Labor Parlamentaria

El señor HAMILTON.-

Precisamente estaba en las provincias australes cuando conocí la noticia de que se había promulgado esta ley. Con posterioridad, para sorpresa mía, supe que se la había promulgado en forma trunca, o sea, no como la había despachado el Congreso Nacional ni en los términos en que lo había dictaminado el Tribunal Constitucional.

Deseo, muy brevemente, referirme a las tres ideas fundamentales de esta iniciativa.

La primera de ellas consiste en abrir los cielos del sur del país a cualquier línea aérea chilena que, en condiciones de seguridad y regularidad, pueda servir, conjuntamente con LAN Chile, para proteger los intereses de los habitantes de esa zona, que es lo principal, a la vez que permitir el transporte de pasajeros, carga y correspondencia hacia la región, desde ella y dentro de ella.

La segunda idea es que el Gobierno lleve a cabo con preferencia el programa ya existente, destinado a dotar a la infraestructura de los aeropuertos de la red troncal al sur -El Tepual, en Puerto Montt; Balmaceda, en Aisén, y Presidente Ibáñez, en Magallanes- de elementos que permitan, con los mismos materiales de aviación de que disponen ahora o con que cuenten en el futuro tanto LAN como otras líneas, operar de día y de noche, en cualquier tipo de condiciones meteorológicas que hagan factible hacerlo, de acuerdo con los avances de la técnica.

La tercera idea es que el Banco Central no limite ni prohíba la importación de aviones, partes o repuestos destinados a servir en la región austral, que, paradójicamente, es la más difícil de volar en todo el mundo, en tanto que el transporte aéreo es la única manera de comunicarse dentro de ella.

Pues bien, ¿qué ha ocurrido? El proyecto fue conocido exhaustivamente por el Senado y cumplió en el Congreso -con lo oposición de los Parlamentarios de la Unidad Popular, en lo cual estaban en su derecho- con todos los trámites constitucionales, y fue despachado por el Poder Legislativo como proyecto de ley para su promulgación o veto por parte del Ejecutivo.

¿Que hizo el Gobierno? Intentó vetarlo. Digo intentó, porque era contrario a esta iniciativa y trató, mediante una observación supresiva, de destruirlo. Pero, felizmente para los habitantes de Magallanes y Aisén, el veto llegó tarde, fuera de plazo, con término vencido. En otras palabras, no hubo veto. El Gobierno no se conformó con ello y recurrió al Tribunal Constitucional pidiéndole en su reclamación declarar inconstitucionales las dos últimas ideas: la relativa a la terminación del programa de obras de infraestructura en los aeropuertos, y la que impide al Banco Central restringir ni prohibir las importaciones necesarias para la aviación en la zona. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, incluyendo a la mayoría que forman los tres representantes del Presidente de la República, y por primera vez desde que existe este organismo, contestó negativamente un requerimiento del Gobierno, señalando que el proyecto era constitucional.

¿Qué hizo el Gobierno? ¿Cumplió su deber promulgando la ley? Sus Señorías saben que no ocurrió así.

El martes pasado, con la más absoluta buena fe, pedí a esta Sala -idea que se acogió por 25 votos contra 5- reclamar ante el Tribunal Constitucional porque el Presidente de la República, el Gobierno, se había guardado éste y otros proyectos de ley, habiendo transcurrido los plazos constitucionales sin que los promulgara. 'Ahora, por último, se promulga esta ley, pero no en la forma como la despachó el Congreso ni como lo ordenó el Tribunal Constitucional. El Gobierno pasa por encima de las dos ramas del Congreso y por sobre un fallo unánime de ese organismo, y nos burla a todos publicando un solo artículo.

Felizmente, no estamos indefensos frente a estos atropellos del Gobierno, porque la Carta Fundamental señala, expresamente, en la letra e) de su artículo 78 b), que tanto el Senado como la Cámara pueden reclamar ante el Tribunal Constitucional para que éste disponga la promulgación de una ley no sólo cuando, como sucedió en el caso que motivó nuestra reclamación anterior, el Presidente de la República no cumple con este trámite, sino también cuando promulga un texto distinto del que corresponde, o sea, en este caso, un texto diverso del aprobado por el Congreso y declarado constitucional por el Tribunal competente, que se pronunció a raíz de las objeciones del Gobierno.

Esto me parece realmente absurdo. Hemos llegado a un extremo en que, por estar en la Oposición o en las filas gobiernistas, nos dividimos frente al texto concreto de la Constitución, frente a las obligaciones esenciales de los Poderes del Estado.

Incluso hubo Senadores de la Unidad Popular que coincidieron con ese criterio. Recuerdo las palabras del Honorable señor Jerez, que yo celebré, quien al final de la sesión me pidió la lista de los proyectos y señaló que los parlamentarios de Gobierno no podían aceptar que se estuvieran cometiendo estos atropellos. Pues bien, sucede que no sólo se cometieron los atropellos mencionados en esa oportunidad, de retardar la promulgación de ciertos proyectos, lo que podría atribuirse a negligencia, desorden, burocracia o ineficiencia, sino que ahora, deliberadamente el Ejecutivo ha publicado un texto distinto del que correspondía, desconociendo así las atribuciones del Congreso y del Tribunal Constitucional.

Yo protesto de estos abusos, junto con presentar este reclamo, que, naturalmente, voto a favor.