Labor Parlamentaria

El señor OLGUIN.-

No me parece necesario hacer un análisis de las causas que motivaron el conflicto en la Universidad de Chile en el último tiempo. Aún más, creo que si entráramos a un análisis de esta naturaleza, sería muy probable que la discrepancia que existió en la Universidad durante tres o cuatro meses prolongara esta discusión más allá de lo conveniente.

Nosotros aceptamos participar en el estudio de la solución que este proyecto implica. Yo lo hice en compañía de mi camarada Bernardo Leighton por orden del Presidente nacional de mi partido, el Honorable señor Renán Fuentealba, en una comisión que estuvo compuesta por dirigentes políticos de la Unidad Popular y por académicos de los dos sectores en conflicto. Ya se ha mencionado en la Sala la composición de dicha comisión, que empezó a trabajar alrededor del 10 o 12 de diciembre recién pasado y que llegó a acuerdo satisfactorio para ambas partes el 3 de enero en curso.

Entramos primero a las conversaciones con el afán de no analizar el conflicto en sí mismo ni las causas que lo habían originado, sino más bien con la intención de buscar un acuerdo que solucionara la situación, en el entendido de que no había posibilidad de lograr unanimidad de criterios para tal efecto y de que la fórmula a que se llegara debía ser fruto de una resolución adoptada por mayoría de los dos sectores. Felizmente, parece ser que el acuerdo definitivo fue aceptado casi unánimemente por ambas partes.

Se llegó a esta solución, luego de interrumpirse las conversaciones antes de Navidad, gracias a una invitación directa del Presidente de la República a los miembros de la comisión para seguir dialogando y reuniéndonos. Como lo han hecho otros señores Senadores, destaco la actitud del Jefe del Estado, que no sólo fue respetuoso de la autonomía universitaria, sino que, con su invitación, facilitó el diálogo que, en definitiva, dentro del régimen democrático, es la única posibilidad real de salvar las dificultades y conflictos que se presentan entre diferentes sectores.

El proyecto de ley contiene una fórmula que pone término anticipado al mandato de las autoridades universitarias, que expira en algún tiempo más en tres años el del Rector y en un año y medio el del Consejo Normativo con la condición de que se efectúe un plebiscito simultáneamente con las respectivas elecciones, dentro de la segunda quincena de abril próximo, estableciendo un gobierno universitario subrogante, a contar de la promulgación de la ley, lo que seguramente se hará en enero en curso.

Igualmente, se establece que el Rector y el Secretario General conservarán la propiedad de sus cargos hasta que asuman las nuevas autoridades designadas en esta elección general, sin perjuicio de las subrogaciones que debían establecerse.

Se consignó, también, un calendario de trabajo para los próximos días. Se dijo, por ejemplo, que en los primeros lo días de enero deberán funcionar las comisiones universitarias que elaborarán el presupuesto del plantel, un proyecto sobre carrera funcionaría y la planificación del aumento de matrículas para el año en curso. Dichas comisiones deberán tener lisios sus informes el 15 del mes en curso. Luego, entre el 17 y el 22, los actuales miembros del Consejo Normativo Superior, con el Rector señor Boeninger y el Secretario General señor Bitrán, se reunirán para sancionar, con quórum de dos tercios según lo establece el proyecto y la solución a que hemos llegado, los acuerdos que adopten tales comisiones acerca de estas tres materias fundamentales.

Entonces, entrarán en receso estas dos autoridades universitarias y, una vez que se promulgue la ley, comenzará a funcionar el gobierno subrogante, que estará integrado por un Consejo de Administración compuesto por 14 académicos, seis estudiantes, dos no académicos y un representante del Presidente de la República, además del Rector. Se trata de un organismo paritario que, para evitar conflictos, deberá adoptar acuerdos por los dos tercios de sus miembros. Igualmente, se crea un Comité Ejecutivo, también paritario, compuesto por tres consejeros y el Rector.

Esta es, a grandes rasgos, la fórmula que ha permitido solucionar el conflicto, que se expresa en esta iniciativa de ley, que consta de siete artículos, aprobada en la Comisión con la participación de académicos y de dirigentes políticos representantes de ambos sectores.

En cuanto a la observación formulada por el Honorable señor Pablo respecto del artículo 1°, la verdad es que este precepto establece que el actual Consejo Normativo Superior y las autoridades unipersonales de la Universidad - el Rector y el Secretario General - cesarán en sus funciones a contar de la fecha en que asuman las autoridades que resulten elegidas en la segundo quincena de abril. La finalidad del último párrafo de este artículo consiste en aclarar que las autoridades que se elijan cumplirán mandatos por períodos completos, de acuerdo con el Estatuto Universitario vigente es decir, cuatro años el Rector y el Secretario General, y dos años el Consejo Normativo Superior, y no sólo hasta completar el tiempo que falta a las actuales autoridades universitarias. Son plazos completos nuevos. Si bien puede haber una mala redacción en esta parte, indudablemente que ésa es la idea fundamental.

Las disposiciones que siguen, como dije, se refieren al gobierno subrogante, a los trabajos que deberán realizarse, al plebiscito a que se llamará simultáneamente con la elección general de autoridades en la segunda quincena de abril, y al Comité Ejecutivo que se designará.

Este es, en síntesis, el contenido del proyecto.

Para nosotros, trabajar en esta tarea ha resultado extraordinariamente grato, porque la discusión se llevó en un terreno de racionalidad y de diálogo dentro de lo lógico y lo razonable. Esto era absolutamente necesario para solucionar el conflicto. De lo contrario, los diferentes sectores que lo protagonizaron habrían continuado por un camino en que los argumentos lógicos, el raciocinio y el diálogo, eran reemplazados por el insulto y la diatriba, que, indudablemente, no pueden ser la senda que debe seguir una universidad como la nuestra, que ha de buscar, de modo fundamental, la verdad, la justicia, la libertad y la democracia, a fin de que las diferentes opiniones, por discrepantes que sean, puedan expresarse dentro de ella.

Nos satisface la solución. No creemos que sea la varita mágica que vaya a solucionar todos los conflictos que hay en la Universidad; pero es un paso positivo, que ojalá sea seguido de otros, y que en definitiva da una pauta que es posible aplicar, no sólo en este conflicto universitario, sino en diferentes problemas que afectan al país, en los cuales, si se dejan un poco de lado la pasión y el fanatismo, es posible entrar en diálogo para resolverlos patrióticamente.