Labor Parlamentaria

Deploro que las interrupciones, que he concedido con mucho agrado, hayan sido utilizadas para debatir temas completamente ajenos al motivo de esta sesión especial del Senado.

Respecto del proyecto de reforma constitucional que estamos debatiendo, debo decir que en el curso de la gestión del actual Gobierno la ciudadanía se ha visto abocada a situaciones tan arbitrarias e insólitas, tan repudiables e inesperadas, que jamás pudieron ser imaginadas ni previstas por nuestros legisladores o constituyentes.

Obsérvese de qué manera se utilizan disposiciones y facultades legales aplicándolas a finalidades absolutamente ajenas a los propósitos con que el legislador las aprobó, y de qué manera se realizan así actos de despojo económico como un mero paso previo para la supeditación política de los chilenos.

Nótese asimismo, el empleo que se hace del Poder del Estado, concebido para dar cumplimiento a las finalidades específicas que inspiraron las leyes, pero que se aplica torcidamente para presionar, doblegar, y finalmente somete, a personas o a vastos grupos sociales que tienen posiciones desafectas al Gobierno.

¡Y para descuartizarlas...!

¡Para allá vamos y no nos demoraremos mucho! ¡Para allá vamos! Por lo demás, los asesinatos cotidianos y el que acaba de suceder en La Unión demuestran que son capaces de descuartizar y de mucho más, porque en materia de infamias se han cometido todas las que ha sido posible cometer.

Del mismo modo, las facultades otorgadas al Ejecutivo con relación a los medios de difusión, específicamente en las entidades de comunicación con la opinión pública que dependen del Estado, se las aprovecha para realizar una tenaz y degradante labor de desinformación y de concientización. Nada importa al Gobierno atentar de esta manera contra el derecho esencial de todo ser humano en cuanto a pensar y decidir por sí mismo, esto es, de ejercer con plenitud su libertad.

Es evidente que la desviación totalitaria que describimos sólo es posible mediante graves abusos de poder. Y en relación con ellos, la Constitución prevé la posibilidad de sancionarlos sometiendo a acusación a los personeros del Poder Ejecutivo que abusan de la autoridad que la nación puso en sus manos.

Frente a reiterados desconocimientos por parte del Gobierno de sus obligaciones legales y constitucionales, el Partido Nacional ha promovido esas acusaciones y ha iniciado así las acciones constitucionales pertinentes para someter a juicio a tres Ministros de Estado. Y si no tuvimos éxito en estas iniciativas fue porque otras fuerzas políticas, aunque reconocían su validez, juzgaron preferible no aplicar las disposiciones punitivas que consigna la Constitución. Confiaron en que serían respetados y cumplidos los compromisos del Ejecutivo que prometían prescindir en el futuro de acciones inconstitucionales o extralegales.

Sin embargo, tales compromisos quedaron incumplidos, si bien tuvieron la virtud de constituir amargas experiencias que a todos los chilenos les permitió medir el abismo que separa la rectitud de los procederes democráticos de los torvos propósitos marxistas.

Por otra parte, es probable que los preceptos constitucionales que dicen relación al juicio político, hayan sido concebidos como correctivos para procederes ilegales que dentro de nuestra vida cívica deberían constituir raras excepciones.

Parece evidente ahora que los vacíos constitucionales que se observan provienen de que nuestro régimen institucional -que es y debe mantenerse democrático- no fue concebido para reglar la conducta de gobiernos leninistas. Obviamente, nuestro sistema constitucional resulta, en tal emergencia, inadecuado; porque el leninismo no reconoce vallas ni tampoco respeta derechos de ninguna especie ni de nadie cuando están de por medio sus finalidades políticas o sus metas revolucionarias.

En nuestra Constitución democrática hay subyacentes principios morales y reconocimientos de derechos naturales o humanos, como ahora se los llama, que son los que le dan sentido y eficacia.

Pero frente a las tácticas leninistas, a la amoralidad política como sistema, a la sustitución del Estado de derecho por la legalidad socialista, o sea, por la conformidad con los objetivos revolucionarios, nuestra Constitución carece de preceptos que resulten efectivos y requiere de una revisión cuidadosa, así como de la adición de normas adecuadas para las nuevas y amenazantes circunstancias políticas que vivimos.

Por tanto, es preciso que la Constitución adopte resguardos de otra índole y precauciones que lleven implícito el temor o la convicción de que ¡determinados grupos políticos pretenden utilizar en contra de la voluntad mayoritaria del país el poder que recibieron para servir a toda la nación.

Redactada la Carta Fundamental en una época en que la sociedad revestía formas más simples que las de la actual, cabe observar en ella disposiciones muy claras con relación, por ejemplo, al uso arbitrario de la fuerza en contra de las personas; pero no contiene normas explícitas para impedir el abuso, por parte del Gobierno, del inmenso poder económico acumulado por éste en el curso de años recientes.

Del mismo modo....

De los monopolios.

Precisamente, de los monopolios estatales porque el Gobierno está formando los más fabulosos monopolios que es posible imaginar.

Antes manejaban ustedes ese poder económico.

Decía que, del mismo modo, las garantías constitucionales...

¡Está defendiendo el buen billete!

Ruego al señor Presidente hacer respetar mi derecho.

Está con el uso de la palabra el Honorable señor Ibáñez. Pido a Sus Señorías respetar el derecho del señor Senador a usar de la palabra sin ser interrumpido.

Señalaba que, del mismo modo, las garantías constitucionales...

¿En qué años?

¿En qué años? La concentración del poder económico en manos del Gobierno es un proceso que se ha venido produciendo desde hace varios años, y en forma acelerada durante el último. Se trata de un proceso que ha tenido una aceleración mucho mayor en el curso de los pocos meses que la Unidad Popular lleva en el Gobierno, porque ésta, precisamente, pretende concentrar todo el poder económico en sus manos a fin de supeditar políticamente a los ciudadanos. Y lo que se desea mediante la reforma constitucional en debate es impedir que se logre materializar ese atentado contra el régimen democrático y contra la libertad política de los chilenos.

Pido una interrupción al Honorable señor Ibáñez.

Su Señoría oyó la solicitud del Honorable señor Gumucio.

¿Me permite una interrupción, Honorable señor Ibáñez?

Con mucho gusto.

¿Y a mí, no?

El Honorable señor Luengo me la acaba de pedir.

Yo la solicité antes.

El Honorable señor Gumucio pidió la interrumpió por intermedio de la Mesa.

Se la concedo.

El Honorable señor Ibáñez estaba haciendo afirmaciones de orden histórico en el sentido de que en el transcurso de los años el Estado fue acumulando una serie de facultades que le permitían intervenir en la economía. Sin embargo, el señor Senador no ha hecho presente que durante muchos años esa intervención era utilizada políticamente por el grupo minoritario que él representa, o sea, se trataba de una intervención que no beneficiaba a las grandes mayorías.

¿Y qué sostiene ahora nuestro Honorable colega? Que debe cambiarse, la legislación respectiva, porque esa minoría ya dejó de tener en sus manos el poder que significa la intervención del Estado en el proceso económico. Esa es la realidad, y no otra.

No puedo aceptar la insolencia que envuelven las afirmaciones que acabamos de escuchar al Honorable señor Gumucio.

La intervención del Estado es un proceso propio de esta época, necesario en muchos aspectos.

Dé un ejemplo.

En los aspectos que requieren la regulación de la interdepencia económica, que es uno de los factores más característicos de la época en que estamos viviendo.

Pero una cosa es establecer esa intervención del Estado -la reconozco como necesaria- para facilitar las actividades económicas de una sociedad compleja como la nuestra e impulsar su desarrollo, y otra muy diferente hacer lo que está llevando a cabo la Unidad Popular: supeditar a los grandes sectores de obreros y empleados mediante la estatificación de las empresas.

¿Están muy tristes los obreros?

¡Amonesto al Honorable señor Jerez!

Abona las palabras que estoy pronunciando la actitud asumida con los 38 obreros de Sumar que, no obstante la seguridad y garantía otorgadas por el Presidente de la República, no han sido reincorporados a sus trabajos. ¿Porqué? Por una razón que estimo necesario poner de relieve: porque los comunistas actúan siempre en forma ejemplanzadora; y la expulsión de esos 38 asalariados de Sumar debe servir de ejemplo a todos los obreros de Chile en cuanto a la suerte que correrá quien se atreva a disentir del criterio de la Unidad Popular desde el momento en que esa combinación política tome a su cargo la empresa que le da trabajo.

Con mucho agrado otorgo una interrupción al Honorable señor Luengo.

Muchas gracias, Honorable colega.

Le pedí una interrupción, Honorable señor Ibáñez, con el objeto de conocer, a través de su respuesta a una pregunta que le formularé, un poco más a fondo su pensamiento respecto del punto a que se refirió hace algunos instantes.

En varias oportunidades he oído a Su Señoría reclamar por la intervención del Estado en la economía, sosteniendo que la única finalidad que éste persigue mediante el establecimiento de un monopolio sobre el particular -según expresiones del señor Senador- es la de supeditar políticamente a los empleados y obreros de las empresas intervenidas.

Yo le pregunto lo siguiente, Honorable señor Ibáñez: ¿reconoce Su Señoría que, cuando los monopolios ahora intervenidos estaban en manos de los particulares, los empleados y obreros estaban supeditados políticamente a los propietarios?

Responderé con mucho gusto la pregunta del señor Senador.

En primer lugar, quiero dejar establecido que no existían monopolios: eran empresas que estaban en competencia.

¡Eran cofradías!

Creo que el análisis de la importante cuestión que planteó el Honorable señor Luengo merece un poco de silencio y respeto por parte de los señores Senadores. Se trata de uno de los problemas centrales que deben analizarse con motivo de la discusión del proyecto de reforma constitucional sometido a conocimiento de la Sala: la existencia de empresas y, por consiguiente, de fuentes de trabajo en cantidad que permita a obreros y empleados escoger las que prefieran.

Se entiende que lo anterior es válido sobre la base de un régimen en que exista un razonable nivel de empleo. Porque -lo reconozco- si hay un alto índice de cesantía, no es válido mi argumento.

De ahí que los sistemas de gobierno que defiendo y de cuyas ideas participo tienen como una de sus metas esenciales las del empleo pleno. El empleo pleno con infinitas empresas privadas da al obrero y al empleado total independencia para elegir el trabajo que más les agrade y, sobre todo, para liberarse de cualquier presión indebida o indirecta que pudiera ejercerse sobre ellos.

Ahora bien: ¿qué sucede cuando esas empresas desaparecen y el Estado se transforma en patrón único dentro de un país? Que los obreros y empleados pierden totalmente la libertad política.

¿Por qué?

Porque en el momento en que disienten del criterio del Gobierno -como les sucedió a los obreros de Sumar- son expulsados de las empresas donde laboran; y si no tienen otras posibilidades de empleo, deben someterse políticamente.

A este respecto, quiero recordar una vez más, para respaldar las ideas que estoy exponiendo, el procedimiento que empleó Fidel Castro, que confirma la tesis que he sostenido aquí.

Al día siguiente que Fidel Castro fue derrotado -es útil hacer este recuerdo, por las derrotas cotidianas que sufre el Gobierno en todos los organismos gremiales- en la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CUT cubana dictó un decreto que disponía algo muy simple -no se hallaba estatificada la actividad económica de Cuba, la CUT cubana dictó un decreto tratar ni despedir a ningún empleado u obrero sin tener previamente la conformidad del Ministerio del Trabajo de Cuba. Se establecieron, entonces, carnés de trabajo, y bastaba que en ellos figurara una anotación del Gobierno cubano para que el obrero propietario de él, que dejaba en claro su conducta contraria a la de Fidel Castro, no pudiera encontrar empleo. Y por eso Fidel Castro pudo tomar el control de la isla de Cuba. ¿De qué manera? A través del control de las fuentes de trabajo. Y eso es lo que se está haciendo hoy día en Chile.

Por ello nosotros respaldamos la reforma constitucional en debate; la impulsaremos con todas nuestras energías, y esperamos que el Congreso la apruebe. De esta manera confiamos poner a cubierto a los sectores asalariados y a las personas más modestas que carecen de otro medio para defenderse, de las indignas presiones que hoy día se ejercen en nuestro país.

Continúo con el desarrollo de mis ideas.

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

Su Señoría me excusará, pero debo dar término a mis observaciones. Estoy desarrollando un conjunto de ideas...

¡Para eso me leo un libro de "La Coneja"...!

¡Honorable señor Jerez! ¡Me veré en la necesidad de censurar a Su Señoría!

Lo siento mucho, Honorable señor Luengo, pero no daré más interrupciones. He demostrado mi buena voluntad a este respecto. Sin embargo, estoy desarrollando un conjunto de ideas que no pueden ser interrumpidas a cada instante, porque se perdería completamente el sentido de mi argumentación.

No quiero molestarlo. Honorable colega. Pero ya que usted se refirió a una consulta que le formulé denantes, le ruego permitirme decir algunas palabras acerca de lo que sostuvo.

Le agradeceré, señor Senador, hacerme el servicio de dar la respuesta que desea cuando esté con el paso de la palabra, y así me permitirá dar término a mis observaciones.

Decía que en la Constitución actual se consagran disposiciones muy claras con relación a las contravenciones constitucionales que podían cometerse en la época en que aquélla fue redactada, pero que no figuran normas igualmente explícitas y definitivas para impedir los abusos que se cometen en la actualidad y que son posibles debido al inmenso poder económico que los gobiernos han acumulado en años recientes.

Asimismo, las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión resultan hoy día carentes de eficacia frente a situaciones imprevisibles hasta hace poco, como el empleo abusivo de la televisión estatal, la negativa para renovar concesiones de radio, o los monopolios estatales para fabricar papel, que colocan automáticamente en entredicho la libertad de prensa.

A corregir parte de los vacíos enunciados tiende el proyecto de reforma constitucional sometido a nuestra consideración. Y digo sólo "parte de esos vacíos", porque sus disposiciones tienen por objeto principal impedir la ilegal e ilegítima apropiación por el Gobierno de empresas y medios de producción y de servicios. Por lo mismo, esta reforma intenta eliminar, al menos en cuanto provengan de tales procedimientos ilegítimos, la pérdida de independencia y la opresión política que sufren los chilenos vinculados a las empresas que se estatifican o dependientes de ellas. Porque debo subrayar, como lo hacía hace un instante, que no sólo los propietarios de dichas empresas son víctimas de esos procederes abusivos, sino, muy principalmente, todos cuantos laboran en ellas.

Otros Senadores del Partido Nacional hallan de analizar el proyecto en debate desde diferentes puntos de vista, refiriéndose en particular a su articulado.

Por mi parte, sólo deseo señalar algunas omisiones o insuficiencias que intentaremos corregir mediante indicaciones durante el estudio del segundo informe.

En el N° 1 es preciso hacer referencias mucho más amplias a las empresas, medios o bienes que podrían estatificarse. La disposición respectiva no deberá quedar circunscrita, por tanto, a aquellos medios de "producción, distribución o financiamiento", tocia vez que se dejaría abierta para el Gobierno la posibilidad de apropiarse en forma arbitraria de incontables entidades no comprendidas en esa restringida enumeración.

En cuanto al Nº 2, y atendida la forma como ha sido redactado, queda en evidencia el propósito, por cierto muy laudable, de proteger a los poseedores de bienes de mediana cuantía, haciendo obligatoria a favor de ellos la indemnización previa que establecen las normas constitucionales sobre expropiación y evitando así que se los despoje a pretexto del ambiguo e indefinido vocablo "nacionalización". Pero para que este artículo tuviese verdadera eficacia sería indispensable precisar qué se entiende por pequeña propiedad rústica, y por mediana y pequeña empresa industrial, conceptos ambos demasiado elásticos para constituir, con relación a ellos, una garantía sólida y real.

Deseo advertir, respecto del número 5, que el informe en debate no registró mi expresa reserva sobre el empleo del término "nacionalizar", reserva que se basa en los motivos que muy sucintamente acabo de exponer, y que nuestro Honorable colega el Senador Bulnes explicó fundadamente con motivo de la reforma constitucional para expropiar las minas de cobre.

Asimismo, juzgo de toda necesidad redactar un texto mucho más amplio y explícito sobre la participación de los trabajadores en las entidades que se estatifiquen, además de consignar para ellos garantías constitucionales que los dejen a cubierto de persecuciones, despojos o pérdida de sus empleos, de modo que, al amparo de tales garantías, puedan continuar trabajando sin temor y sin desmedro, por tanto, de su condición de ciudadanos políticamente libres.

Además, hace falta una definición más precisa de lo que debe entenderse por entidades del sector público, con el objeto de evitar que las disposiciones constitucionales propuestas sean burladas por atajos o por caminos indirectos, como por ejemplo mediante entidades dependientes de algunas subsidiarias de una empresa mixta, entidad la primera que, aunque distante del poder central, obedece en definitiva, por control remoto, a la voluntad de éste.

Por último, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado debería tener un inciso primero que, junto con establecer que nadie puede ser privado de su libertad, bienes, trabajo y derechos garantizados por la Constitución y las leyes, sino conforme a procedimientos expresamente determinados por ley, hiciera posible, asimismo, que los ciudadanos afectados en tales derechos, por resoluciones o procedimientos ilegales o arbitrarios, puedan recurrir de amparo ante las Cortes de Apelaciones respectivas.

Sólo un procedimiento judicial como el indicado,...

¿Por qué no se pasea en traje de baño Su Señoría?

Res pete el uso del derecho a la palabra, señor Senador.

Le he solicitado una interrupción al Honorable señor Ibáñez y no me la ha concedido.

El señor Senador manifestó su deseo de no ser interrumpido.

Puede continuar Su Señoría.

Decía que sólo un procedimiento judicial como el indicado, y el establecimiento de severas sanciones para quienes infrinjan la norma constitucional que señalo, permitirán otorgar verdadera eficacia a las altas finalidades que inspiran esta necesaria y urgente reforma constitucional.

Termino mis palabras expresando que considero sumamente lamentable que hayamos llegado en Chile, además del espectáculo decadente y deprimente que da el Senado en la mañana de hoy, donde en lugar de argumentos se expresan vulgaridades e interrupciones carentes del mínimo nivel intelectual que habría que exigir a los miembros de esta Corporación -espectáculo en el cual con tanto afán participa el Honorable señor Jerez- a situaciones de tan intolerable arbitrariedad como las que han dado origen a impulso a las enmiendas constitucionales que someramente he analizado.

No obstante, entendemos como la más esencial de nuestras obligaciones legislativas, la de reconocer las deformaciones o abusos que se advierten en el ejercicio del Gobierno, y proceder con energía y sin dilación a establecer los correctivos constitucionales para que en Chile sigan prevaleciendo la rectitud, la ecuanimidad y la justicia.