo en 35%, y en algunos casos en un porcentaje superior, pero nunca más allá del 40%.

¿Por qué estos dirigentes cambiaban una política que sostuvieron durante más de 10 años? Porque en este momento son dirigentes de la Unidad Popular.

Esa es la mejor demostración de que sobre la base de lo que aceptan los dirigentes sindicales de los trabajadores de la Unidad Popular se está sosteniendo una política que no ha sido consultada a las bases, que de seguro tienen otro pensamiento.

Sólo estoy anotando el hecho: el estilo de una política.

No sé si en los periódicos de ayer o de hoy leí que en la población Chacabuco de Conchalí un dirigente de junta de vecinos, de apellido Solís, habría sido apaleado. En los diarios aparece su fotografía con el rostro golpeado. Se le infligió el castigo sencillamente porque no aceptó la imposición de criterios políticos poblacionales de la Unidad Popular.

También nos hemos impuesto por la prensa de que mujeres pertenecientes a centros de madres han ido a reclamar al Ropero del Pueblo por no habérseles permitido ingresar a las reuniones de esos centros.

En los sindicatos también se advierte esta marginación.

O sea, la exclusión, la marginación y el atropello son más que caminos indirectos, que el Ministro Vuskovic dijo que no seguiría este Gobierno.

Aún más: se está operando, como se ha dicho en esta Sala, en las fronteras del Estado de Derecho, utilizando resquicios legales e interpretaciones excesivas, y muchas veces se traspasan esas fronteras, con el objeto de empezar el camino de poner bajo la dependencia del Estado a las personas y a las actividades. Todo esto con el efecto económico que veremos más adelante.

Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la reforma agraria? Existe una ley al respecto. Por parte de la Democracia Cristiana hubo un ofrecimiento de concurrir a reformar ese cuerpo legal, con el objeto de que el Gobierno pueda realizar ese proceso dentro de la ley. Sin embargo, hasta ahora se ha preferido el camino de los hechos, el de las tomas, que es ilegal. Y, entre la ley y el MIR, se ha creído más eficaz utilizar al MIR y a las juventudes socialistas y mapucistas, con el objeto de presionar y hacer más rápida la reforma agraria. En concepto de algunos persone- ros de Gobierno, ese sistema, a lo mejor, tiene un menor costo o uno a más largo plazo.

Se ha preferido operar sobre la base del pánico y no de la ley. Pero ese pánico tiene un precio: menor producción y aumento de la cesantía, no sólo en las provincias del sur, donde fundamentalmente se ha seguido este proceso, sino en el resto de los agricultores del país, por la vía de la advertencia que significa el fenómeno.

En resumen, por parte de la Unidad Popular hay una imposición de métodos que no están permitidos por la ley. Hasta se llega a sostener que no se aceptará la propiedad privada para los trabajadores de la tierra y que, en cambio, se establecerán haciendas del Estado, creando una dependencia de los campesinos hacia el Estado, sin que concurra su voluntad.

En cuanto al Poder Judicial, aparte la campaña contra su prestigio, están los Tribunales Populares, que persiguen la dependencia política de las personas.

La estatización de la banca privada polla vía administrativa, que es ilegal, también busca utilizar el crédito como herramienta para la dependencia de las personas y de los productores hacia la Unidad Popular y el Estado. En los últimos diez días, el Banco Central ha estado adoptando diversas medidas respecto de las líneas de créditos y de congelación de depósitos, con el objeto de crear una dependencia y un control total de las personas y actividades.

El conjunto de las medidas económicas que plantea el Ejecutivo, como lo veremos más adelante, nos lleva a la conclusión de que no va a existir el área privada como se plantea - salvo que se modifique la política de Gobierno- o ella existirá bajo la dependencia absoluta del Gobierno.

También apreciamos el control, el uso y el abuso publicitario. A través de los medios de información se están deformando la realidad, el significado y las consecuencias de lo que el Gobierno hace. En los diarios de ayer, leímos una declaración del señor Jorge Navarrete, gerente general del canal 7, en que demuestra claramente y lamenta la intromisión política que en esa entidad existe, que ha significado cambiar la tradición que se tuvo en cuanto a mantener las transmisiones televisuales del Canal Nacional al margen de la política y al servicio de los intereses de la comunidad.

Se publicita lo aparentemente bueno, las políticas que según el Gobierno entregan nuevos beneficios al pueblo; pero se esconde la pérdida de la libertad y de la participación que llevan implícita algunas de esas políticas.

El estilo del Gobierno, entonces, son las estrategias indirectas: una cosa es lo que se dice y cómo se presenta y otra es lo que se hace y su significado. También es el estilo de que el golpe avisa.

Por eso, porque la economía es la palanca de la revolución, es necesario el debate amplio y esclarecedor que estamos pidiendo. Hemos solicitado que él se realice en las Comisiones unidas en presencia de los señores Ministros de Hacienda y de Economía, del Jefe de la Oficina de Planificación Nacional, del Presidente del Banco Central y de algunos otros funcionarios que, por su especialidad, pueden informar a la Comisión en los aspectos económicos. Esto, para que podamos abrir un diálogo con el Gobierno, el cual, como dije, es reacio al diálogo.

Yo temo que si el Gobierno no reacciona frente al cúmulo de políticas y de los trastornos naturales que ellas tienen que crear y no abre un diálogo, las crisis que se pueden producir serán más profundas y pueden llevar a rupturas graves para el país.

Modelo económico del Gobierno.

En seguida, entro a referirme al modelo económico de la Unidad Popular.

La Unidad Popular ha basado su política de reactivación económica en la capacidad ociosa que existe en el país, que el señor Ministro planteó en su exposición de la Hacienda Pública.

Utilizando esa capacidad ociosa, se piensa ir a la reactivación económica. Para eso se ha incrementado fuertemente la demanda, y se cree que ella incidirá en una mayor producción. Esta mayor producción y la utilización de la capacidad ociosa traerá mayor empleo y permitirá absorber reajustes y los impuestos. Ello, si se logra, mantendrá constantes los costos de producción y permitirá que haya una utilidad y un excedente y que existan ahorros e inversión. La nueva inversión significa más empleo y más demanda, y de esa manera continúa el ciclo.

Se han establecido ciertos supuestos. La elasticidad de la oferta; o sea, que la nueva demanda tendrá en la producción de bienes la respuesta que espera. También se supone que la estructura productiva del país se ajustará, a corto plazo, fundamentalmente, a los bienes y servicios que demandarán los asalariados.

También se supone que habrá una mayor importación para suplir aquellos sectores de oferta inelástica, como la agricultura y otros.

Se dice, por otra parte, que la nueva demanda generará ahorro e inversión y que no habrá inflación.

En lo que respecta a los costos, los factores negativos, dentro del modelo, serían dos: los costos acumulados, o sea, mercaderías, materias primas que ya tuvieron una elevación de costos que venía desde antes y que no han tenido ajustes en los precios; y los nuevos costos de reajustes e impuestos.

Los factores de alivio en cuanto a los costos van a ser la mantención del tipo de cambio y de precios de los insumos para la futura producción, los subsidios a las empresas públicas y privadas, y la mayor producción de la capacidad ociosa. O sea, que los problemas de costos estarán, teóricamente, superados.

Como conclusión, el Ejecutivo plantea un crecimiento del producto bruto de 10% y una inflación de cero por ciento. Esto se dijo en un comienzo; ahora, sin embargo, se dice por el Ministro señor Vuskovic que habrá alguna inflación.

A corto plazo, las medidas serían adecuadas. Ellas son muy similares a las contenidas en la política propuesta por el Gobierno del ex Presidente Frei, en 1965, con una diferencia: este conjunto de políticas es más radical, porque no hay reajuste de precios y porque van a significar trastornos mayores, por las magnitudes en que ellas están planteadas.

Análisis del modelo del Gobierno.

Ahora bien, al analizar el modelo económico del actual Gobierno, es necesario apreciar las magnitudes en que se utilizarán las políticas, su compatibilidad y la respuesta de los sectores económicos.

Aumento de demanda global.

El aumento de la demanda es excesivamente fuerte. El primer factor de mayor demanda es el rubro sueldos y salarios, con un reajuste promedio que puede llegar al 40%, considerando que los trabajadores tienen un 50% del ingreso nacional. Este reajuste significará un traspaso de ingresos de poco menos de 20% del producto geográfico bruto a los trabajadores.

El gasto público, que es otro factor fundamental que crea demanda, salvando la parte de repetición de sueldos y salarios, reajustará sus ingresos reales en 30%, lo cual le significará una mayor participación de aproximadamente 15% del producto geográfico bruto. Este porcentaje puede disminuir, por la repetición de salarios que hay en los dos factores de demanda, a 10% o algo menos. De lo anterior se deduce que hay una gran demanda, y tenemos que ver cómo puede satisfacerse, si efectivamente los dos sectores, el de trabajadores de la empresa privada y el público, van a ganar esta redistribución o sencillamente la perderán por efecto de la inflación o de otro modo.

La mayor participación en el producto geográfico bruto se puede lograr de dos maneras. Si se produce un mayor crecimiento, o sea, si el Gobierno logra que la economía tenga cierto dinamismo; por la disminución de la participación del área privada; o por ambos lados en conjunto.

A.- Respuesta por sectores productivos a la mayor demanda.

Acerca de la posibilidad de respuesta de la oferta a la demanda, debemos analizar cuánto puede aportar cada sector. Si es efectivo que el producto geográfico bruto aumentará en 10%, y cuánto aportará cada sector a este porcentaje planteado por el Gobierno.

El Ejecutivo no nos ha proporcionado antecedentes del crecimiento de la industria, la agricultura, la minería y otros sectores de la economía. No disponemos de esos antecedentes. Por eso, deseamos pedirlos oportunamente. Pero hagamos un breve análisis de cada uno de los sectores más importantes.

La agricultura.

La agricultura ha tenido un buen año, sin fenómenos climáticos que la hayan dañado, pero los hechos políticos están señalando claramente ante el país que se va a perjudicar la producción agrícola. La zona sur, que es esencialmente triguera y ganadera, está perdiendo por todo este proceso de tomas y por la intervención de grupos extremistas que están impulsando al Gobierno a realizar la reforma agraria al margen de la ley. En esa zona se está perdiendo parte de las actuales cosechas y las menores siembras causarán disminuciones en las futuras cosechas. Esta situación se está extendiendo a otras zonas, porque, de alguna manera, se están produciendo también en otras partes hechos similares. En el día de ayer me informaban que en Chile Chico las juventudes gobiernistas que asisten a los trabajos de verano habían hecho diversas tomas. Hasta en un pueblo tan alejado se está imponiendo este sistema de reforma agraria, aparte de que en la zona central sucede algo parecido, como lo planteó el Presidente del Senado hace un tiempo, respecto de la provincia de Talca. Es decir, todo este fenómeno de pérdida de cosechas y de menor siembra se extenderá al país.

Se está matando ganado en forma anticipada. Se va a perder engorda y se producirá escasez de carne en el curso de este año, la que deberá suplirse con importaciones.

En consecuencia, el Gobierno está transformando un buen año agrícola en uno que puede ser regular o malo, por razones políticas. Y la agricultura entregará, por estas razones, un más bajo aporte al crecimiento de la economía este año.

La industria.

En cuanto a la industria, la demanda de sueldos y salarios tendrá respuesta, fundamentalmente, en bienes como vestuario y artículos del hogar, y en el sector de la construcción. Hay capacidad ociosa y de ahí se obtendrá respuesta.

Si examinamos, sin embargo, la industria metalúrgica, que produce bienes de capital, y todas las anexas, comprobaremos que no tiene demanda en este momento y está absolutamente paralizada; y las industrias relacionadas con la construcción están en igual pie por el momento.

Una encuesta proporcionada por los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril sobre producción y venta de septiembre a noviembre del año recién pasado, es decir, después de la elección, determina que la producción se estancó en menos 10%, con relación al mismo trimestre de 1969.

Lo mismo constatamos respecto de la cesantía industrial si comparamos los meses de diciembre del año pasado con el del mismo mes de 1969.

La encuesta mencionada fue publicada en El Mercurio y en otros diarios. Según ella, el sector manufacturero tiene un índice de cesantía de 26,2%, que yo no recuerdo haber visto en ningún cuadro de desocupación. Es superior inclusive al de la construcción, que alcanzó a 24,6% de los desocupados.

También tenemos que considerar el factor político en este rubro. La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano para producir, distribuir y consumir. Y aquí tenemos que ver cuál es la realidad y qué tipo de conducta impone esa realidad al sector industrial. La realidad es la amenaza a la existencia de las empresas. De todas. No sólo de las grandes; las medianas y pequeñas se sienten amenazadas también por todas estas medidas que buscan crear dependencia del Estado. También se están aplicando medidas discriminatorias. A veces, se utilizan los pliegos de peticiones y la política de precios con criterios discriminatorios o sin el cuidado necesario, lo cual está produciendo temor en el área privada.

Asimismo, frente a la actuación del Gobierno en estos tres meses, la gente tiene la preocupación de que, en el día de mañana, se discrimine respecto de las empresas que el Estado desea tomar. Yo pienso que ante esta situación, los sectores productores e industriales usarán la capacidad ociosa para alcanzar una mayor producción, no al máximo, sino en la medida en que se lo permita esa capacidad ociosa, sin necesidad de realizar ninguna clase de inversión adicional y sin contratar ningún trabajador más.

Eso es grave, porque no se alcanzarán los niveles de mayor producción esperados por el Gobierno ni tampoco los índices de empleo por medio de la utilización de la capacidad ociosa.

De nuevo la falta de claridad y la actuación política del Gobierno hacen imposible una producción industrial normal. Y éste, el industrial, es el sector más productivo de la economía. Es la base del crecimiento y la posibilidad de dar mayores empleos, con alto nivel de rentas y de carácter permanente.

La minería.

La pequeña y mediana minería pasan por un mal momento y el Gobierno debe darles subsidios mediante la maquila.

Respecto del cobre, la baja del precio, junto con el alza enorme que han tenido los costos - como se planteó en la Sala hace pocos días- , harán que el excedente de la economía del sector de la gran minería no alcance las cifras que el Gobierno espera.

El salitre y el hierro están siendo afectados por el dólar fijo y, de alguna manera, disminuyen su producción.

Exportaciones.

En el sector exportaciones, que es otro de los factores dinamizadores de la economía, no hay ninguna política de estímulo. En la exposición de la Hacienda Pública, el señor Ministro planteó, en general, que habrá una política en tal sentido, pero hasta ahora no se ha dicho cuál será ni se ha planteado de hecho. El dólar fijo constituye un desestímulo a las exportaciones.

Del análisis de estos rubros de producción del área privada no se ve cómo podríamos llegar a un aumento del producto geográfico bruto de 10%.

Este es el cuadro que presenta el sector privado, que aporta el 30% de la inversión nacional, pero que concurre en 70%, o tal vez en mayor proporción, a la producción y ocupación del país.

Respuesta del sector público a la nueva demanda.

En seguida analicemos el aporte al producto geográfico bruto, al crecimiento de la economía, que se espera lograr, por concepto de la participación del sector público, del sector que maneja el Gobierno. Veamos si él puede compensar los desajustes y retrocesos que se observan en el área privada.

El señor Ministro de Hacienda planteó en su exposición los programas moviliza- dores de la economía. A este respecto, donde existe mayor capacidad ociosa es en los rubros de vivienda y obras públicas. En ellos es donde se puede incentivar una mayor producción. Sin embargo, prácticamente no se han iniciado nuevas obras públicas en estos 90 días; en el mismo lapso, el sector de la construcción ha estado virtualmente detenido. Sólo se están terminando algunas obras iniciadas con anterioridad. Lo propio sucede con otras obras públicas. No sé si en esta situación está influyendo en alguna medida el sectarismo político, en el sentido de que no se ha querido usar el sistema de empresas constructoras existente, ni siquiera con las condiciones que desee imponer el Gobierno, durante el período transitorio, mientras no se creen las empresas constructoras del Estado. A mi juicio, en interés del país, no deberían dejar de utilizarse los recursos actuales en espera de que el Gobierno cree una nueva organización.

Los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, que asistieron a las sesiones de la Comisión, plantearon que la construcción por parte del sector privado, que hacía hasta ahora gran parte o el grueso de la construcción del sector público, estaba prácticamente detenida. Señalaron que en el mes de octubre se hallaban preparados proyectos de siete mil viviendas, 4.500 de las cuales contaban con los respectivos permisos municipales, pero agregaron que los trabajos no se iniciaron. Sencillamente, ninguna está en construcción ahora a raíz, según manifestaron esos representantes, de que tenían 270 millones de escudos congelados correspondientes a 1.800 viviendas tomadas por pobladores; de que el pago por parte de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo se les hacía en bonos hipotecarios reajustables a largo plazo, y de que había aumentado la inseguridad en los empresarios. Todo esto lo dijeron ante el señor Ministro de Hacienda.

Por eso en el sector de la construcción la cesantía ha llegado a 26,6%.

El Banco del Estado ha tratado de paliar en alguna medida esta situación, y aprobó una línea de crédito de 80 millones de escudos - cantidad absolutamente insuficiente, si consideramos que los fondos congelados, que no han vuelto a las empresas constructoras para su reinversión, ascienden a 270 millones de escudos- para conceder préstamos a este sector económico. Sin embargo, las discrepancias entre los distintos organismos de Gobierno en cuanto a las exigencias de la política de construcción que se iba a imponer a los empresarios, ha impedido que se conceda siquiera una parte del crédito.

Ahora, dentro del mismo sector público, veamos las inversiones de las empresas estatales. Ellas también están en peligro porque faltan planes. En efecto, la Empresa Nacional de Minería está prácticamente paralizada, por carecer de nuevos planes de inversión. Existe indecisión y, lo que es más grave, hay cuantiosos déficit financieros en las empresas dependientes de CORFO, que ascienden a más de 1.200 millones de escudos. Con los producidos en otras empresas del Estado, seguramente la suma asciende a 2.000 millones de escudos.

Como se ve, no hay programas, no hay movilización de la economía. Al contrario, existe paralización económica, falta una economía dinámica, están fallando los supuestos del modelo económico del Gobierno en este sentido, y resulta prácticamente imposible lograr un 10% de crecimiento del producto geográfico bruto. Y si esto es así, si fallan esos supuestos, también será imposible que los rubros sueldos y salarios y sector fiscal aumenten su participación en el crecimiento de la economía.

B.- Respuesta a la demanda del tipo de bienes salarios.

Ahora quisiera analizar estos mismos problemas, ya no desde el punto de vista práctico, de cómo están funcionando las actividades del país, sino desde un punto de vista cualitativo: ¿la economía puede responder a esta redistribución del ingreso planteada por el Gobierno?, porque aun cuando no aumenten los precios, el 10% del aumento del producto geográfico bruto sería insuficiente para traspasar a sueldos y salarios un 20% del ingreso. Este rubro, sueldos y salarios, precisamente captaría la totalidad del aumento del producto geográfico, sin que quedara absolutamente ninguna posibilidad de captación para el sector fiscal, que, prácticamente, debería renunciar a toda inversión y a gran parte de sus gastos.

Desde el punto de vista económico, ¿es posible adecuar la estructura productiva a la nueva demanda de bienes proveniente del sector sueldos y salarios? La agricultura aporta el 10% de la producción nacional. La industria contribuye con más de 25%, pero la producción de bienes de consumo popular llega como máximo al 15%. Así, tenemos que 25% de la producción del país corresponde a bienes de uso o consumo popular, como vestuario, alimentos, etcétera. Parto de la base de que del 20% del mayor ingreso real que significarían los reajustes para el sector de trabajadores, sólo las tres cuartas partes, o sea 15%, se destinen a estos consumos, dedicándose el otro 5% al ahorro en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en cuentas del Banco del Estado o reteniendo el dinero los propios trabajadores. De ser así, operando con los cálculos más amplios o favorables para analizar la política del Gobierno, para que los trabajadores tuvieren realmente un traspaso de renta o un mayor nivel de vida ascendente a 20%, como la plantea el señor Ministro, sería necesario aumentar la producción de bienes de consumo popular - bienes agrícolas e industriales como vestuario, artículos del hogar, etcétera- en 60%, porque tal es la incidencia que tendría el porcentaje del reajuste destinado al consumo de este tipo de productos respecto de la oferta actualmente existente. Y esto es absolutamente imposible. La estructura económica, el aparato productor, las empresas metalúrgicas y otras similares, no pueden transformarse a corto plazo para elaborar bienes como- vestuario y artículos para el hogar.

La conclusión de este análisis es que en todo caso se producirá un desajuste entre oferta y demanda. No habrá bienes suficientes para obtener el equilibrio necesario, para alcanzar el nivel de la nueva demanda que se crea en el sector sueldos y salarios. En estas circunstancias, las alzas de precios pueden anular total o parcialmente la redistribución del ingreso que se pretende a través del reajuste de sueldos y salarios. La única forma de obtener este aumento de 20% en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional sería congelar la participación de los sectores público y privado en el aumento del producto geográfico bruto, como señalé denantes. Pero como el producto mencionado no aumentará en 10%, por las razones expuestas, se produciría cierto grado de paralización, la estructura productiva no se modificará para aumentar su capacidad a corto plazo, ni habrá - como tendremos oportunidad de verlo más adelante- ahorro ni inversión. Y es preciso considerar todavía que el sector público debe crecer. Entonces, la mayor participación del sector sueldos y salarios en un 20%, y del sector público en 15%, es imposible. Puede suceder que una parte la pierdan los trabajadores o el sector público a raíz de la inflación, y que el resto se traduzca en una pérdida de valor absoluto de la participación del área privada. O sea, que el sector privado no sólo no tenga participación alguna en el crecimiento de la economía nacional de este año, sino que, incluso, sufra una pérdida del porcentaje que ha tenido en años anteriores en el producto geográfico bruto.

Y todo esto se agrava si consideramos la estructura financiera del, gasto público, que es otro elemento de presión de demanda. En el Presupuesto de este año se consigna una autorización para emitir 5.700 millones de escudos con relación a un gasto del Fisco demasiado alto. El déficit de las empresas públicas, tanto de las dependientes de CORFO, como Ferrocarriles del Estado, EMPORCH, etcétera, especialmente con motivo de la política de tarifas y precios fijada por el Gobierno, que también afecta a las empresas del Estado, como de las otras empresas fiscales, alcanzará a dos mil millones de escudos. A esto debemos agregar los créditos a organismos fiscales como ECA, INDAP, CORA, etcétera, que también significarán un aumento del circulante. Hay que agregar el mayor margen de créditos que va al sector privado. Además, los convenios de producción, mediante los cuales el Estado comprará la producción a determinadas empresas, deberá contar con financiamiento adecuado, aun cuando hasta el momento el Ejecutivo no nos ha señalado cuál es el costo de estas operaciones. Por último, tenemos el volumen de subsidios a tarifas y precios, cuyo monto desconocemos también, porque tampoco nos lo han señalado. Pues bien, todo esto, desde el punto de vista financiero, significa una expansión de dinero ascendente a más de 70%, lo cual involucra un nuevo impacto sobre la demanda y agrava aún más los factores negativos del análisis recién hecho, y nadie podría desconocer que éste es un barómetro que indica inflación.

Ante ciertos problemas derivados de la oferta insuficiente, se podrá recurrir a las importaciones, pero éstas no son ilimitadas. Recordemos que el precio del cobre ha bajado. En último término, las importaciones sólo podrán resolver en alguna parte las dificultades que genere el aumento de la demanda, pero no en su totalidad.

Situación de costos en la economía.

Ahora veamos esta situación desde el aspecto de los costos, que afecta a las empresas públicas y privadas. Todas ellas están en mala situación financiera. Pocas se hallan en condiciones de absorber el 40% de reajuste y los nuevos impuestos. Tienen costos acumulados y no podrán reajustar sus precios. Además, debe tenerse en cuenta que la situación financiera impedirá llegar a la máxima utilización de la capacidad ociosa; o sea, no podrán defenderse totalmente de los mayores costos, por ese lado, aparte los efectos que crea el factor político y que ya hemos explicado.

En nuestro concepto, no habrá costos constantes, como plantea el Gobierno, sino crecientes para parte de los productores. Por lo tanto, las empresas están en peligro de quiebra, cierre y paralización.

Un mayor crédito puede prolongar su agonía. Las empresas públicas se pueden salvar por el lado de los subsidios. A las empresas privadas que caigan en falencia y pasen al sector público, también será preciso, sencillamente, darles subsidios. De esta manera el problema de costo insostenible por el lado de los créditos y subsidios, se traslada de nuevo a la demanda y se produce una nueva expansión monetaria, a límites que crean una fuerte inflación, que tiene dos salidas. En primer lugar, apertura de la política de precios del Gobierno, aceptando un grado de inflación importante. En segundo lugar, si no quiere llegarse a eso, racionamientos, colas, "tickets" de consumo y reemplazo del dinero.

Esa es la conclusión a que me lleva el análisis de la política económica del Gobierno.

Pésima conclusión.

Podría estar equivocado, señora Senadora.

Deseo que el cuadro económico del Gobierno se maneje con éxito, haciéndose las rectificaciones en forma oportuna. Sé que algunos partidos de la Unidad Popular están preocupados por la situación económica del país.

Les pido que el análisis que estoy haciendo, señores parlamentarios de Gobierno, lo tomen como un aporte y no como una crítica de carácter político. Como dije, preferiría estar equivocado y que la Unidad Popular hiciera las rectificaciones a tiempo, para que no sucedieran esas cosas.

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

Por supuesto, Honorable colega, con cargo a su tiempo.

Seré muy breve.

Quisiera saber si todos los males que anuncia Su Señoría se remediarían limitando los reajustes a la mitad. ¿Ese sería el consejo económico del señor Senador, que nos ha asombrado aquí con conocimientos universales de economía? O, por el contrario, ¿cuál sería la salida? Porque el Honorable colega nos ha indicado, en el fondo, que es imposible otorgar a las clases más desposeídas un reajuste como el que se propone. ¿Qué barbaridad económica es ésta?

Eso es lo que he entendido de la exposición de Su Señoría.

¿Quiere decir, Honorable señor Musalem, que se opone a los reajustes que el Gobierno está impulsando en este momento? ¿O lanzamos los precios a la inflación ?

Como voy a demostrar más adelante, la política del Presidente Frei fue precisamente de redistribución a favor de los asalariados y de mayores reajustes para ellos. Llegamos el primer año a 12% de redistribución en beneficio de sueldos y salarios. Y aquí, en esa época, se trajeron cuadros relativos a montos de distribución de ingresos en distintos países. Se comprobó que los dos o tres primeros años de la Administración anterior alcanzaron porcentajes de redistribución para los trabajadores más altos que los de cualquier otra nación del mundo.

Sin embargo, no se puede llegar a redistribuciones violentas, porque la economía no las resiste y se pierden por la inflación.

No sé si Su Señoría no me ha entendido.

Le entendí perfectamente, señor Senador.

Pero yo he tratado de explicar que es imposible adaptar la producción para que los trabajadores que van a recibir ese 40% de reajuste puedan tener a precios estables, sin inflación - esto es lo importante- todos los bienes que demandarán. Sostengo que habrá inflación. Considero que el reajuste es justo, y no es ninguna cosa del otro mundo, en comparación con los aumentos de remuneraciones que otorgó el Gobierno del Presidente Frei.

Lo que estoy diciendo es que habrá inflación, y que la economía no es tan elástica como para que los alimentos puedan subir en 60%, porque la agricultura no tiene capacidad ociosa.

¿Cómo?

La agricultura no tiene capacidad ociosa en el corto plazo.

¡Cuarenta por ciento de la tierra está sin cultivar!

Pero a largo plazo. Su Señoría sabe que se necesita tiempo para movilizar ese 60%.

Ahorro - Inversión - Empleo

En cuanto al ahorro, la inversión y el empleo, quiero ver si existe algún alivio que pudiera resolver el problema.

Sabemos que tradicionalmente el sector "personas" desahorra; gasta más de lo que recibe. Toda la política del Gobierno elevará el consumo y no invita al trabajador a hacer ningún tipo de ahorro. O sea, no habrá ahorro por el lado de las personas.

Respecto de las empresas públicas y privadas, hay dentro del cuadro de esta política una anulación de sus utilidades que llevará a un excedente pequeño, o a ningún excedente para muchas de ellas; a una baja de utilidades, y a un menor ahorro de las empresas, que era el sector que aportaba la parte más gruesa del ahorro.

En cuanto al sector fiscal, sucede que el señor Ministro, que planteó un superávit en cuentas corrientes de dos mil y tantos millones de escudos, lo rebajó al saldo de dos mil millones; o sea, el ahorro del sector fiscal bajó en dos mil millones de escudos - son cifras, antecedentes que constan en actas de la Comisión Mixta de Presupuestos y en el Presupuesto mismo- , y esto porque el crecimiento del gasto corriente y el déficit de operación del sector público serán también muy grandes.

La conclusión clara es que habrá menor ahorro que en años anteriores y, por lo mismo, menor inversión. Y habiendo poca inversión, no habrá nuevos empleos contrariamente a lo que estima el Gobierno al suponer una mayor inversión- ; habrá menor producción y escasez, y el factor político - no lo estoy inventando; es lo que uno intuye que afectará la conducta del productor- hará que el poco ahorro no vaya a inversión, y esto es algo que la Unidad Popular debería advertir...

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

Deseo dar término a mis observaciones, Honorable colega.

Es interesante aclarar algunas cosas. El señor Senador está manifestando lo que piensa. ..

El Honorable señor Musalem no quiere ser interrumpido.

Puede continuar, señor Senador.

En cuanto a la cesantía, la semana pasada el presidente de la CUT, Diputado Luis Figueroa, habló de un complot para crear mayor cesantía.

Creo que es mejor que no nos engañemos, ni el Gobierno mismo, ni nosotros, ni - menos- el país. Sencillamente, la mayor cesantía - que en diciembre fue de 8,3%, el doble que en los mismos meses de 1968 y 1968; que sigue esa tendencia, y que a esta altura de 1971 puede estar cerca del 10%, una de las mayores desde hace muchos años- no es producto de complot, sino de todos los factores que hemos analizado, y el problema es mejor verlo en su realidad para resolverlo de buena manera y con prontitud.

Además, hay otro hecho que atenta contra una mayor producción y que tampoco es producto de complot.

En los boletines del Banco Central aparece que las horas semanales- hombre de trabajo, que eran 44,2, han bajado a 42 en el último trimestre. Eso también es contrario a la mayor producción.

¿Es posible la existencia de un área privada?

Ahora quiero analizar brevemente la viabilidad de la empresa del área privada.

El señor Ministro, en dos páginas de su exposición, plantea que van a crear un área privada, que van a mantener un área privada de producción. De las políticas analizadas aparece cierta imposibilidad de que ella subsista. Y si subsiste, será muy pequeña, lo cual afecta a los productores pequeño y mediano.

Ya apreciamos los aumentos de demanda. Si ellos no tienen salida por el lado de la inflación, significará que el área privada - aparte los trabajadores individuales por cuenta propia- reduzca su participación del producto geográfico bruto, que es de 30%, a 15%. Si no hay inflación, el área privada se reduciría a la mitad durante 1971. ¡Imaginen los señores Senadores el trastorno que esto significaría, producido en tan corto plazo!

Pero creo que la economía es más fuerte que todos los deseos de los economistas, y que siempre busca salidas de equilibrio. Aquí la buscará de alguna manera por el lado de la inflación, en parte, sin perjuicio de que se produzcan algunos de los trastornos que estaba señalando.

También es posible demostrar desde el punto de vista político la "inviabilidad" del área privada.

Despojo de tierras e inventarios, en el sur, de pequeños y medianos campesinos; políticas administrativas del Banco Central, de la DIRINCO, convenios de producción, etcétera, para transformar las áreas privadas, incluidos los medianos y mañana pequeños, en simples agentes del Estado; utilización política, aun al margen de la ley, para producir traspaso al Estado de empresas de interés político; traspaso al Estado de empresas que caigan en asfixia económica.

De ahí la reacción del Partido Radical. El Honorable señor Baltra planteó en las

Comisiones Unidas la necesidad de que el Gobierno plantee con claridad las condiciones que tendrá el área privada. Su Señoría habló de una "utilidad razonable" y de la "seguridad de su existencia".

El Partido Radical, posteriormente, en una declaración pública, planteó nuevamente lo mismo la semana pasada. O sea, no es sólo preocupación nuestra o resultado de este análisis; también es preocupación del Partido Radical y conclusión de sus análisis.

Conclusiones generales.

He formulado conclusiones generales sobre la materia, a las cuales daré lectura:

"El conjunto de políticas del modelo son aplicadas en magnitudes estratosféricas y son incompatibles entre sí; hay imposibilidad de respuesta a esas políticas por los distintos sectores de la economía. Imposible respuesta adecuada de la estructura de producción a una nueva demanda de 60% de bienes salarios de consumo popular. Imposible alcanzar una salida equilibrada.

"Los supuestos del modelo económico no se dan. Baste decir que el modelo y supuestos se asientan en un gran dinamismo de la economía y la realidad es que asistimos a la paralización de los sectores más dinámicos al presente y a corto plazo.

"El modelo es ajeno a una política y mística de ahorro y trabajo. La tesis parece ser el reparto de la plusvalía sin capitalización del país durante 1971.

"El modelo de emergencia de 1971 va al fracaso y exigirá un vuelco del consumo sin límite y de la inversión para crear sólo actividad y empleo de emergencia, a una política de ahorro e inversiones reproductivas directas en el campo del desarrollo industrial.

"Se prevé una importante y brusca baja de la participación del área privada en el producto geográfico bruto y de sus inversiones, cuyas consecuencias serían desocupación, cesantía, baja de producción, que el aumento de inversiones del sector público es incapaz de contrarrestar. Agregado a lo anterior, la crisis financiera de las empresas del Estado.

"Todo esto requerirá ampliación de créditos y subsidios con consiguientes nuevas presiones sobre la demanda. Tal volumen de dinero llevaría a una de dos alternativas, o a levantar la barrera de los precios o a una escasez de tal magnitud que obligue a imponer racionamiento, colas, "tickets", perdiendo el dinero su valor.

"Este cuadro llevaría a una aceleración en la estatización de la propiedad, de corte burocrático, que implicaría un sistema político y social totalitario, se lo desee o no, en corto plazo.

"Una cosa nos parece segura. Todos estos trastornos económicos no permanecerán en las fronteras de la economía, sino que repercutirán en el campo político y social.

"La aceleración y estrategias aplicadas al proceso económico traen consigo la crisis política y social.

"Una cosa debe quedar en claro. Este cuadro lo está creando el Gobierno.

"Nunca un Gobierno tuvo menos oposición política, ni de grupo organizado alguno. Unos por buena voluntad, otros por temor, otros porque están con los cambios, han dejado hacer al Gobierno.

"Aún más, el Gobierno ha aprovechado muchas veces, más allá de la Constitución y la ley, la paralogización y el temor de los chilenos para atropellar o permitir que se atropellen derechos, y para operar, decidir y hacer al margen del país y de todo debate democrático.

"La Unidad Popular se ha encerrado en una torre de marfil para realizar un nuevo proyecto de sociedad chilena, al margen del país y excluyendo a más del 70% de los chilenos de la participación en las tareas del nuevo Chile.

"Quizás lo que da el ser a esta Administración, además de su característica revolucionaria, es ser el Gobierno de la antiparticipación. En estas condiciones, ¿puede con alguna legitimidad escapar a la exclusiva responsabilidad del Gobierno el caos económico y la crisis política que está creando, culpando a la Oposición o a los demás grupos organizados excluidos del Gobierno de la Unidad Popular? Es claro que no.

"Los problemas de este Gobierno son internos a él o los crean grupos ligados directamente al Presidente de la República y a su partido, o surgen, por último, del sectarismo que algunos grupos parecen estar imponiendo al conjunto del Gobierno. Dentro de éste hay algunos grupos partidarios de producir la crisis económica para obligar a la definición política. Otros entienden que les sería muy difícil manejar la crisis política una vez que el proceso económico esté desarticulado y la parálisis lleve a la escasez, y que el único camino es el manejo racional de la economía para imponer el socialismo en tiempos prudentes.

"Sin duda, el país sufre una desorientación, debida a falta de un pensamiento común y de definición en la Unidad Popular, que, mientras subsista, favorecerá a los partidarios de las crisis y de las definidos radicales a corto plazo para dirimir de una vez por todas el pleito que tienen con la democracia.

"Tenemos una serie de preguntas que hacer y antecedentes que solicitar al Gobierno, que surgen de nuestro análisis, a fin de lograr una visión económica más rigurosa de los objetivos y metas del Gobierno, en especial, de los métodos y procedimientos que se usarán en el proceso de cambios de las estructuras económicas del país. Esto lo vamos a dejar para el análisis de la política económica del Gobierno, que haremos en Comisiones con Ministros y jefes de instituciones que he indicado."

Reajuste de remuneraciones y tributos.

En cuanto al reajuste, se ha dicho que es muy original, muy singular.

¡Ah!, ¿estamos tratando el proyecto de reajustes?

Un análisis del reajuste y de las medidas tributarias, necesariamente deben tratarse en el marco económico del país. Hacerlo de otra manera es irresponsabilidad. Por eso, he creído conveniente efectuar en primer lugar un planteamiento económico. Ahora me referiré a los lineamientos generales del reajuste.

Se ha dicho que es muy original, singular y extraordinario, porque otorga un reajuste adicional de 5% y 3% para los sueldos mínimos. Señalaré cuál es la incidencia de esto en los distintos sectores.

El 5% adicional para el sector público significa un millón de escudos; o sea, la seis mil ava parte del valor total de la iniciativa en debate. El 3% adicional tiene un costo de 100 millones de escudos, que corresponden a la sesenta ava parte del gasto total del proyecto. Vale decir, ambos reajustes adicionales del mínimo son simplemente aparentes, ya que no benefician en más de 101 millones de escudos a los trabajadores que tienen renta mínima; o sea, se trata de un volador de luces.

En cuanto al sector privado, debo decir que los porcentajes referidos sólo se aplican a los empleados, porque los obreros quedarán dentro del 66% de reajuste.

Con el 5% adicional sólo se beneficiará un reducido número de empleados, porque al que tiene un año de servicios, la ley Nº 7.295 le otorga un 3% de aumento cada tres años sobre el sueldo vital. Es decir, por recibir más de un sueldo vital no se beneficiarán con el 5% adicional, sino con el 3%. Prácticamente este último porcentaje será el único reajuste adicional que percibirá un grupo de empleados particulares.

Su Señoría no considera a los obreros.

No están incluidos en dichos porcentajes, señora Senadora.

Sí lo están.

En 1965 también se dio un reajuste extraordinario a ese sector.

Beneficio que no se pagó en 1970.

De la política del actual Gobierno, y en especial de la de reajustes y tributos, expuesta en el proyecto, se comprueba que los sectores medios del país están siendo sacrificados. El Ministro de Hacienda en su exposición habla de redistribución a favor de sectores populares de bajos ingresos y excluye a los sectores medios.

Por ejemplo, afecta a los sectores medios la política de congelación de la asignación familiar, como ya lo hemos dicho tantas veces; como también que el sueldo vital no se reajusta de acuerdo con los convenios de la Confederación de Empleados Particulares de Chile y se aumente en poco más del alza del costo de la vida; y algunos tributos propuestos. En efecto, en el caso de los taxistas, dueños de camiones, de buses - propietarios de uno o dos vehículos- , se establecía un gravamen que nosotros rechazamos en la Cámara de Diputados por estimar que afectaba a los sectores medios, lo que también ocurre al elevar la tasa del impuesto al sueldo patronal, ya que con ello se toca al pequeño y mediano industrial y comerciante. La política de toma de tierras también recae sobre los sectores medios, además de los pequeños.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el proyecto de reajustes enviado por el Ejecutivo no contiene ni establece una política salarial nueva, extraordinaria ni singular.

En cuanto a las rebajas de impuestos consignadas por el señor Ministro, en verdad, representan un beneficio ínfimo para los trabajadores, como por ejemplo excluir del impuesto global complementario a quienes perciben hasta dos sueldos vitales, lo cual beneficia sólo a algunos solteros, ya que una persona casada, con dos hijos, está exenta de tal gravamen hasta tres sueldos vitales.

En lo relativo a la exención de impuestos a las propiedades de avalúo menor a cuatro sueldos vitales, a que se refirió el señor Ministro, debo hacer presente que esta política viene practicándose desde el Gobierno del Presidente Frei, y que lo actual sería nada más que una continuación de lo anterior.

También debo decir que nunca fuimos partidarios del blanqueo de capitales, porque lo consideramos injusto y, como hemos explicado muchas veces, porque favorece a sectores que han evadido impuestos y cometido delito.

El señor Ministro señaló que el costo del proyecto ascendía a 6.020 millones de escudos y no a 5.900 millones de escudos, como aparecía en el informe. Este error se produjo debido a que siempre el Gobierno planteó que el gasto alcanzaba a

5.900 millones de escudos; pero, después de realizar otros cálculos, él ha comprobado que ese costo es mayor.

A nuestro juicio, que es el de la mayoría de las Comisiones Unidas, la iniciativa está financiada, en especial si consideramos que el Ministro de Hacienda contrajo un compromiso en la Cámara con los Diputados para mandar un proyecto aparte sobre el fondo de capitalización, en el que se consignarían 450 millones de escudos, por lo cual pensamos que no estamos obligados a establecer esta cantidad ahora. Sin embargo, según nuestros cálculos, el presente proyecto está financiando esos fondos; inclusive si consideramos los cálculos del señor Ministro, solventaríamos la tercera parte de ese Fondo y tal vez más.

También falta calcular lo que producirán los aportes por participaciones, que estimamos en 100 millones de escudos, que no están en el financiamiento, y el 50% del precio de venta de las acciones bancadas al Estado que, según nuestras estimaciones, arrojará 150 millones de escudos.

Por último, el Ministro planteó que se reducirá el financiamiento por la exclusión de los aportes de capital del impuesto a las divisas, de 15% a 50%. Sin embargo, creo que ahí hubo un cálculo sobre la base de un volumen del mercado de corredores más bajo de lo que es en realidad. Ahora en la Sala quiero decirle al señor Ministro - porque seguramente enviará un veto supresivo en esta parte, ya que cuenta con el tercio de parlamentarios de la Unidad Popular tanto en la Cámara como en el Senado- que al excluir el aporte de capital logrará que se elimine esta exención, tendrá el financiamiento completo que calculó primitivamente y habrá financiado también el Fondo de Capitalización.

Esto es todo lo que voy a decir, por lo reducido del tiempo.